En la foto, ambos sonríen. En primer plano, en la mitad izquierda, el hombre con camisa clara de mangas cortas y botones, jeans y un reloj metálico, sostiene una botella de agua en la mano derecha. Ríe con ganas. Es Herbert Saca. En la mitad derecha, un hombre con sombrero, camisa blanca también y un pañuelo azul en el cuello. Es Juan Umaña Samayoa, candidato a reelegirse como alcalde de Metapán, ubicado en el departamento de Santa Ana, al occidente de El Salvador, por el Partido de Conciliación Nacional. En el fondo, una carpa roja y siluetas de un grupo que parece nutrido.
Juan Umaña es uno de los políticos vinculados al Cartel de Texis, una estructura aún más grande y más influyente que Los Perrones, el poderoso consorcio de contrabandistas de lácteos e indocumentados, según los informes de inteligencia citados por El Faro en varios artículos en los que revela la estructura de esta organización.
La foto en la que Umaña y Saca comparten sonrisas fue tomada a pocas semanas de que el primero fuera reelegido alcalde de Metapán, en la zona de influencia del cartel. Investigaciones periodísticas de El Faro revelan que dos síndicos de la alcaldía de Metapán han sido asesinados, un regidor capturado con cinco kilos de cocaína y que incluso el propio alcalde sufrió un atentado. “Los cinco casos”, dice el periódico digital, “tienen un denominador común: involucran la palabra narcotráfico”[1].
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Cuando Herbert Saca se tomó la foto a finales de 2011, su posición ante el presidente Mauricio Funes Cartagena era ya la de un privilegiado. Lo confirman otra investigación periodística[2] y varios testimonios[3], así como informes de inteligencia elaborados por el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) desde 2009.
“Herbert empezó a entrar a Casa Presidencial porque el grupo íntimo del presidente le comió la cabeza con que el FMLN [Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional] lo vigilaba y quería joderlo. La gente de los Amigos de Mauricio [Funes] pensó que podían usarlo como operador político, pero se equivocaron: Herbert los usó a ellos para entrar”.
Quien habla es un exfuncionario del presidente Funes, miembro del FMLN, que salió del Gobierno en 2011 tras el cambio de autoridades en el área de seguridad.
El arreglista
Es imposible contar la historia del bajo mundo en El Salvador sin mencionar a la policía y Herbert Ernesto Saca Vides. Saca es, aseguran quienes lo conocen, un hombre afable. Sus amigos —variados y poderosos— dicen de él que resume ese estilo campechano que suele cosechar éxitos en la política salvadoreña. Sus enemigos —entre los que también se cuenta gente con importantes cuotas de poder, sobre todo en la derecha representada en Alianza Republicana Nacionalista (Arena)— dicen de él que es uno de los más oscuros operadores políticos de las últimas dos décadas.
“Es un hombre muy astuto, con una gran capacidad de relaciones, pero también con un gran don para la oscuridad”, lo describe otro exfuncionario de la administración del presidente Funes, independiente del FMLN, que lo conoce desde el quinquenio anterior. “Es, sin duda, un operador efectivo. Claro, no para una operación política sana”.
Por su relación con lo más granado del poder político, por su capacidad de hacer trascender su influencia de la última administración de Arena a la primera del FMLN, por los vínculos que forjó con el crimen organizado desde inicios de la década, por estar en el radar de Estados Unidos al menos desde 2008, por saber aprovechar y ensanchar las estructuras de corrupción que encontró en la PNC, Herbert Saca puede ser considerado el operador mejor instalado en el poder político, responsable de que dinero del crimen organizado financiara campañas electorales, según testimonios recabados entre operadores del narcotráfico y exfuncionarios de alto nivel de tres Gobiernos diferentes[4]. Su historia de vida refleja, mejor que la de ningún otro operador político, la historia de la infiltración en El Salvador.
Para tener una idea de su alcance, analistas del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) recopilaron 1.797 llamadas, hechas y recibidas, entre el 15 de febrero y el 15 de junio de ese año, de los números 7833-7110 y 7180-4034, ambos registrados a nombre de Herbert Saca. En estos informes se registraron las bitácoras de llamadas, algo que, según investigadores de inteligencia, el OIE está facultado para hacer, aunque no lo está para intervenir conversaciones telefónicas.
Entre otros, llamó al inspector de la PNC, Walter Reymundo Lazo Merino, exjefe de la División Élite contra el Crimen Organizado y para entonces destacado en la Interpol de El Salvador; a la esposa de Marcos Gregorio Sánchez Trejo, presidente de la Corte de Cuentas; a la centralita de la Asamblea Legislativa; a la alcaldía de Santa Cruz Analquito, Cuscatlán; a la Corte Suprema de Justicia; a cuatro celulares asignados al Tribunal Supremo Electoral; a Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños; y a una empresa representada por Irving Pável Tóchez y Nicolás Antonio Salume Babún.
