La salida de funcionarios clave en el manejo de los fondos del posconflicto y la serie de se\u00f1alamientos e investigaciones por corrupci\u00f3n en la administraci\u00f3n de estos recursos amenaza con minar la credibilidad del gobierno y la implementaci\u00f3n de los acuerdos de paz en Colombia.<\/p>\n\n\n\n
El 9 de abril a medio d\u00eda, el gobierno de Juan Manuel Santos anunci\u00f3<\/a> que Gloria Ospina, la directora del Fondo Colombiano de Paz (FCP), con el que se financian buena parte de los acuerdos alcanzados entre los desmovilizados de las FARC<\/span> y el gobierno en La Habana, ser\u00eda relevada de su cargo por orden del presidente.<\/p>\n\n\n\n La decisi\u00f3n se presenta poco despu\u00e9s de que el gobierno colombiano recibiera una carta de las embajadas de Noruega, Suecia y Suiza, en la que los donantes mostraban su preocupaci\u00f3n por la transparencia en el manejo del dinero del Fondo Colombia Sostenible (FCS), uno de los cinco que constituyen al FCP, y al que aportar\u00e1n m\u00e1s de US$200 millones.<\/p>\n\n\n\n En la carta las embajadas expresan<\/a> su \u201cpreocupaci\u00f3n general sobre la gesti\u00f3n integral del Fondo Colombia Sostenible\u201d y se\u00f1alan una serie de inquietudes por el lento paso con el que ha avanzado la ejecuci\u00f3n de los proyectos y la falta de transparencia en el manejo de la informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n En la misiva tambi\u00e9n se cuestiona al gobierno por la repentina salida de la directora de esa entidad, quien hab\u00eda mostrado su inconformidad por la \u201coperatividad<\/a>\u201d del fondo.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s de los US$200 millones, el FCS tambi\u00e9n tiene aprobado un cr\u00e9dito<\/a> por US$100 millones, de los cuales el gobierno asegura que solo ha recibido US$38,4 millones, y que la entidad todav\u00eda no ha realizado ning\u00fan gasto.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Cobertura sobre paz con las FARC<\/a><\/p>\n\n\n\n En otra carta<\/a>, esta vez enviada por la Fiscal\u00eda a la Presidencia, se advierte tambi\u00e9n sobre la falta de transparencia en el manejo de los recursos, el direccionamiento de contratos, la evasi\u00f3n de controles legales y la existencia de una red de intermediarios interesados en la adjudicaci\u00f3n de proyectos, quienes tendr\u00edan acceso a informaci\u00f3n privilegiada.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la Fiscal\u00eda, la estructura criminal planeaba cobrar hasta el 20 por ciento del dinero destinado a la implementaci\u00f3n de proyectos productivos y realiz\u00f3 visitas a entidades prestadoras de servicios de salud, servicios agropecuarios y a empresas constructoras de infraestructura y vivienda.<\/p>\n\n\n\n Aunque a\u00fan no se han revelado nombres, ni el alcance de la red, las autoridades anunciaron que est\u00e1n adelantando investigaciones contra funcionarios del FCP y hasta alcaldes.<\/p>\n\n\n\n Durante el esc\u00e1ndalo tambi\u00e9n se revel\u00f3 que la pareja actual de Ospina recibi\u00f3 14 millones de pesos (cerca de US$5.000)<\/span> por una serie de asesor\u00edas que realiz\u00f3 para la creaci\u00f3n del Sistema Integrado de Informaci\u00f3n para el Posconflicto (SIIPO), una plataforma virtual de libre acceso que a\u00fan no ha entrado en funcionamiento y que pretende reunir contratos, flujos de dinero, n\u00f3minas y todos los datos relacionados con las inversiones del dinero para la paz.<\/p>\n\n\n\n El contrato, con un costo de 1.340 millones de pesos (US$500.000),<\/span> finalmente fue adjudicado a la firma de desarrollo inform\u00e1tico Synersis S.A.S, que seg\u00fan Semana<\/a>, tambi\u00e9n estar\u00eda vinculada a la pareja.<\/p>\n\n\n\n El nombramiento de Ospina en la direcci\u00f3n del FCP ya hab\u00eda sido cuestionado debido a su cercan\u00eda<\/a> con el alto consejero para el posconflicto Rafael Pardo, a quien acompa\u00f1\u00f3 durante su b\u00fasqueda de la presidencia en 2009.<\/p>\n\n\n\n Pocas horas despu\u00e9s del anuncio de la destituci\u00f3n de esta funcionaria, el gobierno de Colombia inform\u00f3<\/a> sobre la captura y petici\u00f3n de extradici\u00f3n por parte de Estados Unidos de Seuxis Hern\u00e1ndez Solarte, mejor conocido como \u201cJes\u00fas Santrich\u201d, quien fue el hombre clave de las FARC<\/span> en los di\u00e1logos con el gobierno en La Habana.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan El Tiempo<\/a>, una de las l\u00edneas de investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda que llev\u00f3 a su captura se desprende de una serie de interceptaciones telef\u00f3nicas, realizadas como parte de las indagaciones sobre la adjudicaci\u00f3n de contratos de paz relacionada con servicios de salud para los desmovilizados.