{"id":80205,"date":"2018-03-09T00:01:53","date_gmt":"2018-03-09T05:01:53","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=80205"},"modified":"2023-04-24T16:27:55","modified_gmt":"2023-04-24T21:27:55","slug":"respuesta-integral-estado-colombia-sin-farc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias-crimen-organizado-colombia\/respuesta-integral-estado-colombia-sin-farc\/","title":{"rendered":"La respuesta integral del Estado para una Colombia sin FARC"},"content":{"rendered":"\n
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La desmovilizacio\u0301n de las FARC como actor armado represento\u0301 un enorme reto y tambie\u0301n una oportunidad u\u0301nica para el Estado colombiano. Recuperar los territorios que por de\u0301cadas han sufrido las consecuencias humanitarias del conflicto y el abandono estatal es una tarea esencial para lograr una paz duradera.<\/p>\n

Los intentos del Gobierno por implementar los acuerdos de paz y  proporcionar una estrategia integral, con un componente militar y otro enfocado en el desarrollo, ha pasado por una serie de obsta\u0301culos en las regiones. Si no se encuentra la manera de resolver estos problemas, sera\u0301 muy difi\u0301cil evitar que la violencia, alimentada por economi\u0301as ilegales y grupos armados, vuelva a ser una realidad en estos territorios.<\/p>\n

Seguridad<\/h3>\n

La aproximacio\u0301n estatal desde el lado militar se centro\u0301 principalmente en la implementacio\u0301n del Plan Victoria. El objetivo primordial<\/a> de esta estrategia consisti\u0301a en ocupar los territorios que habi\u0301an dejado las FARC antes de que otros grupos criminales del pai\u0301s entraran a aduen\u0303arse de ellos. Las Fuerzas de Tarea Conjunta, ubicadas en departamentos estrate\u0301gicos para el conflicto armado y el crimen organizado como Guaviare, Caqueta\u0301, Narin\u0303o, Choco\u0301, Antioquia y Norte de Santander, son uno de los mecanismos principales para cumplir con este objetivo.<\/p>\n

De esta manera, sobresale la labor de la Fuerza de Tarea He\u0301rcules, que se encarga de controlar la delicada situacio\u0301n de orden pu\u0301blico en el Paci\u0301fico narin\u0303ense, una zona de gran importancia para el narcotra\u0301fico por sus cultivos de coca y rutas de exportacio\u0301n a mercados internacionales. La Fuerza de Tarea Omega, por su parte, se encarga de enfrentar una de las mayores amenazas para el suroriente del pai\u0301s: las disidencias del Frente 1 y 7 de las FARC. Finalmente, la Fuerza de Tarea Tita\u0301n centra sus operaciones en Choco\u0301, un departamento que se ha caracterizado recientemente por las graves violaciones a los derechos humanos que se han presentado en su territorio.<\/p>\n

No obstante, un an\u0303o despue\u0301s de la desmovilizacio\u0301n de la antigua guerrilla, a muchos lugares que teni\u0301an presencia de este grupo armado no ha llegado la Fuerza Pu\u0301blica y la entrada de nuevos actores como el Eje\u0301rcito de Liberacio\u0301n Nacional (ELN) y Los Uraben\u0303os fue una realidad que marco\u0301 muchas de las dina\u0301micas criminales del pai\u0301s durante el 2017. Otro de los grandes problemas a los que se ha enfrentado la Fuerza Pu\u0301blica es la aparicio\u0301n de la mafia de las ex-FARC. Aunque, dependiendo de la regio\u0301n, este feno\u0301meno se manifiesta de diferentes maneras, en el sur del pai\u0301s las disidencias del Frente 1 y 7 son el ejemplo<\/a> ma\u0301s representativo de este flagelo por su fortalecimiento y consolidacio\u0301n en el territorio. La respuesta militar a este nuevo problema se complico\u0301 au\u0301n ma\u0301s por la necesidad de clasificar<\/a> las disidencias como Grupos Armados Organizados Residuales (GAO), una categori\u0301a que les permite atacarlos militarmente sin violar el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Todos estos factores llevaron a que el comandante de las Fuerzas Militares, el general Alberto Jose\u0301 Meji\u0301a, afirmara la necesidad de ajustar el Plan Victoria para enfrentar las nuevas amenazas a las que se vio enfrentado. El mundo criminal colombiano ha cambiado ra\u0301pida y significativamente desde la desmovilizacio\u0301n de la guerrilla, y por lo tanto las Fuerzas Militares tienen el gran reto de adaptarse a\u0301gilmente a este panorama altamente dina\u0301mico.<\/p>\n

