En el nuevo informe anual publicado por Human Rights Watch, la ONG sostiene que los gobiernos deber\u00edan despenalizar el consumo personal de drogas para proteger los derechos humanos, pero no aborda los efectos potencialmente negativos que esto podr\u00eda tener en el comercio de drogas si la iniciativa no va acompa\u00f1ada de una reforma pol\u00edtica integral.<\/p>\n\n\n\n
En un ensayo incluido en el informe (pdf<\/a>), Mar\u00eda McFarland S\u00e1nchez-Moreno explica que la criminalizaci\u00f3n de las drogas es \u201cinherentemente problem\u00e1tica\u201d, y recomienda que los gobiernos hagan cambios en las pol\u00edticas para abordar este problema.<\/p>\n\n\n\n En cuanto al uso personal, las duras pol\u00edticas antidroga alrededor del mundo resultan, seg\u00fan ella, en abusos a los derechos humanos, que van desde la violaci\u00f3n a la privacidad, hasta el ingreso forzado de los consumidores a los centros de tratamiento.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, las prohibiciones sobre la producci\u00f3n y la distribuci\u00f3n tienen el efecto perverso de proporcionar un gran mercado il\u00edcito para los grupos ilegales que cometen abusos contra los derechos humanos, a menudo en b\u00fasqueda de controlar el comercio.<\/p>\n\n\n\n S\u00e1nchez-Moreno da el ejemplo de Colombia, donde los escuadrones de la muerte de los paramilitares de derecha, agrupados bajo las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC), estaban entre \u201clos se\u00f1ores de la droga m\u00e1s grandes de Colombia\u201d. El comercio de drogas ayud\u00f3 a financiar la existencia de los paramilitares y a impulsar los abusos cometidos por estos grupos en los a\u00f1os noventa.<\/p>\n\n\n\n A su vez, las ganancias de este comercio han permitido a grupos como las AUC<\/a> pagar a funcionarios corruptos y seguir operando con relativa impunidad. En los \u00faltimos a\u00f1os, v\u00ednculos entre cientos de congresistas y paramilitares han salido a la luz en Colombia.<\/p>\n\n\n\n VEA TABMI\u00c9N:<\/span><\/strong> Perfil de las AUC<\/a><\/p>\n\n\n\n S\u00e1nchez-Moreno tambi\u00e9n destaca c\u00f3mo las fuerzas involucradas en los esfuerzos antidrogas a menudo cometen graves abusos contra los derechos humanos. En M\u00e9xico, las fuerzas de seguridad -en parte financiadas con d\u00f3lares estadounidenses- han participado en actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales como parte de una \u201cguerra contra las drogas\u201d que ha provocado la muerte de al menos 80.000 personas, desde 2007.<\/p>\n\n\n\n Centrar los esfuerzos en solo una fuente o un grupo involucrado en el tr\u00e1fico de drogas, claramente, no ha logrado ponerle fin al problema del comercio ilegal de drogas, el cual por el contrario ha evolucionado y migrado, se\u00f1ala S\u00e1nchez\u2013Moreno. En Medell\u00edn, la persecuci\u00f3n y el asesinato de Pablo Escobar no terminaron con la violencia que estaba destruyendo a la ciudad -en cambio, Diego Murillo, alias \u201cDon Berna<\/a>\u201c, ascendi\u00f3 para tomar su lugar. Despu\u00e9s de que su monopolio comenz\u00f3 a desmoronarse, surgieron nuevas estructuras criminales.<\/p>\n\n\n\n Los esfuerzos antidrogas tambi\u00e9n producen el efecto de desplazamiento del problema, como sucede con los intensivos programas de fumigaci\u00f3n a\u00e9rea en Colombia, que empujaron m\u00e1s la producci\u00f3n de coca hacia Per\u00fa -ahora el principal productor del mundo.<\/p>\n\n\n\n En general, la pol\u00edtica antidrogas actual no ha logrado detener el flujo de drogas il\u00edcitas o disminuir su consumo, y no ha hecho progresos en el objetivo trazado de proteger la salud de los ciudadanos, escribe S\u00e1nchez-Moreno.<\/p>\n\n\n\n En este contexto, ella enumera una serie de recomendaciones, abogadas por Human Rights Watch (HRW). La primera es despenalizar la posesi\u00f3n y el consumo personal de drogas. En vez de penalizar el uso, los gobiernos pueden ayudar a regularlo con campa\u00f1as educativas que fomenten la toma de decisiones inteligentes, y penalizando conductas perjudiciales que puedan resultar del uso de drogas, como conducir bajo su influencia.