<\/p>\n\n\n\n Tanto los se\u00f1alamientos de corrupci\u00f3n en el manejo de fondos p\u00fablicos por parte del gobierno como la supuesta vinculaci\u00f3n con el tr\u00e1fico de coca\u00edna por parte de uno de los l\u00edderes negociadores de la ahora desmovilizada guerrilla<\/span> son una clara muestra de la incapacidad de ambos firmantes de cumplir con los acuerdos suscritos en 2016.<\/p>\n\n\n\n La crisis actual en la implementaci\u00f3n de los acuerdos de paz en Colombia ha puesto de relieve una vez m\u00e1s que el gobierno y la exguerrilla <\/span>contin\u00faan siendo perseguidos por los mismos fantasmas de su pasado.<\/p>\n\n\n\n Durante los di\u00e1logos de paz el gobierno colombiano accedi\u00f3 a levantar las \u00f3rdenes de captura y solicitud de extradici\u00f3n que pesaban sobre algunos de los jefes guerrilleros, y ellos se comprometieron a no volver a delinquir.<\/p>\n\n\n\n Aunque el presidente de Colombia dijo<\/a>, tras la captura de Santrich, que seg\u00fan lo acordado \u201cser\u00e1 sometido a la jurisdicci\u00f3n ordinaria por los nuevos delitos cometidos\u201d, el abogado del exjefe guerrillero se\u00f1al\u00f3<\/a> que radicar\u00e1 una solicitud formal para que el caso sea llevado por la Jurisdicci\u00f3n Especial de Paz (JEP), por tratarse de uno de los integrantes de las FARC<\/span> que se sometieron a la justicia transicional.<\/p>\n\n\n\n Pero el paso de Santrich por la JEP podr\u00eda presentar sus propios obst\u00e1culos y aumentar la incertidumbre en torno a su situaci\u00f3n legal. El secretario ejecutivo de la JEP N\u00e9stor Ra\u00fal Correa renunci\u00f3 de su cargo recientemente<\/a> presuntamente por tensiones al interior del organismo, que estar\u00edan relacionados con asuntos administrativos.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Paz y conflicto despu\u00e9s de las FARC<\/a><\/p>\n\n\n\n Aunque el gobierno ya ha anunciado una auditor\u00eda del FCP, las declaraciones del vicepresidente \u00d3scar Naranjo parecen desconocer que es una irregularidad, en s\u00ed misma, el hecho de que a estas alturas en el proceso de implementaci\u00f3n de los acuerdos, este fondo no haya ejecutado ning\u00fan recurso. \u201cNo puede haber malversaci\u00f3n o mala ejecuci\u00f3n (si no se ha realizado un gasto)\u201d, dijo.<\/p>\n\n\n\n Los se\u00f1alamientos de asignaci\u00f3n de cuotas y corrupci\u00f3n, as\u00ed como la falta de transparencia y eficacia del FCP mencionadas por los donantes, son los mismos que han plagado a otros programas del actual gobierno, y que en el pasado han generado dudas sobre la implementaci\u00f3n efectiva del proceso.<\/p>\n\n\n\n A mediados de este a\u00f1o, el gobierno pondr\u00e1 fin al programa de subsidios alimentarios que ven\u00eda entregado a los guerrilleros desmovilizados, y seg\u00fan lo pactado ya deber\u00edan estar funcionando los programas que les proporcionar\u00e1n fuentes alternativas de ingreso, como las impulsadas por el FCS.<\/p>\n\n\n\n El Espectador estableci\u00f3<\/a> que al menos 10 proyectos del FCS \u2013que van desde programas agr\u00edcolas y de sustituci\u00f3n de cultivos de coca con cannabis y reforestaci\u00f3n, hasta el pago por servicios ambientales y la creaci\u00f3n de plantas de energ\u00eda renovable\u2013 ya est\u00e1n listos para ser ejecutados, aunque todav\u00eda no se ha realizado ninguna convocatoria para su implementaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Como InSight Crime ha constatado en sus investigaciones de campo en distintas regiones de Colombia, entre los exguerrilleros que actualmente se encuentran concentrados en Espacios Territoriales de Capacitaci\u00f3n y Reincorporaci\u00f3n (ETCR), existe una percepci\u00f3n generalizada de malos manejos de los fondos y quejas por la implementaci\u00f3n de algunos proyectos.<\/p>\n\n\n\n Algo similar ha ocurrido con los campesinos cocaleros sujetos de programas de sustituci\u00f3n de cultivos il\u00edcitos en varias partes del pa\u00eds, quienes han denunciado<\/a> al gobierno por incumplir los acuerdos.<\/p>\n\n\n\n A esta incertidumbre sobre el incumplimiento de los acuerdos se suma la captura y posible extradici\u00f3n de quien es <\/span>uno de los m\u00e1ximos l\u00edderes del grupo guerrillero ahora desmovilizado<\/span>. Ambos factores podr\u00edan continuar impulsando los ya altos niveles de disidencia<\/a> y la formaci\u00f3n de nuevos grupos de excombatientes.<\/p>\n\n\n\nAn\u00e1lisis de InSight Crime<\/strong><\/h3>\n\n\n\n