Una ONG de los Pa\u00edses Bajos ha compilado un abrumador informe sobre la presunta connivencia de las compa\u00f1\u00edas mineras multinacionales Drummond y Glencore con los grupos paramilitares responsables de perpetrar asesinatos en masa en Colombia, ofreciendo una visi\u00f3n de los nexos entre los paramilitares y las empresas, v\u00ednculos que todav\u00eda persisten en gran parte del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
El informe de PAX, una organizaci\u00f3n cristiana que aboga a favor de la paz, titulado \u201cThe Dark Side of Coal<\/em>\u201c, (El lado oscuro del carb\u00f3n-pdf<\/a>) compila testimonios de paramilitares desmovilizados, de exempleados de las empresas, y de las v\u00edctimas del conflicto vivido en la era de dominio paramilitar en el norte\u00f1o departamento del Cesar entre 1996 y 2006.<\/p>\n\n\n\n Juntos, los testimonios muestran un panorama de estrecha relaci\u00f3n entre las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) y la empresa Drummond, de Estados Unidos, y Prodeco, subsidiaria de Glencore de propiedad suiza. El informe alega que las dos empresas proporcionaron apoyo financiero y log\u00edstico a los paramilitares.<\/p>\n\n\n\n Los testigos afirman que los v\u00ednculos entre las AUC y las empresas mineras comenzaron como una respuesta a la creciente campa\u00f1a de secuestros y ataques contra las compa\u00f1\u00edas por parte de las guerrillas izquierdistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ej\u00e9rcito de Liberaci\u00f3n Nacional (ELN). Con las compa\u00f1\u00edas desesperadas por acabar con el acoso, el informe se\u00f1ala que en 1995 el ej\u00e9rcito colombiano facilit\u00f3 un acuerdo a Drummond para canalizar dinero a los grupos paramilitares a cambio de \u201cseguridad\u201d. Las compa\u00f1\u00edas m\u00e1s tarde comenzaron a tratar directamente con las AUC, seg\u00fan los testimonios de m\u00faltiples testigos.<\/p>\n\n\n\n Los exjefes de las AUC entrevistados por PAX afirmaron que las empresas no s\u00f3lo apoyaron las operaciones paramilitares existentes, sino que tambi\u00e9n jugaron un papel decisivo en el financiamiento de la expansi\u00f3n de las AUC en la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Durante la d\u00e9cada siguiente, los paramilitares se enfrentaron a las guerrillas mediante el uso de t\u00e1cticas de terror que se convertir\u00edan en su tarjeta de presentaci\u00f3n a lo largo de Colombia, y seg\u00fan estimaciones de PAX, el bloque de las AUC que presuntamente hab\u00eda recibido apoyo de las empresas mineras, dej\u00f3 una estela de 2.600 v\u00edctimas de asesinatos selectivos, 500 v\u00edctimas de masacres y 240 v\u00edctimas de desapariciones forzadas.<\/p>\n\n\n\n Parte de la cooperaci\u00f3n entre Drummond, Prodeco y las AUC implic\u00f3 que las empresas suministraran inteligencia a las AUC y a los militares acerca de \u201csubversivos\u201d y sindicalistas dentro de su fuerza de trabajo, quienes a menudo se convirtieron en los objetivos de asesinatos y amenazas, se\u00f1al\u00f3 un exparamilitar que dice haber estado directamente involucrado en estas operaciones.<\/p>\n\n\n\n El informe tambi\u00e9n presenta pruebas de que las AUC, responsables por el desplazamiento de unas 59.000 personas s\u00f3lo en el Cesar, despojaron con el uso de la fuerza a los agricultores locales y a sus familias de la tierras para beneficiar a las empresas mineras.<\/p>\n\n\n\n \u201cTodo esto se hace por la tierra que es rica en carb\u00f3n: trae una gran cantidad de dinero, y esto explica el desplazamiento [forzado]\u201d, dijo un exparamilitar a los investigadores de PAX.<\/p>\n\n\n\n Si bien no hay indicios de que las empresas instigaron los desplazamientos, posteriormente si adquirieron los terrenos abandonados por los civiles que huyeron. En Colombia, la venta de tierras abandonadas por personas que huyen del conflicto es ilegal.