{"id":8764,"date":"2016-04-18T17:26:33","date_gmt":"2017-03-28T00:15:44","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=8764"},"modified":"2023-04-24T15:51:33","modified_gmt":"2023-04-24T20:51:33","slug":"entro-argentina-en-la-guerra-contra-las-drogas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/entro-argentina-en-la-guerra-contra-las-drogas\/","title":{"rendered":"\u00bfEntr\u00f3 Argentina en la guerra contra las drogas?"},"content":{"rendered":"\n

Uno de los peligros de las medidas antidrogas del nuevo gobierno es que podr\u00edan permitir la intervenci\u00f3n militar en tareas de seguridad interior. Un camino que, una vez emprendido, es dif\u00edcil desandar, seg\u00fan este an\u00e1lisis publicado por openDemocracy en la v\u00edspera de Sesi\u00f3n Especial de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre Pol\u00edtica de Drogas.<\/em><\/p>\n\n\n\n

En diciembre de 2015 se produjo un cambio de gobierno en Argentina. Las nuevas autoridades plantearon ya desde la campa\u00f1a electoral que el narcotr\u00e1fico era el problema m\u00e1s grave que afectaba al pa\u00eds. Se agitaron argumentos basados en el miedo, como el peligro de la \u201ccolombianizaci\u00f3n\u201d o la \u201cmexicanizaci\u00f3n\u201d, pero sin ofrecer diagn\u00f3sticos certeros sobre las formas que asume el narcotr\u00e1fico y las magnitudes de sus impactos en la sociedad argentina.<\/p>\n\n\n\n

Este art\u00edculo fue publicado originalmente por openDemocracy en colaboraci\u00f3n con la organizaci\u00f3n argentina de derechos humanos CELS. Fue editado y publicado con permiso pero no refleja necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea la versi\u00f3n orginal aqu\u00ed<\/a>.<\/strong><\/em> <\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

Con la llegada al poder, el actual gobierno dio continuidad a su escalada discursiva, hablando de un \u201ccambio de paradigma\u201d en materia de pol\u00edticas contra el narcotr\u00e1fico. Las medidas anunciadas muestran un realineamiento del pa\u00eds en el mapa de los debates mundiales sobre los problemas ligados a las drogas y al narcotr\u00e1fico. El gobierno anterior hab\u00eda llevado adelante pol\u00edticas oscilantes, que combinaban el apoyo a posiciones de avanzada en las arenas internacionales con medidas err\u00e1ticas a nivel interno. Con la nueva administraci\u00f3n, estas inconsistencias parecen empezar a resolverse en el peor sentido marcando la entrada de la Argentina en la \u201cguerra contra las drogas\u201d.<\/p>\n\n\n\n

A nivel internacional, las consecuencias econ\u00f3micas, institucionales y humanitarias de esta \u201cguerra\u201d han movilizado a un bloque de actores cada vez m\u00e1s importante que postula la necesidad de abandonar ese paradigma para explorar nuevas formas de regulaci\u00f3n estatal de estos mercados, junto con pol\u00edticas que apliquen la perspectiva de la reducci\u00f3n de da\u00f1os a los problemas de violencia, en lugar de atizar con m\u00e1s violencia proveniente del sistema penal y la militarizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En los debates regionales e internacionales hasta 2015 la Argentina acompa\u00f1\u00f3 a los pa\u00edses que reclaman discutir la efectividad del paradigma de la \u201cguerra contra las drogas\u201d. El nuevo gobierno comienza a abandonar esta posici\u00f3n, a partir de decisiones normativas y de un acercamiento cada vez m\u00e1s expl\u00edcito a los Estados Unidos, principal impulsor del abordaje b\u00e9lico del problema del narcotr\u00e1fico. Al mismo tiempo, a nivel interno, en los \u00faltimos dos a\u00f1os una campa\u00f1a de miedo en torno al avance del narcotr\u00e1fico silenci\u00f3 los incipientes debates sobre la descriminalizaci\u00f3n del consumo de drogas.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Pol\u00edtica Antidrogas<\/a> <\/p>\n\n\n\n

