Para facilitar una tregua entre pandillas, el gobierno de El Salvador est\u00e1 violando sus propias leyes. Si bien esto puede parecer como un mal necesario, ignorar la legislaci\u00f3n establece un peligroso antecedente en este proceso que se ha visto envuelto en falsedades y evasivas desde el comienzo.<\/p>\n\n\n\n
El diario digital El Faro se\u00f1ala<\/a> que, en virtud de la ley antipandillas, aprobada en septiembre de 2010, el ser un miembro de Barrio 18 o la Mara Salvatrucha (MS13) es en s\u00ed un delito, al igual que cualquier negociaci\u00f3n con estos grupos. No obstante, las negociaciones con los l\u00edderes pandilleros, los movimientos para establecer los planes de trabajo y las ceremonias en las que se entregaron armas, involucraron a funcionarios que tratan directamente con los representantes de estos grupos.<\/p>\n\n\n\n Mientras tanto, los miembros activos de las pandillas que se encuentran libres tienen permiso para entrar en las c\u00e1rceles para las conferencias de prensa con los l\u00edderes encarcelados, y luego salir de nuevo, seg\u00fan El Faro. Como parte de la m\u00e1s reciente fase de la tregua, las autoridades est\u00e1n creando \u201czonas de paz\u201d (o zonas libres de violencia), en el que las pandillas acordaron detener todo tipo de delito. Para El Faro, estas actividades representan otra violaci\u00f3n de la ley de 2010:<\/p>\n\n\n\n Quiz\u00e1 el caso m\u00e1s claro sea el del alcalde de Ilopango [una de las zonas libres de violencia], Salvador Ruano, del partido Arena, que ha admitido que, como parte de sus pol\u00edticas de prevenci\u00f3n de violencia y de reinserci\u00f3n, ha contratado desde mayo de 2012 a peque\u00f1os grupos de pandilleros para tareas de recarpeteo de calles o de mitigaci\u00f3n de riesgos ante lluvias, y les ha remunerado con fondos municipales. Estas acciones parecen chocar frontalmente con el restrictivo art\u00edculo 2 de la Ley de proscripci\u00f3n, que reza: \u201dCualquier acto jur\u00eddico que (\u2026) realicen estos grupos por medio de sus integrantes u otras personas ser\u00e1n il\u00edcitos, y por lo tanto acarrear\u00e1n responsabilidades penales, civiles y administrativas correspondientes para sus promotores, creadores, organizadores, (\u2026) colaboradores, financistas\u2026\u201d<\/p>\n\n\n\n Como se\u00f1ala El Faro, las acciones del alcalde no parecen estar acarre\u00e1ndole consecuencias legales a \u00e9l, y al menos otros 21 alcaldes de todo el pa\u00eds se han comprometido a contratar a miembros de pandillas para llevar a cabo obras p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n Los homicidios en El Salvador se han reducido casi a la mitad desde marzo de 2012, gracias a un acuerdo entre el gobierno y las dos principales pandillas del pa\u00eds. Estos grupos han acordado reducir la violencia a cambio de concesiones, incluyendo la transferencia de los l\u00edderes encarcelados a prisiones de m\u00ednima seguridad y programas integrales de reinserci\u00f3n para sus miembros.<\/p>\n\n\n\n Doblar las reglas y ocultar los hechos parece ser parte de una forma aceptada de lograr la tregua. Las autoridades se mantuvieron en secretismo extremo alrededor del proyecto; primero, negando la existencia de cualquier negociaci\u00f3n y luego negando que el gobierno hab\u00eda desempe\u00f1ado un papel en ella; y finalmente admitiendo, seis meses despu\u00e9s<\/a> de que la historia saliera a la luz p\u00fablica, que hab\u00eda sido un plan del gobierno desde el principio y que le hab\u00edan ofrecido concesiones a los l\u00edderes de las pandillas a cambio de reducir la violencia.<\/p>\n\n\n\n De hecho, la administraci\u00f3n de Mauricio Funes ha parecido m\u00e1s preocupada por lograr la ca\u00edda en la tasa de homicidios, algo electoralmente vital, que consultar con los salvadore\u00f1os o con el Congreso sobre este proceso. Esto pudo haber sido necesario para ganar capital pol\u00edtico y as\u00ed mantener la tregua en marcha. La mayor\u00eda de los salvadore\u00f1os est\u00e1n en contra, pero ahora est\u00e1n viendo sus beneficios.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, la arbitrariedad de la administraci\u00f3n a la ley es preocupante. Las leyes son burladas o simplemente ignoradas. No hay nuevas leyes que se hayan aprobado o que est\u00e9n siendo consideradas para facilitar el movimiento de los representantes de las pandillas. Los negociadores de la tregua han llamado<\/a> a que la ley antipandillas sea derogada, pero el presidente Funes rechaz\u00f3<\/a> esa opci\u00f3n en diciembre, aunque s\u00ed dijo que considerar\u00eda la modificaciones de la misma. Y ha habido poca discusi\u00f3n p\u00fablica de c\u00f3mo se llevar\u00eda a cabo una amnist\u00eda, de ser \u00e9sta una opci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La falta de transparencia en el proceso ha generado desconfianza en todas las partes. Si el poder ejecutivo puede simplemente ignorar las leyes cuando quiere, no hay ninguna garant\u00eda de que no aplicar\u00e1 cuando sea pol\u00edticamente conveniente. Este problema s\u00f3lo empeorar\u00e1 a medida que la tregua contin\u00fae.<\/p>\n\n\n\n Se ha propuesto, por ejemplo, ajustar la legislaci\u00f3n para permitir a los miembros de pandillas dejar los grupos y rehabilitarse, pero El Faro se\u00f1ala que las pandillas han dejado claro que no est\u00e1n interesadas en desmantelarse, y s\u00f3lo ofrecen cesar las actividades criminales. Pedro Cruz, un ex jefe de la Unidad de Delitos Especiales de la Fiscal\u00eda, dijo a El Faro que no se puede derogar la ley hasta que suceda esto: \u201c(\u2026) el accionar criminal sigue siendo una de las actividades naturales de la pandilla. Es una estructura que todav\u00eda comete delitos. Menos, pero los comete. Esto es un proceso y cuando en su esencia las pandillas no cometan delitos no habr\u00e1 por qu\u00e9 proscribirlas, pero mientras lo hagan\u2026\u201d<\/p>\n\n\n\n Hasta que el gobierno de Funes comience a hacer frente a estas dif\u00edciles preguntas en conjunto con otros funcionarios electos \u2013 y ojal\u00e1 con figuras de la sociedad civil de todos los niveles- entonces este proceso carecer\u00e1 de la legitimidad necesaria para lograr una paz sostenible.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Para facilitar una tregua entre pandillas, el gobierno de El Salvador est\u00e1 violando sus propias leyes. 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