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Erradicacio\u0301n y sustitucio\u0301n de coca<\/h3>\n

Otro grave problema que ha experimentado Colombia tras la salida de las FARC es la lucha contra los cultivos ili\u0301citos, un componente esencial de los Acuerdos de Paz. El Punto 4 establece la necesidad de brindar una solucio\u0301n al problema de las drogas en el marco de la Reforma Rural Integral. En otras palabras, se busca mejorar<\/a> las condiciones de pobreza de los campesinos dedicados al cultivo de coca para transformar el campo en un polo de desarrollo legal, que no sea vulnerable a la tentacio\u0301n de la siembra de cultivos ili\u0301citos.<\/p>\n

Durante los u\u0301ltimos an\u0303os, Colombia ha vuelto a ocupar el primer puesto en la produccio\u0301n de cocai\u0301na en el mundo. Segu\u0301n cifras<\/a> de Naciones Unidas, los cultivos ilegales aumentaron 50 por ciento de 2015 a 2016. Es decir, el pai\u0301s paso\u0301 de tener 96.000 a 146.000 hecta\u0301reas de coca. Para acabar con este problema, el Gobierno opto\u0301 por establecer una estrategia mixta entre programas de sustitucio\u0301n voluntaria y operativos de erradicacio\u0301n forzada para cumplir con una meta<\/a> de 100.000 hecta\u0301reas de cultivos menos para el final del 2017 (un objetivo que el Gobierno afirmo\u0301 haber alcanzado, pero cuya veracidad ha sido debatida<\/a> por expertos).<\/p>\n

La implementacio\u0301n de la estrategia mixta genero\u0301 mucho malestar en la poblacio\u0301n, pues mientras a unos campesinos les ofreci\u0301an subsidios para abandonar sus cultivos ili\u0301citos, a otros, que tambie\u0301n buscaban acogerse al programa, les llegaba la Fuerza Pu\u0301blica a sus fincas a erradicar plantaciones. Esto refleja una falta de coordinacio\u0301n interinstitucional, pues mientras el Programa Nacional Integral de Sustitucio\u0301n de Cultivos de Uso Ili\u0301cito (PNIS) se encontraba en la etapa de socializacio\u0301n y firma de los acuerdos de sustitucio\u0301n en los territorios priorizados, la Fuerza Pu\u0301blica teni\u0301a o\u0301rdenes que presionaban a iniciar cuanto antes la labor de erradicacio\u0301n para cumplir con la ambiciosa meta de destruccio\u0301n de cultivos. La aparente arbitrariedad en la priorizacio\u0301n de los cultivos escogidos para la sustitucio\u0301n y la erradicacio\u0301n genero\u0301 enfrentamientos entre los cocaleros y los erradicadores en algunos territorios del pai\u0301s. Las fuertes protestas tuvieron su momento m\u00e1s \u00e1lgido en octubre de 2017, cuando se dio la masacre<\/a> de varios agricultores que protestaban en Tumaco, el municipio con mayor cantidad de cultivos de coca de Colombia.<\/p>\n

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Actualmente, de los 183 municipios priorizados, el PNIS inicio\u0301 el programa en los 32 que concentran el 52 por ciento del total de las a\u0301reas cultivadas. Esto implica que 28.660 familias ya comenzaron a recibir el subsidio mensual de 1 millo\u0301n de pesos para suplir sus necesidades mientras se da el proceso de sustitucio\u0301n. Sin embargo, esta estrategia alternativa tampoco ha logrado resolver el problema, pues se ha demorado mucho en las etapas de socializacio\u0301n e implementacio\u0301n inicial.<\/p>\n

