Bolivia es el tercer productor mundial de hoja de coca, después de Colombia y Perú, y un importante centro de producción y tránsito de cocaína en Suramérica. Su ubicación estratégica lo convierte en un corredor clave para el tráfico internacional de cocaína, cuya producción dentro del país también ha crecido en los últimos años.
El tráfico de drogas en Bolivia está dominado por redes y clanes familiares locales que colaboran con organizaciones criminales extranjeras, especialmente los grupos brasileños Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) y Comando Vermelho (CV), así como redes mexicanas y colombianas.
En 2025, la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia puso fin a dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) y abrió una nueva etapa en la cooperación antinarcóticos con Estados Unidos, suspendida durante el gobierno de Evo Morales en 2008, con la expulsión de la Administración de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) del país.
En este perfil:
- Últimas noticias de Bolivia
- ¿Cómo favorece la geografía de Bolivia al crimen organizado?
- ¿Cómo es la historia del crimen organizado en Bolivia?
- ¿Cuáles son los principales grupos criminales de Bolivia?
- ¿Cómo están conformadas las fuerzas de seguridad en Bolivia?
- ¿Cómo es el sistema judicial en Bolivia?
- ¿Cómo es el sistema penitenciario en Bolivia?
Últimas noticias de Bolivia
30 de octubre de 2026 – Bolivia expulsa a cuatro presuntos integrantes del PCC a Brasil
Las autoridades de Bolivia expulsaron a cuatro brasileños presuntamente vinculados al Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) y los entregaron a la Policía Federal de Brasil tras detenerlos en Trinidad, departamento del Beni. Según la Policía, dos eran buscados por tráfico de drogas y dos por asesinato. La presencia de presuntos integrantes del PCC en esta región pone de relieve la expansión de las organizaciones criminales brasileñas en Bolivia y su disputa por el control de corredores estratégicos para el tráfico de drogas en la frontera con Brasil.
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28 de septiembre de 2026 – Estados Unidos señala al fiscal general de Bolivia por presunta corrupción
El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, por corrupción y le prohibió la entrada al país junto con su familia inmediata. Washington lo acusa de solicitar sobornos para facilitar el tráfico de drogas y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. También revocó las visas de otros 12 bolivianos, entre ellos jueces y fiscales. Mariaca rechazó las acusaciones.
La medida se produce después de que Washington mantuviera a Bolivia entre los países que, según Estados Unidos, “fracasaron de manera demostrable” en sus obligaciones internacionales de lucha antidrogas. El gobierno estadounidense señaló que una mayor reducción de los cultivos ilícitos de coca y avances contra la corrupción serían factores clave para una futura reconsideración de esa decisión.
25 de agosto de 2026 — Capturan en San Matías a presuntos sicarios del Comando Vermelho
Durante una serie de operativos en San Matías, Santa Cruz, las autoridades bolivianas capturaron a cuatro ciudadanos brasileños, identificados como presuntos integrantes del Comando Vermelho (CV). Según reportes, los sospechosos habrían sido contratados para cometer asesinatos por encargo contra miembros del Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) en la zona. Las capturas se producen en medio de un aumento de las tensiones por la disputa territorial entre el CV y el PCC en el departamento de Santa Cruz, donde ambos grupos continúan disputándose territorios estratégicos y rutas clave para el tráfico de drogas a lo largo de la frontera entre Bolivia y Brasil.
¿Cómo favorece la geografía de Bolivia al crimen organizado?
La ubicación de Bolivia en el corazón de Suramérica facilita su papel como corredor para el tráfico internacional de drogas. El país comparte cerca de 6.750 kilómetros de fronteras con Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Perú, lo que lo conecta tanto con importantes zonas de producción de pasta base de cocaína, cocaína y marihuana, como con rutas de tráfico hacia los mercados internacionales.
A su importancia como país de tránsito se suman el crecimiento de la refinación de cocaína de origen peruano y la expansión de los cultivos de hoja de coca, especialmente en el Trópico de Cochabamba, lo que plantea el riesgo de un aumento de la producción de cocaína destinada a los mercados internacionales.
Aunque Bolivia no tiene salida al mar, las redes criminales aprovechan sus conexiones terrestres, aéreas y fluviales para transportar cargamentos de cocaína hacia los países vecinos, que sirven de punto de tránsito en las rutas hacia Europa y África Occidental. Las avionetas y los helicópteros se utilizan para trasladar drogas hacia Brasil y Paraguay. También se han documentado rutas a través de la Hidrovía Paraguay-Paraná y corredores terrestres hacia los puertos de Chile.
¿Cómo es la historia del crimen organizado en Bolivia?
Desde su independencia en 1825, la política boliviana estuvo dominada por regímenes militares y por decenas de golpes de Estado, el último de los cuales tuvo lugar en 1980. El gobierno civil se estableció dos años más tarde y ha permanecido desde entonces.
