{"id":9441,"date":"2016-11-30T16:07:03","date_gmt":"2017-03-28T00:21:28","guid":{"rendered":"http:\/\/newwp.insightcrime.org?p=9441"},"modified":"2023-04-24T15:55:51","modified_gmt":"2023-04-24T20:55:51","slug":"caso-derechos-humanos-mexico-lleva-guerra-contra-drogas-tribunal-internacional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/caso-derechos-humanos-mexico-lleva-guerra-contra-drogas-tribunal-internacional\/","title":{"rendered":"Caso de derechos humanos en M\u00e9xico lleva guerra contra las drogas a tribunal internacional"},"content":{"rendered":"\n

Un tribunal internacional de derechos humanos atender\u00e1 su primer caso de desaparici\u00f3n forzosa en relaci\u00f3n con la llamada \u201cguerra contra las drogas\u201d, en M\u00e9xico<\/a>, lo que ejerce presi\u00f3n en un pa\u00eds que sigue llamando a su ej\u00e9rcito a combatir el delito pese al mal historial en derechos humanos asociado a dicha estrategia.<\/p>\n\n\n\n

La Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (IACHR) ha transferido<\/a> un caso de desaparici\u00f3n forzosa a manos de las fuerzas armadas mexicanas<\/a> a la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras determinar que el gobierno mexicano no hizo lo suficiente para cumplir las recomendaciones de la comisi\u00f3n en relaci\u00f3n con el crimen.<\/p>\n\n\n\n

Agentes del ej\u00e9rcito se llevaron a la fuerza y sin orden de captura a los primos Roc\u00edo Irene Alvarado Reyes, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Jos\u00e9 \u00c1ngel Alvarado Herrera el 29 de diciembre de 2009, en una zona rural del municipio de Buenaventura, estado de Chihuahua, seg\u00fan la CIDH. Los familiares comenzaron de inmediato la b\u00fasqueda de los sujetos, aunque en un inicio los agentes del ej\u00e9rcito negaron la evidencia de que agentes locales hubieran participado en su arresto (pdf<\/a>). Los tres primos contin\u00faan desaparecidos al d\u00eda de hoy.<\/p>\n\n\n\n

Este episodio es el primer caso de desaparici\u00f3n forzada que examinar\u00e1 la corte \u201cen el contexto de la lucha contra el narcotr\u00e1fico y la delincuencia organizada en M\u00e9xico<\/a>\u201c, y que ilustra la manera como se encubre y obstruye la investigaci\u00f3n y el juzgamiento de dichos casos, afirma el comunicado.<\/p>\n\n\n\n

En repetidas ocasiones, la CIDH ha criticado la falta de progreso del gobierno mexicano en su investigaci\u00f3n de los hechos, alegando que \u201cno se est\u00e1n siguiendo las investigaciones relacionadas con el personal castrense\u201d (pdf<\/a>). Antes de aprobar el paso del caso a la corte, la CIDH hab\u00eda recomendado a las autoridades mexicanas investigar la ubicaci\u00f3n de los sujetos, procesar a los responsables y tomar medidas para abordar la delincuencia y la impunidad asociada.<\/p>\n\n\n\n

Los familiares han denunciado hostigamientos y amenazas por parte de los agentes militares, y por lo menos 11 se vieron forzados a huir a Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

El coronel \u00c9lfego Jos\u00e9 Luj\u00e1n Ruiz es sospechoso de ordenar la desaparici\u00f3n de los primos Alvarado, y hace poco fue sentenciado<\/a> por el sistema judicial de M\u00e9xico<\/a> a 33 a\u00f1os de c\u00e1rcel por la muerte de otros dos civiles en Chihuahua en 2009.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

La decisi\u00f3n de la CIDH sobre el caso de Chihuahua se da en un momento en que M\u00e9xico<\/a> est\u00e1 sometido a un fuerte escrutinio internacional en relaci\u00f3n con sus antecedentes de derechos humanos, y podr\u00eda presionar al pa\u00eds a ocuparse de las violaciones asociadas con su llamada \u201cguerra contra las drogas\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan Jes\u00fas P\u00e9rez Caballero, investigador independiente sobre delincuencia organizada en Latinoam\u00e9rica, esta ser\u00e1 la primera investigaci\u00f3n de la Corte IDH sobre las desapariciones que ocurrieron despu\u00e9s de que el expresidente Felipe Calder\u00f3n enviara al ej\u00e9rcito a las calles para combatir el crimen organizado en 2006. Dicha estrategia, que ha mantenido el actual presidente Enrique Pe\u00f1a Nieto, se ha asociado con innumerables abusos a los derechos humanos<\/a> contra la poblaci\u00f3n civil, incluido un aumento de las desapariciones.<\/p>\n\n\n\n

