En 2016, los gobiernos mantuvieron las estrategias militarizadas en la lucha contra el crimen organizado en Latinoam\u00e9rica, pese a las pruebas cada vez m\u00e1s concluyentes de abusos contra los derechos humanos y la limitada efectividad de ese tipo de estrategias en el largo plazo.<\/p>\n\n\n\n
Este a\u00f1o, M\u00e9xico constituy\u00f3 un ejemplo notable<\/a> de los inconvenientes de la militarizaci\u00f3n. Al completar diez a\u00f1os de \u201cguerra contra las drogas\u201d en el pa\u00eds, hubo pocos logros en seguridad y mucho por mejorar<\/a> en t\u00e9rminos de derechos humanos. En El Salvador, el ataque militarizado del gobierno a las pandillas del pa\u00eds ha suscitado inquietudes bien fundamentadas por ejecuciones extrajudiciales<\/a>, y puede estar incitando a los grupos criminales a incrementar su poder de fuego<\/a> para responder a la ofensiva del estado. La militarizaci\u00f3n actual de la seguridad p\u00fablica<\/a> en Venezuela tambi\u00e9n se rob\u00f3 titulares por su brutalidad y falta de resultados.<\/p>\n\n\n\n Aun con las evidentes deficiencias de esta pol\u00edtica, Argentina adopt\u00f3 una alternativa similar este a\u00f1o con la nueva administraci\u00f3n del presidente Mauricio Macri.<\/p>\n\n\n\n \u201cMacri inici\u00f3 una serie de cambios de pol\u00edtica que equivalen a un cambio arrollador hacia una estrategia m\u00e1s militarizada\u201d, escrib\u00eda nuestro Patrick Corcoran en diciembre<\/a>. \u201cHa llamado a asesores estadounidenses e israel\u00edes; ha anunciado planes de derribar aviones con drogas\u2026 e inund\u00f3 zonas especialmente violentas con tropas federales, entre otras medidas\u201d.<\/p>\n\n\n\n Es comprensible la tendencia a usar al ej\u00e9rcito para llenar vac\u00edos de seguridad. Muchos pa\u00edses de la regi\u00f3n han adoptado estrategias de seguridad militarizadas en respuesta a la violencia criminal que parecen incapaces de contener las autoridades bajo el mando de civiles. Esto es especialmente v\u00e1lido en pa\u00edses como Honduras, El Salvador y Guatemala, donde los cuerpos de polic\u00eda y los sistemas de justicia han tenido problemas con debilidades estructurales y corrupci\u00f3n<\/a>. Este contexto es clave para entender porqu\u00e9 muchos estados optan por estas pol\u00edticas.<\/p>\n\n\n\n \u201cPara los gobiernos del Tri\u00e1ngulo Norte, las s\u00f3lidas estructuras criminales constituyen una amenaza directa a la democracia debido a la corrupci\u00f3n generalizada, la violencia y los importantes costos econ\u00f3micos que ellas acarrean\u201d, se\u00f1al\u00f3 InSight Crime<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, la intensificaci\u00f3n del conflicto en El Salvador este a\u00f1o destac\u00f3 algunas de las complejidades asociadas con la militarizaci\u00f3n. El pa\u00eds aprob\u00f3 una ley que clasificaba a las pandillas como organizaciones terroristas<\/a>, y la lucha entre el gobierno y las pandillas callejeras se empeor\u00f3 a lo largo del a\u00f1o<\/a>, a pesar del descenso en las tasas totales de homicidios<\/a>. La mayor militarizaci\u00f3n del gobierno se constituy\u00f3 como un fuerte incentivo para que las pandillas aumentaran su poder de fuego<\/a>, y se dice que las autoridades descubrieron un intento de la MS13 por adquirir armas de grado militar.<\/p>\n\n\n\n \u201cEl proyecto de la mara [consiste] en recolectar dinero mensualmente, producto de las extorsiones, para compra de armamento\u201d, se\u00f1al\u00f3 una acusaci\u00f3n del gobierno salvadore\u00f1o contra varios integrantes del grupo<\/a>, \u201cpara equipar a 500 elementos de la MS13, dos por cada una de las 249 clicas a escala nacional y conformar equipos \u00e9lites de choque para atentados al sistema de seguridad\u201d.<\/p>\n\n\n\n Aunque el plan fracas\u00f3 a ra\u00edz de varios operativos policiales, el conflicto alcanz\u00f3 nuevos picos de intensidad hacia finales de 2016, pues la decisi\u00f3n de las pandillas de dirigir ataques sistem\u00e1ticos<\/a> contra el personal de seguridad desat\u00f3 una respuesta del mismo tipo por parte del gobierno y los escuadrones de la muerte.