Hay un barrio bastante peculiar en el estado Aragua, al centro de Venezuela, en donde los habitantes deben obedecer extremas normas de disciplina. Los hombres no pueden salir sin franelas, los niños no pueden salir a la calle luego de las 6 p.m. y las escuelas públicas siguen un régimen casi tan estricto como las militares. En el barrio nadie puede vender drogas ni cigarrillos, y todas las casas deben tener su frente iluminado y decorado con una planta, sin excepción.
Incumplir alguna regla puede llevarlos a “juicio”, donde un “jurado” los sentencia a castigos que van desde ser exiliados del barrio hasta recibir disparos con armas de fuego, e incluso la muerte.
Las férreas normas de convivencia no son impuestas por una institución militar radical ni por el gobierno local, sino por la Fundación Somos el Barrio JK, una organización social que funciona como fachada de la megabanda más poderosa de Venezuela: el Tren de Aragua.
A través de la fundación, este grupo criminal decide sobre casi todos los aspectos, desde lo social hasta lo económico, de la vida de los habitantes de San Vicente, un amplio barrio ubicado en Maracay, la capital de Aragua. A media hora de allí está el principal centro de operaciones de la banda, la cárcel de Tocorón —como es conocido el Centro Penitenciario de Aragua— donde también imponen el orden y regulan la vida de miles de presos.
Tanto en San Vicente como en Tocorón, el Tren de Aragua se ha convertido en un Estado de facto.
“Tocorón ha sido como un reinado […] El Estado entregó el control completo”, afirma Beatriz Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Pero el grupo criminal no ha establecido su reinado solo. La ayuda de elementos del Estado que han creado alianzas para trabajar y coordinar sistemáticamente con la banda, en una especie de gobernanza híbrida que combina lo estatal con lo criminal, ha sido una de las claves de su éxito.
Tocorón, la fortaleza del crimen
La historia del modelo de gobernanza híbrida desarrollado por el Tren de Aragua empieza en Tocorón. La prisión está bajo control del grupo y su líder, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias «Niño» Guerrero, desde la década de 2010, cuando una ola de violencia en cárceles de todo el país llevó al Estado venezolano a ceder parte del control sobre las prisiones a las bandas carcelarias para disminuir las muertes.
Una vez en control, los criminales aprovecharon los beneficios logísticos y económicos de controlar la prisión, especialmente con el cobro de “causas”, una cuota periódica que los presos pagan a los “pranes” o líderes carcelarios. Al mismo tiempo, expandieron su portafolio con extorsiones y otras economías criminales al exterior de la cárcel, llevadas a cabo tanto por los presos que salen y entran sin problema de Tocorón, como exreclusos y bandas aliadas que controlan territorios.
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“Todo lo que genere dinero [en Aragua], de alguna manera debe pagar una cuota a la cárcel”, señaló un miembro del Tren de Aragua cercano a los líderes de la banda, quien habló con InSight Crime bajo condición de anonimato.
Como buen gerente que vela por sus negocios, el Tren de Aragua ha mantenido a la población carcelaria en orden y al recinto funcionando, aunque no sin sus problemas. Reportes de asesinatos de presos enfermos en Tocorón contrastan con la vida de lujos que la banda ha, literalmente, construido para los presos, pues ahora la cárcel cuenta con parques infantiles y piscinas, un zoológico, gimnasios, un estadio de béisbol recién remodelado y una amplia gama de negocios donde presos y familiares pueden comprar.
“Para el Estado es más fácil que la mantenga ‘Niño’ Guerrero porque la ha sabido mantener”, comentó un exfuncionario del Ministerio de Servicio Penitenciario a InSight Crime bajo condición de anonimato.
El control de la megabanda va mucho más allá del simple mantenimiento del orden a cambio de la impunidad para sus operaciones criminales. El gobierno venezolano ha cedido tantas de sus funciones estatales penitenciarias que la situación podría considerarse una privatización de facto del penal, en donde la banda actúa como un contratista del gobierno.
Así, parte de la logística diaria de cualquier prisión, desde el despacho de suministros hasta la movilización de presos, ocurre gracias a la cercana coordinación entre el Ministerio Penitenciario, las instituciones judiciales y policiales y el grupo criminal.