<\/p>\n\n\n\n El informe destaca dos ejemplos de lo que PAX se\u00f1al\u00f3 como apropiaciones ilegales de tierras por parte de las compa\u00f1\u00edas mineras en la regi\u00f3n. En el primer ejemplo, Drummond obtuvo numerosas parcelas en la comunidad de Mechoac\u00e1n, 21 de las cuales fueron declaradas compras ilegales en 2012. La empresa ha emprendido agresivas acciones legales para aferrarse a las parcelas, incluyendo la presentaci\u00f3n de una queja contra el fiscal general por \u201cabuso de poder\u201d y por \u201cobstrucci\u00f3n a la justicia\u201d. La empresa tambi\u00e9n emprendi\u00f3 una demanda civil contra de las familias que reclaman la tierra.<\/p>\n\n\n\n Por su parte, la empresa Prodeco es acusada de comprar tierras en la comunidad de El Prado, ocupada por testaferros paramilitares despu\u00e9s de que desplazaron a sus propietarios originales en 2002. Seg\u00fan PAX, en 2011 el organismo de registro de tierras del pa\u00eds, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) fue encontrado culpable de vender tierras robadas a Prodeco, y le fue ordenado regresarlas a sus due\u00f1os, a quienes la instituci\u00f3n hab\u00eda intentado eliminar de las listas de desplazados. Prodeco ha dicho que nunca tuvo inter\u00e9s ??en la compra de las tierras, pero el informe se\u00f1ala que el entonces presidente \u00c1lvaro Uribe les dijo que las compraran por razones pol\u00edticas, la empresa tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que t\u00e9cnicamente nunca tuvo la propiedad de la tierra, pues Incoder no cumpli\u00f3 con los t\u00e9rminos del acuerdo.<\/p>\n\n\n\n Tanto Drummond<\/a> como Glencore<\/a>, la compa\u00f1\u00eda matriz de Prodeco, han emitido declaraciones en contra de las afirmaciones hechas en el informe del PAX, tildando a los testimonios de los paramilitares de contradictorios y poco fiables . Drummond se\u00f1al\u00f3 que uno de los testigos clave de PAX testific\u00f3 ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n bajo juramento, que la empresa no hab\u00eda trabajado con las AUC, y acus\u00f3 a un abogado en un caso en Estados Unidos por haber pagado a algunos de los testigos cuantiosas sumas de dinero.<\/p>\n\n\n\n La declaraci\u00f3n Drummond dice que \u201cla historia contada por PAX podr\u00eda ser utilizada para una buena novela, o posiblemente para una buena pel\u00edcula de ficci\u00f3n, pero lo dicho all\u00ed de ninguna manera representa la verdad acerca de Drummond en Colombia o de la industria del carb\u00f3n en el pa\u00eds\u201d. <\/p>\n\n\n\n La expansi\u00f3n paramilitar de finales de los a\u00f1os noventa y principios de la d\u00e9cada del s.XXI, que dej\u00f3 una estela de muerte y desplazamiento a su paso, estuvo estrechamente vinculada con ciertos sectores empresariales -lo que en Colombia se conoce como \u201cparaeconom\u00eda\u201d.<\/p>\n\n\n\n El caso Drummond se ha convertido en uno de los ejemplos m\u00e1s notorios. La empresa ha sido objeto de una investigaci\u00f3n<\/a> por el asesinato de tres sindicalistas, y ha sido acusada tanto por los paramilitares<\/a> como por el sector comercial<\/a> de la paraeconom\u00eda de haber financiado a las AUC y por haber coludido con el grupo. Seg\u00fan el testimonio de un exjefe de las AUC en tribunal de Estados Unidos<\/a>, los paramilitares asesinaron a civiles locales porque no quer\u00edan vender sus tierras a la empresa.<\/p>\n\n\n\n Hasta el momento ning\u00fan caso contra Drummond o Prodeco ha llegado a los tribunales, pero los casos de restituci\u00f3n de tierras en curso contra las empresas significan que sus problemas legales probablemente todav\u00eda no ha terminado.<\/p>\n\n\n\n La autora del informe de PAX, Marianne Moor, dijo a InSight Crime que hasta el momento ninguna v\u00edctima de desplazamiento ha sido compensada de ninguna manera. Tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que para muchas de las victimas, las condiciones actuales de sus antiguas tierras no son aptas para el regreso de sus familias.