A pesar de su papel destacado como centro de lavado de dinero y como punto de tránsito y consumo de drogas, Argentina −uno de los países con menor tasa de homicidios de la región− no sufre los elevados niveles de violencia que azotan a otras naciones latinoamericanas. No obstante, la porosidad de sus fronteras ha facilitado el auge de otras economías criminales, como el contrabando, la trata de personas y el tráfico de armas. A ello se suma una corrupción profundamente arraigada en diversas ramas del Estado, que ha alimentado de forma persistente las dinámicas criminales en el segundo país más grande de Sudamérica.

Argentina no tiene grupos criminales propios con alcance internacional, pero las organizaciones criminales transnacionales han llevado a cabo durante mucho tiempo varios tipos de actividades ilícitas en el país. Además, hay indicios de que los grupos criminales locales han desarrollado lazos con actores transnacionales –aunque todavía relativamente a pequeña escala– y están creciendo en sofisticación y capacidad para ejercer la violencia. 

Geografía

Ubicado en el extremo sur de América Latina, Argentina comparte frontera con países productores de drogas ilícitas, como Bolivia y Paraguay, y con otros países importantes para el crimen organizado como Brasil. 

Sus fronteras no cuentan con buena vigilancia, por lo que se ha convertido en uno de los principales países del Cono Sur para el tráfico de bienes, personas, armas y drogas, especialmente, marihuana.

La marihuana es traficada principalmente por la frontera con Paraguay, cruzando el río Paraná, para luego seguir su camino vía terrestre hasta las principales ciudades de consumo o puertos de salida fluvial y marítima de Argentina. La cocaína es traficada desde Bolivia, por vía aérea y terrestre.

Los más de 5.100 kilómetros que incluyen el literal fluvial del Río de la Plata y la costa atlántica argentina hacia el suroeste albergan numerosos puertos importantes, como el de la capital, a través de los cuales circulan cantidades significativas de bienes ilícitos y drogas desde y hacia los mercados internacionales. Lo mismo sucede en el Complejo Portuario San Lorenzo, punto crucial de la Hidrovía Paraguay-Paraná, un corredor fluvial clave de más de 3.400 kilómetros de largo, por donde pasan el 80% de las exportaciones argentinas de granos y derivados, ubicado en el Gran Rosario, epicentro de la violencia narco en Argentina.

Historia

Durante gran parte del siglo XX, Argentina prestó poca atención al crimen organizado, ya que el país estuvo atravesado por una serie de golpes de Estado, dictaduras militares y brotes recurrentes de violencia política que fueron prioritarios para la agenda de seguridad.

El golpe de Estado de 1976 condujo al último período de la dictadura militar en Argentina, que terminó en 1983, con la redemocratización. El gobierno de la dictadura concentró los recursos de seguridad en la represión a la oposición política, lo que permitió que el crimen organizado se arraigara silenciosamente de diversas formas.

El mercado nacional de drogas de Argentina comenzó a expandirse en la década de los setenta y, a finales de los ochenta y principios de los noventa, la policía en las zonas urbanas se coludió con el crimen organizado, estableciendo “zonas liberadas” −áreas en las que los organismos de seguridad les permitían a los grupos criminales operar a cambio de recibir una parte de sus ganancias ilícitas−. Esta práctica continúa hasta el día de hoy, facilitada por el crecimiento de las redes de microtráfico.

En 1989, Argentina aprobó una ley mediante la cual penalizó el consumo y la venta de drogas, y el tema del narcotráfico cobró relevancia. En 1997, las autoridades de la Provincia de Buenos Aires incautaron 2,2 toneladas de cocaína que el Cartel de Cali (Colombia) estaba a punto de enviar a través del país al puerto de Hamburgo en Alemania. Dos años más tarde, en 1999, los argentinos fueron sorprendidos por la noticia de que la esposa del difunto Pablo Escobar y sus hijos habían residido en secreto en el país, y se sospechaba que estaban blanqueando parte de los ingresos criminales del capo de la droga. Ese mismo año, Argentina realizó su primera encuesta oficial sobre el consumo de drogas, que mostró tasas de consumo de cocaína y marihuana considerablemente elevadas.