El exoficial penitenciario, quien trabajó por años en Tocorón y tenía contacto directo con Niño Guerrero, explicó a InSight Crime el funcionamiento de este sistema y las funciones de los trabajadores ministeriales. Su explicación coincide con el mismo sistema que han explicado a InSight Crime investigadores de organizaciones no gubernamentales que estudian las prisiones y la violencia en el país.
La entrega de comida es un ejemplo perfecto. A pesar de que es el ministerio el que envía alimentos para toda la población carcelaria, cerca del 60% de esos recursos terminan en manos de la banda para comercializarlos dentro y fuera de la prisión.
“El pranato sabe todo lo que llega allí”, dijo.
Los traslados de presos funcionan de otra forma, explicó el exfuncionario. Si bien el ministerio puede ordenar traslados de presos desde los retenes policiales a Tocorón, como es la norma, la mayoría de los traslados ocurren cuando los familiares pagan al pran, quien pide a sus contactos en las instituciones llevarlos a cabo.
Si los presos en Tocorón buscan mudarse a otra prisión, también deben pagar al pran, quien coordina la mudanza con el director del penal y el jefe de traslados del ministerio. El pago debe incluir los viáticos del personal penitenciario y judicial involucrado.
Y aquellos presos que “se comen la luz” —como le dicen a violar las normas del pranato— también son trasladados por el ministerio a otros penales. Para que eso suceda, de acuerdo con el exoficial, el Tren de Aragua los lleva al techo de un edificio de la prisión, donde deben coserse los labios y pasar días sin comer hasta que sean recogidos por los oficiales.
Esta clase de acuerdos no son parte de la corrupción de bajo nivel que se ha vuelto usual en las cárceles del país, sino que viene desde los más altos niveles del gobierno.
“’Niño’ Guerrero muy poco se reúne. Él solo se reúne con el director y con los que están por arriba del director”, señaló el exfuncionario.
Con impunidad, corrupción y el apoyo de actores políticos, la megabanda hizo de Tocorón su base de operaciones y fortaleza criminal. Pero fue más allá y exportó su modelo de gobierno híbrido a las calles y a las comunidades.
La casa fuera de la prisión
La megabanda instaló su bastión extramural en el barrio San Vicente, que, con cerca de 25.000 habitantes, es uno de los más grandes de la parroquia Los Tacariguas del municipio Girardot.
El barrio ya tenía un historial delictivo debido a la presencia de pequeñas bandas criminales que peleaban por el control de plazas de droga, lo cual empezó a elevar la tasa de homicidios, según le contaron a InSight Crime investigadores académicos y de organizaciones no gubernamentales, policías y residentes de la zona.
En 2014, San Vicente fue incluido en las “Zonas de Paz”, una política que obligaba a las autoridades a suspender operativos policiales en ciertas áreas a cambio de que los grupos locales dejaran las armas.
El plan estatal, que tuvo como objetivo pacificar zonas altamente violentas a partir de mediaciones con las bandas, solo sirvió para fortalecerlas, ya que los criminales incumplieron su parte del acuerdo, mientras que muchas comisarías policiales quedaron desmanteladas.
Aunque no se conoce con certeza en qué momento el Tren de Aragua inició su conquista de San Vicente, es posible que la zona de paz camuflara su llegada. Desde entonces, los operativos de cuerpos de seguridad en búsqueda de criminales vinculados a la cárcel de Tocorón incrementaron. Los nombres de “Niño Guerrero”, “Johan Petrica” y “Larry Changa” eran los más mencionados por policías y reportes de noticias. Ahora, son conocidos como los líderes del Tren de Aragua.
A la par, los criminales llevaron a cabo una campaña de exilio y purga contra todo funcionario de seguridad que residiera en el barrio, ahuyentando a muchos oficiales y asesinando violenta y públicamente a aquellos que decidieron quedarse.
Las tensiones aumentaron a mediados de 2015 con la implementación de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), otro plan nacional pensado para disminuir el crimen, pero esta vez con extrema fuerza y que resultó en cientos de ejecuciones extrajudiciales en varios estados del país.
Los enfrentamientos entre las bandas y las fuerzas de seguridad continuaron por un año más, hasta que las acusaciones de abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que incluían a los oficiales de Aragua, y múltiples protestas de residentes de San Vicente pidiendo el fin de la presencia policial, llevaron al fin de las OLP.
