Los juicios masivos contra presuntos miembros de pandillas en El Salvador son la fase más reciente del modelo de seguridad de mano dura del presidente Nayib Bukele, orientado a consolidar el desmantelamiento de la MS13 y el Barrio 18, al tiempo que se procesa un enorme rezago de casos judiciales.
En este episodio de The InSight Take, la editora en jefe de InSight Crime, Deborah Bonello, y el investigador para Centroamérica, Alex Papadovassilakis, analizan cómo estos procesos —que agrupan a cientos de acusados y miles de delitos en un solo juicio— plantean preguntas preocupantes sobre si el castigo colectivo está sustituyendo a la justicia individual y al debido proceso.
Transcripción en español
Deborah Bonello (DB): Seguro que no se le han escapado las fotos y los reportajes sobre los juicios masivos que el gobierno del presidente Nayib Bukele está llevando a cabo en las prisiones de El Salvador, como parte de su ofensiva de mano dura contra las pandillas. Hoy me acompaña en The InSight Take Alex, uno de nuestros investigadores principales para Centroamérica, que ha estado siguiendo de cerca estos juicios. Alex, gracias por acompañarme.
Alex Papadovassilakis (AP): Claro.
DB: ¿Cuándo empezaron estos juicios masivos, por qué se están haciendo y qué está pasando ahora?
AP: Sí. Estos juicios masivos son, en realidad, la fase más reciente de la ofensiva contra las pandillas en El Salvador. La ofensiva comenzó en 2022 y ha llevado a que más de 80.000 personas hayan sido encarceladas por delitos relacionados con pandillas. Para poder manejar ese volumen de casos, el gobierno ha ajustado algunas leyes para permitir que las autoridades procesen hasta 900 presuntos miembros de pandillas en un solo juicio. Estos juicios masivos comenzaron el año pasado.
Pero recientemente hemos estado hablando de un juicio masivo en particular que ha acaparado titulares, porque ya ha alcanzado a los niveles más altos de las pandillas, incluyendo a líderes históricos que, según los fiscales salvadoreños, habrían estado detrás de una masacre brutal de civiles que, en su momento, desencadenó la propia ofensiva contra las pandillas. La escala de estos procesos ha llamado mucho la atención. Estamos hablando de cientos de presuntos miembros de la MS13 siendo juzgados juntos por decenas de miles de delitos, enfrentando condenas que suman decenas de miles de años de prisión, incluyendo un líder para el que se ha pedido entre 15.000 y 20.000 años de cárcel. Son cifras, la verdad, absurdas. Pero en el fondo, lo que está pasando es que estos juicios funcionan como una especie de atajo legal muy draconiano para reducir el enorme rezago de casos generado por la ofensiva del gobierno, al mismo tiempo que imponen penas descomunales a los líderes de las pandillas.
DB: Claro. Y, como dices, esas condenas suenan, en cierto modo, ridículas. ¿Qué implicaciones legales tiene pedir miles de años de prisión para una sola persona? ¿Cuál es el objetivo? ¿Se trata realmente de aplicar esas penas y garantizar justicia, o es más bien un espectáculo para mostrar la victoria del gobierno sobre las pandillas?
AP: Bueno, creo que el gobierno —y probablemente muchos salvadoreños— dirían que se trata de dejar claro el historial de violencia y de hacer que las pandillas paguen por décadas de extorsión y violencia contra la población. Por otro lado, los críticos —y han sido muchos— dirían que el Estado ha terminado abandonando el debido proceso.
Es decir, cuanto más grandes y colectivos son estos juicios, más difícil resulta determinar la responsabilidad individual de cada delito. Ya vimos en las primeras fases de la ofensiva que decenas de miles de personas fueron detenidas sin que necesariamente hubiera pruebas claras en su contra. Así que existe el riesgo de que este modelo de justicia colectiva termine condenando a personas por delitos cometidos por otros, o incluso por delitos que quizá ni siquiera ocurrieron.
Creo que esto también forma parte de una estrategia del gobierno para mantener a la gente en prisión a largo plazo y, con ello, reducir al mínimo la posibilidad de un resurgimiento de las pandillas en las calles. Esa ha sido una pregunta constante durante toda esta ofensiva: qué pasaría si los detenidos volvieran poco a poco a las calles. Y estos juicios masivos, creo, buscan cerrar esa puerta por completo.
DB: Claro. Y ambos hemos pasado tiempo en El Salvador, y hemos visto algo que, si me lo hubieras dicho hace 3 o 4 años, habría pensado que era imposible: que el gobierno de Bukele ha desmantelado en gran medida muchas de las redes de la MS13, y que los líderes de la “ranfla” probablemente iban a pasar el resto de su vida en prisión de todos modos. Entonces, en ese sentido, ¿estos juicios van a cambiar algo en la práctica o es algo que va más allá?
AP: Sí. Más allá del objetivo práctico —que es mantener a la gente en prisión a largo plazo y evitar un posible resurgimiento de las pandillas—, creo que esto también es un ejercicio de control de la narrativa.
