La selva compartida por Perú, Colombia y Brasil es la fachada ideal para el cultivo y procesamiento de coca. Como resultado de ello, se ha desarrollado una cadena de tráfico de cocaína allí —que se inicia con la coca sembrada en Perú. La infraestructura criminal creada para alimentar esa industria también protege y promueve los delitos ambientales, como la deforestación ilegal, el tráfico de madera y la minería ilegal de oro. Las zonas remotas tienen poca presencia estatal y el denso dosel arbóreo vuelve casi invisibles las actividades ilícitas y los grupos armados.
La triple frontera, donde se unen Colombia, Brasil y Perú, mantiene su posición histórica como corredor de tránsito de cocaína. Aunque no tiene fama de ser centro de producción de narcóticos, es posible que en la parte venezolana haya nuevos cultivos de coca.
*Este artículo hace parte de una investigación de InSight Crime en conjunto con el Instituto Igarapé sobre la minería ilegal, el tráfico de madera y el narcotráfico en las zonas de triple frontera entre Colombia, Perú, Brasil y Venezuela. Si desea leer la investigación completa puede hacerlo aquí. También puede descargar el PDF completo aquí.
Un piloto en Puerto Ayacucho, ciudad del estado de Amazonas, en Venezuela, afirmó haber visto sembrados de coca al noroeste, en los municipios de Autana y Maroa.
Aunque el piloto no pudo ofrecer más detalles sobre los sembrados de coca en esa región, una investigación de InSight Crime halló en 2022 que los cultivos de coca están extendiéndose en la frontera de Venezuela con Colombia.
Una explosión de plantas de coca en el Amazonas peruano
Hasta hace pocos años, la región de la triple frontera en Perú estaba relativamente libre de coca. Pero ahora, la delincuencia derriba extensiones de frondosa selva tropical a lo largo del río Amazonas para abrir paso al cultivo ilícito.
La siembra de coca en la Amazonía peruana se consolidó inicialmente al sur de la triple frontera, en el valle del Alto Huallaga, que se extiende por 322 kilómetros a lo largo del río Huallaga en el centro de Perú. A comienzos de la década de 2010, los cultivos masivos de la industria de la cocaína se desplazaron al sur, al valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, una región selvática montañosa un poco más extensa que Puerto Rico, conocida por su acrónimo en español, VRAEM.
Durante una década, una facción de la guerrilla Sendero Luminoso se ha refugiado en el VRAEM, vigilando cultivos de coca y trasegando cocaína para diferentes clanes. En ocasiones, el gobierno ha intentado erradicar coca en el VRAEM con pocos resultados, pero la presencia del ejército parece haber desplazado el cultivo de coca a otras zonas del país —entre se destaca la región selvática del Amazonas a lo largo de la triple frontera de Perú con Colombia y Brasil. Anteriormente, los sembrados de coca habían sido mínimos allí.
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Loreto, el extenso departamento al noreste de Perú, que abarca más de la mitad de la Amazonía del país, registró solo el 12% de la coca cultivada en Perú en 2004. La provincia de Mariscal Ramón Castilla, en ese departamento, cuyo extremo este limita con Colombia y Brasil, solo registraba 440 hectáreas de coca en 2012. Para 2020, la zona ocupada por los arbustos de coca en la región de Bajo Amazonas, en Loreto —en la que se encuentran Mariscal Ramón Castilla y las provincias vecinas de Maynas y Requena— se expandió a 4.247 hectáreas, según un informe de 2021 del Observatorio Peruano de Drogas. El número aumentó más de 50% a 6.472 hectáreas en 2021, según el informe de 2022 del observatorio.
Agentes de seguridad tanto en Colombia como en Perú coincidieron en que se está aumentando el cultivo de coca en la región fronteriza de Perú. Juan Mojica y Santos Mojica, líderes de la comunidad indígena colombiana de Nazareth, casi a una hora subiendo por el río Amazonas desde Leticia, señalaron que los cultivos que se están sembrando en el lado peruano del río se han vuelto un problema para su comunidad. Grupos de gente, entre los que se cuentan adolescentes en edad escolar, cruzan el río para trabajar como raspachines, o jornaleros para cosechar y procesar las hojas de coca, dijeron.
