2016 concluye con un sabor agridulce cuando se mide el \u00e9xito \u2014y los fracasos\u2014 de la lucha anticorrupci\u00f3n y contra estructuras importantes del crimen organizado en el Tri\u00e1ngulo Norte de Centroam\u00e9rica.<\/p>\n\n\n\n
\u00bfCu\u00e1nto qued\u00f3 en 2016 de la primavera guatemalteca de 2015? \u00bfCu\u00e1nto queda de la indignaci\u00f3n que llev\u00f3 a cientos de miles a las plazas de esta violenta naci\u00f3n para protestar por la corrupci\u00f3n<\/a> del r\u00e9gimen del presidente Otto P\u00e9rez Molina? \u00bfCu\u00e1nto queda, en Honduras, de las manifestaciones de indignados<\/a> que ped\u00edan fortalecer el sistema judicial de ese pa\u00eds para investigar acusaciones de corrupci\u00f3n contra el presidente Juan Orlando Hern\u00e1ndez y su Partido Nacional? \u00bfY cu\u00e1nto de esa ola lleg\u00f3 hasta El Salvador? Queda poco.<\/p>\n\n\n\n Aun as\u00ed, los intentos de reforma judicial y de investigaci\u00f3n criminal puestos en pr\u00e1ctica en los tres pa\u00edses del llamado Tri\u00e1ngulo Norte de Centroam\u00e9rica, siguieron siendo factores impulsores de cambio en la forma en que se combate el crimen organizado en esa regi\u00f3n del mundo, una de las m\u00e1s violentas.<\/p>\n\n\n\n Es cierto, por un lado, que las persecuciones penales contra delitos complejos de lavado de dinero, contrabando, narcotr\u00e1fico o asesinatos por encargo impulsados o tolerados desde los gobiernos nacionales, sobre todo en Guatemala y El Salvador, empiezan a tener finales exitosos en los tribunales.<\/p>\n\n\n\n Pero por otra parte sigue siendo verdad que las \u00e9lites, tanto las tradicionales como las de nueva formaci\u00f3n, siguen haciendo todo lo posible para obstaculizar o al menos minimizar estos esfuerzos. Incluso el m\u00e1s reconocido de los esfuerzos supranacionales de combate a la corrupci\u00f3n, el crimen organizado y la impunidad, la Comisi\u00f3n Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fue objeto de importantes presiones de la \u00e9lite tradicional de empresarios y pol\u00edticos de ese pa\u00eds que pretendieron influir en las investigaciones<\/a> y acabar con su buen nombre.<\/p>\n\n\n\n La CICIG es un modelo de investigaci\u00f3n que es parte vital de estos esfuerzos. La comisi\u00f3n combina financiamiento externo \u2014<\/em>prove\u00eddo en este caso sobre todo por Estados Unidos y la Uni\u00f3n Europea\u2014 <\/em>con investigadores internacionales que apoyan al Ministerio P\u00fablico (MP), con el cual trabajan en la formulaci\u00f3n de propuestas de reformas legales.<\/p>\n\n\n\n Establecida en 2007, la CICIG termin\u00f3 de consolidarse en 2015, cuando bajo el mando del comisionado colombiano Iv\u00e1n Vel\u00e1squez y en coordinaci\u00f3n con la fiscal general Thelma Aldana lider\u00f3 el caso contra P\u00e9rez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, lo que destap\u00f3 el funcionamiento de d\u00e9cadas de corrupci\u00f3n<\/a> estatal en Guatemala.<\/p>\n\n\n\n La CICIG tuvo sus batallas<\/a> con las \u00e9lites que usaron su encanto y su m\u00fasculo para tratar de influir en qu\u00e9 se investigaba y a qui\u00e9n se investigaba. Sin embargo, Guatemala sigue siendo el mejor ejemplo de la lucha contra la corrupci\u00f3n en la regi\u00f3n y las investigaciones de la CICIG y el MP en torno al grupo cercano a P\u00e9rez Molina siguen en marcha y han expuesto como las redes de crimen organizado han penetrado el sistema pol\u00edtico de Guatemala.