Las preocupaciones por el comercio de las drogas continuaron creciendo durante los primeros años del nuevo siglo. La producción de cocaína en Colombia alcanzó niveles lo suficientemente altos como para satisfacer la demanda estadounidense, lo que significaba que la cocaína producida en Perú y Bolivia comenzó a ser enviada cada vez más hacia el mercado europeo. Debido a su ubicación geográfica y a los fuertes lazos comerciales con los países europeos, Argentina se convirtió en uno de los principales puntos de tránsito y partida de las drogas andinas que se traficaban por el Atlántico.

A la vez que pasaba más cocaína por territorio argentino, las autoridades empezaron también a descubrir lugares de transformación de pasta de coca. La introducción de coca parcialmente refinada a Argentina, junto con factores económicos, como la crisis de 2001, contribuyó a que durante la primera década del siglo aumentara el consumo de “paco”, un derivado de la pasta de cocaína altamente adictivo y perjudicial para la salud.

Un factor que hizo de Argentina un lugar atractivo para el procesamiento de drogas fue su industria química, que sustentaba los robustos sectores petroleros y farmacéuticos. La disponibilidad de gasolina relativamente barata, así como de sustancias químicas precursoras, permitió el surgimiento de operaciones ilícitas para la producción de drogas sintéticas. Sin embargo, la demanda de este tipo de drogas en el país aumentó por encima de la capacidad de los productores nacionales, y los surtidores europeos entraron a llenar el vacío.

A principios del Siglo XXI, las redes criminales también aprovecharon la industria química de Argentina para obtener precursores en el mercado negro, en particular la efedrina y la pseudoefedrina, utilizadas en la producción de metanfetamina en México e importadas de Asia bajo el pretexto de las necesidades de la industria farmacéutica argentina. Entre 2004 y 2008, Argentina importó unas 48 toneladas de efedrina, 41 de las cuales se estima que fueron desviadas al mercado de la producción ilegal de drogas. Aunque el tráfico de precursores en Argentina ha disminuido considerablemente desde 2008 debido a las estrictas regulaciones y a la disminución de la demanda, el país continúa siendo una de las principales fuentes de precursores del mundo. 

Argentina, además, continuó desarrollando su papel como centro de lavado de dinero. En un cable del Departamento de Estado de Estados Unidos filtrado en 2009 se describe a Argentina como un país “maduro para la explotación” por parte de intereses criminales, debido a lo que se considera “ausencia casi completa de la ley, junto con una cultura de la impunidad y la corrupción”. En 2010, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Financial Action Task Force, FATF) criticó enérgicamente la estrategia de lucha contra el lavado de dinero en Argentina e incluyó al país en la “lista gris”, como advertencia de que debía hacer mejoras en este sentido. El grupo de acción financiera, cuatro años después, sacó a Argentina de la lista gris, después de que el país mejorara su labor contra el blanqueo de capitales, aunque el tema sigue siendo una prioridad para los funcionarios actuales.

El país también se convirtió en un centro regional para la trata y el tráfico de personas. Y si bien se realizaron avances legislativos en la materia, esta dinámica criminal continúa siendo un grave problema. Las mismas características que hicieron de Argentina un centro de trata de personas también llevaron a que se convirtiera en un atractivo refugio para criminales extranjeros. Las autoridades descubrieron en la segunda década de este siglo operaciones de grupos mexicanos, colombianos y de otras nacionalidades.

Las organizaciones criminales del país también se hicieron más sofisticadas y violentas. Uno de los grupos más emblemáticos de esta nueva generación del crimen organizado argentino fueron Los Monos, una pandilla que tomó relieve cuando se dedicó al negocio de la droga en una de las principales ciudades del país, Rosario. En el año 2012 comenzó una disputa interna en el grupo, conformado en su mayor parte por miembros de una misma familia, lo que desató un baño de sangre que se extendió por varios años y convirtió a la ciudad en el símbolo del aumento de la violencia relacionada con el comercio de drogas en todo el país.

Bajo fuertes presiones públicas, las autoridades se resistieron a recurrir a políticas militarizadas prohibidas por la ley, pero enviaron mensajes contradictorios acerca de cómo planeaban hacer frente a las crecientes olas de violencia, atribuidas a los grupos locales que se enfrentaban por el control del mercado local de drogas. Las pandillas dedicadas al tráfico de drogas comenzaron a diversificar sus carteras y a incursionar en actividades como el secuestro y la extorsión. Además de todo esto, la corrupción siguió plagando muchos niveles del gobierno, el sistema judicial y los organismos de seguridad.

