El Salvador es la patria espiritual de las pandillas callejeras m\u00e1s conocidas de Centroam\u00e9rica: la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18. Durante a\u00f1os, estas pandillas aterrorizaron a los barrios urbanos pobres de todo el pa\u00eds, pero parecen haber sido desmanteladas en gran medida tras una brutal y controvertida ofensiva gubernamental que ha encarcelado a m\u00e1s del 1,5% de la poblaci\u00f3n salvadore\u00f1a por presuntos v\u00ednculos con las pandillas desde principios de 2022.<\/p>\n\n\n\n
El pa\u00eds tambi\u00e9n es un actor relativamente peque\u00f1o en el narcotr\u00e1fico. Sirve como punto de almacenamiento y tr\u00e1nsito en la costa pac\u00edfica, y un puente terrestre para la coca\u00edna que viaja entre Honduras y Guatemala con destino a M\u00e9xico y Estados Unidos. <\/p>\n\n\n\n
El Salvador es un pa\u00eds peque\u00f1o, cuya alta densidad poblacional y terreno monta\u00f1oso impiden a los traficantes transportar mercanc\u00edas por v\u00eda a\u00e9rea. No obstante, el pa\u00eds alberga rutas de contrabando terrestre que se han utilizado durante d\u00e9cadas para traficar migrantes, armas, contrabando y drogas il\u00edcitas. La porosidad de las fronteras con los pa\u00edses vecinos, Honduras y Guatemala, facilita la entrada y salida de mercanc\u00edas ilegales. Adem\u00e1s, la corta l\u00ednea costera de El Salvador ofrece a los traficantes numerosos lugares para descargar y reenvasar las drogas en cantidades m\u00e1s peque\u00f1as para el viaje hacia el norte o la distribuci\u00f3n y venta en el mercado interno de drogas del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
En 1992, tras m\u00e1s de una d\u00e9cada de guerra civil que dej\u00f3 m\u00e1s de 75.000 muertos, el gobierno salvadore\u00f1o y la guerrilla izquierdista firmaron un acuerdo de paz. Los acuerdos de paz fueron aclamados como un \u00e9xito por la comunidad internacional, especialmente los esfuerzos por crear una fuerza policial integrada que incluyera a miembros de la coalici\u00f3n rebelde, el Frente Farabundo Mart\u00ed para la Liberaci\u00f3n Nacional (FMLN). Sin embargo, la violencia en El Salvador no termin\u00f3 con la guerra. Por el contrario, los acuerdos abrieron un nuevo tipo de conflicto, que ha dado lugar a una agitaci\u00f3n pol\u00edtica y social que ha desbaratado el logro que los acuerdos representaron en su momento.<\/p>\n\n\n\n
La primera fase de la ola criminal de posguerra incluy\u00f3 tanto a antiguos militares como a excombatientes. Algunos exguerrilleros, por ejemplo, nunca entregaron las armas y crearon empresas criminales, dedic\u00e1ndose al robo de autom\u00f3viles, el secuestro y el tr\u00e1fico de migrantes.<\/p>\n\n\n\n
La segunda fase lleg\u00f3 con el surgimiento de las pandillas callejeras, com\u00fanmente llamadas \u201cmaras\u201d. Surgieron dos pandillas dominantes: la MS13 y Barrio 18. Los j\u00f3venes pobres de las ciudades se sintieron atra\u00eddos por estas bandas. Los problemas sociales \u2014como la marginalizaci\u00f3n, la falta de acceso a servicios b\u00e1sicos y oportunidades educativas, y las familias desestructuradas\u2014 tambi\u00e9n propiciaron su crecimiento. Mientras tanto, la repatriaci\u00f3n de sus miembros desde Estados Unidos hizo que las pandillas siguieran el modelo de las pandillas callejeras estadounidenses. La cultura de la violencia preexistente y el acceso a las armas<\/a> heredadas de las guerras civiles de la regi\u00f3n alimentaron los asesinatos entre pandillas.<\/p>\n\n\n\n El gobierno respondi\u00f3 a la amenaza planteada por las pandillas con un enfoque de mano dura. Esta represi\u00f3n<\/a>, adem\u00e1s de duplicar la poblaci\u00f3n carcelaria, sirvi\u00f3 para marginar a\u00fan m\u00e1s a la juventud del pa\u00eds y estimul\u00f3 el reclutamiento de las pandillas. Dentro de las prisiones, estos grupos construyeron centros de operaciones<\/a> para gestionar sus actividades sin temor a la ley ni a las pandillas rivales.