Los acad\u00e9micos y expertos argentinos en tema de drogas nucleados en el Grupo Convergencia lanzaron en 2015 un documento titulado \u201cDrogas: una iniciativa para el debate<\/a>\u201d en el que se\u00f1alan que: \u201cA la fecha la Argentina no posee un diagn\u00f3stico integral del fen\u00f3meno de las drogas. Por diagn\u00f3stico integral entendemos la existencia y disposici\u00f3n en todos los niveles del Estado de un conocimiento institucional exhaustivo, sistem\u00e1tico y actualizado del fen\u00f3meno de las drogas. Ese no es el caso de nuestro pa\u00eds donde desgraciadamente ha prevalecido la presunci\u00f3n, la intuici\u00f3n y la improvisaci\u00f3n.\u201d<\/p>\n\n\n\n

Pero lo que se sabe con certeza es que en los \u00faltimos a\u00f1os las pol\u00edticas desplegadas contra el narcotr\u00e1fico, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, han colaborado en consolidar dos de los aspectos m\u00e1s negativos asociados a las redes de ilegalidad, y no exclusivamente al narcotr\u00e1fico: la penetraci\u00f3n institucional, es decir, la connivencia o el involucramiento de funcionarios pol\u00edticos, judiciales y policiales en estas redes; y la circulaci\u00f3n de violencia en barrios pobres. Las nuevas autoridades tampoco han incluido estas cuestiones entre sus prioridades.<\/p>\n\n\n\n

Las \u201cnuevas amenazas\u201d como justificaci\u00f3n para la intervenci\u00f3n militar<\/h3>\n\n\n\n

Uno de los principales riesgos de la perspectiva a la que se acerca Argentina es que abre una puerta para la intervenci\u00f3n militar en asuntos de seguridad interior, camino que una vez iniciado es muy dif\u00edcil de desandar.<\/p>\n\n\n\n

Los ejemplos de M\u00e9xico y Colombia son casos extremos que sin embargo iluminan el hecho de que la intervenci\u00f3n directa de las Fuerzas Armadas en acciones contra el narcotr\u00e1fico u otras formas de delito tiene grav\u00edsimas consecuencias en t\u00e9rminos de aumento de la violencia, violaciones masivas a los derechos humanos, desprofesionalizaci\u00f3n y corrupci\u00f3n de las estructuras militares. Al mismo tiempo, los avances en la desestructuraci\u00f3n de los mercados y estructuras criminales son nulos o escasos.<\/p>\n\n\n\n

A diferencia de lo que ocurre en varios pa\u00edses de la regi\u00f3n, En Argentina la distinci\u00f3n entre la seguridad interior y defensa exterior fue sostenida desde la recuperaci\u00f3n democr\u00e1tica en 1983, aunque en los a\u00f1os 90 hubo intentos de involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotr\u00e1fico. Desde 2013, recursos militares fueron movilizados para brindar apoyo log\u00edstico en el control de las fronteras.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Legalizaci\u00f3n: Un Gorila en la Habitaci\u00f3n<\/a><\/p>\n\n\n\n

Con el nuevo gobierno se dio un salto cualitativo en ese sentido: el 22 de enero de 2016, mediante un decreto presidencial, fue declarada la \u201cemergencia en seguridad\u201d en todo el territorio nacional. Entre otras cuestiones, el decreto caracteriza al narcotr\u00e1fico como \u201camenaza a la soberan\u00eda nacional\u201d por tratarse de un delito que puede tener conexiones trasnacionales, a\u00fan cuando otros delitos trasnacionales no reciben este tratamiento. Esta caracterizaci\u00f3n de \u201camenaza a la soberan\u00eda\u201d coloca al narcotr\u00e1fico en una zona gris entre la seguridad interior, \u00e1mbito de actuaci\u00f3n de las fuerzas de seguridad y polic\u00edas, y la defensa, \u00e1mbito de actuaci\u00f3n de las Fuerzas Armadas. El decreto avanza as\u00ed en un cambio sustancial, ya que autoriza la intervenci\u00f3n directa de los militares, en este caso la Fuerza A\u00e9rea, para derribar aviones que se resistan a (o no puedan) ser identificados.<\/p>\n\n\n\n

