El camino hacia el régimen de excepción en El Salvador ha sido largo y sangriento.
La pequeña nación centroamericana pasó décadas atrapada en algunos de los brotes de violencia más intensos del hemisferio occidental, mientras las tres principales pandillas del país —la Mara Salvatrucha (MS13) y las dos facciones del Barrio 18— libraban encarnizadas guerras entre sí y con las fuerzas de seguridad. En respuesta, numerosos gobiernos habían empleado medidas de mano dura que incluían detenciones generalizadas y leyes cada vez más severas.
*Este artículo forma parte de una investigación de seis partes, “El (perpetuo) estado de excepción de El Salvador: Cómo el gobierno de Bukele dominó a las pandillas”. InSight Crime pasó nueve meses analizando cómo la implacable represión estatal ha debilitado a las conocidas pandillas del país, la MS13 y dos facciones del Barrio 18. Descargue el informe completo o lea los otros capítulos de la investigación aquí.
Las pandillas también eran invasivas y depredadoras, ocupaban comunidades enteras por todo el país y sometían a los habitantes de las ciudades a extorsiones, asesinatos, palizas y violencia sexual. En pocas palabras, el problema de las pandillas presentaba un dilema aparentemente imposible de resolver para los políticos, cuyos esfuerzos por interrumpir la actividad de las pandillas por la fuerza o por enfriar la violencia mediante negociaciones encubiertas no dieron resultados a largo plazo.
El más reciente intento de hacer frente a las pandillas —denominado “guerra contra las pandillas” por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele— se ha materializado en otra feroz ofensiva de seguridad. Tras una atroz masacre perpetrada por las bandas en marzo de 2022, su gobierno decretó el régimen de excepción, lo que dio a las fuerzas de seguridad carta blanca para atacar a las pandillas con toda su fuerza.
Aunque parte de sus estrategias reflejan las campañas de mano dura de sus predecesores, los resultados son diferentes: las pandillas prácticamente han desaparecido de las calles de El Salvador. De hecho, la represión parece haber roto un ciclo de muerte y violencia que comenzó como un problema migratorio estadounidense.
Las pandillas echaron raíces en California durante la década de 1980, formadas por inmigrantes centroamericanos, muchos de los cuales huían de la violencia y la guerra civil en El Salvador. En la década de 1990, cuando el país salía de una brutal guerra civil, el gobierno estadounidense cambió sus políticas para deportar a miles de ex convictos, muchos de los cuales estaban afiliados a la MS13 y el Barrio 18. A su regreso a El Salvador, los deportados empezaron a establecer nuevas células delictivas que reflejaban la cultura de las pandillas que habían aprendido en Estados Unidos.
Durante los años siguientes, las pandillas se extendieron rápidamente, formando redes de células que operaban bajo las banderas de la MS13 y el Barrio 18. El control de ciertos territorios abrió la puerta a lucrativas economías criminales, como la extorsión y el tráfico de drogas. También dio lugar a sangrientas guerras territoriales entre pandillas rivales, que atacaban cada vez más a civiles y se enfrentaban a las fuerzas de seguridad y a otras organizaciones delictivas.
Para combatir a las pandillas, los gobiernos de la década de los 2000 diseñaron programas con estrictas medidas de seguridad. Denominadas “mano dura” por la administración del expresidente Francisco Flores Pérez (1999-2004) y, posteriormente, “super mano dura” por su sucesor, Antonio Saca (2004-2009), estas medidas se basaron en gran medida en reforzar la presencia policial y encarcelar en masa a los miembros de las pandillas.
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A pesar de algunas reducciones de la violencia a corto plazo, las campañas no consiguieron impedir la expansión de las pandillas ni desarticular sus principales actividades delictivas. Es más, las hordas de pandilleros capturados comenzaron a aprovechar la débil seguridad y el hacinamiento en las cárceles para fortalecer sus filas, crear estructuras más jerárquicas y disciplinadas, y desarrollar actividades delictivas más organizadas desde las prisiones.
Las pandillas siguieron causando estragos en la década de 2010, lo que llevó al gobierno de El Salvador a trazar un rumbo diferente. A principios de 2012, la administración del entonces presidente Mauricio Funes (2009-2014) negoció un cese al fuego con la MS13 y las dos facciones de Barrio 18, conocidas como los Revolucionarios (18R) y los Sureños (18S). El gobierno prometió trasladar a los líderes de las pandillas fuera de las prisiones de máxima seguridad a cambio de la reducción de la violencia.
La llamada tregua redujo rápidamente los asesinatos a la mitad, pero los logros no duraron. Al contrario, el cese al fuego se deshizo de forma estrepitosa, desencadenando brutales enfrentamientos entre pandillas rivales y con las fuerzas de seguridad.
La violencia alcanzó su punto álgido en 2015, cuando la tasa anual de homicidios de El Salvador, de 103 por cada 100.000 habitantes, lo convirtió en el país más violento del hemisferio occidental.
Desde que alcanzó su punto máximo en 2015, la tasa de homicidios del país ha ido disminuyendo. Esto comenzó durante la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), cuyo gobierno lanzó una nueva ofensiva contra las pandillas y promulgó medidas estrictas para desarticular las economías criminales coordinadas desde las prisiones.
La disminución de los homicidios fue sustancial, con una caída del 50% entre 2015 y 2018, aunque la tasa se mantuvo muy por encima de los promedios regionales. El aumento de la presión de las autoridades tampoco logró desbaratar el amplio control territorial de las pandillas y sus operaciones de extorsión.
