Mientras el país debatía la validez de poner tras las rejas a centenares de jóvenes vinculados a las maras, en la década pasada, en la porosa frontera terrestre con Honduras y en las costas aledañas al golfo de Fonseca, el poderoso consorcio de contrabandistas de lácteos e indocumentados, conocido como Los Perrones -encabezado por José Natividad Luna Pereira, alias “Chepe Luna”, y Reynerio Flores Lazo, y respaldado en añejas conexiones con policías y jueces locales- se disponía a utilizar sus viejas rutas de trasiego para mover un producto mucho más rentable: cocaína.
Para Raúl, una fuente que pidió no ser identificada, y testigo de aquella transformación en su calidad de contrabandista, el salto respondía al sentido común: “Si alguien sabe el oficio de contrabando, cualquier cosa puede pasar”.
Estados Unidos, que a través de sus agregados policiales, antinarcóticos y judiciales conocía bien las rutas del contrabando, y sobre todo de la trata de personas -muchas veces solían coincidir- recibió en 2004 al nuevo Gobierno, presidido por Elías Antonio Saca, con una propuesta: golpear a Chepe Luna.
Luna era un exitoso empresario ganadero que se convirtió en contrabandista, traficante de personas y de drogas, según lo describen los perfiles elaborados en despachos policiales durante las administraciones de los presidentes Francisco Guillermo Flores Pérez (1999-2004) y Elías Antonio Saca (2004-2009). Obtuvo su documento único de identidad (DUI) en Santa Rosa de Lima, La Unión, al oriente de El Salvador, el 16 de agosto de 2003; registró sus datos a las 9:59 de la mañana, y 13 minutos después tenía su identificación, la número 2936356. José Natividad Luna Pereira, nacido el 25 de febrero de 1970 en el municipio de Pasaquina (La Unión), de 1.65 metros de altura y compañero de vida de Sonia Marlenis Cabrera.
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Aquel no fue un trámite normal. Para recibir su DUI, Luna presentó una partida de nacimiento que había obtenido cuatro meses antes, el 6 de mayo, en la Alcaldía de Pasaquina. Los empleados municipales extendieron la partida aunque él ya tenía identidad hondureña y los datos de otros documentos registrados a su nombre en esa alcaldía no coincidían con los que ahora presentaba. El obstáculo no fue difícil de superar: seis días antes de aquella visita de Chepe Luna al recinto municipal, había asumido como alcalde Héctor Odir Ramírez -por el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena)- un viejo vecino del cantón Santa Clarita, el pequeño pueblo en que ambos consumieron parte de sus infancias[1].
Cuando Chepe Luna sacó aquellos documentos, pesaban sobre él varias acusaciones, arrestos y procesos judiciales. Para entonces, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) lo habían identificado como uno de los traficantes de personas más importantes de Centroamérica, y una corte de Nueva York incluso había girado una orden de captura en su contra por sospechas de tráfico de drogas y lavado de dinero.
De queso a cocaína
Registros de la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC) certifican que el 21 de marzo de 2002 Luna participó en una golpiza a dos agentes que perseguían un vehículo cargado con queso de contrabando. Fue arrestado por lesiones. Durante el proceso judicial, cinco días después, la Fiscalía le agregó cargos de amenazas luego de que gritara y agrediera a sus acusadores. Tres años antes, había sido arrestado por contrabando. En ambas ocasiones los procesos se cayeron por falta de pruebas y recobró la libertad sin mayores problemas.
En poco tiempo, se consolidó como el contrabandista más poderoso de Oriente gracias al control territorial que ejercía sobre los humedales aledaños al golfo de Fonseca, a su acceso a mercancía en Nicaragua y Honduras y, lo más importante, a una extensa red de colaboradores que afianzó poco a poco dentro del Estado, sobre todo en la PNC, pero también en la Fiscalía y en el sistema judicial. Un informe que el Ministerio de Hacienda elaboró en 2004 lo explicaba así:
El contrabando de todo tipo de mercaderías se acrecentó, pues los jefes policiales manifestaban que recibían dádivas de las estructuras grandes (…) a finales de 2003 y los primeros nueve meses de 2004 los policías favorecían a los contrabandistas de tal forma que (a) los dueños de mercadería que pagaban dádivas no los tocaban.
La estrategia de Chepe Luna era, entonces, la misma que la de otros contrabandistas del continente que, a la postre, terminaron convertidos en narcotraficantes: control territorial, acceso y administración de una red logística de transporte capaz de mover mercadería en forma segura y rápida, y dinero suficiente para comprar a las autoridades e, incluso, hacerlas partícipes del negocio.