<\/p>\n\n\n\n \u201cPor los menos 44 agentes de polic\u00eda y 20 soldados han muerto este a\u00f1o \u2014un alto n\u00famero que, sin embargo, es peque\u00f1o en comparaci\u00f3n con los m\u00e1s de 500 presuntos pandilleros asesinados\u2014. Esta asim\u00e9trica proporci\u00f3n sugiere que un n\u00famero significativo de estos supuestos \u2018enfrentamientos\u2019 han sido en realidad ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad\u201d, analizaba David Gagne en noviembre<\/a>.<\/p>\n\n\n\n La preocupaci\u00f3n por el impacto que tenga la militarizaci\u00f3n en los derechos humanos no se limita a El Salvador, sino que incluye adem\u00e1s a pa\u00edses como Venezuela y M\u00e9xico, donde se ha asignado a los militares tareas que normalmente realizar\u00eda la polic\u00eda. En la base de estos<\/a> temores est\u00e1 el hecho de que, como lo se\u00f1alamos, \u201clos soldados \u2014con la excepci\u00f3n notable de los miembros de las \u2018gendarmer\u00edas\u2019\u2014 no est\u00e1n ni entrenados ni equipados para arrestar a los transgresores. Se entrenan para matar al enemigo\u201d.<\/p>\n\n\n\n La campa\u00f1a militarizada de seguridad p\u00fablica en Venezuela, conocida como Operaci\u00f3n de Liberaci\u00f3n y Protecci\u00f3n del Pueblo (OLP) ha sido relacionada con numerosas violaciones a los derechos humanos, como evidenci\u00f3 el arresto reciente de varios militares<\/a> por la presunta participaci\u00f3n en una masacre durante un operativo de la OLP.<\/p>\n\n\n\n \u201cLa masacre, que tiene todas las se\u00f1ales de haber sido perpetrada por fuerzas de seguridad del estado, de nuevo llama la atenci\u00f3n sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo la insignia de la OLP\u201d, escrib\u00eda Gagne en noviembre<\/a>. \u201cEl operativo de seguridad desat\u00f3 cr\u00edticas<\/a> casi inmediatamente despu\u00e9s de su inicio en julio de 2015, cuando resultaron muertas 17 personas<\/a> en un operativo conjunto entre la polic\u00eda y el ej\u00e9rcito. La violencia a\u00fan no amaina, con m\u00e1s de 700 ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes del gobierno entre julio de 2015 y septiembre de 2016, seg\u00fan<\/a> la organizaci\u00f3n de derechos humanos PROVEA\u201d.<\/p>\n\n\n\n Aunque los arrestos en Venezuela son una se\u00f1al positiva, en toda la regi\u00f3n ha sido un problema atribuir la responsabilidad a los organismos de seguridad. Por ejemplo, se ha acusado al ej\u00e9rcito mexicano de numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales<\/a> en los \u00faltimos a\u00f1os que en parte han quedado impunes, lo que indicar\u00eda que \u201csi los organismos de seguridad y el sistema de justicia se desv\u00edan del estado de derecho y violan los derechos humanos de manera sistem\u00e1tica, dar m\u00e1s poder a estos organismos en nombre de la \u2018guerra contra las drogas\u2019 llevar\u00e1 a mayor violencia\u201d.<\/p>\n\n\n\n La decisi\u00f3n de enfrentar a los grupos criminales con el ej\u00e9rcito puede llevar a los gobiernos a adoptar pol\u00edticas que tambi\u00e9n puedan institucionalizar las violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, el presidente argentino Macri firm\u00f3 un decreto<\/a> en enero de 2016, que autoriza el derribamiento de aviones sospechosos de llevar drogas, una pr\u00e1ctica que para los cr\u00edticos equivale a una ejecuci\u00f3n extrajudicial. Pero Argentina no fue el primer pa\u00eds de la regi\u00f3n en adoptar esta medida. Siete pa\u00edses m\u00e1s \u2014Venezuela, Brasil, Chile, Honduras, Colombia, Per\u00fa y Honduras\u2014 ya hab\u00edan hecho lo mismo anteriormente.<\/p>\n\n\n\n 2016 tambi\u00e9n vio una reforma legal en Colombia que recuerda la categorizaci\u00f3n de las pandillas como organizaciones terroristas en El Salvador. Al catalogar a tres grupos criminales (denominados \u201cbandas criminales\u201d o Bacrim) como \u201cgrupos armados organizados\u201d que suponen una amenaza para la seguridad del estado, el gobierno colombiano allan\u00f3 el camino para intensificar la acci\u00f3n militar contra esas estructuras, lo que incluye bombardeos desde el aire, con un costo humano potencialmente alto.