<\/p>\n\n\n\n Uno de los casos que mejor lo ilustra es el de Manuel L\u00f3pez Bonilla, un exmilitar cercano a P\u00e9rez Molina quien, como ministro de Gobernaci\u00f3n durante la presidencia de P\u00e9rez Molina, utiliz\u00f3 su puesto para enriquecerse a s\u00ed mismo y a sus aliados, as\u00ed como para proteger a estructuras del narcotr\u00e1fico local.<\/p>\n\n\n\n El de L\u00f3pez Bonilla, arrestado en Ciudad de Guatemala en junio, es un caso perfecto para ilustrar<\/a> c\u00f3mo los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) se incrustaron en el Estado y se transformaron en algo m\u00e1s, con una gran variedad de socios y con m\u00e1s alcance, algo que muy a menudo inclu\u00eda a partidos pol\u00edticos y empresarios.<\/p>\n\n\n\n De Guatemala puede decirse que la CICIG y sus dos \u00faltimas fiscales generales \u2014<\/em>Thelma Aldana y su antecesora, Claudia Paz y Paz\u2014<\/em>, iniciaron y han mantenido viva la primavera. No son solo las persecuciones penales y las investigaciones criminales contra actores importantes, aun contra los mejor relacionados con el poder pol\u00edtico y empresarial, es tambi\u00e9n la incipiente reforma del Ministerio Publico, capaz ya de embarcarse en investigaciones complejas.<\/p>\n\n\n\n A pesar del alcance que ha tenido la CICIG desde 2007, y sobre todo en los \u00faltimos dos a\u00f1os, la existencia de la comisi\u00f3n y la seguridad de los cambios propiciados en parte gracias a ella en el MP parecen siempre fr\u00e1giles en Guatemala. Analistas y protagonistas de las luchas anticorrupci\u00f3n en el pa\u00eds no dudan en decir que, a pesar de todo, la corrupci\u00f3n y el crimen siguen incrustados en el coraz\u00f3n del Estado guatemalteco.<\/span><\/p>\n\n\n\n \u201cSe han deshecho de los rostros visibles, pero los protagonistas que trabajan detr\u00e1s de bambalinas siguen operando. Estas zonas grises hacen que sea muy dif\u00edcil expurgar la corrupci\u00f3n por completo\u201d, dijo la activista Helen Mack en una entrevista.<\/p>\n\n\n\n Pero la naturaleza de CICIG es por definici\u00f3n temporal, y la renovaci\u00f3n de su mandato depende, precisamente, del poder pol\u00edtico, al igual que la designaci\u00f3n<\/a> del fiscal general y los jueces. Es decir, mientras el poder pol\u00edtico este al servicio del crimen, o interrelacionado con \u00e9l, la primavera seguir\u00e1 dependiendo en gran medida de la presi\u00f3n de los ciudadanos. La buena noticia es que Guatemala ya prob\u00f3 lo que esa presi\u00f3n puede lograr.<\/p>\n\n\n\n El modelo CICIG pas\u00f3 a conocerse como el modelo Guatemala y en 2016, gracias en gran parte a la presi\u00f3n ejercida por el gobierno de Estados Unidos en la regi\u00f3n, influy\u00f3 intentos de profundizar la persecuci\u00f3n criminal de la corrupci\u00f3n y el crimen organizado en El Salvador y Honduras. <\/p>\n\n\n\n De hecho, el \u00e9xito de la CICIG y el apoyo de Estados Unidos a este modelo, ha intensificado los esfuerzos de perseguir el crimen organizado en El Salvador y Honduras. En el caso salvadore\u00f1o, el cambi\u00f3 lleg\u00f3 a finales de 2015, cuando fracasaron los intentos de varios sectores en el Frente Farabundo Mart\u00ed para la Liberaci\u00f3n Nacional (FMLN) y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) por reelegir al fiscal Luis Mart\u00ednez. En su lugar, la Asamblea Legislativa eligi\u00f3 a Douglas Mel\u00e9ndez, un fiscal de carrera que pronto acept\u00f3 el apoyo pol\u00edtico y t\u00e9cnico que le ofreci\u00f3 desde principios de 2016 la Embajada de Estados Unidos. Con dinero y asesor\u00eda de Washington, Mel\u00e9ndez mont\u00f3 el Grupo Especial contra la Impunidad (GECI), una especie de CICIG local a menor escala.