La medida implica tambi\u00e9n un alineamiento expl\u00edcito con la doctrina de las \u201cnuevas amenazas\u201d y, m\u00e1s en general, con las l\u00edneas de trabajo elaboradas por diferentes agencias estadounidenses que promueven la participaci\u00f3n de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. Este acercamiento puede observarse, por ejemplo, en el nombramiento como nuevo jefe de la Polic\u00eda de la Provincia de Buenos Aires (la m\u00e1s numerosa del pa\u00eds) de un ex jefe de la divisi\u00f3n de lucha contra el narcotr\u00e1fico de esa fuerza, que seg\u00fan versiones period\u00edsticas fue recomendado por la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas (DEA por sus iniciales en ingl\u00e9s). Tambi\u00e9n en el viaje que la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otros altos funcionarios hicieron a los Estados Unidos en los \u00faltimos d\u00edas de febrero de 2016, donde mantuvieron reuniones con funcionarios del Departamento de Estado, la DEA y el FBI, entre otros, en las que recibieron asesoramiento t\u00e9cnico sobre intervenciones y armamento.<\/p>\n\n\n\n

(Como report\u00f3 InSight Crime<\/a>, oficiales argentinos y estadounidenses firmaron una serie de acuerdos bilaterales de cooperaci\u00f3n en materia de seguridad el 23 de Marzo durante la visita al pa\u00eds de dos d\u00edas del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama)<\/p>\n\n\n\n

Otras formas de militarizaci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n
\"16-04-15DrugPolicyACLUWEB\"\/<\/figure>\n\n\n\n

Otra tendencia regional muestra que el combate al crimen organizado sirvi\u00f3 como coartada para otras formas de militarizaci\u00f3n de la seguridad interior. Por ejemplo, la adopci\u00f3n por parte de las polic\u00edas y otras fuerzas de seguridad de equipamiento y t\u00e1cticas de naturaleza militar. Este fen\u00f3meno alcanz\u00f3 incluso a los Estados Unidos, donde el gobierno federal equip\u00f3 a las polic\u00edas con armas, veh\u00edculos  y otros elementos utilizados por los militares en las guerras de Irak y Afganist\u00e1n, y entren\u00f3 a sus fuerzas de seguridad en t\u00e1cticas militares que, en el marco de la \u201cguerra a las drogas\u201d, han sido utilizadas b\u00e1sicamente contra la poblaci\u00f3n negra, seg\u00fan denuncia la American Civil Liberties Union (ACLU) en su informe titulado \u201cWar Comes Home. The Excessive Militarization of American Policing<\/a>\u201d (La Guerra Viene a Casa: La Excesiva Militarizaci\u00f3n de la Polic\u00eda Americana).<\/p>\n\n\n\n

Esta militarizaci\u00f3n de las polic\u00edas excede la cuesti\u00f3n de la guerra a las drogas y tiene consecuencias sobre aspectos fundamentales de la vida democr\u00e1tica, como el derecho a la protesta. Los episodios de Ferguson mostraron al mundo c\u00f3mo los uniformes, las armas y los veh\u00edculos militares son utilizados como parte de t\u00e1cticas extremadamente agresivas de control y represi\u00f3n de las manifestaciones p\u00fablicas.<\/p>\n\n\n\n

En Am\u00e9rica Latina, este fen\u00f3meno se monta sobre patrones hist\u00f3ricos de militarizaci\u00f3n de las polic\u00edas, herencia en buena parte de las dictaduras, pero tambi\u00e9n se combina con tendencias en apariencia contradictorias, como la creaci\u00f3n de polic\u00edas \u201cde proximidad\u201d o \u201cde cercan\u00eda\u201d que, al menos en los papeles, deber\u00edan adoptar formas de actuaci\u00f3n tendientes a insertar a los polic\u00edas en las comunidades y alejarse de los modelos militarizados de control territorial. <\/p>\n\n\n\n

La ausencia de una mirada sobre las instituciones policiales y judiciales<\/h3>\n\n\n\n

En el caso argentino, la militarizaci\u00f3n de la seguridad interior, en cualquiera de sus aspectos, es una receta ineficaz y desproporcionada para encarar los principales problemas asociados a las actividades de las redes de ilegalidad, entre los que se destaca la connivencia de distintos segmento del Estado. <\/p>\n\n\n\n