<\/p>\n\n\n\n Las pandillas se dedicaban principalmente a la extorsi\u00f3n, la distribuci\u00f3n de drogas a nivel local y el secuestro. Vend\u00edan marihuana, crack, coca\u00edna en polvo y anfetaminas en barrios empobrecidos. En raras ocasiones, tambi\u00e9n eran contratados por organizaciones m\u00e1s grandes para actuar como sicarios o realizar otras tareas espec\u00edficas. Otras veces, los miembros m\u00e1s ambiciosos de las pandillas intentaron expandirse hacia la distribuci\u00f3n de drogas a gran escala y el tr\u00e1fico internacional, aunque con un \u00e9xito limitado.<\/p>\n\n\n\n En marzo de 2012, el gobierno salvadore\u00f1o y l\u00edderes de la Iglesia cat\u00f3lica local negociaron en secreto una tregua<\/a> entre las pandillas Barrio 18 y MS13, otorgando concesiones a los l\u00edderes de las pandillas encarcelados a cambio de una reducci\u00f3n de la violencia. Como parte de la tregua, el gobierno estableci\u00f3 \u201czonas de paz\u201d, o \u00e1reas en las que las pandillas se compromet\u00edan a poner fin a la actividad delictiva, y el gobierno prometi\u00f3 retirar al ej\u00e9rcito. Tras su aplicaci\u00f3n, la tregua provoc\u00f3 un descenso<\/a> de los homicidios, pero la violencia comenz\u00f3 a aumentar de nuevo en 2014, cuando la tregua empez\u00f3 a deshacerse. Los detractores de la tregua han puesto en duda su eficacia para reducir los homicidios, y algunos sostienen que la tasa de homicidios era artificialmente baja porque los miembros de las pandillas \u201cdesaparec\u00edan\u201d a las v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n La tregua dio lugar a un debate sobre la naturaleza de las pandillas. En concreto, se tem\u00eda que la tregua les permitiera volverse m\u00e1s cohesionadas y sofisticadas. De hecho, existen informes de reuniones entre l\u00edderes de las pandillas y organizaciones criminales mexicanas \u2014como los Zetas y, m\u00e1s recientemente, el Cartel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n<\/a>\u2014 que apuntan a aparentes intenciones de entrar en el tr\u00e1fico transnacional de drogas. Sin embargo, se trata de casos excepcionales, y los funcionarios de seguridad consideran que estas pandillas son demasiado desorganizadas como para convertirse en socios fiables.<\/p>\n\n\n\n La ruptura de la tregua contribuy\u00f3 a una escalada de la violencia en El Salvador. En particular, durante 2015, las pandillas intensificaron los ataques contra las fuerzas de seguridad del pa\u00eds, una medida que algunos observadores consideraron un medio para presionar al gobierno para reanudar las negociaciones de la tregua y otorgar ciertas concesiones a las pandillas. La violencia entre pandillas y dentro de ellas tambi\u00e9n aument\u00f3. A finales de 2015, El Salvador ten\u00eda una tasa de homicidios<\/a> de m\u00e1s de 100 por cada 100.000 habitantes, la m\u00e1s alta del mundo fuera de una zona de guerra. La violencia, sin embargo, disminuy\u00f3 y se estabiliz\u00f3 a lo largo de 2016 y principios de 2017.<\/p>\n\n\n\n El presidente Nayib Bukele lleg\u00f3 al poder en junio de 2019, prometiendo reducir la violencia y aumentar la seguridad. Durante el su primer a\u00f1o en el cargo, la tasa de homicidios de El Salvador se desplom\u00f3 de 51 por cada 100.000<\/a> habitantes en 2018 a 36 por cada 100.000<\/a> en 2019. Esa cifra se redujo a m\u00e1s de la mitad en los dos a\u00f1os siguientes, llegando a 17,6 por cada 100.000<\/a> en 2021. El pa\u00eds no hab\u00eda experimentado una reducci\u00f3n tan radical de la violencia desde el final de la guerra civil.<\/p>\n\n\n\n El gobierno de Bukele atribuy\u00f3 el descenso hist\u00f3rico de los homicidios violentos al plan de seguridad insignia del gobierno, el denominado Plan de Control Territorial, un programa poco transparente de siete puntos que parec\u00eda reflejar en gran medida las pol\u00edticas de mano dura<\/a> de los gobiernos anteriores.