<\/p>\n\n\n\n \u201cEl tema de la impunidad en El Salvador ha existido y seguir\u00e1 existiendo. No se puede ocultar el sol con un dedo\u201d, dijo Mel\u00e9ndez<\/a> durante la presentaci\u00f3n del GECI en una teleconferencia en Washington, DC.<\/p>\n\n\n\n El pa\u00eds m\u00e1s peque\u00f1o del Tri\u00e1ngulo Norte, no obstante, tambi\u00e9n vive una especie de primavera, fr\u00eda aun, pero esperanzadora en todo caso. En El Salvador los \u00faltimos tres expresidentes, dos de ARENA y uno del FMLN, han sido investigados por sospechas de enriquecimiento il\u00edcito y corrupci\u00f3n. Estas investigaciones, adem\u00e1s, han destapado posibles relaciones del crimen organizado con el poder pol\u00edtico y con la misma Fiscal\u00eda General. al abrir investigaciones y procesos judiciales de gran calado contra los expresidentes Mauricio Funes y Antonio Saca (este \u00faltimo guarda prisi\u00f3n preventiva en espera de un juicio por enriquecimiento il\u00edcito), contra Enrique Rais, un empresario investigado por la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en ingl\u00e9s), y contra Luis Mart\u00ednez, su antecesor, el fiscal general sospechoso de corrupci\u00f3n al que los partidos pol\u00edticos quer\u00edan reelegir.<\/p>\n\n\n\n Pero Mel\u00e9ndez todav\u00eda tiene varios obst\u00e1culos al frente. En El Salvador, el gobierno del presidente Salvador S\u00e1nchez Cer\u00e9n se opuso desde inicios de la administraci\u00f3n (2014) a la presencia en el pa\u00eds de un organismo supranacional sobre el que el Estado no tuviese control. Miembros de su partido incluso calificaron el modelo de intervencionista. Por el contrario, tanto el oficialismo del FMLN como la oposici\u00f3n de la derechista ARENA apostaron en la pr\u00e1ctica por perpetuar una Fiscal\u00eda General d\u00e9bil, incluso c\u00f3mplice de estructuras criminales.<\/p>\n\n\n\n Desde el principio, el nuevo fiscal general salvadore\u00f1o recibi\u00f3 amenazas y presiones de actores pol\u00edticos o de personas a las que \u00e9l mismo relacion\u00f3 con el crimen organizado. \u201cTengo que mencionar otra de mis preocupaciones, que es la intenci\u00f3n de algunos grupos fuera de la instituci\u00f3n de interferir en casos relacionados con corrupci\u00f3n y probidad, en investigaciones actuales y futuras\u201d, escribi\u00f3 Mel\u00e9ndez<\/a> a seis congresistas estadounidenses en abril pasado.<\/p>\n\n\n\n A pesar de esas presiones, y a falta de dos a\u00f1os para concluir su periodo, el fiscal general de El Salvador inicio ya una ruta que, al igual que en el caso guatemalteco, podr\u00eda llevar a formas m\u00e1s efectivas de combatir la corrupci\u00f3n y el crimen organizado en el pa\u00eds. Pero, como en Guatemala, las viejas pr\u00e1cticas criminales est\u00e1n tan enquistadas en el coraz\u00f3n pol\u00edtico nacional que esa ruta ser\u00e1, sin duda, empinada, y podr\u00eda incluso terminar siendo un callej\u00f3n sin salida.