Colombia y Venezuela han compartido la dinámica criminal durante décadas. Colombia ha traficado cocaína por Venezuela, en su trayecto hacia los mercados de Estados Unidos y Europa; por su parte, la gasolina de contrabando de Venezuela ha fluido en la dirección contraria. Pero actualmente los vínculos criminales de ambos países son mucho más complejos y reflejan una simbiosis cada vez mayor.

Durante décadas, el conflicto civil colombiano se reflejó en Venezuela, en tanto los ciudadanos huían desesperados de la violencia y los actores del conflicto buscaban un refugio. Actualmente la ola humana fluye en la otra dirección, principalmente por venezolanos desplazados por la situación económica, así como por la escasez de alimentos y medicinas, en busca de una vida mejor y dispuestos a trabajar por un plato de comida.

El conflicto civil colombiano está amainando, y solo queda una facción beligerante activa, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Venezuela ofrece el último refugio para el ELN y es la principal base desde la cual este ejército guerrillero planea su expansión. El refugio que Venezuela significa para el ELN explica en gran parte la poca voluntad del ELN para comprometerse en la mesa de negociaciones.

La frontera colombo-venezolana es actualmente una de las regiones con mayor criminalidad en Latinoamérica. Desde allí se generan cientos de millones de dólares, producidos por múltiples economías criminales, y allí prosperan varios grupos delictivos.

*Este artículo es parte de una investigación sobre crimen organizado en Venezuela. Vea otras partes de la investigación aquí y el informe completo aquí.

Las economías criminales en la frontera

La región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander en el lado colombiano de la frontera, es el lugar más barato del mundo para producir cocaína. Y actualmente es una de las áreas de Colombia más prolíficas en el cultivo y la producción de drogas. Las montañas de los Andes en esta región tienen unas de las tasas de producción de cocaína más altas por hectárea —más de siete kilos al año—, según fuentes de la policía antinarcóticos de Colombia.

El principal precursor químico en el procesamiento de la cocaína es la gasolina, y gracias a los subsidios a los combustibles de Venezuela, esta es baratísima. Los otros dos factores definitivos para el comercio de cocaína son la proximidad a un punto de partida, en este caso Venezuela, y un flujo de mano de obra barata para cosechar, procesar y transportar los cargamentos de cocaína. Los venezolanos ofrecen cada vez más esa fuerza laboral y están dispuestos a asumir cada vez mayores riesgos, y por mucho menos dinero, que los colombianos. En la región existe actualmente una gran oferta de trabajadores criminales, compuesta por venezolanos desesperados en toda la frontera.

La cocaína colombiana está cruzando la frontera con Venezuela a través de tres ejes principales: directamente desde el centro de producción en el Catatumbo, con dirección hacia Táchira y Zulia; a través de los Llanos Orientales colombianos, hacia Apure; y a lo largo de los ríos entre ambos países, verdaderas autopistas en medio de las junglas que se internan en el estado sureño del Amazonas.

No existen cifras claras sobre la cantidad de cocaína que ingresa a Venezuela, pero dos fuentes de inteligencia internacional, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que no les sorprendería que la cifra estuviera por encima de las 400 toneladas al año. Al precio actual de US$4.000 por kilo en Venezuela, esa cantidad de droga equivale a US$1,6 billones. Los costos del tráfico en Venezuela se estiman en unos US$1.000, lo que significa que el crimen organizado en esta atribulada nación andina se estaría obteniendo unos US$400 millones al año, solo por el comercio de cocaína.

Pero la cocaína no es la única economía ilegal en esta frontera.

El contrabando de gasolina, en gran medida ejecutado por el ELN, es otro de los focos que se han detectado en la región. Un litro de combustible venezolano de 95 octanos tiene un costo de seis bolívares, lo que en dinero colombiano representa 0.25 pesos. Sin embargo, en la frontera es comerciado por 6.000 o 7.000 pesos (169.956 bolívares).

Cientos de barriles son transportados desde Apure hasta Arauca en total complicidad con miembros de la Guardia Nacional Venezolana, quienes reciben pagos a cambio de su silencio, hecho que pudo comprobar InSight Crime por medio de material fotográfico.

Por otro lado, en los estados Amazonas y Bolívar, al sur de Venezuela, el ELN y las disidencias de las FARC aprovechan la riqueza del suelo para extraer oro y coltán y llevarlo a Guainía y Vichada, en límites con Colombia. Una vez más, esto se lleva a cabo con la complicidad del ejército venezolano y sometiendo a las comunidades indígenas que históricamente han ocupado esta región.

