La familia Monagas vive en la zozobra desde el 29 de noviembre de 2022, cuando perdieron comunicación con Lismar Monagas, una joven venezolana de 21 años quien, ese entonces, ya tenía más de un año en poder de una banda en Perú vinculada con trata de personas. 

Lismar había decidido migrar en 2021. Su viaje fue rápido y sin aviso. Leonel Monagas, su abuelo, se enteró de que su nieta, a quien crio como a una hija en el barrio de El Cementerio, un sector popular ubicado en el oeste de Caracas, había salido del país el 16 de octubre de 2021 de manera irregular, y sin pasaporte, en autobús. 

Era la primera vez que salía del país. Estaba feliz y con esperanzas. Su travesía por Colombia y Ecuador la documentó en videos y con videollamadas a su familia. Leonel, sin embargo, temía lo peor. Y así fue: sin que ella lo supiera, había sido captada por una red de trata de personas. 

“Los primeros días me decía que le daban cosas y ropa y yo le dije que eso era peligroso y que se lo iban a cobrar porque me imaginé para qué se la llevaron”, manifestó el abuelo de la víctima. 

Como ella, en los últimos años, cientos de mujeres venezolanas han sido víctimas de redes de trata de personas que, mediante engaños, las llevan a otros países de la región para explotarlas. Pero su historia ejemplifica unas nuevas tendencias, incluido el aumento del reclutamiento fuera de la frontera con Colombia y la creciente participación de las mujeres en el reclutamiento. 

Caer en la explotación sexual

Lismar Monagas, como casi ocho millones de venezolanos, salió de su país para poder ayudar a su familia, principalmente a su hijo, que actualmente tiene ocho años de edad, y a su abuelo, Leonel. Pero la joven se unió a la cifra de mujeres venezolanas que fueron víctimas de trata de personas en los últimos años. 

Según las cifras de Mulier Venezuela, una organización no gubernamental que estudia la trata de mujeres venezolanas en la región, en 2021, 415 venezolanas fueron rescatadas de redes de trata. Y el número solo ha aumentado. Para 2022, el año de las estadísticas más recientes, 1.390 venezolanas fueron rescatadas de redes de trata en toda América Latina. De esa cifra, 294 eran niñas y adolescentes. 

Sin embargo, la cifra de víctimas de trata dentro y fuera de Venezuela puede ser mucho más alta. Aunque el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Remigio Ceballos Ichaso, anunció a inicios del año que las autoridades habían desmantelado 16 bandas criminales dedicadas a la trata de personas y rescatado a 55 víctimas, hay una grave falta de denuncias y los datos no concuerdan con la realidad. 

“El Estado no presenta datos en muchas de las situaciones de violencia contra la mujer. Esto es parte de una política de opacidad del Estado venezolano donde no se cumple con las obligaciones que tienen”, dijo Estefanía Mendoza, abogada y coordinadora de Mulier Venezuela, explicó a InSight Crime. 

Además, el origen de las víctimas de trata, que antes se concentraba en la frontera, está cada vez más disperso, y cada vez se registran más casos de mujeres como Lismar del centro del país que caen en estas redes. Esto se debe al agravamiento de la crisis económica y de la crisis humanitaria compleja, que aumenta la vulnerabilidad de las mujeres, explicó Mendoza. 

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“Ese contexto es lo que hace que cada vez más la explotación de las personas se vuelva una alternativa de algún ingreso económico para estas personas inescrupulosas incurran en este delito”, precisó la experta. 

Las captadoras

Todo comenzó cuando una amiga de Lismar, que vivía en el mismo sector popular de Caracas que ella, le ofreció una oportunidad de empleo como trabajadora sexual en Perú. Le dijo que tenía todos los contactos que le permitirían ganar dinero e, incluso, coordinó la logística para que Lismar saliera del país en un autobús que la esperaría en un terminal de pasajeros ubicado en Caracas. Pero, aunque Lismar sabía que iba a ejercer el trabajo sexual, no imaginó que terminaría siendo víctima de explotación sexual. 

El patrón de mujeres reclutando a sus pares se repite con frecuencia en varias partes de la región, y Venezuela es un claro ejemplo. Aunque no existen datos desagregados por nacionalidad, las mujeres representan el 45% de las personas judicializadas por trata de personas en Suramérica, según las cifras del último reporte sobre trata de personas de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD). 

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Para Mendoza, esto se debe a que, por lo general, las mujeres son el eslabón más débil de las redes de explotación sexual y que, en algunos casos, las víctimas de explotación son obligadas a captar a otras jóvenes para la red. “[Las mujeres] se valen del género y la nacionalidad para facilitar el vínculo, para generar confianza y poder captarlas”, explicó.