En el reporte también aparecen cuatro llamadas al 7190-9100, el número de celular de la cuenta corporativa de Casa Presidencial asignado al presidente Funes.
Además de manejar campañas y tratos políticos, Herbert Saca ha tenido, siendo asesor de su primo el Presidente Elías Antonio Saca González y luego de Funes, relaciones con varias personas investigadas en diferentes momentos por el Estado por casos de narcotráfico y crimen organizado y aparece ligado a Los Perrones y al Cartel de Texis.
Herbert Saca también compartía un abogado con Reynerio Flores Lazo, uno de los principales líderes de los Perrones. Fue sujeto de investigación por vender carros al otro líder de los Perrones, José Natividad “Chepe” Luna Pereira. Cuando su primo Antonio Saca llegó al poder, Herbert Saca empezó a cobrar a varios narcos por “protección” pero Reynerio se negó.
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“Él tuvo margen para arreglar, pero ya no quiso”, dijo una fuente sobre la decisión de Reynerio de no pagar a Saca.
La decisión fue fatal. En 2008, luego de los intentos fallidos debido a filtraciones originadas en los más altos mandos de la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC), el Gobierno emprendió una intensa persecución contra Los Perrones que culminó, en principio, con acusaciones contra Reynerio, su esposa, su hermano Héctor Armando y la esposa de este. Los Flores Lazo alegaron que se trataba de una vendetta política dirigida por Herbert Saca. Reynerio luego fue condenado a 60 años.
En Washington, el interés por Herbert Saca —y por toda la administración del presidente Saca— empezó allá por 2008. “Vino un grupo de Estados Unidos, que inicialmente no se identificó como una investigación oficial, pero luego me quedó claro que lo era, y empezaron a hacer preguntas sobre la corrupción”, dice un miembro de Arena, funcionario del presidente Saca. Otro exfuncionario de esa administración confirma que lo llamaron desde Washington en 2010 para interesarse por el primo del expresidente.
A mediados de 2013, dos oficiales de la administración del presidente Barack Obama que, desde dos agencias diferentes analizan la aplicación de la ley y la política en El Salvador, confirmaron que Herbert Saca es una persona que en Estados Unidos tiene expedientes abiertos. Eso, explicitaron ambos, no significa que Washington esté pensando en ejercer acciones contra él, pero tampoco significa que no.
El surgimiento de Herbert Saca coincide con el de los exmilitares del Acuerdo 221, que daba de baja en forma extemporánea a 25 oficiales del ejército, miembros de los antiguos cuerpos de seguridad, momento en el que el cáncer de la corrupción se esparció por la PNC. El crimen organizado, sobre todo el de Oriente, cosechaba así los primeros frutos de sus inversiones en agentes y oficiales que habían desfilado por la Dirección Antinarcotráfico (DAN), Finanzas, la Regional Oriental o la División de Fronteras. La influencia dejó de limitarse a las relaciones construidas con sobornos en prostíbulos o delegaciones locales. Los amigos estaban ahora en los despachos más importantes del castillo, como se conoce el cuartel central de la PNC en San Salvador. Pero no fue hasta el período del presidente Saca y de la llegada de su Herbert a los círculos de poder, siempre con el entonces director de la PNC, Ricardo Menesses, al frente, cuando la infiltración se institucionalizó.
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Para 2004, a la penetración del crimen organizado en el Estado a través de la PNC se había sumado la entrada de las mafias al juego político a través de tres mecanismos: uno, el financiamiento de campañas políticas, primero a escala local y después a escala nacional, como sucedió en las presidenciales de 2009; dos, el pago de sobornos a los operadores políticos para garantizar el libre funcionamiento de las redes criminales, el paso y protección de mercancías; y tres, el oportuno aviso, desde la PNC, de operativos orientados a la captura de integrantes de las bandas. De allí en adelante ha sido el tumor de por vida.
Oportunidad perdida
“El problema de la PNC es que los comisionados pasan más tiempo viendo cómo se joden unos a otros que realmente haciendo algo… A estas alturas puede ser que la única solución sea desechar a las primeras promociones y buscar nuevos liderazgos”. Lo dice un agente federal de Estados Unidos en una cafetería de San Salvador[5]. Sus palabras no dejan de sorprender, porque Washington ha sido uno de los principales aliados de la PNC. Uno de sus principales financistas. Su principal valedor.
Pero 2012 y 2013 no fueron buenos años para la relación entre Washington y la PNC. La tregua entre las pandillas MS13 y Barrio 18 marcó un distanciamiento de las autoridades de Seguridad Pública con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
En 2013, el senador estadounidense Patrick Leahy señaló al actual presidente salvadoreño, Mauricio Funes, con duras palabras sobre la corrupción en la Policía, la falta de transparencia y la inacción del Gobierno en contra del lavado de dinero y el crimen organizado. Inconforme con giros que Funes dio en el área de Seguridad, que implicaron el empoderamiento en la PNC de oficiales acusados de corrupción, Leahy estuvo a punto de congelar un millonario programa de cooperación conocido como Fomilenio II. Al final, el senador no detuvo el financiamiento, pero dejó claro que el desembolso final depende, en parte, de que haya limpieza en la Policía.