El presidente Bukele asumió el cargo en junio de 2019 tras una victoria aplastante a principios de ese año. Al inicio de su mandato se produjo un descenso radical de los asesinatos, acelerando la tendencia iniciada durante la administración de Sánchez Céren.
El gobierno de Bukele atribuyó la rápida disminución de los homicidios al plan de seguridad insignia del presidente. Bautizado como Plan de Control Territorial, la estrategia estaba mal definida y en su mayor parte oculta a la opinión pública. Los críticos se apresuraron a señalar que los elementos clave del plan, entre ellos el aumento de las patrullas policiales y una mayor presencia de las fuerzas de seguridad en las calles, reflejaban los de anteriores campañas de mano dura.
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Es más, poco más de un año después del inicio del mandato de Bukele, se descubrió que algunos de los principales funcionarios de su administración habían intentado negociar con los líderes encarcelados de las tres principales facciones de las pandillas, ofreciéndoles beneficios penitenciarios a cambio de su ayuda para reducir la tasa de homicidios.
El gobierno de Bukele negó repetidamente estas acusaciones, y a su vez aprovechó el descenso de los homicidios para fomentar la popularidad del presidente, ayudar a su partido a conseguir una supermayoría en la Asamblea Legislativa y ayudarle a reformar el sistema judicial a su favor. Sin embargo, las sanciones impuestas posteriormente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a dos interlocutores de Bukele que estaban al tanto de las negociaciones parecen confirmar los acuerdos a puerta cerrada.
Aunque para 2020 los homicidios se habían reducido considerablemente, las pandillas seguían controlando territorios y diversas economías criminales. Además, seguían siendo capaces de poner en aprietos a Bukele, utilizando estallidos esporádicos de violencia para mostrar su descontento con las negociaciones o presionar al gobierno para que hiciera más concesiones.
Uno de esos estallidos se produjo el último fin de semana de marzo de 2022, cuando las pandillas presuntamente asesinaron a 87 personas en todo el país en tan solo 72 horas. El sangriento fin de semana provocó horror en todo el país y marcó un punto de inflexión.
El 27 de marzo, la Asamblea Legislativa del país, siguiendo instrucciones de Bukele, declaró el régimen de excepción durante un mes, suspendiendo los derechos constitucionales y flexibilizando las normas sobre detenciones en un intento de tomar represalias contra las pandillas.
Las medidas de mano dura guardaban algunas similitudes con anteriores iniciativas del gobierno, aunque con una excepción crucial: el uso de medidas legales de emergencia, combinado con la influencia de Bukele sobre los tres principales poderes del Estado, eliminó varios contrapesos y salvaguardas que habían impedido a las autoridades estatales llevar las medidas de mano dura hasta el extremo en intervenciones anteriores.
Denominado régimen de excepción, para noviembre de 2023 las medidas se han prolongado durante 20 meses consecutivos. En ese tiempo, las autoridades salvadoreñas han lanzado una implacable campaña de allanamientos en zonas con presencia de pandillas, deteniendo entre 72.000 y 77.000 personas, más del 1% de los 6,3 millones de habitantes del país.
El gobierno afirma que la mayoría de los detenidos pertenecen a las pandillas, pero grupos de la sociedad civil, organizaciones religiosas y académicos han denunciado detenciones arbitrarias generalizadas en el marco de más de 5.800 presuntas violaciones de los derechos humanos durante el primer año de represión.
El carácter indiscriminado de las detenciones hace difícil calcular con exactitud cuántos pandilleros han sido detenidos. Sin embargo, la información de los informes de inteligencia de la policía de El Salvador obtenidos por InSight Crime sugiere que la mayoría de las personas detenidas durante el régimen de excepción no son miembros de pandillas propiamente dichos. La mayoría son aspirantes a miembros y “colaboradores”. Además, según estimaciones del propio gobierno, a finales de septiembre de 2023 había más de 21.000 pandilleros en libertad, de acuerdo a informes de inteligencia confidenciales obtenidos por InSight Crime.
En cualquier caso, la controvertida ofensiva parece haber paralizado a las pandillas, al menos temporalmente, reduciendo la violencia a mínimos históricos y llevando a Bukele a declarar la victoria.
La represión ha hecho que Bukele gane más puntos políticos en su país, y los líderes políticos de toda la región parecen cada vez más dispuestos a adoptar sus estrategias para hacer frente a sus problemas con las pandillas.
No obstante, persisten las dudas sobre la posibilidad de mantener la ofensiva a largo plazo y sobre si el hecho de no abordar las condiciones socioeconómicas que facilitaron el ascenso de las pandillas podría crear un espacio para que estas estructuras se reagrupen o muten. Los críticos, e incluso algunos partidarios del régimen de excepción, también señalan los abusos masivos de los derechos humanos y las detenciones arbitrarias, además de las deplorables condiciones de las hacinadas cárceles del país, como posibles detonantes de una futura criminalidad.
Las pandillas, aunque golpeadas y lastimadas, no han sido derrotadas del todo. Además, ante intentos de represión anteriores, han demostrado ser muy hábiles a la hora de adaptarse a las nuevas realidades dentro y fuera del país.
*Con contribuciones de Steven Dudley, Carlos García, César Fagoaga, Bryan Avelar, Roberto Valencia y Juan José Martínez d’Aubuisson.