En marzo de 2022, el gobierno de El Salvador lanzó una de las ofensivas de seguridad más implacables de su historia en su más reciente intento por debilitar a las tres principales pandillas del país: la Mara Salvatrucha (MS13), el Barrio 18 Revolucionarios (18R) y el Barrio Sureños (18S).
*Este artículo forma parte de una investigación de seis partes, “El (perpetuo) estado de excepción de El Salvador: Cómo el gobierno de Bukele dominó a las pandillas”. InSight Crime pasó nueve meses analizando cómo la implacable represión estatal ha debilitado a las conocidas pandillas del país, la MS13 y dos facciones del Barrio 18. Descargue el informe completo o lea los otros capítulos de la investigación aquí.
Las campañas de represión anteriores, que abarcaron varias décadas, no consiguieron acabar con las pandillas, que llevaban mucho tiempo aterrorizando a comunidades dentro y fuera del país.
Esta, sin embargo, las ha debilitado considerablemente.
El presidente Nayib Bukele, que asumió el cargo en 2019, es el artífice de este esfuerzo. Tras un repentino aumento de la violencia de las pandillas en marzo de 2022, la Asamblea Legislativa, a petición de Bukele, declaró un régimen de excepción de un mes, suspendiendo los derechos constitucionales y flexibilizando las normas para realizar arrestos. Desde entonces, en el marco de una despiadada campaña antipandillas, las fuerzas de seguridad han detenido a más de 77.000 personas, más del 1% de los 6,3 millones de habitantes del país.
El régimen de excepción se ha prolongado durante 20 meses consecutivos, a pesar de denuncias generalizadas hechas por organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación sobre detenciones arbitrarias basadas en escasas o nulas pruebas, así como falta de garantías procesales como la imposibilidad de acceder a una defensa. También hay informes de tortura, así como de fosas comunes que incluyen a las más de 150 personas que han muerto en las cárceles desde que comenzó el estado de excepción.
A pesar de estos abusos, la controvertida ofensiva parece haber incapacitado a las pandillas, al menos temporalmente. También ha contribuido a reducir la violencia a mínimos históricos y ha dado un respiro a comunidades anteriormente invadidas por estos grupos, algo que ninguna medida anterior había logrado.
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Por su parte, Bukele, cuyas políticas gozan de una amplia aprobación entre los salvadoreños, ha declarado la victoria sobre las pandillas. Pero tanto los críticos como los partidarios del régimen de excepción cuestionan la sostenibilidad a largo plazo de una política de seguridad tan agresiva. El hacinamiento en las cárceles y, sobre todo, la posibilidad de que las pandillas —o algún facsímil de ellas— regresen algún día, también suscitan preocupación.
Con estas preguntas en mente, InSight Crime se embarcó en una investigación destinada a evaluar el impacto de la represión de Bukele sobre las pandillas. Durante los últimos nueve meses, investigamos la respuesta de estos grupos al régimen de excepción y analizamos lo que puede ocurrir a futuro.
Realizamos más de 100 entrevistas con fuentes de El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos y Honduras, entre ellas miembros activos y semi-retirados de las pandillas, funcionarios de seguridad y de prisiones, políticos, abogados independientes y personas detenidas durante el régimen de excepción. También hablamos con residentes de 15 antiguos bastiones de las pandillas en El Salvador para conocer cómo ha cambiado la vida en comunidades antaño invadidas por las pandillas. En la mayoría de los casos, las fuentes solicitaron el anonimato para poder hablar con más libertad.
El equipo también tuvo acceso a informes confidenciales de inteligencia elaborados por la policía de El Salvador que nos permitieron ofrecer estimaciones más precisas sobre el número de miembros de las pandillas detenidos durante el régimen de excepción. Los archivos también nos ayudaron a evaluar otras actividades delictivas, como la extorsión, al tiempo que arrojaron luz sobre las posibles estrategias aplicadas por los líderes de las pandillas tras el inicio del régimen de excepción.
El informe completo está disponible en PDF aquí, pero también hemos resumido algunas de las principales conclusiones en artículos más breves.
A continuación se resumen las principales conclusiones de la investigación:
Las pandillas han sido neutralizadas, por ahora.