<\/p>\n\n\n\n Pero la naturaleza sin precedentes de la ca\u00edda tambi\u00e9n desat\u00f3 rumores de alg\u00fan tipo de nuevo acuerdo entre el gobierno de El Salvador y las pandillas. Eso qued\u00f3 confirmado en septiembre de 2020, cuando el medio salvadore\u00f1o El Faro public\u00f3 una investigaci\u00f3n documentando<\/a> c\u00f3mo altos funcionarios del gobierno hab\u00edan estado entablando conversaciones con l\u00edderes de pandillas encarcelados desde al menos octubre de 2019, con la intenci\u00f3n de reducir la violencia. Algunos de los funcionarios involucrados en el supuesto di\u00e1logo tambi\u00e9n hab\u00edan trabajado con Bukele cuando era alcalde de San Salvador, \u00e9poca en la que su administraci\u00f3n municipal negoci\u00f3 con las pandillas<\/a> como parte de los esfuerzos para revitalizar el Centro Hist\u00f3rico de la capital.<\/p>\n\n\n\n Las negociaciones secretas consiguieron reducir considerablemente las muertes violentas hasta marzo de 2022, cuando las pandillas presuntamente asesinaron<\/a> a 87 personas en 72 horas. El gobierno de Bukele respondi\u00f3 a la masacre decretando un estado de excepci\u00f3n<\/a> en todo el pa\u00eds, suspendiendo algunos derechos constitucionales y relajando las normas sobre detenciones. Lo que sigui\u00f3 fue un frenes\u00ed de arrestos<\/a> sin precedentes, en el que las fuerzas de seguridad capturaron a decenas de miles de presuntos miembros de pandillas y colaboradores en una despiadada campa\u00f1a de mano dura. La rapidez y la magnitud de las detenciones diezmaron las filas de las pandillas. Quienes no fueron detenidos tuvieron que esconderse o exiliarse<\/a>.<\/p>\n\n\n\n El estado de emergencia se ha prolongado por m\u00e1s de dos a\u00f1os, durante los cuales las fuerzas de seguridad han logrado desarticular la mayor\u00eda de las estructuras, operaciones y comunicaciones de las pandillas. La violencia ha alcanzado nuevos m\u00ednimos. En 2023, El Salvador registr\u00f3 2,4 homicidios por cada 100.000 habitantes<\/a>, la tasa m\u00e1s baja de Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n\n\n\n Los avances en materia de seguridad han ayudado a Bukele a mantener unos \u00edndices de aprobaci\u00f3n por las nubes en El Salvador. Sin embargo, su campa\u00f1a contra las pandillas tambi\u00e9n ha suscitado cr\u00edticas de grupos de derechos humanos y de la sociedad civil, que han documentado miles de presuntos abusos<\/a> cometidos durante la represi\u00f3n, incluidas detenciones arbitrarias y torturas en prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Mientras tanto, se ha hecho poco para abordar las causas subyacentes de la violencia de las pandillas, en particular la pobreza y la exclusi\u00f3n social. Tambi\u00e9n hay cuestionamientos sobre la capacidad del gobierno para mantener pol\u00edticas de seguridad tan agresivas a largo plazo, o sobre la posibilidad de que los remanentes de las pandillas se reagrupen si la represi\u00f3n termina.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s de las pandillas, El Salvador tambi\u00e9n cuenta con redes de transporte de drogas, conocidas como \u201ctransportistas<\/a>\u201d. Estos grupos empezaron a mover contrabando a trav\u00e9s de las fronteras con Honduras, Nicaragua y Guatemala durante la guerra civil. Siguen utilizando estas rutas para trasladar migrantes, contrabando, mercanc\u00edas pirateadas y drogas ilegales.