Durante las administraciones de Gonzalo Sánchez de Lozada y Hugo Banzer en los años noventa y principios de 2000, Bolivia recibió fuertes presiones desde Estados Unidos para disminuir los cultivos de hoja de coca. La erradicación forzosa derivó en fuertes conflictos con el sector campesino cocalero, especialmente en la provincia del Chapare en el Trópico de Cochabamba. Evo Morales —un dirigente sindical cocalero afiliado al MAS— ganó las elecciones en diciembre de 2005 y se convirtió en el primer presidente indígena del país.
La presidencia de Morales se caracterizó por relaciones tensas con Estados Unidos debido a desacuerdos sobre los cultivos de coca y las operaciones antinarcóticos. En 2008, Morales declaró persona “no grata” al embajador de Estados Unidos por presuntamente “conspirar” contra su gobierno y suspendió la cooperación con la DEA, a la que terminó expulsando del país. Tiempo después, la Oficina de la Casa Blanca de Política Nacional para el Control de Drogas (The Office of National Drug Control Policy, ONDCP) incluyó a Bolivia en su lista negra.
Morales fue un ferviente partidario de la industria del cultivo de coca. En 2017, promulgó una ley que prácticamente duplicó el área de producción legal en el país. Sin embargo, su gobierno también se enfrentó violentamente con los cocaleros debido a la erradicación de los cultivos excedentarios.
Pero, pese a los esfuerzos por ampliar el mercado legal de productos derivados de la coca, como el té y la harina, la demanda interna no ha crecido al mismo ritmo que los cultivos, que siguen expandiéndose muy por encima del límite legal.
El sector de la minería de oro también ganó gran influencia en el país bajo el control de las cooperativas mineras. Con el aumento del precio del oro en los mercados internacionales, la actividad minera en Bolivia no ha parado de aumentar, como también la informalidad. La falta de control en el manejo del mercurio, a pesar de ser un país firmante del Convenio de Minamata, también posicionó a Bolivia como centro de suministro de mercurio para la minería ilegal en los países vecinos.
El período de estabilidad política de Bolivia llegó a un abrupto final en 2019. Tres años antes, Evo Morales había perdido un referéndum para permitir su reelección, pero en 2017 el Tribunal Constitucional Plurinacional falló a su favor al considerar que la reelección indefinida era un derecho humano. Esto le permitió presentarse nuevamente a las elecciones presidenciales de 2019, cuya cuestionada victoria desencadenó protestas masivas. Ante la presión de los manifestantes y las Fuerzas Armadas, Morales renunció a la presidencia y fue reemplazado por el gobierno interino de Jeanine Áñez.
La administración Añez llevó a cabo numerosas investigaciones en torno a más de 600 funcionarios de todos los niveles del gobierno por delitos que van desde el fraude electoral hasta el terrorismo.
Sin embargo, el MAS retomó la presidencia con Luis Arce solo un año después. Arce no tardó en arremeter contra el exgobierno de Añez, y la encarceló junto a varios exministros, acusándolos de terrorismo. Este patrón cíclico de encarcelamientos de la oposición ha llevado a que numerosos miembros de las élites políticas de ambos lados se vean envueltos en escándalos de corrupción.
Las diferencias entre Arce y Morales también derivaron en una batalla judicial y política por el control del partido, una fractura que aún perdura en el MAS. Desde 2024, Morales se encuentra prófugo de la justicia, refugiado en la región del Trópico de Cochabamba, luego de no presentarse al juicio en su contra por presunta trata de personas y estupro. El exdirigente alega que la investigación judicial ha sido promovida falsamente por sus rivales políticos.
Mientras tanto, los cultivos de hoja de coca continuaron expandiéndose. En 2025, alcanzaron máximos históricos, siguiendo una tendencia creciente desde los años ochenta, impulsada por el auge del mercado internacional de cocaína. Aunque la Ley General de la Coca de 2017 establece un límite legal de 22.000 hectáreas, los cultivos superaron el límite en un 65,5%.
Ese mismo año, Bolivia experimentó un nuevo cambio político. La oposición ganó las elecciones con la candidatura de Rodrigo Paz, quien restableció las relaciones con Estados Unidos y reanudó la cooperación con la DEA. Sin embargo, su gobierno enfrentó una creciente conflictividad social. En 2026, las protestas y los bloqueos de carreteras exigieron su dimisión, en medio de una profunda crisis social y económica. Morales fue acusado de terrorismo y alzamiento contra el Estado en el contexto de estas movilizaciones.
La presunta complicidad de funcionarios de alto nivel con las redes de tráfico de drogas también quedó bajo escrutinio. En los últimos años, el papel de las élites políticas de alto nivel en este comercio ha salido cada vez más a la luz. El arresto del narcotraficante Sebastián Marset en Bolivia en marzo de 2026 evidenció cómo el país se había convertido en un refugio para estos criminales, señalando la posible complicidad de autoridades al más alto nivel. Meses más tarde, las autoridades bolivianas y la DEA arrestaron al fiscal general, Roger Mariaca, y otros funcionarios, acusados de colaborar con esta estructura criminal. El caso es polémico, debido al rol fundamental de Mariaca en las investigaciones contra el exasesor del presidente Paz, Fernando Cerimedo.