Otros casos dan cuenta de lo común que se ha vuelto el modus operandi que la red de trata usó con Lismar.

El 12 de marzo de 2024, funcionarios del CICPC rescataron a cuatro jóvenes en Táchira, estado fronterizo con Colombia. Al parecer, fueron captadas por otra menor de edad para ser explotadas en el exterior.

Un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) dijo a InSight Crime que la unidad rescató cuatro jóvenes en 2022 en el estado de Aragua que fueron captadas por amigas. “Les contaron cuánto ganaron ejerciendo el trabajo sexual y que solo se tenían que hacer unas fotos para poder irse a Perú. Eso fue un caso muy sonado”, aseguró el funcionario, que habló bajo anonimato porque no tenía autorización para hablar con la prensa. 

Además, debido a la situación en Venezuela, familiares y amigas cercanas de las víctimas han visto como un negocio entregar a las jóvenes a las redes de explotación sexual, quienes, desesperadas, acceden a ofertas de trabajo falsas por necesidad, de acuerdo con fuentes policiales entrevistadas por InSight Crime. 

“No estamos hablando solo de una afectación de mujeres migrantes que están en una situación de vulnerabilidad, sino también de la afectación de las mujeres, niñas y adolescentes venezolanas que están en una situación económica muy precaria”, precisó Mendoza. “El cuerpo de las mujeres siempre termina siendo como una moneda”, afirmó.

Vivir el infierno

Esto fue lo que le sucedió a Lismar. Cuando llegó a Perú, se enteró de que, en vez de trabajar con su amiga, ahora estaba en manos de una organización criminal que le impuso una “deuda” con altos intereses por toda la “inversión” que hicieron para sacarla de Venezuela, contó una de sus amigas a InSight Crime. Debía cancelar un monto diario y, si algún día no producía dinero por falta de clientes, la deuda se le acumulaba. 

Durante meses, Lismar fue explotada sexualmente por la red de trata de personas que la llevó hasta Perú. “Le compraron ropa, le pusieron uñas y le dieron dinero para que comprara maquillaje para que trabajara en una plaza (…) Había días que ella no hacía nada porque el día estaba flojo y la ponían en un hotel con ropa interior para explotarla con los hombres que llegaban, y cuando no hacía nada, se la llevaban (…) para castigarla”, detalló una de sus amigas.

Pronto, su familia comenzó a notar los cambios en su actitud. “Ella empezó a cambiar. Empezó a decir que tenía una deuda y que le estaban poniendo a hacer cosas que no son. Que ella quería pagar esa deuda para venirse [a Venezuela]”, manifestó su abuelo Leonel. “En una ocasión me llamó llorando que se quería venir, que a diario tenía que estar con tres hombres (…) Tenía que pagar 200 soles diarios (US$50) y cuando no hacía el dinero, se le acumulaba [la deuda]”, recordó. 

Pero la deuda era imposible de pagar y un tiempo después, varios de sus familiares recibieron llamadas extorsivas con amenazas de muerte por parte de una mujer que se identificaba como Oriana Hernández, y quien supuestamente era la jefa de Lismar. En los mensajes, les exigía dinero para que la joven pagara la deuda en Perú. 

Aunque la mujer nunca se identificó con el nombre de una banda delictiva, Leonel y los familiares de Lismar se han vuelto pesquisas a través de las redes sociales, principalmente Facebook, para monitorear a las amigas de Lismar en Perú. “Una de ellas se identificaba como Hijos de Dios y en algunas publicaciones ponía unos trenes, por lo que no descartamos que tengan vínculos con el Tren de Aragua”, puntualizó un familiar de la joven. La megabanda venezolana del Tren de Aragua, y una de sus facciones en Perú, conocida como los Hijos de Dios, están involucradas en la explotación sexual de mujeres venezolanas y peruanas desde hace varios años.

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En diciembre de 2022, una vecina de Leonel Monagas, que está radicada en Colombia, y que tiene vínculos con bandas en Perú, le informó a la hermana mayor de Lismar que la joven fue asesinada por no haber pagado la deuda pendiente. Sin embargo, las autoridades peruanas no han confirmado el homicidio, ni tienen rastros de Lismar. 

Desde que la joven emigró a Perú, su abuelo Leonel Monagas tiene problemas para conciliar el sueño y sus días transcurren entre su trabajo como obrero y las gestiones que hace para encontrar a su nieta, a quien le dice “cachito” de cariño. Los únicos consuelos que tiene son un arreglo de globos que ella le hizo llegar en junio de 2022 por la fecha del día del padre en Venezuela, y unas notas de voz que la joven le envió antes de perder comunicación con su familia.