Un reciente informe sobre crimen organizado y miner\u00eda del oro en Latinoam\u00e9rica aporta datos sobre las razones por las que los pa\u00edses, la comunidad internacional y el sector privado no han logrado controlar el auge de una actividad criminal para cuyo control la regi\u00f3n lamentablemente no est\u00e1 preparada.<\/p>\n\n\n\n
El informe<\/a>, de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, describe c\u00f3mo el crimen organizado ha cooptado a la miner\u00eda informal de oro en Latinoam\u00e9rica, generando enormes riquezas il\u00edcitas, as\u00ed como violencia, corrupci\u00f3n y destrucci\u00f3n del medio ambiente.<\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n subraya dos factores cr\u00edticos: mayores riesgos y menores m\u00e1rgenes de ganancias para el tr\u00e1fico de drogas, y un aumento en los precios internacionales del oro, factores que se han combinado para crear las condiciones ideales para el auge de la miner\u00eda ilegal del oro. Este fen\u00f3meno ha sido m\u00e1s evidente en Colombia y Per\u00fa, pero tambi\u00e9n se ha sentido en M\u00e9xico, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana y Brasil.<\/p>\n\n\n\n Las cifras que presenta la Iniciativa Global son asombrosas. Seg\u00fan el informe, en Per\u00fa las exportaciones de oro ilegal alcanzan los US$2,6 mil millones al a\u00f1o, mientras que en Colombia este negocio genera unos US$2 mil millones, en M\u00e9xico US$500 millones y en Brasil US$400 millones. El informe agrega que aproximadamente el 28 por ciento del oro extra\u00eddo en Per\u00fa y el 80 por ciento extra\u00eddo en Colombia son obtenidos de manera ilegal, mientras que en otros pa\u00edses los porcentajes est\u00e1n entre el 80 y el 90 por ciento, como se registra en Venezuela.<\/p>\n\n\n\n Bas\u00e1ndose en investigaciones de los medios de comunicaci\u00f3n y organizaciones de la sociedad civil, la Iniciativa Global examina el papel de los grupos armados, los narcotraficantes y otras redes criminales en la miner\u00eda ilegal de oro, que van desde la guerrilla marxista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hasta la mafia italiana.<\/p>\n\n\n\n El informe tambi\u00e9n describe las muchas maneras como se entrecruzan el crimen y la miner\u00eda, desde el nivel m\u00e1s b\u00e1sico, que consiste en que los grupos criminales extorsionan a las explotaciones mineras, hasta esquemas m\u00e1s sofisticados, mediante los cuales las minas y el comercio del oro son utilizados para blanquear miles de millones de d\u00f3lares provenientes de actividades ilegales.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, el informe describe los costos medioambientales y humanos generados por la miner\u00eda ilegal, que ha conducido a la deforestaci\u00f3n y a la contaminaci\u00f3n con mercurio, as\u00ed como al desplazamiento forzado de la mano de obra y al tr\u00e1fico sexual.<\/p>\n\n\n\n Tal vez una de las principales contribuciones del informe de Iniciativa Global, es su exhaustiva descripci\u00f3n de los numerosos mecanismos nacionales e internacionales que se podr\u00edan desplegar contra la miner\u00eda ilegal de oro, y su explicaci\u00f3n de por qu\u00e9 Latinoam\u00e9rica no ha logrado aprovecharlos para controlar la miner\u00eda ilegal.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Cobertura sobre la miner\u00eda<\/a><\/p>\n\n\n\n Como lo se\u00f1ala el informe, las herramientas disponibles para combatir la miner\u00eda ilegal se pueden dividir en cuatro \u00e1reas generales: la legislaci\u00f3n en los pa\u00edses importadores y exportadores, los acuerdos internacionales, las iniciativas del sector privado y los grupos de acci\u00f3n de la sociedad civil. Estos mecanismos cubren desde las leyes internas de los estados hasta las convenciones de las Naciones Unidas y apuntan a las violaciones laborales y ambientales, la corrupci\u00f3n, el tr\u00e1fico de personas, el blanqueo de capitales, la financiaci\u00f3n de los grupos armados y la transparencia de la cadena de suministro. Adem\u00e1s de estas opciones punitivas, tambi\u00e9n incluyen programas de certificaci\u00f3n de las minas como productoras responsables y que promocionan la venta de oro de manera \u00e9tica.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, el informe se\u00f1ala que los esfuerzos para combatir la miner\u00eda ilegal han sido contrarrestados por numerosas debilidades. Los convenios internacionales no han sido firmados, o bien no son aplicados. La legislaci\u00f3n no logra estar al ritmo a la evoluci\u00f3n del crimen organizado. Las corporaciones funcionan con directrices limitadas y voluntaristas, en lugar de tener un verdadero marco regulatorio. Los esquemas de certificaci\u00f3n son a menudo vagos y mal implementados, y han fracasado los esfuerzos por seguirle el rastro a la cadena de suministro.