Debido a la recopilación irregular de datos durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), las percepciones de violencia, inseguridad y adicción a las drogas asociadas al crimen organizado no permitieron construir un panorama real de la dinámica criminal local.

La administración de Mauricio Macri (2015-2019) buscó implementar políticas más duras frente a los grupos criminales –algunas de las cuales fueron criticadas por su tinte militarizado–. Su gobierno puso más énfasis en reunir datos e inteligencia con el fin de guiar la formulación de políticas en materia de seguridad, y tomó algunos pasos iniciales para comenzar a tratar el consumo de drogas como un problema de salud pública en lugar de un tema criminal.

Sin embargo, los resultados no fueron los esperados y durante su gobierno hubo abundantes pruebas de que los grupos criminales tanto internacionales como nacionales lograron adaptarse para seguir operando diversos esquemas criminales más sofisticados y lucrativos.

Su sucesor, Alberto Fernández (2019-2023), intentó hacer cambios estructurales en el poder judicial y en las instituciones de seguridad, como la Policía Federal. Sin embargo, la arraigada corrupción continuó configurando un grave problema nacional. Los grupos criminales locales han establecido fuertes relaciones con altos funcionarios, y la ineficiencia y la corrupción en el sistema judicial han contribuido a la impunidad en muchos casos. 

El gobierno de Javier Milei, inaugurado a finales de 2023, impulsó un paquete de medidas como la Ley Antimafia que endurece el tratamiento del delito y las penas para los integrantes de grupos criminales dedicados al narcotráfico, el lavado de dinero, la trata de personas, el tráfico de órganos y la tenencia ilegal de armas y explosivos así como también amplía las facultades de las fuerzas policiales en la detención de sospechosos. También se promulgó la Ley de Reiterancia que extrema las medidas de detención y de reincidencia. 

En cuanto al lavado de dinero, si bien Argentina aprobó en 2024 el informe de evaluación de la GAFI, sigue enfrentando riesgos provenientes, fundamentalmente, de actividades como el narcotráfico, la evasión fiscal, la corrupción, el contrabando, el fraude y la trata de personas. 

Grupos criminales

Aunque anteriormente había pocas evidencias de la existencia de grupos criminales originarios de Argentina con alcance nacional o internacional, en los últimos años algunos grupos locales han evolucionado hacia estructuras más complejas y sofisticadas.

Dos de los grupos nacionales más poderosos son el Clan de Los Monos y el Clan Alvarado de la ciudad de Rosario. Con el rápido crecimiento y diversificación del mercado de drogas, que tuvo lugar a partir de 2010 en la ciudad, estos dos clanes lograron consolidarse en un contexto de creciente atomización criminal. Se produjo así un escenario marcado por dos tipos de fracturas criminal. Una macro, centrada en el contrapunto entre los dos grandes grupos criminales de la ciudad, el Clan de Los Monos y el Clan Alvarado, y una micro asentada en disputas microscópicas entre pandillas de menor relieve. 

Otro clan de Argentina que ha alcanzado cierta prominencia es el Clan Castedo, originario de la provincia de Salta, al norte del país. Su líder, Delfín Castedo, fue capturado en Bolivia y extraditado a Argentina por tráfico de cocaína. El clan gozaba del apoyo de políticos y jueces locales, como Raúl Reynoso, que le permitían transportar cocaína desde Bolivia hasta Salta y, posteriormente, hasta los puertos más importantes del país. Además, está el Clan Loza, cuyos cabecillas fueron acusados de coordinar envíos de droga hacia Europa.

Por otra parte, las barras bravas se dedican a diversas actividades delictivas, y algunos grupos también han desarrollado perfiles criminales. Grupos del crimen organizado descritos como la “mafia china” han surgido en las comunidades inmigrantes asiáticas en Argentina, y al parecer tienen lazos con estructuras más grandes en China.

