Aumento del presupuesto de Arévalo: ¿Está alimentando la corrupción local la búsqueda de apoyo del gobierno guatemalteco en el Congreso?

A principios de mayo de 2024, el ministro de Finanzas guatemalteco, Jonathan Menkos, presentó al Congreso una propuesta para aumentar el presupuesto nacional en 14.500 millones de quetzales (US$1.800 millones). El anuncio era esperado, pues hasta entonces el gobierno del presidente Bernardo Arévalo —ansioso por lanzar una agenda política centrada en acabar con la corrupción— había estado trabajando con el presupuesto de la administración anterior desde que asumió el poder meses antes. Sin embargo, el contenido de la propuesta de Menkos tomó a muchos por sorpresa: en particular, sus planes de otorgar una asignación única de cerca de 1.700 millones de quetzales (US$219 millones) a un grupo de juntas políticas regionales tristemente célebres por su corrupción.    

Las juntas, conocidas como Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Codede), representan el principal canal del gobierno para invertir en salud, saneamiento, educación e infraestructuras en cada uno de los 22 departamentos de Guatemala. Pero los amplios presupuestos de los consejos han servido durante mucho tiempo como vehículo para que destacados políticos regionales —especialmente gobernadores, diputados y alcaldes— abusen del sistema malversando fondos o desviando proyectos hacia aliados políticos. Los congresistas suelen intercambiar sus votos por acceder a estos recursos, ya que su supervivencia política depende de su capacidad de conseguir proyectos de obras públicas para sus respectivos distritos.

La administración Arévalo parece estar aprovechando este apetito por los fondos del gobierno con la esperanza de mantener el apoyo en el Congreso, donde el partido del presidente —Movimiento Semilla— solo tiene 23 de los 160 escaños. El partido también ha sido suspendido —y pronto podría ser cancelado— por supuestas anomalías en su inscripción, lo que les impide a sus miembros formar parte de la Junta Directiva, así como de las comisiones del Congreso que dirigen la agenda legislativa. 

Múltiples fuentes consultadas por InSight Crime —entre ellas el ministro de Finanzas Menkos y funcionarios del Congreso que están al tanto de las conversaciones sobre el presupuesto— dijeron que la distribución propuesta de los fondos de los Codede respondía a negociaciones políticas con diversos bloques del Congreso, más que a las necesidades infraestructurales y socioeconómicas específicas de un distrito determinado.

“Esa es una negociación política”, dijo Menkos a InSight Crime. “Para que los congresistas vieran representados sus intereses territoriales, hablamos sobre la posibilidad de que ellos nos dijeran dónde comenzamos a trabajar estos proyectos a través de consejos de desarrollo”. 

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Este tipo de trueque es un juego arriesgado, pues exige que el gobierno inyecte fondos públicos adicionales en mecanismos de financiación que ya son difíciles de fiscalizar. Los Codede gozan de un alto grado de autonomía y, para complicar aún más las cosas, los limitados medios del ejecutivo para supervisar la ejecución de los proyectos se ven a menudo comprometidos.

Esto incluye a los gobernadores departamentales, nombrados por el presidente, quienes dirigen los consejos de desarrollo y pueden negarse a liberar fondos para proyectos sospechosos. En la práctica, sin embargo, varias generaciones de gobernadores han abusado de este poder para asegurarse comisiones ilegales a cambio de desbloquear fondos de los Codede.

“Si uno no les da dinero bajo la mesa, no te trasladan los fondos”, afirma Sebastián Siero, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) de Guatemala. Arévalo ha intentado desbaratar esta práctica nombrando una nueva camada de gobernadores sin aparentes vínculos estrechos con funcionarios del Congreso. Pero aún no está claro si la reestructuración logrará erradicar los arraigados patrones de clientelismo político. 

El ejecutivo también confía en su autoridad central de planificación —la Secretaría General de Planificación y Programación (Segeplan)— para supervisar los proyectos financiados a través de los Codede. Pero la Segeplan carece de la capacidad necesaria para supervisar la ejecución de los proyectos de los Codede con fondos del actual presupuesto nacional, según una fuente gubernamental. De acuerdo con esta fuente, se vería desbordada por la tarea de hacer frente a US$219 millones adicionales de financiación para nuevos proyectos.

“Perdemos el control”, dijo la fuente. “Todavía le das [a los funcionarios corruptos] más oportunidad para robar”.

La corrupción dentro del poder ejecutivo también plantea problemas. En algunos casos, las empresas constructoras deben pagar una serie de comisiones a actores del ejecutivo —incluidos delegados de Segeplan y de los ministerios de Ambiente, Salud y Educación—para asegurarse los pagos de proyectos de obras públicas financiados por el Estado, según dijo la misma fuente gubernamental a InSight Crime. En algunos casos, estos delegados son propietarios de las empresas que reciben contratos estatales.

Lo difícil que resulta supervisar la implementación de los fondos de los Codede hace que la propuesta presupuestaria del Gobierno le “eche gasolina a un sistema que ya es corrupto”, de acuerdo con la misma fuente.

Los esfuerzos de Menkos por negociar con legisladores de todas las bancadas —según él mismo dijo a InSight Crime, unos 120 congresistas estaban abiertos a las conversaciones— también corren el riesgo de canalizar fondos para el desarrollo local hacia partidos del establecimiento con escaso interés en la agenda política de Semilla.

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Seis de los diez municipios a los que se concedió la mayor asignación de fondos, por ejemplo, están gobernados por alcaldes de los partidos Vamos y Valor. Facciones de estos partidos apoyaron los intentos de anular los resultados de las elecciones de 2023 y, a menudo, se han opuesto a Semilla en el Congreso. Los departamentos que eligieron el mayor número de diputados de Vamos también recibieron una cantidad desproporcionadamente alta de fondos del Codede, según una investigación de La Hora. 

Además, municipios con antiguos vínculos con el narcotráfico —como Morales, en el departamento de Izabal, e Ipala, en Chiquimula— recibieron una asignación mayor que algunos departamentos enteros. Morales fue durante mucho tiempo el hogar de uno de los clanes de narcotraficantes más conocidos de Guatemala, mientras que Ipala está controlado por familiares de un alcalde que se convirtió en diputado y fue investigado por vínculos con el narcotráfico.

A pesar del aumento significativo en los fondos propuestos para los Codede, el gobierno tuvo inicialmente dificultades para conseguir apoyos a sus planes. Las negociaciones parecían estancadas hasta que una facción considerable de legisladores de 14 partidos ayudó a Semilla a alcanzar la mayoría de dos tercios que necesitaba para aprobar el aumento presupuestario en una votación celebrada el 13 de agosto. (Días después, los legisladores volvieron a respaldar la propuesta luego de que la Corte de Constitucionalidad anulara la votación inicial). 

La victoria en el Congreso marcó un giro significativo en la suerte del gobierno de Arévalo tras una serie de humillantes derrotas, y parece haber sentado las bases para un periodo de apoyo más constante a las ambiciones de Semilla. Sin embargo, también sirvió como recordatorio de que Semilla tiene poco que ofrecer a sus aliados potenciales aparte de los recursos estatales, lo que sugiere que el partido puede ser incapaz de mantener el apoyo en el Congreso sin alimentar un sistema bien establecido de compensaciones que en el pasado ha favorecido la corrupción a nivel local.

* El aumento final de la asignación presupuestaria a los Codedes aprobado por el Congreso ascendió a 1.880 millones de euros (US$242 millones).