La violencia asociada a la \u201cguerra al narcotr\u00e1fico\u201d ha llamado la atenci\u00f3n de la comunidad internacional en los \u00faltimos a\u00f1os. Ciudadanos y ONGs han pedido a la Corte Penal Internacional que fije su atenci\u00f3n en M\u00e9xico, donde tiene competencia desde el 1 de enero de 2006. Si tienen \u00e9xito, altos cargos de la administraci\u00f3n p\u00fablica y de las fuerzas de seguridad mexicanas, o incluso de organizaciones de narcotraficantes, ser\u00e1n juzgados en La Haya. Pero este camino est\u00e1 lleno de dificultades.<\/p>\n\n\n\n
La Fiscal\u00eda de la Corte es quien decide si hay indicios de los cr\u00edmenes m\u00e1s graves en territorio mexicano. Seg\u00fan el Estatuto de Roma, el narcotr\u00e1fico no es de su competencia, pero s\u00ed la manera de proteger sus negocios o de combatirlo -si, por ejemplo, se cometen cr\u00edmenes de guerra o contra la humanidad.<\/p>\n\n\n\n
Un crimen de guerra s\u00f3lo se da en un conflicto armado. Para declarar este tipo de conflicto, la jurisprudencia requiere la organizaci\u00f3n de las partes enfrentadas e intensidad de los combates. En M\u00e9xico, la capacidad armament\u00edstica de las organizaciones de narcotraficantes y el uso de fuerzas militares para enfrentarlas ser\u00edan unos indicios. En el norte del pa\u00eds ha habido episodios intensos de violencia en los que participan Los Zetas o el Cartel del Golfo, como los asesinatos de mayo de 2014 en Tamaulipas<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, la coordinaci\u00f3n entre los c\u00e1rteles para oponerse a las fuerzas armadas no existe, sino que cada organizaci\u00f3n act\u00faa por su cuenta. No han aparcado sus diferencias para unirse contra el Estado y conformar una parte b\u00e9lica.<\/p>\n\n\n\n Tampoco los grupos criminales son jer\u00e1rquicos. La \u201cperspectiva militar\u201d de Los Zetas<\/a> es la de una franquicia para el uso de la violencia. Han utilizado t\u00e1cticas que causan alarma social, como el terrorismo, pero no declararon una guerra al Estado<\/a>. Su caso es similar al grupo delictivo colombiano Los Urabe\u00f1os. Aunque la Fiscal\u00eda de la Corte les atribuye una integraci\u00f3n vertical<\/a>, \u00e9sta no es general y el grupo esencialmente opera descentralizado, seg\u00fan sus intereses econ\u00f3micos.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Noticias y perfil de los Zetas<\/a><\/p>\n\n\n\n En M\u00e9xico, esto arroja un conflicto asim\u00e9trico, con organizaciones de narcotraficantes fluidas<\/a> que utilizan la violencia como una opci\u00f3n entre muchas otras. A veces prefieren cooptar a miembros de las fuerzas de seguridad a t\u00edtulo individual. Otras logran la protecci\u00f3n progresiva de las instituciones, como en la infiltraci\u00f3n de Los Caballeros Templarios en Michoac\u00e1n<\/a>. Tambi\u00e9n hay c\u00e1rteles que apoyan a las fuerzas de seguridad contra otros, como el Cartel Jalisco-Nueva Generaci\u00f3n (CJNG).<\/p>\n\n\n\n Si se habla de una guerra en M\u00e9xico, sus caracter\u00edsticas no tienen precedentes. Y eso es dif\u00edcil de aceptar por la Fiscal\u00eda de la Corte.<\/p>\n\n\n\n Los cr\u00edmenes contra la humanidad no necesitan un conflicto armado, pero s\u00ed un ataque generalizado o sistem\u00e1tico contra la poblaci\u00f3n civil. Para promoverlo se requiere un Estado u organizaci\u00f3n equivalente que, por control territorial o estuctura y medios militares, sean la m\u00e1xima autoridad en un territorio. Las FARC o las AUC son ejemplos en la regi\u00f3n. El resultado es una continuidad en los ataques, ilustrada por una pol\u00edtica, un impulso ideol\u00f3gico o cualquier indicador de un marco para los delitos generalizados o sistem\u00e1ticos. No actos aislados, a pesar de la crueldad o el n\u00famero de v\u00edctimas resultante.<\/p>\n\n\n\n Organizaciones como Los Zetas han cometido cr\u00edmenes de extrema gravedad. En San Fernando, Tamulipas, entre 2010 y 2012 masacraron migrantes sin un objetivo claro<\/a>. Seg\u00fan se ha conocido recientemente, en 2010, en Allende, Cohauila, desaparecieron a decenas de ciudadanos<\/a>. La fortaleza local de las organizaciones de narcotraficantes, como los Caballeros Templarios en Michoac\u00e1n o el Cartel de Sinaloa en Ciudad Ju\u00e1rez<\/a>, genera dudas sobre la capacidad de las instituciones federales para impedir delitos violentos. Pero es improbable que las organizaciones sigan una pol\u00edtica de ataque generalizado o sistem\u00e1tico contra la poblaci\u00f3n civil, que unifique los delitos de, por ejemplo, San Fernando o Allende, en un plan com\u00fan.