Como mencionas, el desmantelamiento de las pandillas ha sido clave en la imagen de Bukele, tanto dentro como fuera del país. Sigue siendo extremadamente popular en El Salvador, en gran parte gracias a la idea de que logró lo que otros gobiernos no pudieron.
Los juicios masivos refuerzan esa narrativa y también muestran que su gobierno está impartiendo algún tipo de justicia contra los responsables de estos crímenes. Al mismo tiempo, le dan al gobierno una vía para legitimar detenciones muy controvertidas de las primeras fases de la ofensiva, cuando hubo miles de arrestos criticados por su carácter arbitrario y la falta de pruebas.
En términos prácticos, creo que esto cambia poco el panorama de las pandillas. Como dices, ya estaban bastante desmanteladas antes de que empezaran estos juicios. Muchos de los líderes nunca iban a salir de prisión de todos modos. Así que, en gran medida, estamos hablando de un ejercicio simbólico para reafirmar el control del Estado sobre las pandillas.
DB: ¿Y qué implica resolver decenas de miles de delitos en un solo juicio? Es decir, esto es justicia en su versión más macro, pero ¿realmente se logra una justicia significativa respetando el debido proceso?
AP: Creo que estos juicios se pueden entender mejor como una extensión de una estrategia de seguridad que ha priorizado de forma constante el castigo colectivo por encima del debido proceso individual.
Del mismo modo que las autoridades usaron poderes de emergencia para permitir arrestos masivos, ahora los juicios sirven como una forma de obtener condenas sin necesidad de construir casos individuales sólidos contra cada acusado.
Pueden argumentar que es una medida necesaria para resolver el enorme rezago judicial, pero el resultado es un sistema que, en la práctica, no evalúa adecuadamente si cada persona es responsable de un delito concreto, y que tampoco garantiza una defensa real.
Más que un nuevo modelo de justicia, esto parece la culminación de un proceso en el que los derechos individuales han quedado subordinados al objetivo más amplio del gobierno de someter a las pandillas.
DB: Claro. Pero aun así, y a pesar de todas las críticas en materia de derechos humanos, esto se ha convertido en algo bastante emblemático en la región, y hemos visto a otros gobiernos mirando a Bukele con admiración y prometiendo construir prisiones más grandes y más numerosas siguiendo su ejemplo. Ha habido elogios desde Ecuador y desde figuras como Milei en Argentina. Honduras ha intentado repetidamente replicar el estado de excepción salvadoreño, sin mucho éxito. Incluso en Colombia llegó un presidente de derecha que también ha hablado positivamente del caso de El Salvador. ¿Crees que alguno de estos países podría seguir realmente ese modelo?
AP: Sí, creo que a algunos gobiernos les gustaría intentarlo. Hay bastante interés en América Latina, sobre todo en países que enfrentan un aumento de la violencia y que están mirando a El Salvador como referencia, viendo la popularidad de Bukele y pensando que quizá podrían replicar algo similar.
Ecuador es un buen ejemplo, donde han intentado adoptar un modelo de seguridad inspirado en El Salvador. Dentro de estas políticas de mano dura, los juicios masivos encajan bien como una demostración muy visible de acción del Estado contra el crimen organizado. Es un modelo muy punitivo que puede resultar atractivo para electorados preocupados por la inseguridad.
El problema es que el modelo salvadoreño depende de condiciones que no existen en otros países de la región. El sistema político de El Salvador está muy centralizado en torno a Bukele, y el poder judicial ha mostrado una alta deferencia hacia el Ejecutivo, lo que ha permitido cambios legales que probablemente no serían viables en otros contextos.
Ese es un obstáculo importante. Además, hay diferencias clave entre las pandillas salvadoreñas y otras formas de crimen organizado. La MS13 y el Barrio 18, por ejemplo, son estructuras conocidas desde hace años por las autoridades y operan sobre todo en zonas urbanas. Además, El Salvador es un país pequeño, lo que hace que su presencia esté relativamente concentrada.
Si intentas aplicar ese modelo en países como Ecuador o Colombia, donde el crimen organizado está mucho más fragmentado y los grupos están dispersos en territorios más amplios —especialmente en zonas rurales más difíciles de controlar—, la situación es completamente distinta.
Lo que probablemente veremos es que algunos gobiernos adopten elementos del modelo de Bukele, ya sea en el discurso o en ciertas prácticas, pero sin contar con las herramientas legales y políticas necesarias para aplicarlo plenamente.
DB: Sí. Es difícil imaginar lo que significaría encarcelar al 2% de la población en países grandes como Colombia o Argentina, comparado con El Salvador. Pero como dices, es algo que está sobre la mesa. Habrá que ver cómo evoluciona. Próximamente vamos a publicar un artículo sobre el auge de las megacárceles en la región, muy inspirado en este modelo. Gracias por acompañarnos, Alex.
Acabas de ver The InSight Take, un análisis semanal en video sobre las principales historias de crimen organizado en América Latina. Puedes encontrarlo en la página web, en la sección de multimedia, o en YouTube y Spotify. Y si tienes una historia o un tema que te gustaría que analicemos, puedes escribirme a Dbonello@InSightCrime.org. Nos vemos la próxima semana con otro InSight Take. Hasta luego.