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Los alimentos subsidiados que el Estado venezolano entrega a sus ciudadanos también se convirtieron en una forma de subsistencia que no solo es utilizada por los grupos ilegales, sino también por los ciudadanos del común. Desde Apure hacia Arauca y desde Zulia a La Guajira y Cesar, los víveres son transportados por rutas clandestinas, entre ellos la carne de res, que es comerciada por un precio inferior al oficial en Colombia, y aun así representa importantes ganancias debido a que el costo en Venezuela está muy bajo por el gran diferencial cambiario y por la falta de liquidez en este país.

Sin embargo, la gran escasez de alimentos en Venezuela ha reducido el tráfico, e incluso ha generado el efecto contrario: el tráfico de Colombia a Venezuela por la falta de provisiones.

El cierre de la frontera en el año 2015 por parte del presidente Nicolás Maduro reforzó aún más el control que la Guardia Nacional tenía en el contrabando de todo tipo de bienes. Los controles fronterizos más estrictos detienen a muchas personas que contrabandean al por menor y pasan el monopolio criminal al ejército venezolano. Mientras que las operaciones de contrabando al por menor realizadas por individuos se vieron limitadas, las grandes mafias con estrechos vínculos con la Guardia Nacional florecieron.

Refugio de criminales

La tolerancia política y la corrupción oficial en Venezuela, junto con la proliferación de economías ilegales, han convertido a los estados fronterizos venezolanos en refugios criminales. Si bien las estructuras del crimen organizado venezolano —tanto estatales como no estatales— se están fortaleciendo, son los grupos colombianos los que tradicionalmente han ejercido más influencia en la región fronteriza con Venezuela. Tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2017 hubo un gran cambio en el panorama criminal en la frontera.

La tolerancia frente a los grupos guerrilleros marxistas colombianos comenzó durante la administración Hugo Chávez. Al parecer, tanto el ELN como las FARC fueron tolerados, o quizá incluso apoyados en Venezuela durante al mandato de Chávez. Él veía a estos grupos ideológicos como aliados, aunque su actitud hacia ellos era compleja, y variaba según sus intereses. Chávez les permitió a ambos grupos utilizar territorio venezolano pero también se puso en su contra cuando le convenía. Durante la administración de Maduro, Venezuela cumplió un papel importante en el proceso de paz con las FARC; pero aparte de eso no ha habido evidencias de que él apoye la presencia de guerrilleros en Venezuela. Sus esfuerzos por la supervivencia política han acaparado toda su atención, lo que significa que los grupos colombianos en territorio venezolano han operado tranquilamente y esto les ha permitido prosperar.

El ELN

Quizá el principal grupo colombiano que opera actualmente en territorio venezolano es el ELN. Por más de 30 años, muchos líderes y combatientes del ELN se han establecido en los estados venezolanos de Apure y Zulia, y recientemente se han expandido a Táchira y Amazonas.

La división más aguerrida del ELN, el Frente de Guerra Oriental, tiene bases en Apure y su departamento gemelo en Colombia, Arauca. Según fuentes militares colombianas, hasta el 90 por ciento de la logística y el poder de lucha del Frente de Guerra se encuentra en Apure. También se ha confirmado la presencia del ELN en los municipios de Páez, Rómulo Gallegos y Muñoz, donde los guerrilleros llevan a cabo operaciones de contrabando.

Fuentes en el lado venezolano de la frontera también han detectado presencia del ELN en Táchira, particularmente el municipio de Fernández Feo, cuyos habitantes han visto guerrilleros caminando con ropa de civil, pero cargando rifles y armas pequeñas. Otras fuentes han confirmado la presencia del ELN en los estados de Amazonas y Bolívar. En el Zulia, solamente las fuerzas de seguridad colombianas se han referido a la presencia del ELN en dicho estado, aunque los habitantes del municipio de Tibú, Norte de Santander, han dicho que los guerrilleros del ELN cruzan la frontera. Incluso ha habido informes que el ELN ha repartido material de propaganda en las escuelas, así como paquetes de alimentos del Gobierno en Venezuela.

El Frente de Guerra Oriental ha estado tradicionalmente dirigido por Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias «Pablito» quien en 2015 entró a hacer parte del máximo órgano de mando del ELN, el Comando Central (COCE). Actualmente es el jefe militar del grupo. Él ha utilizado su refugio en Apure para fortalecer su Frente de Guerra y lanzar ataques en Colombia. Se cree que durante algunos años se ha establecido una finca en El Nula, expropiada por el presidente Chávez.

