El gobierno venezolano asegura que un masivo plan de seguridad lanzado recientemente pretende acabar con el poder que ejercen las bandas criminales en barrios urbanos. Pero en \u00faltima instancia la operaci\u00f3n puede llevar a que la polic\u00eda use la fuerza excesiva contra la poblaci\u00f3n civil.<\/p>\n\n\n\n
El 17 de julio, residentes de la comunidad<\/a> del barrio Cota 905 de Caracas fueron a la Fiscal\u00eda a protestar por la muerte de quince personas que perdieron la vida en \u201cenfrentamientos\u201d durante la \u201cOperaci\u00f3n Liberaci\u00f3n y Protecci\u00f3n del Pueblo\u201d. Unos d\u00edas antes, Gustavo Gonz\u00e1lez L\u00f3pez, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, hab\u00eda anunciado que, como parte de este mismo plan, en un d\u00eda hab\u00edan sido detenidos<\/a> 134 \u201cdelincuentes\u201d, a 32 de los cuales se\u00f1al\u00f3 como paramilitares<\/a>.<\/p>\n\n\n\n El gobierno venezolano dio a conocer la semana<\/a> pasada esta nueva operaci\u00f3n de seguridad, por medio de la cual cientos de oficiales de la Polic\u00eda Nacional, el Cuerpo de Investigaciones Cient\u00edficas, Penales y Criminal\u00edsticas (CICPC), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Guardia Nacional fueron enviados a sectores pobres. El plan fue lanzado en Caracas (con \u00e9nfasis en Valles de Tuy, Ciudad Tiuna y Cota Mil<\/a>) y en los estados de Aragua y Miranda. El 22 de julio, el presidente Maduro pidi\u00f3 que la operaci\u00f3n se extendiera<\/a> \u201chasta el \u00faltimo rinc\u00f3n del \u00faltimo estado del pa\u00eds\u201d.<\/p>\n\n\n\n Este art\u00edculo fue publicado originalmente en Pol\u00edtica Venezolana y Derechos Humanos<\/a>, un blog de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA<\/a>) y fue traducido y republicado con permiso. Vea el original aqu\u00ed<\/a>.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n El anuncio de un plan que pretende \u201cdesarticular bandas criminales que han sometido ciertas zonas del pa\u00eds\u201d se presenta inmediatamente despu\u00e9s de la reciente atenci\u00f3n medi\u00e1tica a las \u201czonas de paz\u201d en Caracas y otras ciudades. Estas \u201czonas de paz\u201d son sectores de la ciudad que el gobierno supuestamente acord\u00f3 dejar en manos del crimen organizado \u2014prohibi\u00e9ndole a la polic\u00eda entrar a esas \u00e1reas\u2014 a condici\u00f3n de que las pandillas dejaran de usar la violencia entre ellas.<\/p>\n\n\n\n El gobierno ha negado tal impunidad negociada. Jos\u00e9 Vicente Rangel \u00c1valos, anterior viceministro de Pol\u00edtica Interior y Seguridad Jur\u00eddica y art\u00edfice de las zonas de paz, ha se\u00f1alado<\/a> que el plan s\u00f3lo busca proporcionar alternativas econ\u00f3micas para los pandilleros.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Noticias y perfiles de Venezuela<\/a><\/p>\n\n\n\n Sin embargo, se han presentado numerosas confrontaciones violentas entre la polic\u00eda y los pandilleros precisamente en lugares donde se ha informado sobre la existencia de estas zonas de paz. El \u00e9nfasis del plan en Cota Mil, por ejemplo, es una respuesta a los enfrentamientos<\/a> que tuvieron lugar all\u00ed durante todo el mes de junio<\/a>. Los medios de comunicaci\u00f3n describen a estas bandas como bien articuladas y altamente organizadas<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan un art\u00edculo<\/a>, \u201cdesde hace tres meses, los criminales \u2018establecieron un acuerdo y le declararon la guerra a los polic\u00edas\u2019. No en vano, han sido asesinados 60 efectivos de distintos organismos de seguridad este a\u00f1o en la Gran Caracas\u201d. Los funcionarios entrevistados en el art\u00edculo se\u00f1alaron que estos enfrentamientos intensos se produc\u00edan en zonas que son controladas por \u201cmegabandas\u201d bien armadas. Estos informes, junto con noticias casi diarias sobre asesinatos de polic\u00edas (generalmente para robarles sus armas), aumentaron la presi\u00f3n sobre el gobierno para demostrar que no ha cedido el control.