Comunidades pobres, indígenas y rurales en la provincia peruana de Mariscal Ramón Castilla reciben dinero para sembrar coca, según una investigación del diario peruano La República.
Los traficantes también pagan a las comunidades por sacos con hojas de coca, conocidos como arrobas. En algunos casos, negocian con líderes comunitarios para acordar pagos mensuales por acceso a sus territorios. Los libros de contabilidad que mantienen las juntas comunales contienen incluso rubros para alquiler de tierras a traficantes y proyectos financiados por ellos, según el reportaje de La República.
Pistoleros asociados a traficantes también han invadido tierras de las comunidades para instalar cultivos de coca.
Un funcionario de la alcaldía de Mariscal Ramón Castilla, quien solicitó que se mantuviera su anonimato por motivos de seguridad, comentó que temía que la provincia amazónica se convirtiera en otro VRAEM para los traficantes. Los cultivos de coca se han duplicado allí en los últimos cuatro años y sus 6.362 hectáreas de coca representaban casi el total de los cultivos ilícitos en el Bajo Amazonas en 2021, según el informe más reciente sobre la droga. El Bajo Amazonas fue la tercera área más cultivada en el país.
“Nos encontramos en una zona que no es prioridad para el Estado”, reconoció. “Esa es una de las razones detrás del incremento de los cultivos de coca. Aquí estamos por nuestra cuenta”.
Durante años, las autoridades peruanas han dirigido sus campañas antinarcóticos hacia el VRAEM. Por otro lado, las autoridades han ignorado la triple frontera mientras que las redes criminales aprovechan la infraestructura natural del área. Sus numerosas arterias fluviales y la densa selva conectan a Colombia y Perú, los principales centros productores de la droga y uno de los puntos de salida internacional de la cocaína: Brasil.
Los operativos a rudimentarios laboratorios en la selva, en las provincias peruanas de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, revelan que allí no solo siembra coca, sino que también se procesa.
Las autoridades han anunciado decomisos de tambores de gasolina, cemento y cal, todos insumos para la producción de la pasta base de cocaína.
Por ejemplo, un operativo en marzo de 2020 terminó en la destrucción de dos laboratorios cerca del río Orosa, a medio camino desde Leticia por el río Amazonas. El campamento tenía media docena de tanques de 2.000 litros, que se usan para mezclar las hojas de coca con solventes. En febrero de 2021, se descubrieron 600 kilos de cocaína procesada en un campamento en el río Atucari, a lo largo de la frontera entre Colombia y Perú.
Los delitos ambientales y de narcotráfico también parecen ir de la mano. Por ejemplo, un operativo realizado en 2019 en Mariscal Ramón Castillo llevó a desmantelar construcciones de madera en las que se almacenaban hojas de coca, cocaína y madera ilegal.
No se sabe con certeza quién controla el cultivo y procesamiento en los laboratorios de coca de la región de la Amazonía, al noreste de Perú.
Agentes de seguridad colombianos mencionaron un grupo conocido como Clan Chuquizuta. Las comunidades indígenas y rurales de Mariscal Ramón Castilla describieron a los traficantes que les pagan en términos generales como “narcobenefactores”.
Lo más plausible es que los traficantes peruanos que operan en esta región sean actores independientes que proveen a grupos brasileños y colombianos.
Santa Rosa es una islita en el Amazonas, en territorio peruano, que está adyacente a Leticia, en Colombia, y a la ciudad fronteriza brasileña de Tabatinga. Grandes lanchas a motor con cubiertas plásticas llevan a los habitantes hacia y desde el puerto de la isla, que no es más que un muelle en madera.
Un soldado que presta guardia en el puerto declaró que los traficantes en su mayoría evitan la isla. En lugar de eso, pasan de noche, usando vías fluviales más pequeñas para evadir los controles, dijo.
Al norte de la isla en un tramo amplio del río están las comunidades de Gamboa y Chinería. Un alto oficial del ejército peruano, que solicitó se mantuviera su anonimato por no tener autorización para hablar, dijo que había oído hablar de cultivos de coca en ese lugar.
