La mujer llamó por teléfono a la oficina Bolívar de la Dirección Antinarcotráfico (DAN), el 13 de agosto de 2008, a eso de la 1:30 de la tarde. Lo que le contó al agente Javier Ramón Aguilar Ordóñez fue la historia de una red de narcotraficantes dirigida por Juan Colorado, determinaron luego los investigadores.

El reporte que escribió el agente Aguilar Ordóñez sobre esa conversación no deja mucho lugar a la imaginación sobre Juan Colorado:

Se dedica al tráfico ilícito de drogas y forma parte de la estructura [criminal] de Los Perrones, (…). Se encargan de mandar grandes cantidades de droga cocaína hacia Estados Unidos de América, y para ello utilizan a personas que tienen visa para poder ingresar, y a encomenderos para que les lleven por medio de las encomiendas la droga; al regreso traen el dinero en pequeñas cantidades para no tener problemas en el aeropuerto[1].

*Este es el cuarto artículo de una serie de cinco capítulos sobre la corrupción policial en El Salvador. Vea toda la serie aquí. También puede descargar el PDF completo aquí.

Ruta San Salvador–Nueva York

Ese reporte cuenta la historia de un narco que compraba la droga a proveedores en Honduras: US$3.000 el kilo de cocaína, para luego revenderlo por US$6.500 a socios que, gracias a sus contactos entre los agentes de la DAN en el aeropuerto, podían garantizar que los paquetes viajarían sin problemas en aviones comerciales que hacían la ruta San Salvador-Nueva York.

En Queens, un contacto recibía a los viajeros y al principal operador de los viajes, quien luego entregaba la droga a dos distribuidores salvadoreños: uno de ellos, pandillero de la Barrio 18; y el otro, un colombiano de Freehold, Nueva Jersey. Álex, el pandillero, movía la droga hasta College Park, una ciudad en el estado de Maryland, a 20 minutos en carro del centro de Washington.

Un cálculo rápido de los números que constan en la investigación que la Fiscalía abrió permite hacerse una idea del volumen del negocio. La red, que movía un promedio de 20 kilos por viaje, hizo nueve envíos entre junio de 2007 y enero de 2008. Esto es, 180 kilos en siete meses, puestos directamente en los mercados de la costa Este, es decir, con el precio triplicado según los cálculos de la Policía Nacional Civil (PNC). Juan Colorado vendía el kilo a US$6.500, por lo que los 180 movilizados le supusieron un ingreso bruto de casi US$1,2 millones.

Cada viaje le suponían US$130.000 de ganancias netas. De ahí pagaba US$5.000 a Rómulo Antonio Portillo, alias “Tony Sinaloa”, su operador principal; US$10.000 a los que facilitaban el contacto con la PNC en el aeropuerto; y US$1.000 más US$200 de viáticos a cada uno de los dos o tres encomenderos que llevaban la droga en cada viaje. Por todo, unos US$18.600 en gastos de operación por viaje.

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Esta, sin embargo, era un operación en la que, además del dinero, lo espiritual era importante: dos testigos citados en las investigaciones policiales y en el escrito de la Fiscalía cuentan que siempre, sin excepción, antes de emprender un viaje al Norte, los hombres de Juan Colorado viajaban a Panchimalco, un municipio del departamento de San Salvador, a ver a una bruja que les daba suerte y les alejaba los males.

“Gilma Xiomara Vásquez tiene un centro negro… Hay una sala donde lo atendió una mujer como de 30 años de edad, piel trigueña, complexión normal, pelo largo, dice el testigo. Ella le pidió a él su fecha de nacimiento, luego le preguntó si alguien le había tratado de hacer daño y al final le dijo que ya estaba limpio para viajar, que se fuera con toda confianza, que no le iba a pasar nada”, dice el relato tomado a uno de los encomenderos de Juan Colorado, que luego sirvió como testigo en el proceso abierto por el Juzgado Especializado de San Miguel a la banda de narcotraficantes.

Xiomara no era solo una consejera espiritual. Ella también elegía las casas en las que se guardaba la droga, decidía la fecha de los viajes e incluso guardaba dinero enterrado en su casa.