La corte internacional lleva a\u00f1os insistiendo en que M\u00e9xico<\/a> reforme el alcance de la jurisdicci\u00f3n militar, coment\u00f3 P\u00e9rez Caballero a InSight Crime. Y en los \u00faltimos meses se ha intensificado el debate sobre la posibilidad de llevar a juicio la guerra contra las drogas en M\u00e9xico<\/a> en la esfera internacional<\/a>, dijo.<\/p>\n\n\n\n

Pero pese al trasfondo internacional, y la memoria reciente<\/a> de m\u00faltiples y escandalosas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad en los \u00faltimos a\u00f1os, M\u00e9xico<\/a> parece dirigirse a la consolidaci\u00f3n e incluso a la expansi\u00f3n del rol del ej\u00e9rcito en la seguridad p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n

El partido de gobierno en M\u00e9xico ha propuesto una nueva ley de seguridad interna <\/a>que aparentemente dar\u00eda la autorizaci\u00f3n sin precedentes a los militares de investigar y actuar contra amenazas a la seguridad p\u00fablica, en ausencia de una ley que regule el rol de las fuerzas armadas en esta \u00e1rea. Pero existen temores de que el proyecto de ley ampl\u00ede de manera peligrosa los poderes militares<\/a> en un rol que por tradici\u00f3n se ha reservado a los cuerpos de polic\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

La evoluci\u00f3n del caso de Chihuahua de 2009 puede alentar al gobierno mexicano a repensar la militarizaci\u00f3n planeada en el marco de la guerra antidrogas, y ya se han dado algunos pasos positivos en este campo. Seg\u00fan el especialista en sistemas de justicia y reforma judicial Jos\u00e9 Antonio Caballero, el \u00f3rgano investigador de la CIDH, conocido como Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha brindado asistencia \u201cfundamental\u201d en torno a la desaparici\u00f3n de 43 estudiantes<\/a> en el estado de Guerrero en 2014. Esto se debe a que el grupo ha ayudado a las autoridades mexicanas a reconocer ciertas deficiencias en la manera como realizan las investigaciones sobre abusos a los derechos humanos, como lo explic\u00f3 Antonio Caballero a InSight Crime.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Cobertura sobre Pol\u00edticas de Seguridad<\/a><\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, M\u00e9xico<\/a> a\u00fan parece lejos de erradicar los abusos y la impunidad asociados con su pol\u00edtica de seguridad, sin hablar de la influencia pol\u00edtica de los militares.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEn mi opini\u00f3n las fuerzas armadas son un estado dentro de un estado\u201d, dijo P\u00e9rez Caballero a InSight Crime. Seg\u00fan el investigador, la dependencia del ej\u00e9rcito que tiene el gobierno nacional en su estrategia armada dura frente a la delincuencia llev\u00f3 al estado a hacerse de la vista gorda frente a los abusos oficiales.<\/p>\n\n\n\n

Otro obst\u00e1culo importante en el procesamiento judicial de los agentes militares es cierta dependencia del sistema penal militar <\/a>para el juzgamiento de los abusos contra los derechos. Sin embargo, Antonio Caballero cree que el mecanismo de justicia militar ya est\u00e1 en decadencia, e indica que es posible que los jueces civiles pronto tengan m\u00e1s casos de violaciones de derechos humanos del ej\u00e9rcito.<\/p>\n\n\n\n

Por el momento, ser\u00e1 dif\u00edcil recortar las facultades militares hasta que una fuerza policial viable pueda tomar su lugar; un prospecto que a\u00fan parece distante. La popularidad del ej\u00e9rcito entre la poblaci\u00f3n refleja esto. Pese a la ca\u00edda de la aprobaci\u00f3n en comparaci\u00f3n con la era anterior de Calder\u00f3n, el pueblo mexicano sigue considerando que el ej\u00e9rcito es la fuerza de seguridad m\u00e1s id\u00f3nea para combatir el crimen organizado, seg\u00fan una encuesta reciente.<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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