Grupos armados, rutas de drogas y delitos ambientales
El río Amazonas y su vasta red de afluentes y quebradas ofrecen rutas desde Perú hacia Colombia y Brasil. La desmovilización de las FARC después de 2016 acabó con la hegemonía del grupo colombiano en la región, y allanó el camino para un caleidoscopio en evolución de grupos armados que entraron en competencia por el territorio y por nodos en la cadena de narcotráfico.
Los nombres de los grupos cambian en este panorama criminal proteico. Las lealtades por país o ideología política son en gran medida irrelevantes. Alianzas y enemigos se hacen y deshacen con facilidad. Adentrándose cada vez más en este rincón de la Amazonía para controlar los corredores de drogas, estos grupos armados se han diversificado hacia los delitos ambientales, en especial la minería ilegal de oro.
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Durante la pandemia del COVID-19, el gobierno colombiano redujo a la mitad sus operativos de seguridad, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Con la ausencia progresiva de las autoridades estatales, el departamento colombiano de Amazonas comenzó a llenarse de grupos armados, en particular en los alrededores de la zona del río Putumayo, según Jhon Fredy Valencia, secretario de agricultura y medio ambiente del departamento.
Hombres armados encerraron a pueblos enteros, confinando a la población en sus casas, como relató una lideresa indígena, cuya declaración se supeditó al anonimato por temor a las represalias. En la noche, podían oírse barcos de todos los tamaños, seguramente cargados de droga, a lo largo de las vías fluviales de Tarapacá.
“Hay drogas, hay coca”, sentenció la lideresa. “Están en nuestro territorio, derribando la selva. Está la invasión de nuestros ríos para la minería”.
La lideresa declaró que los hombres armados que amenazaron a su comunidad se llamaban los Sinaloa. Funcionarios de derechos humanos y el delegado de la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana, relataron que también habían recibido declaraciones de personas que habían recibido amenazas de representantes del llamado grupo Sinaloa.
El nombre Sinaloa no parece tener conexión con el reconocido cartel mexicano. Más bien, en ocasiones han usado el nombre los Comandos de la Frontera, una confluencia de células de las antiguas FARC con remanentes de la organización narcotraficante colombiana La Constru. Los Comandos de la Frontera surgieron en 2017 tras la disolución del Bloque Sur de las FARC. Los miembros se han descrito como contrarios a las injusticias cometidas por los comandantes de las FARC, como no compartir la riqueza con los soldados rasos.
Según un reporte del centro de pensamiento A la Orilla del Río, que estudia la región de la Amazonía colombiana, los Comandos de Frontera aceptan “todo tipo de combatientes, sin importar su origen o su historia armada”. Sus soldados rasos reciben una paga mensual de 2 millones de pesos (alrededor de US$450), casi el doble del salario mínimo en Colombia.
“Nadie sabía lo que hacían con todo ese dinero”, dijo el integrante de la comunidad a los investigadores de InSight Crime. “Aquí decidimos que esos recursos se destinaran a quienes están combatiendo”.
Los Comandos de la Frontera, a los que el Ejército colombiano llamó “estructura residual 48”, controlan gran parte del corredor que va a lo largo del río Putumayo. La influencia del grupo se extiende al departamento de Nariño, oeste de Colombia, centro clave de producción y tráfico de cocaína, pasando por Putumayo.
Con una fuerza de cerca de 300 hombres, no se conoce el alcance de los Comandos de la Frontera en los profundos recovecos del departamento de Amazonas en Colombia.
El funcionario de derechos humanos que trabaja con comunidades en Amazonas declaró que el grupo opera más como un clan narco paramilitar, que extiende su alcance para reclutar a grupos de menor tamaño y hace alianzas con grupos brasileños. El control social y el reclutamiento de jóvenes hacen parte de su modus operandi.
«Ellos toman todas las decisiones sobre estas comunidades», señaló el funcionario de derechos humanos.
Las pandillas brasileñas y su incursión en la selva amazónica
La precaria cooperación transnacional en las fronteras y la falta de controles aduaneros y migratorios en la triple frontera de Colombia, Perú y Brasil han hecho de esta un imán para las pandillas narco de Brasil, que alimentan el mayor mercado local de narcóticos de Latinoamérica, así como el canal de la cocaína hacia Europa.
