Sobre el episodio

La vida de Héctor Flores cambió para siempre cuando su hijo Dani desapareció.

El caso de Dani es uno de los 8.000 desaparecidos en Guadalajara, su ciudad natal, y uno de los 130.000 en todo México, donde la palabra “desaparecido” se ha vuelto parte de la vida cotidiana.

En Guadalajara, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha instrumentalizado las desapariciones para ejercer control social, intimidar a la población, castigar e incluso reclutar nuevos miembros.

Pero para Héctor, esa explicación no cerraba con la historia de su hijo. A medida que empezó a recoger pistas por su cuenta, comenzó a sospechar que la realidad podría ser más compleja y preocupante: que las mismas autoridades que debían proteger y buscar a su hijo podrían estar detrás de su desaparición.

Visitamos a Héctor en su casa, que hoy funciona como una especie de búnker, protegida con cámaras, cerrojos y muros reforzados, después de años de hostigamiento intenso relacionado con la búsqueda de su hijo. Desde ahí, reconstruimos su historia y exploramos algunas preguntas incómodas: ¿qué ocurre cuando las familias desconfían de las mismas instituciones encargadas de buscar a sus seres queridos? ¿Es posible que el Estado facilite las desapariciones?

Desapariciones forzadas en México

En los últimos diez años, la violencia criminal en México se ha reconfigurado. En varios territorios, los homicidios se han mantenido estables o incluso han disminuido, pero las desapariciones han ido en aumento.

Las desapariciones se han convertido en una constante en las zonas controladas por el crimen organizado. En muchos casos, las víctimas nunca son encontradas o solo se recuperan sus restos. La ausencia de un cuerpo complica aún más las investigaciones en un sistema ya saturado y marcado por altos niveles de impunidad y corrupción. En este contexto, con frecuencia son las propias familias quienes terminan asumiendo la búsqueda de sus seres queridos.

Desde la lógica del crimen organizado, las desapariciones funcionan como una herramienta de control y castigo, al mismo tiempo que reducen la visibilidad de la violencia.

Algunas facciones del Cartel de Sinaloa las han utilizado como armas de guerra para castigar a personas consideradas vinculadas a grupos rivales o acusadas de violar ciertas reglas impuestas por la organización.

Grupos como el CJNG también han recurrido a las desapariciones para ejercer control social mediante el miedo y, en algunos casos, nutrir esquemas de reclutamiento forzado. Sin embargo, muchas familias nunca llegan a saber con claridad por qué desaparecieron a sus familiares.

Como ilustra el caso de Héctor y Dani, estas dinámicas frecuentemente ocurren con la complicidad de autoridades, borrando cada vez más la frontera entre el crimen organizado y el Estado.