<\/span><\/p>\n\n\n\n Honduras, por su parte, opt\u00f3 por un modelo m\u00e1s parecido al guatemalteco. La Misi\u00f3n de Apoyo Contra la Corrupci\u00f3n en Honduras (MACCIH<\/a>) de la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos (OEA) comenz\u00f3 su mandato a principios de abril, luego de que el gobierno se mostrara incapaz de emprender una lucha efectiva contra casos de corrupci\u00f3n como el desfalco del Instituto Hondure\u00f1o de Seguridad Social (IHSS), que ha sido calculado en cerca de US$330 millones, parte de los cuales habr\u00edan terminado en las arcas del partido gobernante y habr\u00edan sido usados en la campa\u00f1a de Juan Orlando Hern\u00e1ndez. <\/p>\n\n\n\n Hasta ahora, la misi\u00f3n internacional ha centrado sus esfuerzos en desarrollar una serie de reformas que otorguen mayores capacidades al Ministerio P\u00fablico y al s\u00edstema judicial. Sin embargo, desde el inicio de su mandato, la misi\u00f3n se ha enfrentado con una serie de obst\u00e1culos significativos, tanto desde la Presidencia como desde ciertos sectores del Congreso y de las fuerzas de seguridad para disminuir sus esfuerzos y capacidades, lo que podr\u00eda poner en riesgo la efectividad de su mandato. De hecho, el bloqueo sistem\u00e1tico a las propuestas de la misi\u00f3n<\/a> ha dejado al descubierto una vez m\u00e1s la incapacidad de las instituciones de Honduras para enfrentar la corrupci\u00f3n al interior de s\u00ed mismas, incluso con el apoyo de la MACCIH.<\/p>\n\n\n\n Uno de los esfuerzos m\u00e1s visibles de la misi\u00f3n ha sido el apoyo que ha dado a la comisi\u00f3n para depurar la polic\u00eda del pa\u00eds<\/a>, conocida por el alcance de su corrupci\u00f3n y sus v\u00ednculos cercanos al crimen organizado. Se trata de un proyecto ambicioso que comenz\u00f3 en abril de este a\u00f1o, y que pretende depurar a miles de polic\u00edas que han sido vinculados a casos criminales, comenzando desde los puestos m\u00e1s altos.<\/p>\n\n\n\n Estos esfuerzos han tenido \u00e9xito en gran medida, pero no han estado libres de pol\u00e9mica, amenazas y m\u00e1s recientemente, de violencia. El 15 de diciembre, luego de que la comisi\u00f3n tomara la decisi\u00f3n de retirar de sus cargos a m\u00e1s de 400 polic\u00edas en un solo d\u00eda, el pastor Jorge Machado, uno de los miembros de la comisi\u00f3n, fue v\u00edctima de un atentado<\/a> en el que muri\u00f3 uno de sus guardaespaldas.<\/p>\n\n\n\n Pero otros han contado con una suerte diferente a la de Machado: el de mayor nivel fue el asesinato de la activista ambiental Berta C\u00e1ceres, que ha sido vinculado a la empresa hidroel\u00e9ctrica contra la cual C\u00e1ceres y otros se ven\u00edan enfrentando.<\/p>\n\n\n\n El asesinato de la activista gener\u00f3 indignaci\u00f3n internacional, que incluso llev\u00f3 a que en el Congreso de Estados Unidos se promulgara la Ley Berta C\u00e1ceres, que ten\u00eda como objetivo bloquear US$18 millones que el pa\u00eds recibir\u00eda en asistencia de seguridad. El Banco Europeo de Inversiones tambi\u00e9n retir\u00f3 un financiamiento de cerca de US$39 millones para un proyecto el\u00e9ctrico en el occidente de Honduras.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, las autoridades s\u00f3lo han logrado capturar a los presuntos autores materiales del asesinato \u2014<\/em>entre ellos militares activos y retirados\u2014<\/em>, mientras que los autores intelectuales permanecen en libertad. La evidencia indica podr\u00edan pertenecer a una de las familias m\u00e1s poderosas del pa\u00eds<\/a>, pero hay pocos indicios de que se logre capturar y procesar a los presuntos autores intelectuales en el corto plazo.<\/p>\n\n\n\n