<\/p>\n\n\n\n Los transportistas suelen operar con la ayuda de funcionarios de fronteras, polic\u00edas y militares corruptos. No est\u00e1n vinculados a ninguna organizaci\u00f3n de narcotraficantes en particular. Por el contrario, ofrecen sus servicios a carteles colombianos y mexicanos, incluidos poderosos grupos mexicanos como el Cartel de Sinaloa y, en el pasado, los Zetas. Aunque los transportistas son responsables de los cargamentos de droga que transitan por El Salvador, la violencia de las pandillas ha sido hist\u00f3ricamente el motor de gran parte de la delincuencia violenta del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n En 2022, El Salvador contaba con unos 24.500 efectivos activos<\/a> en sus fuerzas armadas, lo que la convert\u00eda en la fuerza militar m\u00e1s grande de Centroam\u00e9rica, y m\u00e1s de 27.400 agentes en la Polic\u00eda Nacional Civil<\/a> (PNC). Hist\u00f3ricamente, ser polic\u00eda en El Salvador ha sido un trabajo extremadamente peligroso y mal remunerado. En 2014, las fuerzas de seguridad se convirtieron cada vez m\u00e1s en blanco de ataques por parte de miembros de pandillas, lo que provoc\u00f3 deserciones de la PNC. Para suplir las deficiencias y la falta de recursos, El Salvador ha recurrido habitualmente a los militares para realizar tareas policiales. En 2019, por ejemplo, el gobierno, como parte del Plan de Control Territorial de Bukele, despleg\u00f3 3.000 soldados<\/a> para recuperar territorio en municipios afectados por pandillas. Bajo el estado de emergencia, Bukele ha confiado en los militares para facilitar las detenciones masivas y, en algunos casos, rodear comunidades enteras con la esperanza de expulsar a los miembros de las pandillas.<\/p>\n\n\n\n A lo largo de las batallas de las fuerzas de seguridad con las pandillas callejeras, ha habido indicios de que funcionarios policiales y militares han participado en ejecuciones extrajudiciales<\/a> de presuntos delincuentes.<\/p>\n\n\n\n La debilidad del sistema judicial ha agravado durante mucho tiempo la inseguridad general de El Salvador. La mayor\u00eda de los delitos quedan sin resolver, y los sospechosos pueden pasar a\u00f1os tras las rejas antes de enfrentarse a un juicio.<\/p>\n\n\n\n La corrupci\u00f3n en el sistema judicial de El Salvador ha sido otro problema clave.\u00a0 Se ha descubierto que algunos jueces aceptaban sobornos<\/a> de grupos criminales a cambio de favores.\u00a0 Adem\u00e1s, el proceso de selecci\u00f3n para nombrar a los jueces del Tribunal Supremo se ha visto obstaculizado<\/a> por representantes del Congreso vinculados a la corrupci\u00f3n y el crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n La debilidad del sistema judicial salvadore\u00f1o tambi\u00e9n ha contribuido al fen\u00f3meno de los escuadrones de la muerte, con casos de ciudadanos y posiblemente polic\u00edas que llevan a cabo una \u201climpieza social\u201d de delincuentes y otras personas consideradas indeseables.<\/p>\n\n\n\n Bajo el mandato del presidente Bukele, las principales instituciones judiciales se han alineado con los intereses del gobierno. En 2021, el presidente aprovech\u00f3 la abrumadora mayor\u00eda de su partido en la asamblea legislativa del pa\u00eds para reorganizar<\/a> a su favor a los jueces del Tribunal Supremo. Los legisladores afines a Bukele tambi\u00e9n destituyeron al fiscal superior del pa\u00eds, que investigaba la corrupci\u00f3n gubernamental. La Asamblea Legislativa tambi\u00e9n depur\u00f3<\/a> el poder judicial a finales de 2021, despidiendo a decenas de jueces. Muchos de los sustitutos tienen v\u00ednculos con el gobierno de Bukele.<\/p>\n\n\n\n La alineaci\u00f3n de estas fuerzas pr\u00e1cticamente ha borrado la independencia judicial, ayudando al presidente a llevar las medidas de seguridad de mano dura a nuevas dimensiones. Los tribunales han guardado silencio ante la violaci\u00f3n sistem\u00e1tica de las garant\u00edas procesales, mientras que los fiscales han contribuido a facilitar oleadas de detenciones dudosas, muchas de ellas basadas en pruebas escasas o inexistentes.