Tras salir de casi seis décadas de conflicto civil, el principal productor de cocaína del mundo le ha prestado poca atención a los delitos ambientales. Esto a pesar de que Colombia es uno de los países más biodiversos del planeta, que hace gala de selvas tropicales y desiertos hasta extensas sabanas y ecosistemas montañosos. El país es, además, escenario de una amplia gama de delitos ambientales, muchos de los cuales no se denuncian.
La región suroriental de Colombia forma parte de la cuenca Amazónica y sus exuberantes selvas siempre han estado por fuera del control del gobierno central, antes bien han sido refugio y dominio de grupos armados no estatales (GANE).
*InSight Crime se ha aliado con el Instituto Igarapé —un centro de pensamiento independiente ubicado en Brasil, que se dedica a temas actuales relacionados con el desarrollo, la seguridad y el clima—, con el fin de hacer una cartografía de los delitos ambientales en la cuenca amazónica. Las otras partes de la investigación se publicarán durante el mes de septiembre. Lea todos los capítulos aquí. También puede ver el PDF completo aquí.
El país cuenta con unos 60 millones de hectáreas de selva, lo que significa que más de la mitad de su territorio está cubierto de árboles. Colombia tiene la tercera zona forestal más grande de Suramérica, solo después de Brasil y Perú. Ocupa además el quinto lugar en superficie de bosque primario del continente, gran parte de la cual se encuentra en la cuenca Amazónica.
Si bien esta atribulada nación andina enfrenta una amplia gama de desafíos relacionados con la pandemia y la inseguridad, cada vez se hace más evidente la prevalencia de los delitos ambientales y su relevancia como fuente de ingresos para algunas de las estructuras criminales más poderosas del país. El gobierno colombiano ha cobrado mayor conciencia de la creciente importancia de los delitos ambientales y los ha designado una amenaza para la seguridad nacional. Sin embargo, esta designación aún no se traduce en una política coherente y consistente para enfrentar las múltiples facetas de los delitos ambientales.
Durante décadas, la guerrilla más poderosas del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) actuaron como guardianes de facto de gran parte de la selva virgen del sur del país, donde solían esconderse de sus enemigos durante los combates.
Con la desmovilización de las FARC en 2016, la deforestación se aceleró hasta llegar a altísimos niveles. En 2017, en Colombia se deforestó una cantidad récord de 219.973 hectáreas, un 23 por ciento más que el año anterior. Esto representó un aumento significativo con respecto a las 120.933 hectáreas de bosque taladas en 2013, cuando el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) de Colombia, ente encargado de administrar los datos técnicos y científicos sobre el medio ambiente, comenzó a producir su informe anual de monitoreo de la deforestación.
Hoy, los elementos de las FARC que abandonaron el proceso de paz, denominados ex-FARC Mafia por InSight Crime, son los principales actores de los delitos ambientales en la región Amazónica, y están presentes no solo en Colombia, sino también en el vecino estado de Amazonas en Venezuela.
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Si bien los delitos ambientales no siempre son perpetrados por organizaciones criminales consolidadas en Colombia, debido a la presencia de sofisticadas redes criminales de tráfico de drogas y GANEs, la participación de estos actores sí es prevalente. Esto significa que para estos actores los delitos contra el medio ambiente forman parte de una cartera criminal más amplia.
Algunos de ellos, incluidos algunos GANEs, llevan más de cinco décadas enfrentando un gobierno respaldado por Estados Unidos, y por tanto son extremadamente difíciles de combatir. Esto demuestra que la resiliencia y la escala de los delitos ambientales son altas, mientras que las opciones del gobierno para combatirlos han demostrado hasta el momento ser limitadas. A pesar de que existen múltiples amenazas criminales, los delitos ambientales están muy por debajo en la lista de prioridades del gobierno y las fuerzas de seguridad, y las herramientas legales para enfrentar estas actividades ilegales suelen ser rudimentarias y poco utilizadas.
La deforestación tiene muchos motores diversos y cada vez penetra más adentro de la Amazonía colombiana. Además de la tala, una de las principales causas de deforestación es la minería ilegal, principalmente la de oro, la cual se concentra en los yacimientos aluviales y se desarrolla sobre muchas de las vías fluviales de Colombia, propagando a su paso no solo mercurio, sino también los problemas sociales y de salubridad asociados.
La minería de oro aluvial en el país viene en aumento. Información de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) publicada a finales de 2020 revela que, mientras la minería de oro aluvial —tanto legal como ilegal— afectó a unas 92.046 hectáreas en 2018, esta cifra se elevó a 98.028 en 2019.