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Una nota de prensa publicada el 20 de septiembre de 2004 da cuenta de su modus operandi[2]: agentes de la División de Finanzas despejaban la ruta a contrabandistas de queso en el paso ciego El Cusuco. Otros agentes conversaban con los contrabandistas y un capitán del Ejército supervisaba a unos soldados que ayudaban a descargar marquetas de queso. Todo ocurría a pocos metros de una casa de Chepe Luna, en Barrancones, en el golfo de Fonseca, la entrada de mar compartida por El Salvador, Honduras y Nicaragua, por la que durante las guerras centroamericanas de los ochenta pasó todo tipo de armas de contrabando.
Otro informe policial, elaborado en 2004 por una mesa interinstitucional liderada por el Ministerio de Hacienda para combatir el contrabando, recoge el reporte de un grupo de inteligencia policial que habla sobre la base social que el contrabandista ya había construido: “Luna coordina lanchas rápidas y tiene desembarcaderos en el golfo. Hay uno en Isla Perico, a la entrada del canal de Barrancones, en el río Goascorán. Ahí, en un pequeño islote hay una hacienda que es de Chepe Luna, en la que trabajan 25 familias a las que él mantiene”. Ese reporte dice que Chepe Luna manejaba comunidades similares en la isla Muruhaca, El Cedro, San Juan y en los esteros La Manzanilla y El Robalón.
El reporte periodístico también cita a una fuente no identificada de la PNC que agrega el ingrediente del tráfico aéreo: “También hay una pista de aterrizaje de la Fuerza Aérea, cerca de la playa El Tamarindo, en la que pobladores han visto vuelos rasos en la noche”. Cerca de esa pista, decían los investigadores, Chepe Luna también tenía gente.
A mediados de 2004, según el informe del Ministerio de Hacienda, su influencia iba mucho más allá de los afianzados con sobornos a agentes y jefes en el departamento de La Unión:
Óscar Aguilar, alias “Cachorro”, permitió el crecimiento del contrabando de esos contrabandistas de Oriente que luego se conocieron como Los Perrones. Él tenía trato directo con las estructuras grandes, y los de abajo, agentes y jefes locales, iban tras los pequeños y luego de un pago inmediato los detenían, los dejaban libres rápido y les retenían la mercadería, que ahí ya era donde se beneficiaban en el sistema judicial. Cachorro era el jefe de la División de Finanzas.
En 2010, la Inspectoría General abrió a Cachorro un expediente por favorecer a Chepe Luna. En 2012 fue nombrado jefe del Centro de Inteligencia Policial, la unidad de la PNC que, se supone, deber recoger y analizar toda la información relacionada al crimen organizado.
El arte del escape
A finales de 2004, bajo los auspicios de la DEA, la administración del presidente Saca había formado una mesa de trabajo para perfilar a Chepe Luna y preparar operativos de captura. Participaban, además de una delegación estadounidense, la PNC, la Fiscalía y representantes del Ministerio de Seguridad Pública y de la unidad especial de investigaciones de la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda.
“La idea que los norteamericanos nos vendían era que debíamos, como nuevo Gobierno, dar muestras de compromiso de lucha contra el crimen organizado, que era algo que en aquellos primeros días parecía viable. Y nos recomendaron hacerlo a través de operaciones complicadas de seguimiento a delitos de evasión, contrabando, es decir, que la investigación fuera más por la parte financiera”, explicaba en 2009 uno de los ministros que participó en aquella mesa.
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La mesa decidió emprender la búsqueda sin cuartel de Chepe Luna. Capturarlo implicaba demostrar que la PNC no estaba infiltrada, que la Secretaría Técnica de la Presidencia apostaba por el control real del contrabando como política fiscal, y que El Salvador se tomaba en serio el combate al narcotráfico. Pero todo falló porque la primera premisa era falsa: la PNC llevaba años infiltrada por los contrabandistas de Oriente.
Los investigadores empezaron por recabar informes de inteligencia y expedientes judiciales, incluido el que Chepe Luna tenía abierto en Nueva York, y pidieron al Registro Nacional de Personas Naturales y al Ministerio de Hacienda que elaboraran un perfil de identidad completo. En la Semana Santa de 2005, en un operativo internacional que incluyó la colaboración de la Policía de Nicaragua, se desarrolló uno de los intentos de captura.
Uno de los ministros que sabía del operativo se había ido a su rancho de playa el Miércoles Santo. En San Salvador, en la zona oriental, y en el noroeste nicaragüense, quedaban a punto los equipos desplegados para ejecutar el plan que él, la PNC, otros altos funcionarios y agentes estadounidenses habían dibujado una y otra vez en el papel durante larguísimas reuniones en la salita de conferencias del ministerio, en oficinas de la Embajada o incluso en Casa Presidencial. Si todo salía bien, al regreso de la vacación el ministro podría decir al presidente Saca que se había anotado un tanto excepcional: capturar al narcotraficante más buscado por la DEA en El Salvador. Así, alerta, el ministro llegó a su rancho, dispuesto a descansar un par de días. El celular permanecía encendido.