<\/p>\n\n\n\n El gobierno tambi\u00e9n ha aprobado leyes para abrir juicios masivos a grupos de hasta 900 presuntos miembros de pandillas, lo que aumenta la preocupaci\u00f3n por el derecho a un juicio justo. El primero de estos juicios, en el que est\u00e1n implicados casi 500 acusados, comenz\u00f3 en febrero de 2024.<\/p>\n\n\n\n Las c\u00e1rceles de El Salvador est\u00e1n notoriamente<\/a> hacinadas. A\u00f1os de estricta legislaci\u00f3n contra las pandillas han llenado los centros penitenciarios del pa\u00eds por encima de su capacidad. El estado de excepci\u00f3n de Bukele ha agravado el problema: a finales de 2023, las c\u00e1rceles de El Salvador albergaban a m\u00e1s de 105.500 detenidos<\/a>, m\u00e1s del doble de la capacidad estimada del sistema penitenciario. La detenci\u00f3n preventiva contribuye al hacinamiento desenfrenado, al igual que la suspensi\u00f3n del derecho constitucional a la defensa legal bajo el estado de emergencia, que ha dejado a los sospechosos languideciendo en prisi\u00f3n durante meses o a\u00f1os antes de ver a un juez.<\/p>\n\n\n\n En el pasado, las c\u00e1rceles de El Salvador se divid\u00edan en funci\u00f3n de las pandillas<\/a>, y los miembros de cada grupo eran enviados a distintas prisiones. Esta pol\u00edtica permiti\u00f3 a la MS13 y al Barrio 18 establecer un dominio total sobre las prisiones que controlaban, convirti\u00e9ndolas en centros de reclutamiento, de operaciones y de consolidaci\u00f3n; eran, en muchos sentidos, cuarteles generales de facto de las pandillas. Esto se vio facilitado por la escasez de personal y de recursos de las instalaciones, lo que significaba que los guardias de prisiones sol\u00edan quedar relegados a la vigilancia de los muros de la prisi\u00f3n, dejando a los reclusos el control de la vida cotidiana.<\/p>\n\n\n\n Durante esta \u00e9poca, se esperaba que los miembros libres de las pandillas mantuvieran a los que estaban entre rejas envi\u00e1ndoles dinero y suministros. Los l\u00edderes de las pandillas encarcelados a menudo dirig\u00edan la actividad delictiva en las calles a trav\u00e9s de tel\u00e9fonos celulares y mensajeros. Esta relaci\u00f3n simbi\u00f3tica se basaba en parte en la l\u00f3gica de que todos los miembros de las pandillas, en un momento u otro, pasar\u00edan un tiempo en la c\u00e1rcel y, una vez all\u00ed, necesitar\u00edan la protecci\u00f3n de la pandilla para sobrevivir: una forma de \u201cseguro de prisi\u00f3n\u201d. Los l\u00edderes de las pandillas MS13 y Barrio 18 han estado tradicionalmente recluidos en centros de m\u00e1xima seguridad, como la tristemente c\u00e9lebre prisi\u00f3n de Zacatecoluca, tambi\u00e9n conocida como \u201cZacatraz\u201d.<\/p>\n\n\n\n La situaci\u00f3n de las prisiones ha experimentado una transformaci\u00f3n radical. El cambio fue gradual: en 2015 se revirti\u00f3<\/a> la pol\u00edtica oficial de segregaci\u00f3n de las pandillas. Luego, la administraci\u00f3n del presidente Salvador S\u00e1nchez Cer\u00e9n recuper\u00f3 cierto control tras las rejas con la promulgaci\u00f3n de medidas de seguridad de mano dura destinadas a cortar las comunicaciones entre pandillas. En 2020, Bukele aceler\u00f3 el proceso, colocando<\/a> a miembros de la MS13 y Barrio 18 en celdas comunes y privando a los presos del sol. El gobierno tambi\u00e9n ha recurrido a medidas extremas para reprimir la actividad de las pandillas en las prisiones tras la llegada masiva de presuntos miembros de pandillas durante el estado de excepci\u00f3n. Los informes<\/a> procedentes de las prisiones sugieren que las autoridades mantienen ahora un control casi absoluto entre rejas y someten a los presos a palizas y tortura psicol\u00f3gica de forma rutinaria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Salvador es la patria espiritual de las pandillas callejeras m\u00e1s conocidas de Centroam\u00e9rica: la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18. 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