Con la renovada “paz” de San Vicente, un proyecto que plantaría las semillas para un gobierno híbrido empezó a tomar forma. En abril de 2017 fue lanzado el “Plan Ecosocialista Hogares de Paz” por la entonces ministra para el servicio penitenciario, Iris Varela. El plan consistía en que presos trabajaran como mano de obra para la comunidad con el fin de su reinserción social.
Tras su lanzamiento, el programa fue llevado a cabo en coordinación con una nueva fundación creada pocos meses después: la Fundación Somos El Barrio JK. A través de esta fundación legalmente constituida, el Tren de Aragua canalizó recursos, estableció alianzas con elementos del Estado y empezó a dictar reglas a la comunidad.
A la cabeza de la organización estaba Kenferson Sevilla Arteaga, alias “El Flipper”, uno de los lugartenientes de Niño Guerrero que sobrevivió a los enfrentamientos con la policía. Desde sus primeras apariciones en noticias, los medios lo identificaron como el “pran” de San Vicente.
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La Fundación Somos El Barrio JK —por “Juventud Kilométrica” o por las iniciales de Kenferson y su novia, según fuentes— se ha convertido en la principal proveedora de servicios públicos como el funcionamiento del alcantarillado y la electricidad. También ha impuesto su orden en las escuelas, y ha tomado a su cargo los cuidados de la población al realizar visitas médicas casa por casa, organizar talleres de educación sexual, e incluso llevar a cabo campañas de vacunación.
“Ya ha llegado al extremo de que es otro gobierno (…) No puede haber algo que tu hagas dentro de la institución que no se enteren”, dijo a InSight Crime una profesora de San Vicente. Pero agregó que “la gente ha aceptado, ha preferido quedarse con este gobierno que sí le da, que ayuda, que cumple lo que dice”.
La fachada benéfica le ha ganado el favor de muchos de los habitantes que han visto en la Fundación el rol que el Estado ha dejado de cumplir. Pero detrás de ello se esconde el estricto manejo de la vida comunitaria, a la par de una vigilancia extrema, tanto a los residentes como a visitantes, y los violentos castigos que imponen a quien rompa sus reglas.
“Ellos hacen cosas que están en contra de nosotros. No estoy de acuerdo con normas como que nadie puede pelear, la música no se puede poner hasta determinada hora (…) Hay cosas con las que nos tienen atosigados”, manifestó una residente de San Vicente a InSight Crime.
Lograr este nivel de control no fue fortuito. Para ello, el Tren de Aragua, a través de la Fundación, aseguró alianzas con la estructura comunal del gobierno, que incluye los consejos comunales, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) —el principal programa de alimentos subsidiados por el régimen de Maduro— y las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH), un grupo político de organizaciones con múltiples miembros del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dedicado a la defensa de la ideología bolivariana.
La Fundación ha conseguido un rol tan importante, que sus miembros han formado parte de las ruedas de prensa de eventos gubernamentales. Durante eventos relacionados con Hogares de Paz, representantes de la Fundación se han fotografiado con Varela y demás personalidades del gobierno.
Una investigadora local, que tiene décadas haciendo estudios sociológicos en Aragua, lo que le ha permitido acceso a instituciones gubernamentales, aseguró que ha identificado a miembros de la Fundación que también trabajan para la alcaldía de Girardot, y están dedicados a establecer vínculos entre ambos entes.
Pero su papel va más allá. En ocasiones, estas personas también actúan como voceros de la banda, e incluso como recolectores de información. InSight Crime conoció que los miembros del CLAP, quienes anuncian la llegada de la comida subsidiada, además transmiten las directrices de El Flipper por grupos de WhatsApp de la comunidad. Además, mantienen un censo actualizado de la población en el barrio, algo que las autoridades competentes no han hecho en años.
El control de la Fundación JK es tan profundo, que figuras políticas locales como concejales y alcaldes son poco conocidos en San Vicente. Sus nombres se escuchan únicamente durante elecciones, cuando la Fundación apoya públicamente a los candidatos del PSUV.
Paradójicamente, los residentes han conocido a políticos de envergadura nacional, como la diputada y ex ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela y el ex vicepresidente y exgobernador del estado Aragua, Tareck El Aissami, quienes por años han visitado el sector y llevado consigo regalos y música. Anteriores gobernadores, como Rodolfo Marco Torres, también eran invitados por la Fundación para hacer campaña política. A diferencia de los oficialistas, los candidatos opositores han tenido prohibida la entrada al barrio.