Pablito se opone a las conversaciones de paz con el Gobierno colombiano, pues considera que las «condiciones actuales no favorecen las negociaciones». El jefe guerrillero se está expandiendo desde su bastión en Apure-Arauca hacia los estados venezolanos de Táchira y Amazonas, así como hacia Vichada, en el lado colombiano. Él ha estado llenando el vacío que han dejado los guerrilleros desmovilizados de las FARC, tratando de apoderarse no solo del territorio, sino además de las economías ilegales que anteriormente eran el sustento de las FARC.

A la vez que el grupo está expandiendo sus finanzas y engrosando sus filas, Pablito y otros miembros radicales del ELN no ven ningún beneficio en las negociaciones de paz con el Gobierno colombiano. Venezuela es un factor clave en esta postura del ELN.

Disidentes de las FARC

Si bien las FARC han desaparecido como un actor beligerante con alcance nacional, hay cada vez más facciones disidentes dispersándose por todo el país, y Venezuela se está convirtiendo no solo en una zona de retaguardia sino también en fuente de financiación para algunos de estos elementos.

InSight Crime tiene información de que Gener García Molina, alias «Jhon 40″, uno de los principales narcotraficantes de las FARC y exdirigente del Frente 43 en Meta, ha establecido una base al otro lado de la frontera, en Amazonas, Venezuela, con miembros del Frente “Acacio Medina». Jhon 40 fue en algún momento el encargado de las finanzas del Bloque Oriental de las FARC, que operaba en siete departamentos: Arauca, Casanare, Meta, Guaviare, Vaupés, Vichada y Guainía. También estuvo relacionado con varios narcotraficantes brasileños y colombianos, como Daniel «El Loco» Barrera, capturado en Venezuela en 2012. Por lo tanto, tiene vastos conocimientos sobre el tráfico de drogas, contactos internacionales y tal vez dirige sus propias rutas de tráfico de cocaína.

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Al trasladarse al Amazonas, Jhon 40 puede recibir los cargamentos de droga que se trafican por los Llanos Orientales de Colombia, bastión de los disidentes del Primer Frente de las FARC, así como a lo largo de los ríos que bañan las selvas de la triple frontera entre Colombia, Venezuela y Brasil. Al parecer también dirige, o al menos cobra «impuestos» sobre las operaciones de minería ilegal en Amazonas, que incluyen oro y coltán.

El exgobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, denunció la actividad de las FARC y el ELN en el estado de Amazonas y recientemente fue vetado políticamente por el Gobierno de Maduro.

Jhon 40 es solo un elemento de las crecientes disidencias de las FARC, quizá encabezadas por Miguel Botache Santanilla, alias «Gentil Duarte», quien fue expulsado de las FARC a finales del año pasado. Él es el líder disidente de más alto rango. Estos disidentes tienen sus bases en Guaviare, ciertos sectores de Meta y Vichada, así como en la selva del departamento de Guainía. Venezuela es actualmente un salvavidas económico y refugio de muchos de los disidentes de las FARC. InSight Crime estima que el número total de combatientes milicianos de las FARC que permanecen activos podría llegar a los 2.500, y Venezuela es una importante retaguardia estratégica y financiera para ellos.

Otro grupo colombiano que está ingresando a Venezuela es el remanente del EPL, al que el Gobierno llama «Los Pelusos», con el fin de no reconocer sus orígenes guerrilleros. El EPL se desmovilizó oficialmente en 1991, y esta última facción en Norte de Santander se ha convertido en un actor importante en el tráfico de drogas en la frontera con Venezuela. Después de la desmovilización de las FARC en el año 2017, el EPL inició una agresiva expansión, declarándole la guerra al ELN y expandiéndose por fuera de su bastión en el Catatumbo.

El grupo se vio debilitado por la muerte, en 2015, del exlíder Víctor Ramón Navarro, alias «Megateo» (quien dirigía el tráfico de drogas del ELN y las FARC en el Catatumbo), y tras el arresto de Guillermo León Aguirre, alias «David León», en 2016. Pero esta vacante fue ocupada por alias «Pácora», a quien las autoridades aún no han podido identificar. Pácora está liderando la expansión del EPL, lo que incluye incursiones en Venezuela con el fin de conseguir rutas del narcotráfico, fortalecer el poder militar, reclutar miembros retirados de las fuerzas de seguridad y entrenar a sus miembros. Ha habido informes de la presencia EPL en Casigua El Cubo, en el estado venezolano de Zulia.