<\/p>\n\n\n\n \u201cAl contrario de los grupos guerrilleros colombianos, que operan principalmente desde campamentos retirados, las Bacrim, como la de los Urabe\u00f1os, operan entre la poblaci\u00f3n general\u201d, se\u00f1alamos<\/a>. \u201cEsto aumenta el riesgo de da\u00f1os colaterales y, en t\u00e9rminos m\u00e1s generales, aspectos legales y de derechos humanos graves en relaci\u00f3n con el rol del gobierno al bombardear a sus ciudadanos\u201d.<\/p>\n\n\n\n El gobierno colombiano han adoptado una postura similar hacia los grupos guerrilleros, al mantener la presi\u00f3n militar<\/a> sobre el Ej\u00e9rcito de Liberaci\u00f3n Nacional (ELN) en medio de un proceso de paz lleno de traspi\u00e9s y alertando<\/a> a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que los guerrilleros que no se acojan a un acuerdo de paz firmado recientemente\u201d recibir\u00e1n todo el peso de las operaciones militares y de polic\u00eda\u201d.<\/p>\n\n\n\n La militarizaci\u00f3n implica muchas veces la destinaci\u00f3n de recursos limitados a la polic\u00eda civil y el sistema judicial, lo que debilita a las mismas instituciones encargadas de evitar, investigar y castigar el delito. Esto crea un c\u00edrculo vicioso mediante el cual los gobiernos se hacen cada vez m\u00e1s dependientes del ej\u00e9rcito, debido a una falta de mecanismos eficientes de lucha contra el crimen en la parte civil.<\/p>\n\n\n\n Un ejemplo de esto se vio en Brasil, cuando la segunda ciudad m\u00e1s grande del pa\u00eds, Rio de Janeiro, fue el anfitri\u00f3n de los Juegos Ol\u00edmpicos este a\u00f1o. En los preparativos para el importante evento internacional, el gobierno intensific\u00f3 su pol\u00edtica de \u201cpacificaci\u00f3n\u201d urbana<\/a>, bajo la cual la polic\u00eda militar intent\u00f3 imponer su presencia f\u00edsica en barrios controlados por grupos criminales. Pero pese al enorme aumento de recursos para seguridad, Rio sigui\u00f3 experimentando<\/a> el crimen y la violencia relacionada con el crimen a lo largo de la celebraci\u00f3n de los Juegos, en particular en zonas urbanas deprimidas, conocidas como favelas. Y pocos meses despu\u00e9s de concluido el evento internacional, varios tiroteos entre las pandillas<\/a> y la polic\u00eda pusieron de relieve una vez m\u00e1s las limitaciones de esta pol\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n La debilidad de las instituciones civiles muchas veces hace que se convoque al ej\u00e9rcito para que asuma roles que no corresponden a sus obligaciones tradicionales. Por ejemplo, ante una situaci\u00f3n urgente en las c\u00e1rceles, Honduras ha delegado cada vez m\u00e1s el control de las prisiones a soldados. Esto ha tenido consecuencias adversas para los derechos humanos, como ilustr\u00f3 un informe de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos.<\/p>\n\n\n\n \u201cSe dice que oficiales militares de alto rango est\u00e1n asumiendo cargos en la direcci\u00f3n de prisiones y muchos directores de las c\u00e1rceles m\u00e1s grandes son miembros del ej\u00e9rcito, pese a que esto va en contrav\u00eda de la Ley Nacional del Sistema Penitenciario\u201d, dec\u00eda el informe<\/a>. \u201cTambi\u00e9n se ha acusado a los organismos de seguridad de torturas y malos tratos a presos. Seis de diez reclusos fueron sometidos presuntamente a torturas o tratos degradantes, crueles o inhumanos durante su detenci\u00f3n en ciertas ciudades entre diciembre de 2013 y 2014, seg\u00fan informaci\u00f3n del Centro para la Prevenci\u00f3n, el Tratamiento y la Rehabilitaci\u00f3n de V\u00edctimas de Tortura (CPTRT). El Cuerpo Nacional Antiextorsi\u00f3n fue el presunto responsable de los casos de tortura m\u00e1s graves\u201d.