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, seg\u00fan el informe, estos mecanismos no se han utilizado de una manera integral. Ha habido una evidente falta de coordinaci\u00f3n entre los sectores p\u00fablico y privado y a nivel nacional e internacional, lo que ha dado como resultado que los programas est\u00e9n llenos de vac\u00edos y redundancias. <\/p>\n\n\n\n Como soluci\u00f3n, el informe hace recomendaciones para cada nivel de la cadena de suministro de oro ilegal, y hace un llamado a que se genere una respuesta integral en cada eslab\u00f3n. En primer lugar, los pa\u00edses exportadores deben aunar esfuerzos para enjuiciar a las redes criminales mediante un programa simplificado y mejor financiado que permita que los peque\u00f1os mineros que trabajan sin los permisos adecuados se integren a la econom\u00eda legal. En segundo lugar, los pa\u00edses importadores deben obligar a las partes interesadas a acatar las normas internacionales sobre derechos humanos y laborales, cumplir con las normas ambientales, y exigirles rendici\u00f3n de cuentas a las empresas que compran y venden oro ilegal. Las corporaciones, por su parte, deben asegurarse de que su oro sea legal, que se produce de manera responsable y que cumple con las normas ambientales y laborales internacionales.<\/p>\n\n\n\n Durante los \u00faltimos a\u00f1os, Latinoam\u00e9rica se ha venido dando cuenta de que lo que antes era considerado un delito ambiental menor es en verdad una de las principales fuentes de ingresos de los grandes actores criminales en toda la regi\u00f3n. La velocidad y la agilidad con que las redes criminales han integrado la miner\u00eda a su causa ha estado por encima de la respuesta de los gobiernos de la regi\u00f3n, que se han esforzado por adaptarse a la complejidad de la tarea a la que se enfrentan.<\/p>\n\n\n\n Los gobiernos que m\u00e1s han actuado son los que han estado m\u00e1s afectados, Colombia y Per\u00fa, pero las medidas que han tomado han arrojado resultados positivos y negativos y a menudo han creado tantos problemas como los que han solucionado.<\/p>\n\n\n\n Colombia ha hecho de la lucha contra la miner\u00eda ilegal una de sus prioridades de seguridad; por tanto, la polic\u00eda y el ej\u00e9rcito se han enfocado en este sector en ciertas regiones, lo que ha llevado a un gran aumento<\/a> en las detenciones, las incautaciones y la destrucci\u00f3n de maquinaria. Sin embargo, estos esfuerzos han conducido a que los mineros peque\u00f1os e informales se sientan como criminales<\/a>; adem\u00e1s, ellos se quejan de que las fuerzas de seguridad no diferencian entre los trabajadores que est\u00e1n tratando de ganarse la vida y los grupos criminales que los extorsionan y explotan.<\/p>\n\n\n\n Los intentos de Colombia por hacerle seguimiento a la cadena de suministro tambi\u00e9n han visto resultados diversos<\/a>. La venta de oro est\u00e1 restringida a los mineros registrados, pero los funcionarios en las zonas mineras, los mineros y los comerciantes de oro dicen que el principal efecto de esta medida no ha sido el de reducir el flujo de oro sino el de empujar el sector a\u00fan m\u00e1s hacia la criminalidad, dado que ahora ellos s\u00f3lo pueden vender su oro en el mercado negro.<\/p>\n\n\n\n Per\u00fa tambi\u00e9n le ha declarado la guerra a la miner\u00eda ilegal. El gobierno aprob\u00f3 nuevas leyes que permiten el cierre de las minas ilegales, y abri\u00f3 investigaciones<\/a> contra exportadores de oro sospechosos y contra el lavado de dinero en el sector minero. Sin embargo, los juicios se han limitado a quienes se encuentran en la parte inferior de la cadena de suministro, por lo que, seg\u00fan los funcionarios, el aumento en la presi\u00f3n sobre la cadena de suministro ha llevado a un enorme crecimiento del contrabando de oro ilegal<\/a> que cruza la frontera hacia Bolivia, donde es dif\u00edcil establecer la procedencia del metal.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, ambos pa\u00edses han experimentado programas de formalizaci\u00f3n \u2014una de las pol\u00edticas claves recomendadas por Iniciativa Global\u2014. Sin embargo, ha habido pocas historias de \u00e9xito. En Colombia, en el a\u00f1o 2012 se inici\u00f3 un programa piloto de legalizaci\u00f3n en la regi\u00f3n del Bajo Cauca, un foco de miner\u00eda ilegal. El programa incluy\u00f3 inicialmente a 150 explotaciones mineras de las m\u00e1s de 1000 que operan en el Bajo Cauca. M\u00e1s de tres a\u00f1os despu\u00e9s, solamente 25 contin\u00faan en el proceso, y ninguna ha hecho la transici\u00f3n completa hacia la legalidad.