Mafia colombiana

Desde el año 2006, con la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), han surgido múltiples grupos criminales en Colombia, a los que el Gobierno colombiano denominó inicialmente BACRIM (“bandas criminales”), pero ahora son llamados Grupos Armados Organizados (GAO). Dos de estos grupos tienen una presencia significativa en Venezuela: Los Rastrojos y Los Urabeños.

De hecho, ha habido enfrentamientos entre los dos grupos en territorio venezolano, que buscan el control de los corredores de contrabando.25 Sin embargo, la fragmentación de estos grupos los ha llevado a verse cada vez más eclipsados a lo largo de la frontera con Venezuela por el ELN, el EPL y disidentes de las FARC; por cierto, en muchos casos están trabajando junto con estos grupos guerrilleros, así como con elementos corruptos de las fuerzas de seguridad de Venezuela.

Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL)

Uno de los principales actores ilegales venezolanos activos en la frontera es el FBL, un extraño fenómeno de un grupo rebelde de partidarios del Gobierno, inspirado en el modelo colombiano. Si bien inicialmente cooperaron con el ELN, ahora ven a este grupo como una competencia, debido a que el ELN tiene una gran presencia en el lado venezolano de la frontera. En los últimos años han tenido mucho más contacto con las FARC y, de hecho, la Defensoría del Pueblo de Arauca se refiere a ellos como un «hijo de las FARC».

Este grupo, que cuenta con entre 1.000 y 4.000 miembros, se dedica a la extorsión y es activo en la política local, supuestamente recibe financiamiento a través de los concejos comunales. Fuentes en Venezuela han afirmado que tienen nexos con el narcotráfico, pero no hemos encontrado ninguna prueba concreta de esto. Se ha registrado presencia del FBL en los estados Apure, Táchira, Barinas, Zulia, Mérida, Portuguesa, Cojedes y Carabobo, así como en Caracas. Es posible que anteriormente hayan recibido material y formación de las FARC. Dado que ha habido informes de la presencia de disidentes de las FARC en Venezuela, esto puede ser el resultado del trabajo con elementos de las FBL.

El futuro

En primer lugar, hay que decir que Colombia ha estado exportando crimen organizado a Venezuela durante décadas. La diferencia es que ahora Venezuela ha aumentado su participación criminal y actualmente es un socio igual en muchas economías criminales.

Las economías criminales a lo largo de la frontera son transnacionales por su propia naturaleza. Por lo tanto, cualquier respuesta significativa ante ellas debe ser da carácter transnacional. Sin embargo, actualmente hay poca colaboración bilateral entre Venezuela y Colombia, lo que permite la libre operación del crimen organizado.

En una entrevista en el mes de abril, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, acusó al Gobierno venezolano de utilizar bandas de delincuentes para «perpetuarse en el poder». La respuesta del presidente Maduro consistió en describir a Colombia como un «Estado fallido». Así las cosas, hay poca esperanza de que las administraciones actuales cooperen en la lucha contra el crimen organizado. ¿Podrían las elecciones presidenciales en Venezuela y Colombia cambiar esta situación?

Si los dos candidatos favoritos para ganar las próximas elecciones llegan al poder, la respuesta es un no categórico. El presidente Maduro está buscando la reelección, y la balanza se inclina mucho a su favor, incluso suponiendo que no manipule abiertamente las votaciones. En Colombia, Iván Duque, apoyado por el expresidente Álvaro Uribe, está liderando las encuestas.

Cuando se le preguntó en una entrevista por la situación en el Catatumbo, en la frontera con Venezuela, claramente reveló su actitud frente al país vecino: “Necesita seguridad, justicia e intervención de infraestructura, porque lo que hay es un corredor del narcotráfico auspiciado por el Cartel de los Soles, que está en la cabeza del gobierno de Venezuela. Voy a ir al Consejo de Seguridad de la ONU a denunciar lo que ocurre en la frontera con Colombia: es la anuencia de un gobierno que tiene estructuras de narcotráfico, valiéndose de un corredor de producción de cocaína”.

¿Qué podemos esperar para el resto de 2018? Un aumento en el flujo de cocaína hacia Venezuela, dado que el cultivo de coca en Colombia sigue en aumento; un fortalecimiento de los grupos ilegales de Colombia en suelo venezolano; y el reclutamiento de los desesperados venezolanos por parte los grupos ilegales y el crimen organizado de Colombia que se enfrentan por la supervivencia, y a los cuales se les ofrecen pocas alternativas legales. Todo esto se suma al fortalecimiento de las economías criminales a lo largo de la frontera, donde el crimen organizado transnacional echa raíces cada vez más profundas en esta atribulada región.