<\/p>\n\n\n\n La militarizaci\u00f3n tambi\u00e9n puede afectar al mismo ej\u00e9rcito. En toda Latinoam\u00e9rica, hay una percepci\u00f3n generalizada del ej\u00e9rcito como mucho menos corrupto que la polic\u00eda o los jueces. Pero la confrontaci\u00f3n militar con elementos criminales conduce inevitablemente a casos de corrupci\u00f3n de los soldados.<\/p>\n\n\n\n Varios casos han ilustrado esta tendencia en Venezuela, donde casos de miembros corruptos de las fuerzas armadas han ido desde el contrabando de varias toneladas de harina de trigo<\/a> hasta esquemas de narcotr\u00e1fico<\/a> de alto nivel. En agosto de 2016, Estados Unidos acus\u00f3 a dos exoficiales antinarc\u00f3ticos de alto rango. Uno de los acusados, el oficial de alto rango de la Guardia Nacional N\u00e9stor Luis Reverol, fue nombrado ministro del interior<\/a> por el presidente Nicol\u00e1s Maduro al d\u00eda siguiente de la acusaci\u00f3n. Aunque fue una decisi\u00f3n pol\u00edtica en el contexto de las tensiones diplom\u00e1ticas entre Venezuela y Estados Unidos, el nombramiento es s\u00edntoma de un pa\u00eds del que se cree que el control del negocio de la droga lo tienen en gran parte elementos militares corruptos, denominados el Cartel de los Soles.<\/p>\n\n\n\n Pese a los numerosos inconvenientes de la militarizaci\u00f3n, es poco probable que los pa\u00edses latinoamericanos dejen de lado esta pol\u00edtica en el corto plazo. Esto se debe en gran medida a que el crimen organizado representa la amenaza m\u00e1s notable para la seguridad nacional y ciudadana en muchos de estos pa\u00edses, y donde la polic\u00eda y las instituciones judiciales son incapaces actualmente de neutralizar la din\u00e1mica criminal nacional y transnacional.<\/p>\n\n\n\n Pero contra un tel\u00f3n de fondo de escepticismo creciente sobre las pol\u00edticas de seguridad p\u00fablica en manos del ej\u00e9rcito, est\u00e1n aflorando algunos signos de cambio de perspectiva, M\u00e9xico incluido, del que se dice que es uno de los pa\u00edses con la intervenci\u00f3n militar m\u00e1s intensa en la seguridad p\u00fablica. A comienzos de este a\u00f1o, el jefe de las fuerzas armadas mexicanas<\/a> declar\u00f3 que ha sido un error involucrar al ej\u00e9rcito en la lucha contra el crimen.<\/p>\n\n\n\n \u201cNinguno de los que tenemos responsabilidad en mandos en la instituci\u00f3n, nos preparamos para hacer funciones de polic\u00eda\u201d, se\u00f1al\u00f3. \u201cNo lo hacemos, no lo pedimos, no nos sentimos a gusto, no estamos c\u00f3modos con la funci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n De igual manera, el presidente peruano Pedro Pablo Kuzcynski prometi\u00f3 este a\u00f1o<\/a> que no involucrar\u00eda al ej\u00e9rcito en actividades de polic\u00eda.<\/p>\n\n\n\n \u201cDurante la campa\u00f1a se habl\u00f3 de poner al ej\u00e9rcito en las calles. \u00bfC\u00f3mo va el ej\u00e9rcito peruano a controlar la extorsi\u00f3n de un zapatero en [la ciudad de] Trujillo?\u201d, pregunt\u00f3. \u201cEs un tipo de crimen distinto, es mucho m\u00e1s complicada. Requiere m\u00e1s equipamiento y sofisticaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, el gobierno de Kuzcynski prorrog\u00f3 un estado de emergencia en los valles de los r\u00edos Apurimac, Ene y Mantaro River (VRAEM), donde opera el grupo insurgente Sendero Luminoso<\/a>, que revive as\u00ed una estrategia de seguridad de m\u00e1s de tres d\u00e9cadas que se hab\u00eda suspendido el a\u00f1o pasado y con el potencial de complicar la situaci\u00f3n de seguridad esa \u00e1rea.<\/p>\n\n\n\n \u201cLos funcionarios tambi\u00e9n afirmaron que el ej\u00e9rcito ahora liderar\u00eda la lucha contra el narcotr\u00e1fico en la regi\u00f3n\u201d, escribimos en octubre<\/a>. \u201cAunque las operaciones est\u00e9n bajo el mando militar, tambi\u00e9n se integrar\u00e1 la polic\u00eda al proceso\u201d.