<\/p>\n\n\n\n En segundo lugar, ella recomienda que los Estados comiencen a buscar alternativas al actual r\u00e9gimen de pol\u00edticas sobre la producci\u00f3n y distribuci\u00f3n. Estos podr\u00edan implicar la regulaci\u00f3n de las ventas y de la producci\u00f3n -como ha comenzado a ocurrir con la marihuana en Uruguay, y en Washington y Colorado, en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n La \u00faltima recomendaci\u00f3n de HRW es ampliar el acceso a los programas de tratamiento para personas adictas a las drogas, basados en la comunidad, con el fin de luchar contra la estigmatizaci\u00f3n y los peligrosos tratamientos forzosos.<\/p>\n\n\n\n En el contexto de una fracasada \u201cguerra contra las drogas\u201d, legisladores, organismos intergubernamentales y actores famosos han abogado por recomendaciones similares a aquellas dadas por Human Rights Watch. Sin embargo, tomar solo una sugerencia tiene pocas probabilidades de tener un impacto significativo sobre el comercio ilegal de drogas, e incluso podr\u00eda tener un efecto adverso.<\/p>\n\n\n\n Las consecuencias nocivas y la ineficacia de la \u201cguerra contra las drogas\u201d, liderada por Estados Unidos, que se ha llevado a cabo por m\u00e1s de 40 a\u00f1os \u2013la cual ha hecho particular hincapi\u00e9 en M\u00e9xico y la regi\u00f3n andina de Suram\u00e9rica\u2013 han sido bien documentadas.<\/p>\n\n\n\n El consumo de drogas ha seguido aumentando y se ha expandido, y as\u00ed como se han desarrollado nuevos mercados, tambi\u00e9n lo han hecho las nuevas rutas, los puntos de tr\u00e1nsito, y los grupos criminales. En lugar de desaparecer, los grupos criminales se han fragmentado<\/a> y han surgido unos nuevos. Como resalt\u00f3 S\u00e1nchez -Moreno, la estrategia impulsada por Estados Unidos, de atacar los s\u00edntomas en lugar de la ra\u00edz del problema, ha sido uno de los principales contribuyentes para que se produzca este desplazamiento de la actividad criminal.<\/p>\n\n\n\n Examinando espec\u00edficamente el ejemplo de M\u00e9xico, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) ha documentado<\/a> c\u00f3mo las pol\u00edticas de seguridad del pa\u00eds, en los \u00faltimos seis a\u00f1os, han empujado a los grupos criminales mexicanos a lugares como Guatemala y Honduras, y han convertido a Centroam\u00e9rica en un corredor principal para la coca\u00edna que va rumbo a Norteam\u00e9rica. Otros ejemplos incluyen el crecimiento de Argentina como un centro de producci\u00f3n<\/a> y la creciente importancia de Ecuador como un punto de tr\u00e1nsito<\/a>.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <\/span>Cobertura sobre migraci\u00f3n criminal<\/a><\/p>\n\n\n\n Est\u00e1 claro que esta guerra ha tenido tambi\u00e9n el tipo de efectos negativos sobre los derechos humanos que se\u00f1ala HRW, entre ellos la violencia policial, la falta de acceso a servicios de salud para los consumidores de drogas, y c\u00e1rceles repletas que dan lugar a la propagaci\u00f3n de enfermedades, como fue se\u00f1alado por Open Society Foundations en un informe de 2009<\/a>. La Iniciativa M\u00e9rida, aprobada por Estados Unidos en 2008, inyect\u00f3 fondos en M\u00e9xico y Centroam\u00e9rica para combatir la violencia producto del narcotr\u00e1fico, pero este mismo dinero ayud\u00f3 a financiar a las fuerzas de seguridad que participaron en graves abusos contra los derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n En el contexto de un fallido esfuerzo por detener el crecimiento del comercio de la droga, ha surgido, en los \u00faltimos a\u00f1os, un gran debate en torno a la pol\u00edtica antidrogas, con destacados periodistas y productores de televisi\u00f3n uni\u00e9ndose a los llamados por una reforma. Los expresidentes de Brasil, M\u00e9xico y Colombia firmaron una iniciativa en 2011<\/a>, buscando reescribir la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas sobre las drogas, adoptada hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os. En el verano de 2012, la ONU acord\u00f3 llevar a cabo una cumbre<\/a> para discutir enfoques alternativos a la pol\u00edtica de drogas. En junio de 2013, varios pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica firmaron un documento acordando continuar la discusi\u00f3n<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Multiples debates han sido necesarios para tomar incluso estos pocos pasos. Sin embargo, una serie de pa\u00edses en Latinoam\u00e9rica se han movido hacia la primera recomendaci\u00f3n de HRW, legalizando el uso personal, mediante la modificaci\u00f3n de las pol\u00edticas relacionadas con el uso personal y el porte de marihuana. En Colombia, desde 2012, las personas que se encuentren en posesi\u00f3n de menos de 20 gramos de marihuana o un gramo de coca\u00edna ya no son detenidas ni procesadas<\/a>. En M\u00e9xico, los consumidores de marihuana tiene permitido portar hasta cinco gramos<\/a>. En Per\u00fa, la posesi\u00f3n de hasta ocho gramos<\/a> de la sustancia es legal.<\/p>\n\n\n\n Lo que la mayor\u00eda de los pa\u00edses a\u00fan no ha hecho es abordar el segundo punto de las recomendaciones de HRW -dando pasos para regular la producci\u00f3n y la venta de sustancias il\u00edcitas. Aunque HRW se\u00f1ala la importancia de ambas medidas, la ONG no aborda las consecuencias no deseadas de implementar la primera sin la segunda.<\/p>\n\n\n\n Si el uso es desregulado sin el acompa\u00f1amiento de cambios en las pol\u00edticas, los consumidores probablemente se enfrentar\u00e1n a un menor riesgo de sufrir el tipo de abusos contra los derechos humanos que fueron se\u00f1alados por HRW. Sin embargo, seguir\u00e1n dependiendo del mercado negro para obtener sus drogas, y financiando a los mismos grupos ilegales que la \u201cguerra contra las drogas\u201d busca combatir. En resumen, estas pol\u00edticas pueden proteger los derechos individuales, pero no podr\u00e1n detener el flujo de sustancias il\u00edcitas o cortar los ingresos de los traficantes de drogas.<\/p>\n\n\n\n Uruguay ha llevado las cosas un paso m\u00e1s lejos, aprobando recientemente leyes<\/a> que legalizar\u00e1n y regular\u00e1n la producci\u00f3n y distribuci\u00f3n de la marihuana, con un tope mensual de 40 gramos para el uso personal. Colorado y Washington, en Estados Unidos, aprobaron recientemente leyes similares<\/a>, y los legisladores de Ciudad de M\u00e9xico tienen previsto presentar una propuesta a finales de enero que har\u00eda lo mismo. Sin embargo, ninguno de estos pa\u00edses ha propuesto medidas similares con la coca\u00edna que, seg\u00fan algunas estimaciones, es una fuente mucho m\u00e1s grande de financiaci\u00f3n<\/a> para los grupos criminales.<\/p>\n\n\n\n La falta de consenso en cuanto a la mejor manera de avanzar tambi\u00e9n podr\u00eda ser peligrosa, como destac\u00f3 la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos (OEA) el a\u00f1o pasado, en un informe (pdf<\/a>) que describi\u00f3 varios posibles escenarios de reformas sobre las drogas en las Am\u00e9ricas. La \u00faltima de ellas fue la posibilidad de que ciertos Estados -frustrados por el fracaso del enfoque actual y la falta de receptividad a las alternativas por sus hom\u00f3logos de Estados Unidos- podr\u00edan llegar a acuerdos con las organizaciones de tr\u00e1fico de drogas, lo que permitir\u00eda a los narcos tener control de facto sobre el Estado, a cambio de una baja en la violencia relacionada con el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n Otra cuesti\u00f3n que se ha planteado es si la legalizaci\u00f3n podr\u00eda llevar a los grupos criminales a diversificar sus actividades<\/a> en la b\u00fasqueda de un financiamiento alternativo. Esto no es descabellado -muchos grupos ya han empezado a hacerlo, dado que ha aumentado la competencia por las ganancias de la droga, dando lugar a un aumento en el secuestro<\/a> y la extorsi\u00f3n en lugares como M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\nAn\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n