La penetraci\u00f3n institucional est\u00e1 lejos de alcanzar los niveles de los denominados \u201cnarco-estados\u201d,  pero s\u00ed es un fen\u00f3meno que permite la persistencia de diversas redes de ilegalidad. Lo confirman casos recientes, como las causas judiciales impulsadas contra funcionarios judiciales, o los esc\u00e1ndalos derivados de la participaci\u00f3n de pol\u00edticos y polic\u00edas en redes de narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n

Las medidas tomadas hasta aqu\u00ed por el nuevo gobierno sugieren que, para la mirada oficial, las debilidades en la persecuci\u00f3n de las redes de ilegalidad tienen que ver con cuestiones cuantitativas y no cualitativas. As\u00ed, se anuncian m\u00e1s recursos para el Poder Judicial y se abren nuevos juzgados para aliviar el trabajo de funcionarios atestados de causas menores, pero no hay un diagn\u00f3stico sobre los problemas estructurales de funcionamiento de la justicia y las polic\u00edas que impiden una persecuci\u00f3n eficaz de los grandes actores del narcotr\u00e1fico y de otros negocios ilegales.<\/p>\n\n\n\n

Al  mismo tiempo se toman otras medidas preocupantes que echan un manto de duda sobre las reales intenciones de la \u201clucha contra el narcotr\u00e1fico\u201d emprendida por el gobierno, como el nombramiento en cargos clave de la oficina anti lavado (La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera, UIF) de abogados defensores de empresas y bancos acusados de lavar dinero.<\/p>\n\n\n\n

Los peligros del nuevo rumbo<\/h3>\n\n\n\n

As\u00ed como la prohibici\u00f3n deja el \"16-04-15DrugPolicyReptWEB\"mercado en manos de los narcotraficantes, la \u201cguerra contra las drogas\u201d deja el problema fundamentalmente en manos de fuerzas policiales violentas y corruptas, y abre la posibilidad de la intervenci\u00f3n militar. Mientras las redes de ilegalidad impactan en la calidad institucional y en las condiciones de vida de los m\u00e1s pobres, las pol\u00edticas contra el narcotr\u00e1fico adoptadas y anunciadas tambi\u00e9n, porque no apuntan al n\u00facleo de connivencia institucional que permite la existencia de estas redes. Los problemas reales de violencia que se registran en algunas zonas quedan as\u00ed ocultos debajo del paraguas de una amenaza indefinida.<\/p>\n\n\n\n

En este contexto, el paradigma prohibicionista no se discute, y los debates se centran en torno a cu\u00e1nto intensificar las intervenciones punitivas contra \u201cnarcos\u201d, vendedores menores, traficantes, microtraficantes y hasta consumidores. Este tipo de enfoque ha mostrado ser inefectivo en sus objetivos -la disminuci\u00f3n del consumo y el tr\u00e1fico de drogas \u2013 pero en cambio su impacto negativo sobre la generalizaci\u00f3n de la violencia y los derechos humanos ha sido documentado en toda la regi\u00f3n, como lo muestra el informe \u201cEl impacto de las pol\u00edticas de drogas en los derechos humanos: La experiencia del continente americano\u201d (pdf<\/a>) , compilado por 17 organizaciones del continente.<\/p>\n\n\n\n

Con la generaci\u00f3n de un estado de emergencia y miedo, los problemas asociados al narcotr\u00e1fico y a las drogas se confunden y quedan por fuera del debate pol\u00edtico, como parte de un consenso en apariencia indiscutible que prescribe en el endurecimiento del sistema penal, el reforzamiento de las polic\u00edas y, eventualmente, intervenciones del aparato militar. Se van cerrando los espacios para otras voces, aquella que plantean que no puede haber pol\u00edticas eficaces contra el crimen organizado si no se encaran reformas profundas de las polic\u00edas y del sistema de seguridad, y que el \u201cproblema de las drogas\u201d debe ser abordado desde una mirada de reducci\u00f3n de da\u00f1os y de la violencia que discuta las formas mafiosas de regulaci\u00f3n de estos mercados que el prohibicionismo fomenta. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Uno de los peligros de las medidas antidrogas del nuevo gobierno es que podr\u00edan permitir la intervenci\u00f3n militar en tareas de seguridad interior. 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