En Tabatinga, Brasil, el grafiti ofrece una idea de cuáles son las pandillas dominantes. En la pared de un edificio en el puerto ribereño de la ciudad se ve garabateado “Os Crias” y “Voz Da Morte”. Los Crias parecen ser una nueva pandilla de la que poco se sabe, pero hace mucho ruido. Un reportaje publicado en julio de 2020 por A Crítica, medio informativo centrado en el estado brasileño de Amazonas, afirma que el grupo es una facción de la Familia del Norte (Familia do Norte o FDN), y que se alió con la poderosa banda brasileña del Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC).
Varios representantes del Estado en Colombia confirmaron que los Crias son una disidencia de la FDN, pero no mencionaron la conexión de la banda con el PCC.
Los Crias parecen haber desplazado a la FDN en Tabatinga en los últimos tres años. Se cree que el grupo controla la venta de drogas en la calle en la triple frontera. También se dice que son responsables de un asalto armado al único banco de la isla de Santa Rosa, en Perú, y de una ola de asesinatos en Brasil y Colombia.
No se sabe con certeza si el grupo participa de manera más amplia en el tráfico de estupefacientes. El reportaje de A Crítica afirma que los Crias hicieron alianzas con grupos colombianos y peruanos para controlar el tráfico en la región y para dejar de lado al Comando Rojo, el mayor rival del PCC. Renato Sérgio Lima, director de la organización no gubernamental Foro Brasileño sobre Seguridad Pública (Fórum Brasileiro de Segurança Pública), declaró en un trino el 6 de junio de 2022 que los Crias buscan controlar el valle de Javari en Brasil, una gran extensión de selva tropical a lo largo de la frontera con Perú.
Aunque el grupo advenedizo solo podría llegar a controlar ese importante corredor de drogas forjando alianzas con traficantes poderosos y grupos criminales más grandes, debe ser motivo de alarma una posible extensión al valle de Javari.
La pesca furtiva, el trasiego de drogas, así como la tala, la minería y la ganadería ilegales han proliferado en el valle de Javari, la segunda reserva natural más grande de Brasil y hogar de varios grupos indígenas que viven aislados del mundo exterior. El incremento de los ataques piratas a los barcos que trasiegan narcóticos en la región les ha sumado una peligrosa dimensión transnacional a estos delitos ambientales.
Por ejemplo, fue en el valle de Javari donde fueron asesinados el periodista británico Dom Phillips y el abogado indígena Bruno Araújo Pereira en junio de 2022, cuando trabajaban en un reportaje. Por ello fueron detenidos y acusados del crimen tres pescadores, incluido uno que confesó y guió a la policía hasta sus cuerpos.
Las autoridades también investigan a un cuarto hombre, Rubens Villar Coelho, que admitió tener una relación comercial con los pescadores. Conocido con el alias de “Colombia”, a pesar de contar con nacionalidad peruana, Coelho es sospechoso de dirigir una operación de pesca ilegal, dicen los fiscales.
El jefe de la policía federal por el estado brasileño de Amazonas, Alexandre Fontes, comentó en una conferencia de prensa en la capital Manaus que los investigadores habían concluido que fue Colombia el determinador de los asesinatos.
“No me cabe duda de que Colombia fue el autor intelectual”, dijo Fontes.
Antes de las muertes, Pereira estaba investigando la pesca ilegal y fue visto tomando fotografías de la pesca furtiva de pirarucú, un enorme pez de agua dulce, y de tracajá, tortuga de río cuya carne y huevos son buscados como alimento. Ambas son especies protegidas en la reserva del valle Javari.
Según un compañero de Pereira, que supo de su investigación, uno de los pescadores imputado por las muertes, Amarildo da Costa Oliveira, le suministraba regularmente a Coelho pescado y tortuga cazados ilegalmente, y este los enviaba a las pescaderías al otro lado de la frontera, en Leticia. Los medios de noticias han informado que residentes e investigadores sospechan que Coelho participaba también en narcotráfico.