A la base de los reclamos de Leahy están los cuestionamientos varias veces repetidos sobre el fracaso del Estado en la persecución del delito y el crimen organizado, sobre la corrupción en la PNC, sobre la falta de institucionalidad y sobre la presencia en oficinas públicas de funcionarios cuestionados.
“Aunque El Salvador puede señalar algún progreso… sigue siendo un país con instituciones democráticas débiles, en el que la independencia judicial ha sido atacada, la corrupción se ha extendido y las organizaciones criminales transnacionales y el lavado de dinero han florecido”, dijo el senador de Vermont en el pleno del Senado el 18 de septiembre de 2013. Y continuó: “En los últimos años he visto cómo los salvadoreños son víctimas de la violencia, de una Policía corrupta, de individuos en posiciones de seguridad que se preocuparon más por enriquecerse que en mejorar las condiciones de su gente”[6].
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Las palabras del senador Patrick Leahy sobre la PNC se parecen mucho a las que 20 años atrás pronunciaban los oficiales de Naciones Unidas que supervisaron su despliegue territorial tras la firma de los Acuerdos de Paz al hablar, frustrados, de la falta de controles y transparencia en el nuevo instituto policial.
A las puertas de un nuevo Gobierno en El Salvador, que tomará posesión en junio de este año, tras la segunda ronda electoral que se celebrará el 9 de marzo, las voces discretas de funcionarios estadounidenses y salvadoreños empiezan a sonar alarmadas: “A estas alturas, puede ser que la única solución sea desechar a las primeras promociones y buscar nuevos liderazgos”, decía un agente federal de Estados Unidos a mediados de 2013.
Esas primeras promociones, las que copan la PNC desde los días del pecado original —que permitió el traspaso sin filtros de oficiales, de valores y de una cultura de impunidad— han mantenido el poder durante 20 años. Esas primeras promociones han mandado durante dos décadas marcadas, en general, por fracasos en la investigación, la ausencia de controles internos y la consolidación del crimen organizado.
Hubo, sí, períodos excepcionales marcados por la valentía de oficiales y agentes que aprovecharon los pocos resquicios que existieron para intentar quebrar la inacción, la complicidad o la desidia institucional. Fue durante esos paréntesis que hubo algunos intentos de depuración, silenciosa o frontal. Fue entonces cuando algunos oficiales, aun en los años del presidente Armando Calderón Sol (1994-1999), se atrevieron a denunciar la participación de las élites políticas en el crimen organizado. Pero todos esos gestos de ética e integridad fueron, sin embargo, hechos aislados y excepcionales, no una tendencia sostenida capaz de contrarrestar la infiltración del crimen organizado que aún hoy carcome a la PNC.
*Este es un resumen que InSight Crime ha hecho sobre la investigación realizada por el periodista salvadoreño Héctor Silva Ávalos, cuyo resultado final se encuentra en su libro “Infiltrados: Crónica de la corrupción en la PNC de El Salvador”, que pronto se publicará. Vea toda la serie aquí.
Silva Ávalos es un periodista de carrera que trabajó durante 15 años en La Prensa Gráfica de El Salvador. Desde mediados de 2012 es investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University, donde se ha consolidado como autoridad en estos temas.
Notas al pie
[1] Lemus y Arauz, “Otro concejal de Metapán vinculado por la autoridades al tráfico de drogas”, El Faro, 27 de enero de 2012.
[2] Sergio Arauz, “Los nuevos amigos del presidente”, El Faro, 4 de octubre de 2011.
[3] Entre septiembre de 2012 y agosto de 2013, el entrevistador habló con dos exfuncionarios del presidente Saca y media docena de políticos de la administración del presidente Funes para ahondar en la relación con Herbert Saca. Todos ellos y dos oficiales estadounidenses, off the record, confirmaron la cercanía.
[4] Para elaborar el perfil de Herbert Saca, se recurrió a entrevistas con funcionarios de las administraciones de los presidentes Flores, Saca y Funes. También se habló con miembros y exmiembros de Los Perrones que trabaron tratos con él y que han compartido esa información con agentes estadounidenses. Y se corroboró información con dos docenas de agentes de la ley en El Salvador, Guatemala, Honduras y Estados Unidos.
[5] Con este funcionario, miembro de una agencia de aplicación de la ley, el autor platicó en una cafetería en San Salvador. También conversó sobre la PNC con otro funcionario estadounidense, diplomático, en una cafetería en Washington. No tuvieron problemas en hacer su evaluación sobre la PNC, una con las que su país más ha colaborado en Centroamérica, pero lo hicieron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a discutir públicamente posiciones de su país respecto a política interna salvadoreña.
[6] Récord Congresional. “Senator Leahy´s Statement on El Salvador´s MCC”. Washington DC, 18 de septiembre de 2013.