Un aumento en las denuncias de extorsión en Perú sugiere que este delito es cada vez más común y que las víctimas están más dispuestas a acudir a las autoridades locales.

La Policía Nacional de Perú recibió 3.921 denuncias por extorsión entre enero y febrero de este año, lo que representa un aumento de aproximadamente 7% en comparación con las 3.669 denuncias registradas en los dos primeros meses de 2024, según datos oficiales.

La ocurrencia de varios casos de alto perfil ha posicionado el tema de las extorsiones en el centro de la agenda política. El 15 de marzo, un ataque con granada en un club campestre dejó 11 heridos, y al día siguiente un cantante de música popular murió a causa de un ataque similar. 

Además, los extorsionistas también han comenzado a afectar a sectores que antes eran en gran medida intocables, como las escuelas.

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“Estamos en una fase en la cual las extorsiones están mucho más cercanas a los pequeños y microemprendedores, a las familias, a los domicilios, y por montos bastante reducidos” dijo a InSight Crime Nicolás Zevallos Trigoso, director del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, una organización no gubernamental peruana.

Aunque el número total de denuncias por extorsión a nivel nacional cayó alrededor de 3% en 2024, ese mismo año se registraron seis veces más casos que en 2019, y el delito se duplicó en todos los departamentos del país durante ese periodo.

Algunas ciudades registraron incrementos aún más significativos, como Lima, donde las denuncias aumentaron casi un 900%.

La frustración por la incapacidad del Estado para hacer frente al problema ha desencadenado grandes protestas en todo el país en el último año.

Análisis de InSight Crime

Si bien el aumento en las denuncias por extorsión probablemente refleje un incremento en la incidencia del delito, también podría ser un indicio de una mayor confianza de la ciudadanía en las instituciones policiales y judiciales del país.

Algunos de los esfuerzos institucionales por incentivar la denuncia ciudadana de la extorsión podrían haber dado resultados.

“Del 2021 al 2023 el Estado fue bien intenso en la campaña de que la gente denuncie la extorsión”, señaló Zevallos Trigoso. “En 2024 esto no se hizo con la misma intensidad”.

En Lima —donde la presencia del Estado está más consolidada que en muchas otras regiones del país— las denuncias de extorsión aumentaron de forma significativa durante el periodo analizado. No obstante, en 2024 se registró una reducción del 22%, en contraste con la caída promedio nacional, que fue de apenas 3%.

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Pero una disminución en las denuncias no necesariamente refleja una reducción en la incidencia del delito. El subregistro es un problema estructural en América Latina y el Caribe, donde muchas víctimas consideran que las autoridades no pueden o no quieren ayudarlas, o temen represalias por denunciar. Estas dinámicas podrían explicar la caída en las denuncias registrada en 19 de los 26 departamentos y provincias del país en 2024, frente a 2023, cuando casi todas las jurisdicciones —salvo una— reportaron aumentos.

“Lo que queremos es que las denuncias aumenten, porque hay un subregistro enorme” dijo a InSight Crime Noam López Villanes, investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Otros mecanismos oficiales para medir la extorsión, como las encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, también pueden estar sesgadas, según López Villanes. El investigador explicó a InSight Crime que los guías territoriales conocidos como “chalecos”, quienes acompañan a funcionarios a zonas peligrosas, pueden influir en los resultados, ya que a menudo tienen vínculos con grupos criminales y podrían intimidar a los encuestados.

A pesar de las dificultades para medir la extorsión mediante denuncias, expertos señalan que otras evidencias —como declaraciones de representantes de gremios económicos y cifras sobre el número de personas que consideran dejar sus zonas de residencia— contradicen la idea de que la extorsión haya disminuido.

“Representantes de grupos económicos se han organizado para protestar en el último año porque sus pérdidas, por ejemplo, son de 15%, 30% en comparación con años anteriores debido al pago de extorsiones”, indicó López Villanes. “El año pasado también hubo cuatro o cinco manifestaciones en Lima, algo que nunca había pasado antes”.