<\/p>\n\n\n\n Esta estrategia de integrar la polic\u00eda a operativos comandados por el ej\u00e9rcito representa una estrategia m\u00e1s matizada que muchas veces se emplea en zonas donde las autoridades civiles simplemente ser\u00edan superadas en armamento por los grupos criminales. A fin de cuentas, la meta de esas estrategias es apoyar a los organismos civiles hasta que puedan manejar la seguridad por s\u00ed solos en esas zonas. En la pr\u00e1ctica, sin embargo, esto rara vez ocurre.<\/p>\n\n\n\n En Colombia, el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC incluye un reconocimiento<\/a> de los factores socioecon\u00f3micos importantes que pueden afectar el crimen organizado. Y aun cuando la figura militar de mayor rango del pa\u00eds amenaz\u00f3 con usar \u201ctoda la fuerza de los operativos militares y de polic\u00eda\u201d contra los disidentes de las FARC, a\u00f1adi\u00f3 que el gobierno<\/a> \u201cbuscar\u00e1 establecer control institucional en estos territorios (antes bajo el dominio de las FARC) no solo con la presencia de las fuerzas armadas y la polic\u00eda, sino tambi\u00e9n mediante todos los organismos del estado\u201d.<\/p>\n\n\n\n Estos son peque\u00f1os pasos hacia pol\u00edticas m\u00e1s abarcadoras, humanas y efectivas al enfrentar el crimen organizado. Pero queda por ver si las voces a favor de la reforma se fortalecer\u00e1n en el nuevo a\u00f1o, y si la polic\u00eda y los sistemas judiciales pueden responder al desaf\u00edo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En 2016, los gobiernos mantuvieron las estrategias militarizadas en la lucha contra el crimen organizado en Latinoam\u00e9rica, pese a las pruebas cada vez m\u00e1s concluyentes de abusos contra los derechos humanos y la limitada efectividad de ese tipo de estrategias en el largo plazo.<\/p>\n","protected":false},"author":79,"featured_media":45753,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"template-single-investigation.php","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[340],"tags":[428,405,368,1540,534,398,409,438,400],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4036],"class_list":["post-9515","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-analisis","tag-argentina-pais","tag-brasil","tag-colombia-pais","tag-el-salvador-pais","tag-gamechangers-es","tag-honduras-pais","tag-peru-pais","tag-politicas-de-seguridad","tag-venezuela-pais","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/gamechangers-2016-militarizacion-continua-pese-criticas\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"GameChangers 2016: Militarizaci\u00f3n contin\u00faa pese a cr\u00edticas","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/gamechangers-2016-militarizacion-continua-pese-criticas\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/gamechangers-2016-militarizacion-continua-pese-criticas\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/es-GameChanger-Militarization.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2017\/01\/es-GameChanger-Militarization.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"An\u00e1lisis","author":[{"@type":"Person","name":"Tristan Clavel"}],"creator":["Tristan Clavel"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["argentina","brasil","colombia","el salvador","gamechangers","honduras","per\u00fa","pol\u00edticas de seguridad","venezuela"],"dateCreated":"2017-03-28T00:22:02Z","datePublished":"2017-03-28T00:22:02Z","dateModified":"2023-04-24T20:56:21Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":348808,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/efecto-bukele-seguridad-america-latina\/","url_meta":{"origin":9515,"position":0},"title":"El ‘efecto Bukele’ en la seguridad de Am\u00e9rica Latina","author":"InSight Crime","date":"12 de agosto de 2026","format":false,"excerpt":"Bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele, El Salvador se ha convertido en uno de los mayores exponentes de la lucha contra el crimen organizado en Am\u00e9rica Latina. 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M\u00e1s violaciones a los derechos humanos<\/h3>\n\n\n\n
Destinaci\u00f3n de recursos, misi\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n
Se\u00f1ales de cambio<\/h3>\n\n\n\n