<\/p>\n\n\n\n Si bien los medios de comunicaci\u00f3n han presentado el plan como una respuesta necesaria a a\u00f1os de terror<\/a> por cuenta de grupos armados, incluso comentaristas de izquierda han se\u00f1alado<\/a> que la \u00fanica manera de enfrentar la amenaza actual sobre el pa\u00eds es a trav\u00e9s de una uni\u00f3n civil-militar-policial que pueda actuar como un escudo sobre los sectores populares.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, como lo hicieron previamente el Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise<\/a>) y el Plan Patria Segura<\/a>, esta operaci\u00f3n se basa en un enfoque militarizado del crimen y la violencia, que convierte un problema de seguridad ciudadana en un asunto de seguridad nacional<\/a>, y de esta manera justifica la violencia contra cualquier persona que sea declarada \u201cenemigo\u201d de la naci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Los grupos de derechos humanos le han pedido al Estado que \u201casuma el control\u201d de los territorios violentos, y han denunciado la manera como el gobierno ha intentado frenar la violencia. El grupo de derechos humanos PROVEA consider\u00f3 a la operaci\u00f3n <\/a>en Cota 905 como una \u201cmasacre\u201d, argumentando que estos tipos de procedimientos permiten el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza letal por parte de los funcionarios p\u00fablicos. Inti Rodr\u00edguez, vocero de PROVEA, advirti\u00f3 que estrategias como \u00e9sta<\/a> han permitido durante mucho tiempo que las fuerzas de seguridad detengan, asalten y enga\u00f1en arbitrariamente a los ciudadanos.<\/p>\n\n\n\n Y hay razones para cuestionar la base sobre la que se fundamentan operaciones como \u00e9sta. A diferencia de Colombia, Venezuela nunca ha enfrentado el problema de bandas bien articuladas, excepto en la frontera. Y los \u201ccarteles\u201d que existen han sido relacionados con el ej\u00e9rcito venezolano<\/a>, y no con grupos paramilitares u otros grupos no estatales. En cambio, las pandillas, especialmente en las zonas urbanas, han permanecido peque\u00f1as, fluctuantes y localizadas. De hecho, esta es una de las razones por las que son dif\u00edciles de combatir.<\/p>\n\n\n\n Keymer \u00c1vila, crimin\u00f3logo de la Universidad Central, tambi\u00e9n ha cuestionado esta perspectiva. En un art\u00edculo de opini\u00f3n, \u00c1vila escribi\u00f3:<\/p>\n\n\n\n Veamos las cifras: por un lado el Estado act\u00fao con m\u00e1s de 250 funcionarios (GNB, PNB, CICPC, SEBIN), por el otro resultan 15 personas fallecidas. \u00bfCu\u00e1ntos funcionarios resultaron lesionados, heridos o muertos? En un enfrentamiento entre fuerzas sim\u00e9tricas hay afectaciones en ambas partes [\u2026] lo que hace suponer que m\u00e1s que enfrentamientos entre fuerzas equivalentes, se trata de un ejercicio asim\u00e9trico de la fuerza, frecuentemente intencional por parte de la polic\u00eda.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan \u00c1vila, cuando el Estado aumenta sistem\u00e1ticamente la violencia puede convertir las inquietudes sobre el crimen organizado y las megabandas en una realidad, generando violencia en lugar de reducirla. De hecho, si algunas bandas se han unido a otras, es probablemente como respuesta a incursiones de la polic\u00eda, no como un intento de controlar un territorio.<\/p>\n\n\n\n Este art\u00edculo fue publicado originalmente en Pol\u00edtica Venezolana y Derechos Humanos<\/a>, un blog de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA<\/a>) y fue traducido y republicado con permiso. Vea el original aqu\u00ed<\/a>.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El gobierno venezolano asegura que un masivo plan de seguridad lanzado recientemente pretende acabar con el poder que ejercen las bandas criminales en barrios urbanos. 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