En un principio, se crei\u0301a que el PNIS se diferenciaba de los anteriores intentos de sustitucio\u0301n porque corregi\u0301a los problemas esenciales a los que se enfrentaron esos programas. Pero la falta de unas poli\u0301ticas claras de comercializacio\u0301n y el atraso en la restitucio\u0301n de tierras y de proyectos de infraestructura son problemas que persisten y que desalientan a los campesinos que piensan que, en unos an\u0303os, cuando se termine el dinero de los subsidios, los cultivos legales no sera\u0301n rentables y volvera\u0301 la economi\u0301a de la coca.<\/p>\n

Adema\u0301s, el hecho ma\u0301s preocupante esta\u0301 relacionado con la seguridad de las comunidades. En el 55 por ciento de las zonas donde se inicio\u0301 el programa hubo un aumento<\/a> de los asesinatos en un 33 por ciento. Varios li\u0301deres sociales que le apostaban a la sustitucio\u0301n han sido amenazados o asesinados<\/a> por su intento de cambiar el statu quo. Un agravante para esta situacio\u0301n es que, en algunos lugares del pai\u0301s, como Guaviare, la presio\u0301n de las disidencias de las FARC en contra del programa ha atemorizado a algunos campesinos que buscan acogerse al proceso.<\/p>\n

Desarrollo rural<\/h3>\n

Los problemas asociados al abandono del campo por parte del Estado y a la concentracio\u0301n de la tierra en manos de unos pocos fueron una de las rai\u0301ces ma\u0301s profundas del conflicto armado colombiano. Por este motivo, el desarrollo de las regiones es una condicio\u0301n fundamental para brindar garanti\u0301as de seguridad duradera. Una economi\u0301a ma\u0301s robusta no solo desincentiva a que la poblacio\u0301n se dedique al narcotra\u0301fico o la mineri\u0301a ilegal, sino que tambie\u0301n disminuye la influencia de los actores armados. El primer punto del Acuerdo de Paz busca una transformacio\u0301n estructural del campo en un periodo de 10 an\u0303os. El objetivo es lograr la reduccio\u0301n de la pobreza y el fortalecimiento de las instituciones estatales y su capacidad de gestio\u0301n en las zonas rurales. Para esto, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) son la principal herramienta del Gobierno para traer inversio\u0301n<\/a> a 170 municipios priorizados en las 16 subregiones ma\u0301s afectadas<\/a> por el conflicto armado y con alta presencia de economi\u0301as ilegales. El programa contempla programas de educacio\u0301n, salud, vivienda, infraestructura, propiedad de tierras y servicios ba\u0301sicos.<\/p>\n

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A pesar de la promulgacio\u0301n del Decreto Ley 893 de 2017, la Agencia de Renovacio\u0301n del Territorio (ART) ha tenido una gran cantidad de obsta\u0301culos para implementar los PDET. Uno de los mayores inconvenientes esta\u0301 relacionado con las elecciones de 2018 y la Ley de Garanti\u0301as, que dificulta el acceso a recursos de inversio\u0301n. Adema\u0301s, a muchos de los territorios priorizados no han llegado capacitaciones para la administracio\u0301n local, para que aprenda a formular y aprovechar al ma\u0301ximo estos programas, lo que aumenta la sensacio\u0301n de incertidumbre y posible incumplimiento. Aunque los PDET y el desarrollo del campo son parte de una poli\u0301tica pu\u0301blica de largo plazo para lograr una paz duradera en los territorios, la implementacio\u0301n de los PDET un an\u0303o despue\u0301s de la salida de las FARC se encuentra en una etapa embrionaria, que contribuye al estado actual de vulnerabilidad de varios municipios del pai\u0301s.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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