En 2016, solo 83.620 hectáreas se vieron afectadas por dicha actividad. La ONUDD agrega que dos terceras partes de la minería de oro aluvial en Colombia son ilegales. Parte de esta actividad ha afectado los departamentos amazónicos de Amazonas, Guainía, Caquetá, Putumayo, Vaupés y Guaviare.
El interminable comercio de narcóticos, que gira principalmente alrededor de la cocaína, junto con las plantaciones de amapola y marihuana, han llevado a la tala de bosques y al cultivo de plantas utilizadas para la producción de drogas. En 2019 había más de 33.000 hectáreas de cultivos de coca en toda la región Amazónica de Colombia.
Esto representó una disminución con respecto a la cifra de 2018, que fue de cerca de 43.287 hectáreas, pero demostró que los cultivos ilícitos siguen siendo uno de los principales promotores de la deforestación en la región.
Por otro lado, los productos químicos utilizados para transformar la hoja de coca en cocaína, como gasolina, permanganato de potasio y ácido sulfúrico, contaminan la tierra y las fuentes hídricas. Con base en los niveles de producción actuales y los datos de degradación de 2013, se proyecta que la degradación total de materia orgánica (compuestos a base de carbono que se encuentran en entornos terrestres y acuáticos naturales e intervenidos por el hombre) equivaldría a 269 toneladas al día de hoy.
El tráfico ilegal de fauna también está alcanzando escala industrial. En Colombia se han registrado más de 50.000 especies animales, lo que lo convierte en el segundo país con mayor diversidad biológica del mundo, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente). Gran parte de esta fauna se concentra en la región Amazónica, que se extiende por las espesas selvas de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Guainía.
Con fines analíticos, el estudio de los actores detrás de las tres categorías de delitos ambientales consideradas en este trabajo—deforestación, minería y tráfico de fauna— se dividirá en cuatro capas: redes criminales y emprendedores, GANEs, mano de obra y actores legales.
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Las redes criminales y los empresarios ocupan la parte superior de la cadena, financiando y coordinar los delitos ambientales de principio a fin. Poseen la mayor influencia y poder económico en su actividad específica y a menudo actúan desde las sombras como “invisibles”.
Por otro lado, los GANE trabajan con las redes criminales y los empresarios para supervisar el funcionamiento de las economías criminales que impulsan la deforestación en la región. Estos incluyen grupos guerrilleros y redes derivadas de grupos paramilitares, que obtienen su financiamiento de actividades ilícitas.
Finalmente, se encuentran las personas que componen la “mano de obra”, a las cuales se les paga poco para que aporten mano de obra para tareas básicas como corte o quema de árboles; estas ejercen la menor influencia en una cadena de suministro dada.
Casi todas las facetas de los delitos ambientales dependen en gran medida de los facilitadores y actores legales, entre las que están agentes gubernamentales, empresas legalmente constituidas, las cuales promueven la comisión de delitos medioambientales a través de actos irregulares.
La mayoría de las fases de los delitos ambientales suceden con la ayuda de la corrupción, entre los que están agentes de las fuerzas de seguridad, funcionarios locales y funcionarios ambientales, además de agentes fronterizos y de aduanas.
Colombia es el país con la mayor intersección entre delitos ambientales y estructuras criminales de primer orden. La solución para este problema no es fácil, dado que los grupos criminales se han enfrentado al gobierno durante medio siglo, y en la región Amazónica, en términos ambientales, son más depredadores que nunca. Este problema se ve agravado por el hecho de que, en muchos casos, quienes orquestan los delitos ambientales trabajan desde las sombras como “invisibles”, utilizando la corrupción en su beneficio.
A mediano y largo plazo, se debe buscar que las comunidades locales cuenten con incentivos que les permitan ignorar las tentaciones de involucrarse en delitos ambientales. Se debe dar prioridad a las tareas de lucha contra la corrupción para combatir las redes dedicadas al tráfico de madera, la apropiación de tierras, la minería ilegal y el tráfico de vida silvestre.
Paralelamente, se debe ofrecer capacitación técnica regular a la policía ambiental, fiscales y jueces para combatir esas actividades. Por último, se debe buscar una mayor cooperación con los organismos internacionales, otros países y el sector privado para combatir los delitos ambientales en la región Amazónica colombiana.
*InSight Crime se ha aliado con el Instituto Igarapé —un centro de pensamiento independiente ubicado en Brasil, que se dedica a temas actuales relacionados con el desarrollo, la seguridad y el clima—, con el fin de hacer una cartografía de los delitos ambientales en la cuenca amazónica. Las otras partes de la investigación se publicarán durante el mes de septiembre. Lea todos los capítulos aquí.
