Mientras que un órgano de lucha contra la impunidad, respaldado por la ONU, ha hecho progresos en la reparación del sistema judicial de Guatemala, su director advierte que no es una cura milagrosa, porque en última instancia Guatemala “pertenece a los guatemaltecos.”
En los últimos cinco años, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) – una instancia judicial de las Naciones Unidas que trabaja con el gobierno de Guatemala – ha sido firme defensora de la reforma judicial en el país centroamericano, provocando la persecución de varios funcionarios sospechosos de corrupción. Uno de los logros de la CICIG fue llevar al ex presidente Alfonso Portillo, acusado de malversación y lavado de dinero, a juicio. Aunque Portillo fue absuelto en mayo de 2011, el hecho de que se haya llevado a juicio se debe a años de trabajo de la CICIG.
En mayo, InSight Crime habló con el director de la CICIG, el ex fiscal general de Costa Rica Francisco Dall’Anese, quien hizo una evaluación sorprendentemente franca del trabajo de la comisión. A pesar de los elogios que la CICIG ha recibido en los últimos años, Dall’Anese insistió en que aún queda mucho trabajo por hacer para arreglar el sistema judicial guatemalteco, y que la mayor parte de esto debe ser realizado por los mismos guatemaltecos, sin ayuda externa. En sus propias palabras, la CICIG no es el “Señor de los Milagros”.
Una parte de la conversación está disponible a continuación, junto con un audioclip de la entrevista.
¿La absolución del ex presidente Portillo por cargos de lavado de dinero, en un controversial fallo teniendo en cuenta la cantidad de pruebas en su contra, representa un fracaso para la CICIG?
No puedo ser juez del éxito de dicho proceso, porque siempre depende de variables. Los testigos pueden cambiar sus historias, olvidar algo o confundirse, y en última instancia, los jueces pueden creer en ellas o no. En un sistema judicial, los fiscales presentan pruebas reveladas por agentes de la policía y los jueces deciden si condenarlos o absolverlos. Esas son las reglas. Así que en base a una absolución no puedo decir que el modelo fracasó.
Hasta que Portillo fue absuelto, habíamos ganado 11 procesos en su contra y perdido uno. Sin embargo, para absolver a Portillo con una mayoría gobernada por el jurado fue una vergüenza, un caso de pura burla al sistema judicial.
Además, el argumento para rechazar la totalidad de las pruebas forenses [en el caso Portillo] era que los expertos no presentaron a la corte una justificación de sus gastos. ¡Pero por Dios! No había justificación para sus gastos porque el dinero había sido robado. Luego entramos en un círculo vicioso: si la justificación de gastos era presentada, entonces no había delito cometido, y si no aparecía, entonces la evidencia era inadmisible. La elección era entre culpable o no culpable.
En la forma en que eliminaron la CICIG, por ejemplo, a nuestros abogados se les permitió trabajar durante un año en Guatemala. El juicio comenzó meses antes del fin de ese año. Y el tribunal comenzó a retrasar las audiencias. Oiría a un testigo, y luego se detenía por unas semanas, oía otro testigo, luego posponía otras semanas hasta el final del año. Cuando los fiscales de la CICIG se fueron, [los acusados] terminaron el juicio a un doble ritmo antes de que pudiéramos obtener licencias para los nuevos abogados.
¿Cuáles fueron los motivos detrás de esta burla del sistema justicial?
Los motivos eran que él es un ex presidente, que todavía tiene poder. Hay estructuras de poder criminal. Después del juicio de Portillo llegó otro juicio contra los intereses militares, incluyendo a los que también desviaron fondos y los que por supuesto, tenían todo tipo de influencia prominente.
Esto llevó a que un funcionario del gobierno dijera en el momento que Guatemala estaba a punto de ser un estado fallido.
Guatemala puede convertirse en un estado fallido, pero no por esa sentencia. Podría ser [un astado fallido], porque está lleno de redes criminales. Podría ser un estado fallido sino aborda el 53 por ciento de su nivel de pobreza del 53 y el 13 por ciento del nivel de pobreza extrema, si no elimina la desnutrición infantil crónica, si no interrumpe la marginación social de los indios, si no abandona la intolerancia, si no empieza a hacer cumplir la ley, o si no le cobra impuestos a las élites; lo que es un tema complejo. Un estado fallido no surge debido al resultado de un proceso. Pero sí se esta dirigiendo por el camino a convertirse en un estado fallido si no cambia.
En ese sentido, desde el 2000 ustedes han despedido a un impresionante número de agentes de policía; dicen que cerca de dos millones…
Esta cifra de dos millones no es exacta. Los datos relacionados con los logros de la CICIG han sido exagerados. Y no hay manera de confirmar cuñantos [policías han sido despedidos]. Porque muchas veces alguien es despedido debido a una conversación casual. Vamos a hablar con un ministro y decimos: “Esto aparece en una intercepción telefónica, no podemos probarlo, pero aun así…” Por lo tanto, no está formalizado porque no tenemos pruebas suficientes para construir una investigación. No tenemos los datos.
Hablando de esta relación informal, ¿qué cree que está funcionando bien en el nuevo gobierno de [el Presidente Otto] Pérez Molina?, ¿quien ha invitado a la CICIG a permanecer hasta el final de su mandato?. ¿Estará terminado el trabajo de la Comisión para entonces?
[Nota: el actual mandato de la CICIG expira en septiembre de 2013, pero Pérez se ha movido para extenderlo por dos años más.]