Finalmente, se encuentran los grupos criminales transnacionales de otros países suramericanos que han tratado de consolidar sus operaciones en Argentina, y grupos nacionales que intentan imitar a estas estructuras. La mayor pandilla de Brasil, el Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) está buscando expandir su presencia en Argentina desde hace varios años, al igual que su gran rival, el Comando Rojo (Comando Vermelho, CV). Sin embargo, estas pandillas no han logrado asentarse en Argentina debido a que el país tiene un mayor control sobre sus prisiones y ha logrado evitar los niveles de violencia extrema utilizados por estas pandillas para consolidar su poder.

Fuerzas de seguridad

Las fuerzas policiales de Argentina tienen un papel destacado en la lucha contra el crimen. Según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), en el año 2021 había una tasa de más de 614 policías cada 100.000 habitantes, la proporción más alta entre los países de la región latinoamericana analizados.

El Ministerio de Seguridad Nacional supervisa las fuerzas federales desplegadas a nivel nacional, incluyendo la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval, la Policía Federal y la Gendarmería. En 2025, este ministerio amplió sus funciones en cuanto a la prevención y la lucha contra delitos federales como el narcotráfico, la trata de personas y otros crímenes organizados y complejos. Además, las provincias y los municipios de Argentina tienen sus propias fuerzas policiales, afectadas en gran parte por una profunda corrupción. Por ejemplo, la policía provincial de Buenos Aires, conocida como la “bonaerense”, ha sido acusada de abusos de autoridad y connivencia con elementos criminales. La policía de las regiones fronterizas también ha sido acusada en repetidas ocasiones de connivencia con traficantes y otros criminales. Y, como se esclareció en diversas investigaciones judiciales, en Rosario también se destaparon casos que evidenciaron que algunos miembros de la fuerza poseían vínculos aceitados con los grupos criminales locales.

Sistema judicial

Al igual que las fuerzas de seguridad, el sistema judicial argentino está dividido en entidades federales y provinciales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina es la más alta autoridad judicial del país. De ella dependen los tribunales de apelaciones y las cortes distritales y territoriales. Cada provincia tiene su propia Corte Suprema, así como varios tribunales menores. 

La injerencia política en los procesos judiciales es común en el país, especialmente en los casos que involucran intereses de las élites. A lo que se agrega el problema endémico de la corrupción que, según Transparency International, sitúa al país en posiciones muy bajas a nivel internacional, con 37 puntos de 100, alcanzando el puesto 99 de los 180 países analizados en 2024. Esto ha conducido a que la independencia judicial argentina haya sido clasificada durante años en niveles bajos. En 2025, incluso, sufrió un grave retroceso ante el nombramiento, por decreto presidencial, de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia, eludiendo el debido proceso y lo establecido por la misma Constitución Nacional. Esta situación encendió las alarmas internacionales al constituir un peligroso antecedente para el equilibrio de poderes y la rendición de cuentas democrática en el país.

Prisiones

En Argentina existen 338 establecimientos penitenciarios (73 correspondientes al Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, 30 al Servicio Penitenciario Federal y 235 unidades distribuidas en el resto de las provincias del país). Según el Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), a fines de 2023, había 111.967 personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios. Si a estas se le sumaran las 13.074 personas recluidas en las diferentes dependencias policiales o de fuerzas de seguridad, alcanzaría una población carcelaria de 125.041, es decir, una tasa de 268 personas detenidas cada 100.000 habitantes. De las cuales, solo el 60,2% había recibido una condena firme a fines de 2023. 

El sistema penitenciario argentino, como el de muchos países de la región latinoamericana, opera por encima de su capacidad, con una sobrepoblación carcelaria de un 20,5% en 2023. El agravamiento de esta situación llevó a declarar el estado de emergencia penitenciaria federal en 2019 que se mantiene hasta el día de hoy y, que recientemente, ha tomado mayor visibilidad pública debido al sustancial aumento de las detenciones en la Ciudad de Buenos Aires que llevó al Servicio Penitenciario Federal a determinar que no recibiría más detenidos de la capital del país por razones sanitarias. Esta situación generó un sustancial aumento de los detenidos  en condiciones inhumanas en las comisarías de la capital −en abril de 2020 se contabilizaban 139 personas y, en diciembre de 2024, ya alcanzaban las 2.100 personas−, el aumento de fugas y la formación de mercados ilegales.