El 23 de abril de 2021, dos helicópteros del ejército venezolano aterrizaron cerca de la población de La Victoria en el estado fronterizo de Apure, llenos de soldados enviados a perseguir a disidentes de las guerrillas colombianas. Los cazadores no tardaron en ser cazados.
Dos días después, la guerrilla del Frente 10 de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llamaron a un párroco local para que fuera y recogiera los cuerpos de los soldados caídos en la emboscada. Grabaron al sacerdote y a sus ayudantes vomitando por la pestilencia mientras cargaban los cadáveres en un camión. El video se publicó posteriormente en internet.
Varios observadores de derechos humanos hablaron de 12 cuerpos recuperados, pero el saldo de muertos total puede haber sido aun mayor. Dos días después, los guerrilleros contactaron de nuevo al sacerdote y le pidieron que buscara nuevos cuerpos. Otro párroco de un pueblo vecino, que no quiso ser identificado por temor a represalias, dijo a InSight Crime, “me llamó a preguntarme qué hacía y le dije ‘no se meta, porque va a salir mal de eso’”, relató.
No hubo un reporte oficial sobre el número de muertos. Las autoridades venezolanas ni siquiera admitieron que había ocurrido la emboscada.
“A eso se le echó tierra, hubo muchos más muertos”, afirmó el cura.
Pero hubo algo que no pudieron negar: la guerrilla también capturó a ocho soldados. Dos semanas después del ataque, las antiguas FARC enviaron primero una carta a la Cruz Roja, informando los nombres de los soldados y pidiendo a los organismos internacionales que ayudaran a facilitar su liberación. Luego comenzaron a publicar pruebas de vida en video.
“Hemos sido capturados por las FARC, nos han tratado bien, hemos recibido alimentos, medicinas, y en este momento nos encontramos bien”, decía el teniente coronel Jhan Carlo Bemón en el primero de esos videos. “Creo que esta situación puede resolverse por el diálogo”.
Esto resultaría ser un punto de quiebre en los combates entre el ejército venezolano y el Frente 10, que para ese punto llevaban tres meses. Tras el ataque, aumentaron los reportes de desavenencias y deserciones en las filas de las fuerzas armadas. Y la guerrilla, después de soportar la campaña militar más agresiva de la historia reciente de Venezuela, ahora tenía rehenes que podía usar como elementos de negociación.
Venezuela tiene una muestra de la guerra de guerrillas
La primera misión militar contra el Frente 10 en Apure se inició en septiembre de 2020, con el objetivo de capturar o dar de baja a Fabián Guevara Carrascal, alias “Ferley”, jefe de finanzas del Frente 10. Aunque el ejército anunció que había asesinado a 15 guerrilleros y destruido tres campamentos de las antiguas FARC, cuatro soldados resultaron muertos y Ferley escapó.
Las hostilidades se reanudaron a finales de enero de 2021, y a lo largo de febrero hubo enfrentamientos esporádicos entre las fuerzas de seguridad y las antiguas FARC, aunque las autoridades montaron operativos contra las redes de narcotráfico de esa guerrilla. Pero no fue hasta finales de marzo que se intensificó el conflicto.
El 21 de marzo, el ejército lanzó la “Operación Escudo Bolivariano 2021” con una gran ofensiva en el municipio de Páez. Según el Ministerio de Defensa, el ejército enfrentó a la guerrilla, y capturó a 32 personas, destruyó seis campamentos y mató a un comandante de las antiguas FARC, a la par que perdió dos soldados en combate.
Aunque se presentó como una victoria del ejército, los residentes de la zona, líderes de la comunidad y periodistas de Páez declararon a InSight Crime que la operación fue un fracaso. Para cuando el ejército llegó, la guerrilla ya se había esfumado. Incluso las capturas no fueron lo que se mostró, pues organizaciones de derechos humanos de inmediato denunciaron al ejército por la detención arbitraria de campesinos y agricultores.
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El Frente 10 lanzó el contraataque. En la noche del 23 de marzo, una célula guerrillera atacó una base de aduanas en la población de La Victoria usando explosivos. En los días siguientes, hubo cruce de disparos, bombardeos aéreos por parte del ejército, y ataques guerrilleros contra puestos de las fuerzas de seguridad.
Se multiplicó el número de organismos de seguridad enviados a la región. Los residentes de la población de Guasdualito, donde las fuerzas de seguridad instalaron su base de operaciones para la campaña, dijeron a InSight Crime que además del ejército, en el campamento había agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de la Policía, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). A mediados de abril, el ejército anunció incluso el despliegue de mil miembros de la fuerza de voluntarios civiles, las milicias bolivarianas, a la región.
El despliegue de soldados, policías, fuerzas especiales, organismos de inteligencia y milicias dio a las fuerzas de seguridad una enorme ventaja numérica. Con sus jets, helicópteros y vehículos blindados, también tenían una enorme ventaja en poder de fuego. Pero el Frente 10, con alrededor de 300 combatientes no planteaba un blanco convencional: estaban ocultos entre la población civil y tenían libertad de movimiento al otro lado de la frontera.