<\/p>\n\n\n\n Las violaciones de derechos humanos por parte del Estado mexicano, presuntamente aisladas como la ejecuci\u00f3n de 22 presuntos narcotraficantes en Tlatlaya<\/a> o estructurales como las torturas denunciadas por Amnist\u00eda Internacional, tambi\u00e9n necesitan una pol\u00edtica para calificarse como cr\u00edmenes contra la humanidad. Se han documentado casos con un patr\u00f3n en las fuerzas armadas<\/a>, pero el nivel y la escala de estos abusos se desconoce.<\/p>\n\n\n\n Si se habla de una guerra en M\u00e9xico, sus caracter\u00edsticas no tienen precedentes. Y eso es dif\u00edcil de aceptar por la Fiscal\u00eda de la Corte.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n En esa l\u00ednea investiga la comunicaci\u00f3n de las ONGs sobre los delitos en Baja California entre 2006-2013<\/a>. En el Estado peninsular del norte detectan indicios de una variante de los \u201cfalsos positivos\u201d colombianos<\/a>. Consistir\u00eda en la tortura, privaci\u00f3n de libertad y desaparici\u00f3n forzada de ciudadanos de clase baja y media baja para presentar resultados en la \u201cguerra al narcotr\u00e1fico\u201d. Esto es diferente a malas pr\u00e1cticas y negligencia de las fuerzas de seguridad.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Cobertura sobre Derechos Humanos<\/a><\/p>\n\n\n\n Otra hip\u00f3tesis que la Fiscal\u00eda podr\u00eda investigar es, si en apoyo a las autodefensas michoacanas surgidas para combatir a los templarios<\/a>, el Estado ha tolerado el asesinato extrajudicial generalizado o sistem\u00e1tico de individuos presuntamente ligados a carteles. O qu\u00e9 grado de implicaci\u00f3n tienen las autoridades en operativos conjuntos entre fuerzas de seguridad y narcotraficantes, similar al descrito por el periodista Juan Veled\u00edaz<\/a> como desencadenante del asesinato y desaparici\u00f3n de varios j\u00f3venes en Guerrero la \u00faltima semana de septiembre.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan estos criterios, la Fiscal\u00eda consider\u00f3 que en Colombia hubo cr\u00edmenes internacionales durante el conflicto armado interno, pero que el pa\u00eds est\u00e1 investigando al respecto. Tambi\u00e9n examin\u00f3 delitos cometidos durante y despu\u00e9s del golpe de Estado de Honduras de junio de 2009<\/a> sin encontrar cr\u00edmenes contra la humanidad.<\/p>\n\n\n\n M\u00e9xico, como firmante del Estatuto de Roma, puede remitir la sistuaci\u00f3n que cumpla con los requisitos descritos. Igualmente cualquier otro Estado parte y la Fiscal\u00eda a iniciativa propia. Este camino, aunque tiene mayor rapidez y publicidad que las comunicaciones enviadas por particulares, no se ha utilizado. Los motivos pueden ser estrictamente jur\u00eddicos, pero no pueden descartarse razones pol\u00edticas. A la tradicional reticencia de M\u00e9xico a reconocer abusos en derechos humanos<\/a>, se unir\u00eda el impacto de la fiscalizaci\u00f3n internacional de la \u201cguerra al narcotr\u00e1fico\u201d. El cuestionamiento de la militarizaci\u00f3n regional de la seguridad<\/a> es una manifestaci\u00f3n de soberan\u00eda que ning\u00fan gobierno quiere perder.<\/p>\n\n\n\n *Jes\u00fas P\u00e9rez Caballero tiene un PhD en Seguridad Internacional del Instituto Universitario General Guti\u00e9rrez Mellado (Madrid, Espa\u00f1a) y trabaja como investigador independiente en temas de crimen organizado, tr\u00e1fico de drogas y derecho penal en Latinoam\u00e9rica.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La violencia asociada a la \u0093guerra al narcotr\u00e1fico\u0094 ha llamado la atenci\u00f3n de la comunidad internacional en los \u00faltimos a\u00f1os. Ciudadanos y ONGs han pedido a la Corte Penal Internacional que fije su atenci\u00f3n en M\u00e9xico, donde tiene competencia desde el 1 de enero de 2006. 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