<\/p>\n\n\n\n A Per\u00fa le ha ido un poco mejor. En 2012, el gobierno lanz\u00f3 un programa para alentar a miles de mineros de la principal zona de miner\u00eda ilegal, Madre de Dios, para que se formalizaran. Actualmente, m\u00e1s de 1.800 mineros que se inscribieron<\/a> en el programa permanecen suspendidos en un limbo legal.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Noticias y perfiles de Colombia<\/a><\/p>\n\n\n\n Si los intentos por controlar la miner\u00eda ilegal desde el punto de vista de la oferta han tenido tropiezos, ha habido poca acci\u00f3n en el otro extremo de la cadena de suministro. Las grandes fundiciones internacionales que compran oro en Latinoam\u00e9rica tienen pol\u00edticas de cadena de suministro<\/a> en las que se comprometen a no tolerar que los grupos armados se beneficien de sus compras de oro o que laven dinero en su cadena de suministro. Sin embargo, la \u00fanica legislaci\u00f3n importante relacionada con los minerales conflictivos, la Ley Dodd-Frank<\/a> \u2014as\u00ed como las organizaciones certificadas que han surgido alrededor de ella\u2014, s\u00f3lo se refiere a la Rep\u00fablica Democr\u00e1tica del Congo y sus vecinos, lo que significa que hay poca supervisi\u00f3n en cuanto a si est\u00e1n cumpliendo con sus compromisos en Latinoam\u00e9rica.<\/p>\n\n\n\n Como lo se\u00f1ala Iniciativa Global, las reglas del juego podr\u00edan cambiar con la nueva legislaci\u00f3n de la Uni\u00f3n Europea, que busca extender leyes como la Ley Dodd-Frank a otros pa\u00edses vulnerables. Sin embargo, esta legislaci\u00f3n podr\u00eda ser contraproducente (como seg\u00fan algunos analistas lo ha sido la Ley Dodd-Frank). Dado el enorme reto log\u00edstico que implica rastrear el oro a trav\u00e9s de su intrincada cadena de suministro, a muchas empresas les resultar\u00e1 m\u00e1s f\u00e1cil poner fin a las compras en los pa\u00edses vulnerables en lugar de cumplir con las complejas regulaciones, lo que llevar\u00eda a un embargo de facto que podr\u00eda tener consecuencias econ\u00f3micas devastadoras para las regiones mineras.<\/p>\n\n\n\n A pesar de la falta de supervisi\u00f3n, ha habido casos aislados de acci\u00f3n corporativa. En 2014, Metalor anunci\u00f3 que dejar\u00eda de comprar oro proveniente de Madre de Dios, el centro de la miner\u00eda ilegal de Per\u00fa. Sin embargo, la compa\u00f1\u00eda continu\u00f3 comprando oro de Bolivia, que los funcionarios sospechan que es contrabandeado de Per\u00fa, seg\u00fan el informe de Iniciativa Global. Tambi\u00e9n sigue comprando oro de las zonas de miner\u00eda ilegal de Colombia.<\/p>\n\n\n\n Como dice el informe de Iniciativa Global, ya existen muchas de las herramientas necesarias para tomar medidas contra la miner\u00eda ilegal \u2014se trata de implementarlas de una manera m\u00e1s integral\u2014. La enorme complejidad de enfocarse en un comercio transnacional \u2014que combina un producto legal con la producci\u00f3n ilegal y a los trabajadores informales con estructuras criminales\u2014 significa que los avances en este sentido requerir\u00e1n una respuesta mucho m\u00e1s coordinada.<\/p>\n\n\n\n Tal vez una de las recomendaciones m\u00e1s importantes de Iniciativa Global es su llamado a la formalizaci\u00f3n, dado que es la informalidad del sector la que ha permitido que la miner\u00eda sea tan vulnerable al crimen. Hacer que los mineros sin licencia se trasladen a la econom\u00eda legal puede no s\u00f3lo ayudar a recuperar el espacio que ha tomado el crimen organizado, sino que adem\u00e1s puede ser la \u00fanica manera de separar lo informal de lo criminal, permitiendo que las instituciones judiciales desmantelen las redes criminales sin condenar a las zonas mineras a un desastre econ\u00f3mico.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, como lo demuestran los esfuerzos en Colombia y Per\u00fa, la formalizaci\u00f3n no es un camino f\u00e1cil ni expedito y los pa\u00edses tendr\u00e1n que mejorar en gran medida sus esfuerzos previos para que sea una opci\u00f3n viable. Mientras tanto, a pesar de las m\u00faltiples herramientas a la mano para detener el auge de la miner\u00eda ilegal, los estados y el sector privado siguen tratando de enfrentar al crimen organizado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Un reciente informe sobre crimen organizado y miner\u00eda del oro en Latinoam\u00e9rica aporta datos sobre las razones por las que los pa\u00edses, la comunidad internacional y el sector privado no han logrado controlar el auge de una actividad criminal para cuyo control la regi\u00f3n lamentablemente no est\u00e1 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