La réplica del modelo San Vicente
La llegada del Tren de Aragua a San Vicente no fue coincidencia. Controlar un territorio fuera de la prisión les permitía incrementar sus negocios criminales y esconderse de las autoridades cuando fuera necesario.
Para entender el éxito de esta estrategia solo hay que ver un mapa de San Vicente. Su ubicación facilita la movilización por el estado Aragua y por el Lago de Valencia, con el cual colinda. A través del lago se puede llegar fácilmente a Tocorón, o mover mercancías por Aragua y Carabobo, usando lanchas y motos de agua.
Además, en el sector se encuentra un pequeño aeropuerto regional, desde el cual aterrizan y despegan vuelos privados, una zona industrial, cuyas empresas han sido extorsionadas por la banda, y un vertedero de basura, usado tanto para conseguir chatarra que luego contrabandean al exterior, o como centro de acopio y escondite.
“San Vicente fue un experimento que resultó excelente, pero fue por su geografía […] El basurero es de ellos, y el lago de Valencia. Por eso ellos deseaban tener control total del sector”, explicó el miembro de Tren de Aragua que conversó con InSight Crime.
El control de la comunidad podría proveer otra serie de beneficios que potencian la actuación del grupo, como el acceso a una población joven para reclutar.
“Ellos tienen un caldo de cultivo muy bueno en San Vicente […] la gente ve al pran como el modelo a seguir. Él cuando viene aquí trae algo del Estado, trae diversiones, trae regalos, ‘por eso quiero ser como el pran cuando crezca’”, dijo a InSight Crime un antiguo criminal de Aragua.
Las férreas normas no solo sirven para mantener el control, sino también para educar a posibles reclutas más disciplinados y con mayor potencial de liderazgo, opinó la investigadora entrevistada por InSight Crime.
“Esa es la generación de relevo”, señaló.
El dominio del barrio fue tan beneficioso, que continuaron replicando el modelo.
Tanto integrantes del Tren y bandas afiliadas han conquistado sectores a lo largo de Aragua, según efectivos policiales y residentes, donde han implementado sistemas de gobernanza criminal similares a San Vicente, aunque menos radicales.
Las zonas elegidas suelen tener algún beneficio para sus operaciones criminales, como formar parte de rutas de transporte, estar cerca de lugares estratégicos como zonas industriales para extorsionar empresas, ser barrios populosos donde puedan mantener personas secuestradas, o incluso ser lugares despejados para entrenar sus reclutas.
La corrupción en las instituciones ha sido instrumental en la expansión del Tren de Aragua. Múltiples fuentes aseguraron que trabajadores gubernamentales, concejales y alcaldes trabajan de la mano del grupo a cambio de dinero y favores. Los cuerpos policiales también han sido cooptados por el Tren de Aragua. InSight Crime conoció al menos tres casos en que oficiales alegan haber tenido que liberar a criminales vinculados a la banda por órdenes de sus superiores.
Además, el control que ejerce la banda también beneficia al gobierno de Nicolás Maduro. El criminal, cuyo hijo estaba recluido en Tocorón, dijo a InSight Crime que una de las razones por las cuales el grupo existe es para controlar a las zonas chavistas, de la misma manera en que los colectivos reprimen a las comunidades.
“El Estado no puede controlarlo todo, aunque sea una dictadura (…) se sobreentiende que ellos fueron diseñados realmente no como algo económico, sino como algo político, es decir, el Tren de Aragua y los colectivos realmente obedecerían a un mandato exclusivamente político. Así lo ve el gobierno, pero en la realidad no es así”, dijo.
La investigadora coincide en lo mismo. “A ellos los mandaron allí a tener a la gente controlada, ¿Para qué? Para que con esta situación económica la gente del pueblo, que mayoritariamente son chavistas, no se levanten, sino que por terror al Tren de Aragua se mantenga controlado”, explicó a InSight Crime la investigadora local.
A pesar de los marcados factores que caracterizan al Tren de Aragua, otros grupos con diferencias sociales y políticas, como los colectivos o los grupos guerrilleros, han logrado imponer sistemas de gobernanza muy similares, principalmente gracias a los vínculos y la profunda cooperación y colaboración con estructuras del Estado.
“Nadie tiene idea del mundo paralelo que esto representa, hay mucha participación del gobierno”, dijo el miembro del Tren de Aragua a InSight Crime.