Recibido el visto bueno de la espiritista, Tony Sinaloa seguía una rutina: recogía la droga de manos de su patrón, a veces en casas de San Miguel, a veces en Placitas o en San Jorge, en las faldas del volcán Chaparrastique. Con el carro cargado —la droga en las maletas— Tony Sinaloa emprendía camino por la carretera Litoral a encontrarse en una gasolinera con los contactos más importantes del periplo, los hermanos Carlos, Nelson y Tito Castro[2], de Puerto El Triunfo, Usulután, departamento al Oriente del país.

Tony Sinaloa había conocido a los Castro en 2005, cuando le ofrecieron paso libre por el aeropuerto. “Cuando querrás pasar algo por el aeropuerto, te puedo ayudar; tengo un amigo que trabaja en la DAN y está destacado ahí, a quien podemos contactar y facilitar los envíos”, dice en la acusación contra la red de Juan Colorado.

En 2007, tras dar a Juan Colorado el contacto que abriría las puertas del aeropuerto, Tony Sinaloa se convirtió en su lugarteniente, y fue quien estableció el modus operandi de la banda.

La droga iba de San Miguel al aeropuerto, los Castro avisaban a su contacto en la DAN -el agente Leonel Alexander Granillo Santos- y la droga se embarcaba sin problemas. En los aeropuertos de Newark y el JFK de Queens, en Nueva York, no hubo problemas durante meses. En una ocasión incluso pararon a dos viajeros en la terminal aérea de Nueva Jersey: “Nos pasaron por los rayos X, pero no nos detectaron nada”, contó un testigo en el proceso judicial.

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Álex, el pandillero de la Barrio 18, movía los cargamentos hasta un taller de College Park, en Maryland, a 398 kilómetros del aeropuerto de Nueva Jersey, desde donde entraba al mercado del área metropolitana de Washington.

Los testimonios recogidos en la acusación de la Fiscalía contra Juan Colorado indican que Álex hacía sus propios subcontratos con transportistas para mover la droga, y fueron precisamente tratos mal amarrados entre los subcontratistas de los subcontratistas los que empezaron a golpear el negocio. A principios de 2008, por ejemplo, Juan Colorado suspendió los envíos por un tiempo luego de que Álex perdiera 24 kilos entre Nueva Jersey y Maryland.

Capturas y liberaciones

El 5 de diciembre de 2009, tras recibir información de algunos miembros de la red y de agentes antinarcóticos estadounidenses, y después de una investigación que llevaba al menos medio año, la PNC capturó a Juan Colorado en uno de sus lugares preferidos, una faraónica pista de carreras enclavada entre San Miguel y Santa Rosa de Lima: una construcción para carreras de cuarto de milla, con graderíos y una torre de control, en la que el capo desplegaba su colección de autos en festivales domingueros a los que llegaba la gente fuerte de la zona. Los agentes encontraron ahí dos armas, una Magnum Smith & Wesson con 7 cartuchos y una 9 mm con pavón blanco; también una bolsa de cocaína.

La captura de Juan Colorado fue el último episodio de una operación policial, empujada desde la Fiscalía y las agregadurías de agencias estadounidenses, para capturar a los principales líderes de Los Perrones. Esa fue, desde los principales despachos de la PNC, la versión oficial. Juan Colorado terminó condenado a 15 años de cárcel por mover entre 180 y 200 kilos de cocaína con una red de encomenderos-hormiga. A diferencia de otros transportistas de la banda, como Reynerio Flores Lazo o Daniel Quezada, la mercancía de Colorado llegaba hasta las calles de Maryland y Nueva Jersey.

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Aún hay, sin embargo, elementos que no encajan: Daniel Quezada fue liberado por un juez que, en marzo de 2011, resolvió que no había suficientes pruebas para condenarlo. La Operación Camaleón, montada en 2007 por unidades antidrogas del Grupo Especial Antinarcóticos (GEAN) para acabar con Los Perrones a partir de las investigaciones contra Daniel Quezada, y gracias a la cual se descubrió el involucramiento de al menos cuatro puestos de la PNC en el trasiego desde Nicaragua, recibió ese día su tiro de gracia. Ningún jefe policial o mando medio ha enfrentado proceso criminal, mucho menos cárcel, por la muerte del agente Walter Nahún Ayala Castillo o por la infiltración en los puestos de playa.