Hay varios problemas con esto. La CICIG no hace ningún tipo de decisiones finales. Propone leyes, pero depende de los legisladores guatemaltecos para pasarlas. La CICIG recompila informes temáticos para dar forma a la política pública, pero si son o no adoptadas depende del presidente. La CICIG lleva casos a juicio, pero las condenas dependen de los jueces guatemaltecos. En última instancia el efecto global de su trabajo depende de las variables externas a la CICIG.
Ahora, si Guatemala no cambia ciertas cosas, sino crea una fuerza de policía profesional o un sistema de jueces independientes, Guatemala no va a prosperar, incluso si la CICIG se mantiene durante 100 años. El trabajo de la CICIG es como tratar de cortejar a una muchacha: depende de ella.
¿Con cuál de los poderes del gobierno en Guatemala la CICIG tiene la mayor dificultad?
El congreso nos tiene en una lista de espera de 11 proyectos de ley que quedaron de la última sesión. Recientemente informamos al presidente acerca de los proyectos de ley que necesitamos ver procesados con el fin de avanzar en la justicia y luchar contra la corrupción. Ya veremos lo que pasa. Él no dijo que no iba a hacer algo, o que somos una prioridad, sólo que haría lo que es posible, porque él tiene que hacer compromisos con todas las coaliciones políticas. Ese es uno de los retos.
Otro obstáculo proviene de una pequeña minoría de jueces corruptos muy poderosos. Tienen el descaro de decir que la CICIG debe ser expulsada de Guatemala, y que ellos me van a reportar a la ONU. Luego, estos mismos jueces ejercen su profesión, sin ningún tipo de supervisión. Ellos resisten [la comisión] mientras dicen públicamente que son amigos de la CICIG, pero terminan pidiendo a la CICIG que se retire de los procedimientos legales de forma ilegal.
Esto también refleja un desafío estructural. Los jueces son elegidos cada cuatro años. Esto significa que no son imparciales, y si no se comportan de una manera políticamente correcta no serán confirmados en el cargo y probablemente van a perder su trabajo. Hay factores estructurales que trabajan contra el potencial de la CICIG.
¿Cómo es afectado el trabajo de la CICIG por el hecho de que es una comisión temporal con un marco de tiempo limitado que depende del gobierno para la renovación?
Es absolutamente absurdo pensar en poner fin a un sistema de impunidad en una misión de dos años. Cuando se tiene que cambiar una cultura jurídica, idiosincrasias institucionales, no se puede hacer eso después de más de 500 años de guerra, o de 36 años de guerra civil más de 16 años de paz, o cualquier tipo de marco de tiempo que usted desee.
¿Y en una misión de cuatro años?
Tampoco en cuatro. Pero lo que se puede hacer es construir el estado, y crear las condiciones legales para que la cosa funcione. Todo lo demás depende de la voluntad de los guatemaltecos. Se trata de establecer un sistema judicial adecuado, independencia judicial, independencia fiscal, fiscales de primera categoría, una base de datos de inteligencia de la policía, un sistema de policía profesional para la protección de víctimas y testigos, escuchas telefónicas con las garantías judiciales, el intercambio internacional de información en tiempo real. Todo lo que podemos lograr, lo podemos construir, pero si al final tienes el mejor sistema de Latinoamérica y no se utiliza correctamente, o es utilizado para otros propósitos, no ha habido ningún progreso.
Esto es algo que tiene que quedar muy claro: La CICIG no es el señor de los milagros. La ONU puede trabajar con Guatemala, pero se debe tener muy claro que Guatemala pertenece a los guatemaltecos. Y si el barco flota o se hunde, no es responsabilidad de la CICIG.
Obviamente me gustaría que la CICIG tuviera sus propios fiscales y jueces. Pero para que eso suceda se necesita que la constitución sea modificada, y no creo que eso sea lo mejor para Guatemala. Sería un intento de institucionalización dañando una institución. También me gustaría que la CICIG tuviera la autoridad para aprobar leyes. Pero eso no construye democracia.
¿Cree usted que el estado de Guatemala está listo para hacer frente a sus problemas por sí solo, sin el apoyo de la CICIG?
En este punto todavía no quieren hacer frente a sus problemas por sí solos. La petición del presidente extenderá el mandato hasta 2015. Pero el presidente también ha dicho que la CICIG no puede quedarse por mucho tiempo, porque si la CICIG sigue desempeñando un papel que corresponde a las instituciones gubernamentales, el daño puede ser tremendo. El mandato dice que en el momento en que el estado camine por sí solo la CICIG se irá.
Pero también hay que enfrentarse a una realidad regional. Muy a menudo el presupuesto de un país en Centroamérica o el Caribe es más pequeño que la caja menor de una organización criminal. Entonces, ¿cómo competimos en igualdad de condiciones? Una solución sería la creación de tribunales regionales; no es una idea tan loca.
Algunos casos están más allá de la capacidad de un país, ya sea por razones económicas o estructurales, debido a la falta de poder institucional, y por razones políticas.
Esto no es nuevo. Le pasó a Estados Unidos durante la prohibición en Chicago, pasó en Italia hasta que comenzaron la campaña de “manos limpias”, Colombia pasó a través de él, y está sucediendo en el norte de México. Si Centroamérica no puede resolver el problema, eventualmente deberá ser abordado por una fuerza multinacional.