¿Cuáles son los principales grupos criminales en Bolivia?
La posición de Bolivia como centro regional de drogas ha hecho que se posicione como una base de operaciones de organizaciones narcotraficantes extranjeras que colaboran con clanes familiares locales para coordinar los envíos.
Los grupos brasileños tienen una fuerte presencia en Bolivia —en particular el PCC y el Comando Vermelho—. También se han detectado estructuras mexicanas y colombianas involucradas en varias economías ilícitas, como el tráfico de drogas, el contrabando de mercurio y el sicariato.
En marzo de 2026, las autoridades arrestaron al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en la ciudad de Santa Cruz. Según las autoridades, Marset coordinaba junto al PCC vuelos de cocaína desde Bolivia hacia Paraguay y, posteriormente, utilizaba la hidrovía Paraguay-Paraná para enviar los cargamentos hacia África y Europa.
La presencia de estos grupos en el país también se ha visto reflejada en el aumento de los casos de sicariato y en las disputas territoriales por el control de las rutas. El país contabilizó 62 asesinatos en los primeros 10 meses de 2026. El Trópico de Cochabamba y el departamento de Santa Cruz concentran la mayor parte de los casos.
¿Cómo están conformadas las fuerzas de seguridad en Bolivia?
Bolivia cuenta con una institución policial centralizada, la Policía Nacional de Bolivia (PNB), que cuenta con unos 38.000 agentes. Dentro de la Policía Nacional, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) combate específicamente el tráfico de marihuana y cocaína. Las incautaciones de estas sustancias han ido en aumento en los últimos años.
La policía tiene la reputación de ser corrupta y de participar en el tráfico de drogas incluso en los niveles más altos, tanto que múltiples jefes de la policía fueron arrestados y destituidos. Entre ellos se encuentra el general Óscar Nina, a quien Morales encomendó la tarea de reestructurar la policía después de expulsar a la DEA del país, pero fue detenido en 2015 por presuntos vínculos con narcotraficantes.
El expolicía general René Sanabria, quien alguna vez se desempeñó como zar antidrogas de Bolivia, fue enjuiciado en Estados Unidos en 2011 por dirigir una red de tráfico de cocaína y condenado a 14 años de prisión. Posteriormente, un tribunal de La Paz lo condenó a otros 10 años de reclusión en 2022.
En febrero de 2022, Estados Unidos acusó a Maximiliano Dávila Pérez, exdirector de la FELCN, de conspirar para ingresar cocaína a Estados Unidos. En 2026, un tribunal lo condenó a 25 años de prisión.
¿Cómo es el sistema judicial en Bolivia?
El principal organismo del sistema judicial boliviano es la Corte Suprema de Justicia. Dicho sistema incluye además el Tribunal Constitucional, las Cortes Distritales en cada departamento y las Cortes menores.
Existe poca confianza en el sistema judicial, y la percepción popular es que las instituciones son poco activas. Durante los 14 años en el poder del expresidente Morales, la independencia del poder judicial se debilitó, mientras que Añez empleó el sistema judicial como arma contra exfuncionarios del MAS. Bajo la administración de Luis Arce, dicha práctica continuó.
En 2025, el gobierno de Paz eliminó el Ministerio de Justicia en respuesta al ocultamiento de una condena contra el ministro, Freddy Vidovic. En 2026, el gobierno también acusó al fiscal general, Roger Mariaca, y a otros funcionarios de justicia, de haber colaborado con redes de narcotráfico. Mariaca consideró su arresto una represalia por investigar al exasesor del presidente, involucrado en un caso de intento de homicidio en Santa Cruz.
El World Justice Project ubicó a Bolivia en el puesto 131 de los 139 países clasificados en el Índice de Estado de Derecho de 2025, basándose, entre otras cosas, en el puntaje de justicia civil del país, el cual está muy por debajo de los promedios mundiales y regionales.
¿Cómo es el sistema penitenciario en Bolivia?
Las cárceles de Bolivia enfrentan un problema de hacinamiento superior al 105%, según datos de 2025. En algunos centros penitenciarios del país, este porcentaje alcanzaba el 513%. Aproximadamente el 60% de los reclusos se encuentran en condiciones de prisión preventiva.
El autogobierno y la corrupción policial abundan en el sistema penitenciario de Bolivia, que también padece de malas condiciones carcelarias y falta de recursos.
Con el fin de reducir el hacinamiento, en diciembre de 2012 se aprobó un decreto presidencial que indultaba a los presos que cumplían ciertas condiciones. Dicha medida se ha extendido al menos cuatro veces en años posteriores, pero a pesar de estos esfuerzos, la población reclusa continúa aumentando, y en 2025 ya superaba las 32.000 personas.