También reveló vínculos con la Fuerza Naval, pero ningún militar fue procesado. Tony Sinaloa, el lugarteniente de Juan Colorado y su enlace con Daniel Quezada, estaba procesado por narcotráfico, pero decidió colaborar con la Fiscalía en 2009 y 2010 con información sobre la banda. Se le acusaba de haber organizado la red de colaboradores que la banda tenía en las dependencias de la DAN en el aeropuerto.

Sin embargo, incluso con Juan Colorado preso en El Salvador y Tony Sinaloa detenido en Estados Unidos, la red de la DAN en el aeropuerto siguió funcionando: en enero de 2013, la PNC capturó a otros nueve agentes que dejaban pasar droga, pero ningún oficial de rango alto o medio ha sido acusado, procesado, mucho menos encarcelado por esto.

De todos los líderes, el que se llevó la peor parte fue Reynerio: la Fiscalía lo acusó de mover 2.400 kilos de cocaína, y un juez lo condenó a 80 años.

Para 2010, Los Perrones se habían recompuesto, según informes del Centro de Inteligencia Policial (CIP), y del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). Otros líderes que nunca fueron procesados o investigados, como Élmer Bonifacio Medrano Escobar, se reagruparon y empezaron a expandirse hacia Honduras y a comprar más terrenos en el litoral, alejados de sus zonas tradicionales de influencia[3].

En 2012, tanto el jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada[4] como el director general de la PNC[5], reconocieron que los narcotraficantes de la zona oriental se estaban reagrupando y que sus capacidades de transporte eran mayores. Un año antes, y a pesar de los arrestos de líderes narcos en El Salvador, por el país pasó una cantidad récord de hasta 11.000 kilos de cocaína, según un informe del Departamento de Estado[6].

Desde Honduras, Romeo, un colaborador de Reynerio tiene su versión: “Todo sigue igual, a Reynerio y al Chele Colorado [Juan Colorado] los agarraron porque se creyeron narcos mexicanos y empezaron a lucir el dinero”. La siguiente frase revela otra razón, la más grave: “Y a Reynerio le pasaron una factura política porque dejó de pagar a los políticos”.

Concluye Romeo:

En 2006 ya nos dijeron que la presión para perseguir al crimen organizado era fuerte. Nosotros pagábamos informantes en las aduanas, y ellos nos dijeron que se venía algo fuerte. Reynerio metió más droga y más plata, un vergo de plata, hasta empezó a mover droga en Ilopango. El problema es que el Gobierno tenía que mostrar algo, y estos empezaron a lucir sus carros, a andar fanfarroneando en las ferias allá en los pueblos de Oriente, con sus caballos y toda esa mierda. Los ubicaron bien. Los perfilaron y decidieron: estos cabrones son.

*Este es un resumen que InSight Crime ha hecho sobre la investigación realizada por el periodista salvadoreño Héctor Silva Ávalos, cuyo resultado final se encuentra en su libro “Infiltrados: Crónica de la corrupción en la PNC de El Salvador”, que pronto se publicará. Vea toda la serie aquí.

Silva Ávalos es un periodista de carrera que trabajó durante 15 años en La Prensa Gráfica de El Salvador. Desde mediados de 2012 es investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University, donde se ha consolidado como autoridad en estos temas.

Notas al pie

[1] Testimonio recogido en el escrito de acusación presentado por la Unidad Especializada en Delitos de Narcotráfico de la Fiscalía ante el juez especializado de Instrucción de San Miguel. San Miguel, 8 de diciembre de 2009.

[2] “Cinco capturas más por colaborar con Juan Colorado”, La Prensa Gráfica, 18 de marzo de 2010.

[3] Ver, del autor, “Perrones. El renacimiento de la banda de narcos salvadoreños”. Disponible en https://hectorsilvavalos.blogspot.com/2012/04/perrones-el-renacimiento-de-la-banda-de.html.

[4] Ver “Los Perrones recibieron drogas por submarinos”, La Prensa Gráfica, 19 de abril de 2012.

[5] Ver “Los Perrones estarían por reagruparse: PNC”, La Prensa Gráfica, 12 de abril de 2012.

[6] “Rutas y volúmenes del tráfico de cocaína en Centroamérica. Informe de trabajo”, Departamento de Estado.

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