Antes de eso<\/a>, eran elegidos por los gobernadores de cada departamento, y los puestos locales m\u00e1s altos obedec\u00edan principalmente a un sistema clientelista.<\/p>\n\n\n\nAdem\u00e1s, la constituci\u00f3n de 1991 permiti\u00f3 a las regiones y municipios administrar recursos y suministrar servicios p\u00fablicos, implementar y recaudar impuestos, y recibir una parte del presupuesto nacional. Hoy en d\u00eda, casi la mitad de los ingresos nacionales se distribuyen entre los gobiernos locales.<\/p>\n\n\n\n
Pero estos cambios tuvieron resultados contradictorios. De un lado, algunas autoridades locales se hicieron m\u00e1s eficientes, y el gasto social aument\u00f3 en relaci\u00f3n con el ingreso nacional. Sin embargo, para algunas zonas aisladas, acosadas por el conflicto y agobiadas por la corrupci\u00f3n y una falta de capacidades b\u00e1sicas esto fue en detrimento suyo. Muchas fueron incapaces de adaptarse al nuevo sistema y vieron un debilitamiento de sus instituciones. Este deterioro se exacerb\u00f3 con una escalada del conflicto interno en Colombia a comienzos de 1990, un conflicto financiado en su mayor parte por el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n
A medida que las localidades se acomodaban a las reformas, surgi\u00f3 en ciertas regiones un \u201cautoritarismo regional\u201d, mediante el cual actores espec\u00edficos impon\u00edan su poder mediante una red de colaboradores. Dentro de este sistema, los grupos ilegales muchas veces serv\u00edan como brazo armado de las \u00e9lites locales.<\/p>\n\n\n\n
El informe ofrece un ejemplo del departamento del Cesar, donde los pol\u00edticos locales unieron fuerzas con unidades paramilitares para exterminar movimientos populares y consolidar el poder durante el proceso de descentralizaci\u00f3n. A su vez, los ej\u00e9rcitos irregulares se beneficiaron asumiendo el control de las actividades locales de narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n
El uso de la violencia para influir en la pol\u00edtica local dio lugar al presunto asesinato de 554 funcionarios p\u00fablicos entre 1998 y 2002.<\/p>\n\n\n\n
Como resultado de eso, los grupos ilegales se convirtieron en una fuerza pol\u00edtica fuerte. Luego de las elecciones locales de 2015, casi una de tres gobernaciones y casi una de siete alcald\u00edas quedaron bajo investigaci\u00f3n por sospecha de distintos delitos, entre ellos nexos con paramilitares, narcotraficantes y otros grupos criminales.<\/p>\n\n\n\n