Con cuatro expresidentes en prisi\u00f3n o evadiendo su arresto y otra importante pol\u00edtica enfrentada a acusaciones de lavado de dinero, Per\u00fa avanza firme en la erradicaci\u00f3n de la arraigada corrupci\u00f3n que azota su sistema pol\u00edtico. Pero sin la necesaria reforma legislativa, sus instituciones seguir\u00e1n siendo susceptibles a la criminalidad.<\/p>\n\n\n\n
Keiko Fujimori, fundadora y presidenta del partido pol\u00edtico de derecha Fuerza Popular (FP) y candidata presidencial en 2011 y tambi\u00e9n en 2016, ha sido acusada de recibir financiaci\u00f3n ilegal para su primera campa\u00f1a presidencial del gigante constructor brasile\u00f1o Odebrecht. El arrollador esc\u00e1ndalo de Odebrecht ha incriminado hasta el momento a docenas de altos funcionarios p\u00fablicos por lo menos en 12 pa\u00edses latinoamericanos, entre ellos dos expresidentes peruanos.<\/p>\n\n\n\n
La publicaci\u00f3n peruana IDL-Reporteros public\u00f3 recientemente documentos<\/a> que no se conoc\u00edan relacionados con el caso, entre ellos una cadena de mensajes hallada en un tel\u00e9fono celular perteneciente a Marcelo Odebrecht, exdirector ejecutivo de la firma, quien fue sentenciado a 19 a\u00f1os de c\u00e1rcel en Brasil. Los mensajes de celular hac\u00edan referencias expl\u00edcitas a una lista de pol\u00edticos, empresas y pa\u00edses, indicando su implicaci\u00f3n en el esquema de lavado transnacional de dinero, incluida Keiko Fujimori.<\/p>\n\n\n\n Aunque breve, el mensaje de Odebrecht puede tener graves implicaciones: \u201cAumentar a Keiko a 500 e ir\u00e9 de visita\u201d, se dice que afirm\u00f3 en la correspondencia. Seg\u00fan IDL, lo m\u00e1s probable es que se haya enviado la nota a finales de 2010 o comienzos de 2011 \u2014justo en lo m\u00e1s \u00e1lgido de la campa\u00f1a presidencial de Keiko, lo que saca a relucir pruebas enterradas del financiamiento ilegal de la campa\u00f1a de ese periodo.<\/p>\n\n\n\n En una declaraci\u00f3n rendida en mayo ante fiscales peruanos, Odebrecht admiti\u00f3 abiertamente que financi\u00f3 a la mayor\u00eda, si no a todos, los candidatos peruanos de 2011, con ayuda de su subordinado peruano Jorge Barata.<\/p>\n\n\n\n Barata \u201cpens\u00f3 que Keiko Fujimori ganar\u00eda, entonces le dije, \u2018Si crees que hay riesgo de represalias, ap\u00f3yala m\u00e1s a ella\u2019, incluso hice una anotaci\u00f3n en aquella \u00e9poca, \u2018Apoya a Keiko m\u00e1s’\u201d, declar\u00f3.<\/p>\n\n\n\n Fujimori, cuya campa\u00f1a de 2011 se vio afectada por acusaciones de financiaci\u00f3n ilegal <\/a>y en cuyo partido pol\u00edtico m\u00faltiples miembros enfrentan acusaciones de connivencia con narcotraficantes<\/a>, ha negado que recibiera dinero de Odebrecht.<\/p>\n\n\n\n \u201cEl fujimorismo\u201d, referencia a la dinast\u00eda de poder pol\u00edtico de la familia de Keiko, se asoci\u00f3 a la corrupci\u00f3n y la criminalidad en Per\u00fa luego del arresto en 2005 del padre de Keiko y expresidente peruano Alberto Fujimori, quien actualmente purga una sentencia de 25 a\u00f1os por violaciones a los derechos humanos y corrupci\u00f3n perpetradas durante la d\u00e9cada de gobierno autocr\u00e1tico que ejerci\u00f3.<\/p>\n\n\n\n Las acusaciones contra Keiko, en especial dado el legado de su apellido, son un recordatorio m\u00e1s para el pueblo peruano de hasta d\u00f3nde se ha institucionalizado la criminalidad en su sistema pol\u00edtico. Aunque el pa\u00eds est\u00e1 dando pasos importantes para judicializar a sus dirigentes corruptos, las brechas desatendidas en el sistema electoral de Per\u00fa siguen permitiendo que esc\u00e1ndalos como el de Odebrecht socaven sus instituciones democr\u00e1ticas.<\/p>\n\n\n\n En lo que va corrido de este a\u00f1o, cuatro exjefes de estado del pa\u00eds han ido a la c\u00e1rcel o son requeridos por nexos criminales, violaciones a los derechos humanos, corrupci\u00f3n o una combinaci\u00f3n de los tres.