Desde las primeras horas de ese Miércoles Santo, mucho antes de que el ministro emprendiera ruta a la playa, un par de agentes y sus colegas nicaragüenses terminaban de afinar en Nicaragua la vigilancia del operativo que, según el plan, daría inicio a la cacería. La idea era hacerle caer en una trampa. Agentes encubiertos habían pactado con él la entrega de un cargamento de reses y cocaína para que lo transportara desde las costas de Chinandega, al Occidente de Nicaragua, hasta la carretera Panamericana, en el lado salvadoreño. La inteligencia analizada en San Salvador, recogida por agentes antinarcóticos con la ayuda de la DEA, había dado una idea bastante clara de las rutas utilizadas por Chepe Luna: Chinandega, golfo de Fonseca, Barrancones o Las Tunas, Pasaquina y Santa Rosa de Lima, ya sobre la Panamericana. El operativo incluía puntos de vigilancia en varios de esos lugares, incluso en San Miguel, el último punto de salida hacia la capital y Guatemala.
En San Miguel, Rosario y Marcial[3], dos agentes ejecutores del operativo de captura, a quienes no se identificó por sus nombres reales, también esperaban señal cerca del centro comercial Metrocentro. En un Nissan blanco fingían ser una pareja de enamorados que aprovechaba el primer día de vacación para intercambiar besos en el estacionamiento medio vacío.
Entrada la noche, el celular del ministro aún esperaba noticias en la playa.
Un niño, según el relato posterior del ministro, dejó su bicicleta en el pavimento, cerca de la puerta del conductor del Nissan blanco; dio algunos golpes a la ventanilla. El agente Marcial bajó el vidrio. “Si quieren, pueden irse. El señor que están esperando no va a venir”, dijo el chiquillo.
Y en efecto: el señor al que los policías salvadoreños, estadounidenses y nicaragüenses esperaban no llegaría. Chepe Luna se había escapado.
La última vez que el celular del ministro sonó en el rancho de playa fue solo para anunciarle que todo el plan se había venido abajo. La única posibilidad, pensó el ministro, es que el oportuno soplo para el narco se había escapado de la mesa. Desde el primer momento, el ministro sospechó de los policías que habían participado. No era esa la primera vez que la complicidad de los más altos jefes destruía investigaciones como esa. No sería la última.
En 2006, un año después del fracaso de aquella operación, el Gobierno emprendió una especie de depuración silenciosa que incluyó el traslado del director general a la Embajada de El Salvador en Washington, como enlace policial, en un puesto creado ad hoc por Casa Presidencial para el comisionado Ricardo Menesses.
Tres años después, la inspectora Zaira Navas lo investigaría y también a otros cuatro altos jefes policiales de aquel entonces por supuestos vínculos con Chepe Luna; entre ellos, Cachorro, a quien en 2008 el entonces director general de la PNC, Francisco Rovira[4], había rescatado del ostracismo para nombrarlo jefe del Centro de Inteligencia Policial (CIP), a pesar de los informes internos que lo vinculaban con Los Perrones.
A la postre, las investigaciones de la inspectora Zaira Navas quedaron en el olvido por la falta de apoyo político del presidente Mauricio Funes Cartagena, ante los ataques que venían desde la PNC y algunos partidos de derecha.
Después del fracaso de la operación contra Chepe Luna en 2004, uno de los tantos que la complicidad entre el capo y los policías ocasionó, el ministro decidió restringir el acceso a la mesa a finales de 2005. “Informé de todo a Casa Presidencial. Lo que acababa de pasar era muy grave. De todo supo Casa Presidencial. Le dijimos también de nuestras sospechas sobre la PNC”, relató el ministro en 2009. ¿Qué hizo el presidente Saca? Nada o muy poco, según el exfuncionario.
*Este es un resumen que InSight Crime ha hecho sobre la investigación realizada por el periodista salvadoreño Héctor Silva Ávalos, cuyo resultado final se encuentra en su libro “Infiltrados: Crónica de la corrupción en la PNC de El Salvador”, que pronto se publicará. Vea toda la serie aquí.
Silva Ávalos es un periodista de carrera que trabajó durante 15 años en La Prensa Gráfica de El Salvador. Desde mediados de 2012 es investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University, donde se ha consolidado como autoridad en estos temas.
Notas al pie
[1] Entrevista con Odir Ramírez, alcalde de Pasaquina, La Unión, La Prensa Gráfica.
[2] Un equipo de periodistas de El Diario de Hoy atestiguó el contrabando de lácteos en un paso ciego en La Unión.
[3] Se utilizan seudónimos para nombrar a dos agentes de los que habló el exministro de Saca como ejecutores del operativo de captura y a quienes no identificó por sus nombres reales.
[4] Francisco Rovira fue nombrado el 5 de febrero de 2008 para sustituir al director Rodrigo Ávila, y renunció el 23 de agosto de ese mismo año en medio de acusaciones de corrupción contra él y sus asesores.