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan ella, el marco jur\u00eddico de Colombia -que proh\u00edbe la compra de tierras de las que han sido desplazadas personas- es suficiente en este tema, pero la ley es obstaculizada por la corrupci\u00f3n estatal y por su mala implementaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Las v\u00edctimas en el caso de El Prado tambi\u00e9n se han enfrentado a otra nueva pero familiar amenaza. Seg\u00fan PAX, varios de los demandantes y sus abogados han recibido amenazas de muerte por parte de lo que el defensor de Derechos Humanos de la zona dice que es un nuevo grupo armado respaldado por terratenientes y pol\u00edticos locales. Tambi\u00e9n han recibido amenazas firmadas con los nombres de los principales grupos criminales de Colombia, los Urabe\u00f1os y los Rastrojos. En varias de las amenazas, los grupos dicen que est\u00e1n actuando en inter\u00e9s de las empresas mineras, afirma PAX.<\/p>\n\n\n\n Drummond y Glencore no son las \u00fanicas empresas que se enfrentan a acusaciones en las secuelas de la burbuja que dej\u00f3 la paraeconom\u00eda. La empresa bananera Chiquita ha enfrentado varias demandas por su supuesta connivencia con los grupos paramilitares, y en 2007 pag\u00f3 una multa de US$1,7 millones por haber financiado a las AUC -pagos que la empresa afirman fueron extorsiones. La bananera tambi\u00e9n ha sido acusada de mantener continuos v\u00ednculos<\/a> con empresas implicadas en el desplazamiento y el robo de tierras. Nestl\u00e9 se enfrenta a una demanda en Suiza<\/a> que exige que la empresa sea judicializada por el asesinato de sindicalistas en Colombia, mientras que los sindicatos que representan a los trabajadores de la empresa contin\u00faan recibiendo amenazas, y algunos de sus miembros han sido asesinados<\/a>. Coca Cola tambi\u00e9n se ha enfrentado a acciones legales y a algunos llamados para hacer boicot<\/a> a sus productos por sus presuntos v\u00ednculos con los grupos paramilitares.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, Drummond y Glencore tampoco son las \u00fanicas empresas que se han escapado de serios castigos o de cargos criminales. La demanda contra Chiquita fue desestimada recientemente<\/a>, luego de que los jueces determinaron que los tribunales estadounidenses no pod\u00edan ser utilizados para presentar reclamaciones sobre los acontecimientos que sucedieron en el extranjero. En el caso de Nestl\u00e9, la posibilidad de presentar cargos penales contra los directores de la empresa se ??perdi\u00f3 debido a que el estatuto de limitaciones expir\u00f3 despu\u00e9s de que los tribunales suizos pasaron un a\u00f1o debatiendo qu\u00e9 parte del pa\u00eds ten\u00eda jurisdicci\u00f3n sobre el caso. Coca Cola tambi\u00e9n ha visto poco progreso<\/a> en los casos en su contra por sus acciones en Colombia.<\/p>\n\n\n\n La serie de testimonios de paramilitares desmovilizados que incriminan empresas a lo largo del pa\u00eds no ha resultado en la cantidad correspondiente de acciones judiciales. Aunque las AUC se hayan desmovilizado y aunque muchos de sus aliados pol\u00edticos est\u00e1n actualmente en la c\u00e1rcel, las investigaciones sobre la paraeconom\u00eda apenas comienzan.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Una ONG de los Pa\u00edses Bajos ha compilado un abrumador informe sobre la presunta connivencia de las compa\u00f1\u00edas mineras multinacionales Drummond y Glencore con los grupos paramilitares responsables de perpetrar asesinatos en masa en Colombia, ofreciendo una visi\u00f3n de los nexos entre los paramilitares y las empresas, v\u00ednculos que todav\u00eda persisten en gran parte del 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