“Pensaron que iban a destruir [al Frente 10 al instante], pero fue lo contrario; cuando el gobierno los atacó desató su ira”, comentó un líder religioso de Guasdualito, quien solicitó que se mantuviera su anonimato por razones de seguridad.
Décadas de lucha armada en Colombia le habían dado a los combatientes de las antiguas FARC habilidades en guerras asimétricas, mientras que los años que llevaban operando en Apure implicaban que conocían el terreno local y tenían vínculos estrechos con las comunidades. Eso les dio la inteligencia que los mantuvo un paso por delante de las fuerzas de seguridad.
“Estas personas llevan años trabajando [en Apure] y son amigos de todos los campesinos locales”, señaló un ganadero de Apure, quien solicitó que se mantuviera reserva de su identidad por motivos de seguridad. “La guerrilla sabe cada mínimo detalle de lo que pasa aquí”.
Pero no eran únicamente las comunidades. El ejército destinado a la región estaba acostumbrado a cooperar con el Frente 10, no a combatirlo. Los residentes incluso cuentan que ambos bandos hacían patrullas juntos.
“En camiones, a pie, hacían las rondas juntos, porque trabajaban juntos, no peleaban”, comentó el líder religioso.
Después de que se hizo evidente de que el Frente 10 había recibido alertas de los operativos militares próximos, la inteligencia militar abrió una investigación sobre las fugas de información y las conexiones entre oficiales del ejército y las antiguas FARC, según un reportaje de El Nacional. Hasta el momento, han sido capturados dos coroneles acusados de colaborar con el frente, mientras que el brigadier general a cargo de la base militar de Guasdualito también fue retirado de su cargo en circunstancias misteriosas.
Las retiradas del ejército
Aunque el Frente 10 hacía quedar en vergüenza al ejército, a la vez estaba buscando una salida del conflicto. En público, convocaron a negociaciones, pero en privado comenzaron a buscar las muchas conexiones políticas que habían hecho a lo largo de años, pidiéndoles que mediaran para buscar una solución.
Según la periodista y experta en temas castrenses Sebastiana Barráez, a comienzos de abril, se organizaron reuniones entre el Frente 10, miembros del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y delegados de otros movimientos políticos que hacen parte de la “Revolución Bolivariana” de Chávez
Un antiguo miembro del PCV, que solicitó no ser identificado por motivos políticos, confirmó el encuentro entre los insurgentes y los movimientos políticos y señaló que participaron sus contactos personales del PCV. También explicó que el partido había sido convocado por sus nexos de larga data con la guerrilla, especialmente en Apure.
“A lo largo de su historia, el PCV ha mantenido relaciones con las FARC”, explicó. “Hay haciendas en Apure que fueron expropiadas [por el gobierno] y que se entregaron a miembros del PCV para que las cuidaran, las administraran y saldaran cuentas con las FARC, con quienes mantienen relaciones económicas”.
Pero fue solo después de que el Frente 10 capturó a los ocho soldados que la situación comenzó a cambiar.
Al comienzo, el gobierno guardó silencio. Solo hasta el 15 de mayo, el ministro de defensa Vladimir Padrino López reconoció en público que los soldados habían sido tomados como rehenes, eso es más de tres semanas después de la emboscada. Al día siguiente, el Frente 10 envió otra prueba de vida en video, donde se veía a los ocho rehenes rogando al gobierno que negociara su liberación.
Luego, el 28 de mayo, las fuerzas militares comenzaron a retirarse de la región; los soldados y el armamento fueron retirados y los puntos de control cerrados. Tres días después, Padrino López anunció la liberación de los rehenes. El ejército los había rescatado, afirmó, en la “Operación Águila Centenaria”. Pero no se dieron detalles de la operación ni entonces ni después, y no hubo información de operativos ni confrontaciones en la zona.
Los reportes del Frente 10 celebrando en las calles de La Victoria y poblaciones cercanas el retiro de las fuerzas de seguridad se sumaron a la humillación del ejército venezolano.
El precio de la derrota
Los reportes oficiales reconocen 12 muertes entre la operación inicial en septiembre y la retirada del ejército a finales de mayo, mientras que las noticias de los medios hablan de al menos 20 muertos. Sin embargo, el verdadero saldo de muertes sigue siendo un misterio.
En algunos casos, ni las familias de los soldados enviados a combatir en Apure saben si sus hijos están vivos o muertos. Para algunos, la primera vez que supieron que sus parientes habían desaparecido fue cuando no regresaron a sus hogares después de que se redujo el conflicto.
InSight Crime habló con familiares de dos soldados desaparecidos en el conflicto, El primer sargento Abraham Belisario y el sargento mayor Danny Vásquez, ambos enviados a Apure desde la base naval de Turiamo en el estado de Aragua.