<\/p>\n\n\n\n En febrero, las autoridades peruanas ordenaron la captura <\/a>del expresidente Alejandro Toledo por ayudar a la constructora Odebrecht a asegurar contratos p\u00fablicos a cambio de coimas por valor hasta de US$20 millones. En julio, el expresidente Ollanta Humala se sum\u00f3 al padre de Fujimori en la prisi\u00f3n de Barbadillo Lima por acusaciones de ejecuciones extrajudiciales y corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El \u00fanico expresidente vivo que no ha sido arrestado es Alan Garc\u00eda, pero este carga una reputaci\u00f3n consistente de corrupci\u00f3n y est\u00e1 siendo investigado<\/a> por la Fiscal\u00eda General por presunto lavado de dinero y por aceptaci\u00f3n de sobornos de Odebrecht. Y aunque el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski se comprometi\u00f3<\/a> a combatir la criminalidad institucional luego de que estallara el esc\u00e1ndalo de Odebrecht en Per\u00fa, incluso \u00e9l ha resultado involucrado<\/a> en el soborno.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Presidentes latinoamericanos y la justicia: \u00bftermina la era de la impunidad?<\/a><\/p>\n\n\n\n En el informe de 2016 de Transparencia Internacional, que clasifica a m\u00e1s de 170 pa\u00edses seg\u00fan sus niveles anuales de corrupci\u00f3n, Per\u00fa entr\u00f3 en el puesto 101, un notorio descenso desde su posici\u00f3n de 88 el a\u00f1o anterior.<\/p>\n\n\n\n Una raz\u00f3n importante para su baja calificaci\u00f3n, seg\u00fan Walter Alb\u00e1n, director ejecutivo del cap\u00edtulo peruano de Transparencia Internacional, el sistema electoral peruano en su mayor\u00eda no regulado, que permite que organizaciones criminales y negocios fraudulentos se infiltren en el \u00e1mbito pol\u00edtico.<\/p>\n\n\n\n La falta de regulaci\u00f3n del sistema electoral \u201cest\u00e1 haciendo que los niveles de corrupci\u00f3n lleguen a extremos nunca antes vistos en el pa\u00eds\u201d, coment\u00f3 Alb\u00e1n a InSight Crime. \u201cEs claro que la actual situaci\u00f3n genera incentivos para personas vinculadas a la econom\u00eda ilegal y que intentan entrar en la pol\u00edtica. Vemos esto m\u00e1s fuerte cada a\u00f1o\u201d.<\/p>\n\n\n\n Durante mucho tiempo, el sistema pol\u00edtico de Per\u00fa ha permitido que se generalice la corrupci\u00f3n y la impunidad, coment\u00f3 Alb\u00e1n, creando ciclos de criminalidad entre altos dirigentes pol\u00edticos, pese a haber sido elegidos en forma democr\u00e1tica. La laxitud en los controles al financiamiento de campa\u00f1as ha permitido que grupos criminales<\/a>, corporaciones adineradas y gobiernos extranjeros inyecten dinero en las arcas de los partidos y en los bolsillos de los candidatos. Muchas veces esto est\u00e1 condicionado al retorno de favores cuando el candidato llega al cargo.<\/p>\n\n\n\n En abril de este a\u00f1o, la rama ejecutiva de Per\u00fa aprob\u00f3 una serie de propuestas de reforma electoral<\/a>, cuyo principal objetivo era reducir la corrupci\u00f3n en las elecciones locales y nacionales, incluyendo l\u00edmites a las donaciones de particulares en efectivo y la exigencia del registro de empresas, instituciones o gobiernos extranjeros por lo menos tres a\u00f1os antes de la donaci\u00f3n a una campa\u00f1a. Hasta el momento, estas propuestas no se han declarado ley.<\/p>\n\n\n\n Este a\u00f1o tambi\u00e9n ha habido numerosas peticiones<\/a> de la Corte Suprema para que se levante la llamada ley de inmunidad parlamentaria para varios congresistas investigados por actividades criminales. En su formulaci\u00f3n actual, la ley establece que un representante elegido al congreso en ejercicio solo puede ser judicializado si el congreso mismo autoriza el proceso judicial.<\/p>\n\n\n\n Los cr\u00edticos afirman que la ley de inmunidad ha servido como escudo<\/a> contra la justicia para los pol\u00edticos de alto rango, aun a pesar de que la Fiscal\u00eda General o los fiscales regionales hayan abierto investigaciones directas en su contra, como fue el caso del congresista Benicio R\u00edos Ocsa<\/a>, quien se mantiene en su cargo pese a haber sido juzgado en la regi\u00f3n de Cusco por presunta connivencia criminal y cohecho pasivo.<\/p>\n\n\n\nAn\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n