La rapidez y la magnitud de las detenciones realizadas durante el régimen de excepción han diezmado las filas de las pandillas y han obligado a decenas de miembros a huir al extranjero o a esconderse en El Salvador. Las pandillas ya no poseen una estructura callejera capaz de controlar territorio. Por lo tanto, ya no pueden extorsionar a la población ni vender drogas a nivel nacional.
Las pandillas no montaron una respuesta coordinada a la represión de Bukele, ni armada ni de otro tipo.
A diferencia de las operaciones anteriores, las pandillas no han tomado las armas en respuesta al régimen de excepción. No está claro si la falta de una respuesta coordinada fue una táctica deliberada, o si las pandillas simplemente se encontraron sobrepasadas por la ferocidad y rapidez de la represión. Esto último parece más probable, dados los informes de rupturas en la comunicación y la jerarquía de las pandillas antes y después de que comenzara el régimen de excepción.
Los miembros de las pandillas permanecen escondidos.
La amenaza inminente de detención en El Salvador hace que pocos pandilleros se atrevan a salir de sus escondites. Quienes buscan refugio en países cercanos —México, Guatemala, Honduras y Estados Unidos— se abstienen, en su mayoría, de delinquir con la esperanza de evitar la deportación. De hecho, los pandilleros en el exilio aún no han conseguido reagrupar a las células de la MS13 o de Barrio 18 en el extranjero.
Los miembros de las pandillas encarcelados están en modo de supervivencia.
Los informes procedentes del interior de las prisiones de El Salvador sugieren que las fuerzas gubernamentales ejercen un control casi total tras las rejas. Según informes, los funcionarios de las prisiones han sometido a los detenidos a abusos físicos y psicológicos. Las pandillas casi no tienen contacto con el mundo exterior y les cuesta comunicarse entre celdas. El sometimiento extremo ha impedido, hasta ahora, que las pandillas aprovechen el grave hacinamiento para consolidarse y reclutar nuevos miembros, o que reorganicen sus estructuras y modus operandi, como han hecho en el pasado.
Las disposiciones legales extremas, la amplia interpretación de la legislación vigente y la centralización del poder político fueron decisivas para doblegar a las pandillas.
La suspensión de los derechos básicos permitió al gobierno detener a más personas a un ritmo más rápido que antes. Al tiempo, las medidas legales aprobadas en el marco del régimen de excepción también permitieron detenciones prolongadas sin que fuese necesario presentar pruebas o cargos formales. La amplia interpretación de las leyes vigentes, combinada con el uso de información de inteligencia no corroborada como motivo de detención, también facilitaron la estrategia de encarcelamiento masivo. El sistema se basa en la alineación de los principales poderes del Estado en torno a la presidencia de Bukele, que ignora sistemáticamente las violaciones generalizadas de las garantías procesales. El ejecutivo, el legislativo y el judicial trabajan en conjunto para perpetuar estas medidas legales extremas e idear nuevas herramientas jurídicas destinadas a mantener a los miembros de las pandillas entre rejas a cualquier precio.
Las pandillas están debilitadas, pero no derrotadas.
Al menos un tercio de los pandilleros sigue en libertad, y unas 53 células siguen activas en El Salvador, según estimaciones de la policía. Esto sugiere que las estructuras de la MS13 y el Barrio 18, aunque inactivas, siguen existiendo de alguna forma. También es posible que en algunas zonas queden remanentes de estas pandillas dedicados a la extorsión o al tráfico de drogas, aunque a una escala mucho menor.
Es posible que las pandillas, tal y como existían antes del régimen de excepción, no vuelvan jamás.
A menos que se produzca un cambio radical en la política de seguridad del gobierno, la posibilidad de una rápida reaparición de estos grupos parece remota, dadas las herramientas legales que tiene el gobierno para detener a los miembros de las pandillas y mantenerlos encarcelados. Pero las carencias sociales y económicas, que alimentaron el crecimiento de las pandillas, persisten en los barrios antiguamente dominados por la MS13 y el Barrio 18, y podrían empujar a los remanentes de estos grupos de nuevo a la actividad delictiva o engendrar nuevos grupos criminales. El gobierno no parece tener un plan para abordar las causas de fondo de la violencia de las pandillas.
*Con contribuciones de Steven Dudley, Carlos García, César Fagoaga, Bryan Avelar, Roberto Valencia y Juan José Martínez d’Aubuisson.