“Descubrí lo que había sucedido por las redes sociales; nadie me dijo nada”, lamentó una familiar de Belisario. Después de eso se dirigió a la sede naval en Caracas en busca de información, y allí fue recibida por un general.
“Me dijo que tuviera mucha fe, que es lo que todos me han dicho: que debo tener fe”, relató.
La familia de Vásquez tuvo las últimas noticias suyas el 21 de abril, cuando los contactó para decirles que les iban a quitar los teléfonos. Dos días después le envió un mensaje a su esposa, pero cuando su familia intentó contactarlo en su teléfono, este estaba apagado.
Un mes después el oficial al mando de Vásquez visitó la residencia familiar para devolver su teléfono y otras posesiones. Pero no les dio información sobre el paradero de Vásquez.
“Cuando le escribí [al oficial] no me respondió, simplemente me dijo que no tenía información”, comentó un pariente. “Le pregunté si aún lo estaban buscando y me dijo que sí, que había un teniente comandante en el caso, pero eso fue lo único que me dijo”.
El personal del ejército en Apure no tenía ni el adiestramiento ni el equipo para un conflicto en el terreno y contra un enemigo como el que iban a enfrentar. Algunos de los soldados enviados a la región, incluido el desaparecido Danny Vásquez, no tenían más de 15 días de adiestramiento especial en Caracas para prepararse para lo que les esperaba en Apure.
El Frente 10 puso en evidentcia la degradación de la capacidad del ejército venezolano, no solo por el abandono, sino también porque el gobierno lo convirtió en un instrumento político, cuyo principal objetivo no es defender el país, sino mantener el régimen chavista, comentó un general retirado del ejército, que habló con InSight Crime a condición de que se mantuviera su anonimato.
“Las fuerzas armadas tienen la moral baja, porque han sido usadas, ideologizadas y politizadas”, agregó. “Han perdido su objetivo, su razón de ser”.
Cuando se hizo evidente que el ejército se estaba ahogando en un conflicto letal, los soldados comenzaron a desertar de sus puestos. A mediados de abril, El Nacional informó que el ejército había emitido 21 órdenes de captura para los desertores.
Después de la emboscada del 23 de abril, los índices de deserción aumentaron aún más, según informaciones de prensa, y el descontento en las filas comenzó a desbordarse, según evidenciaron grabaciones en audio de soldados anónimos que comenzaron a circular en las redes sociales.
“¡Qué rabia! Ni siquiera sé qué pensar”, decía uno de ellos.
Pero no eran solo las condiciones y los riesgos lo que desmoralizaba a las tropas, afirman antiguos militares. Las tensiones también escalaron cuando se hizo claro que la pretensión del gobierno de que estaban defendiendo el país de “terroristas” era poco más que una fachada.
“Los enviaron [a Apure] con el argumento de que iban a combatir un enemigo que estaba penetrando el territorio nacional”, comentó el general. “Pero cuando [los soldados] se dieron cuenta de que iban a combatir a una facción de las FARC para beneficiar a otra facción de las mismas FARC, entonces no había más posibilidad de que creciera la convicción de que no querían ir a luchar”.
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Para el presidente Maduro, que depende de la lealtad de las fuerzas militares para aferrarse al poder, el conflicto lo dejó en una posición precaria, pues los soldados comenzaron a preguntar lo que no tenían permitido preguntar, una pregunta que planteó un exsoldado que residía en Apure.
“Cuando vean que es un fraude, que no es claro por qué están luchando, y que hay personas que se benefician particularmente de este conflicto, un soldado se va a hacer la pregunta ‘¿por qué mi vida?’”.
A pesar de los rumores de descontento en las filas después de la humillante experiencia del ejército en el campo de batalla, se ha mantenido la campaña del Estado contra el Frente 10.
Por el momento, han cambiado las tácticas, pues el ejército ha evitado la confrontación directa con la guerrilla, y en lugar de eso se ha ido en contra de las comunidades que dieron a los insurgentes la ventaja en el conflicto. Las denuncias de detenciones arbitrarias se mantienen; los medios locales reportaron alrededor de 130 capturas de presuntos colaboradores de las FARC solo en julio y agosto. Los videos obtenidos por InSight Crime también muestran a los soldados obligando a los residentes a salir de sus casas, diciendo que eran usadas por “amigos de los terroristas”.
A pesar del precio que ha pagado, Maduro parece decidido a restablecer el orden y el balance de poder que hizo tan rentable la alianza FARC-Chavista para ambas partes durante tantos años. Las comunidades de la región fronteriza, entre tanto, se preparan para que otra ola de la guerra en Colombia golpee a Venezuela.
“[El Frente 10] no quiere luchar, pero dicen que si el Estado se vuelve loco, ellos van a responder. Estas personas ya están preparadas y las cosas pueden ponerse aún más feas que la última vez”, declaró a InSight Crime un residente de La Victoria, que no quiso identificarse por temor a las represalias.