Cuando hay algún homicidio en Guatemala, la policía, los médicos forenses y los fiscales comienzan a llegar a la escena del crimen y una chirriante y anticuada maquinaria burocrática del siglo XX se pone en movimiento. Se hacen llamadas. Se llenan formatos a mano o digitados en computadores o ambos. Algunos de esos formatos se guardan en archivos en papel. Otros van a archivos de computador. Algunos se resumen y se envían al cuartel general. Otros se quedan en la comisaría o incluso en la subcomisaría. Como se hará evidente, mucha parte de esto queda enterrada en una pila de papeles que literalmente se esfumará con el tiempo, o en un archivo de computador, que con mucha seguridad será borrado o perdido por la siguiente persona que haga el trabajo.

*Este artículo hace parte de una serie de cuatro partes que describe los retos y lecciones de diferenciar muertes vinculadas a pandillas y al narcotráfico en Guatemala. Lea el informe completo aquí.

La mayoría de los implicados no cuestionan el sistema que procesa estos casos. Son casillas por marcar en un día lleno de lo que parecen tareas insignificantes que conducen a pocos resultados reales, en lo respecta a las investigaciones de esos homicidios. La tasa de impunidad por homicidio en Guatemala es casi del 95 por ciento, según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).[1] La futilidad de este ejercicio es palpable dentro de estas oficinas procesadoras donde es rutinaria la pérdida de documentos, la destrucción o eliminación de archivos de computador, y donde los cajones de archivos, en lugar de estar organizados y libres de polvo, están llenos de salsa tabasco y salsa de soya.

Para una mirada breve desde afuera la manera como se procesa esta información tiene su lógica. Hay reglas, que aparentemente se obedecen, sobre quién recibe la información y cómo debe archivarse o transferirse a otras entidades. En ese sentido, el sistema funciona. Pero hay una increíble cantidad de información que se pierde en el camino. Y la incapacidad de la policía y del MP para crear una base de datos unificada, para que puedan analizar mejor esta información podría estar frenando su capacidad de resolver más delitos y de analizar patrones criminales.

Para ayudarnos a entender cómo funciona este sistema, dónde hay interrupciones importantes, problemas y fallas rotundas, desglosamos el sistema parte por parte, con énfasis especial en la información y los datos policiales, dado que es al que tuvimos el mayor acceso. También visitamos cada parte de la cadena de comunicaciones y nos hemos sumergido en cientos de páginas de reportes reales. A continuación se ilustra el proceso paso a paso (ver figura abajo), seguido de un recuento más detallado, y los problemas asociados a cada paso. Su enfoque principal fue estudiar la información obtenida y procesada por la policía, pero incluye elementos de recopilación de información en otras entidades, principalmente en el MP en la fase de investigaciones.

Fase I: La escena del crimen

(1a) La línea de asistencia 110 de la central telefónica en el cuartel general de la Policía Nacional Civil (PNC) recibe llamadas de emergencia

Cuando alguien es asesinado en Guatemala, la vía normal por la que esta información llega a la policía es mediante una llamada al 1-1-0. Esto va a una central telefónica. La operadora recoge la información de quien llama y de los radios o llamadas de los operadores encargados de recibir la información para la comisaría en la que ocurrió el homicidio. En Guatemala hay 26 comisarías.

InSight Crime halló que las condiciones de trabajo son deficientes en la central telefónica y en el espacio de oficina para los operadores asignados a cada comisaría. Cerca de la mitad de los agentes de policía que reciben llamadas, mandan patrullas de policía a las escenas del crimen o cubren otras emergencias de seguridad en la ciudad trabajan en oficinas sin ventanas ni ventilación y mal iluminadas.

El jefe de la central telefónica 110 supervisa la oficina desde un espacio de trabajo con tres escritorios (dos de ellos para los asistentes), encerrados en vidrio. Ni las luces ni el aire acondicionado funcionaban cuando los visitamos. El jefe de la oficina dijo a InSight Crime que la oficina no tiene presupuesto para estas reparaciones.

Esto tiene un impacto en el desempeño. El calor es casi insoportable. Más aún, la única luz de la oficina del supervisor viene de las pantallas de computador y de un monitor de tamaño desproporcionado, donde registran las estadísticas preliminares del día por departamento de diferentes partes del país.

(1b) Las comisarías también pueden recibir directamente la información y enviar una patrulla a la escena del crimen

Hay dos maneras como las comisarías pueden recibir directamente la información: las cámaras de la comisaría (cuando las hay) alertan a la policía de los crímenes que se están perpetrando, o la gente puede llamar a la línea directa de emergencias de la comisaría. Cuando el operador recibe la llamada, envía una patrulla a la escena del crimen. Las cámaras de seguridad, sin embargo, las monitorea la policía, y estas envían patrullas desde la subcomisaría de policía más cercana o estación de patrulleros cuando observan un crimen.

Desafortunadamente, el sistema de cámaras para la Zona 18, una de las zonas del país más infestadas de delincuencia y con mayor índice de homicidios, ya no funciona. En 2013, el ministro de Gobernación contrató una firma privada para que instalara las cámaras y enviara las grabaciones a un cuarto de control en la Comisaría 12. Según un agente de la comisaría, 60 agentes de policía —rotándose en equipos de 20— atendían el cuarto de control las 24 horas del día.

Pero en octubre de 2015, la empresa que prestaba el servicio dejó de transmitir las grabaciones de la cámara y la señal al cuarto de control, porque el ministerio dejó de pagar por el servicio.[2] En marzo de 2016, el presidente Jimmy Morales reinauguró el cuarto de control, pero cuatro meses después las cámaras siguen sin funcionar y los 60 agentes que fueron asignados al monitoreo fueron reasignados a patrullas regulares en otras comisarías de todo el país. El cuarto de control permanece vacío, excepto por los inmensos monitores, los escritorios y las sillas dispuestos en semicírculo. El cuarto sigue con el aire acondicionado encendido y está iluminada todo el día en caso de que alguien quiera usarla para una reunión.

(2) Desde la central telefónica, se envía la información a un operador a cargo de la comisaría más cercana a la escena del crimen

En el cuartel general de la PNC, hay equipos de operadores por cada comisaría. En el momento en que el operador del 110 registra la ubicación exacta de la escena del crimen, envía la información a un operador de la comisaría correspondiente por radio o teléfono. El operador de esta envía una patrulla a la escena del crimen. Los operadores asignados a cada comisaría están familiarizados con el área que cubre la comisaría y son más capaces de guiar la patrulla al lugar del crimen.

Cada operador genera la primera pieza de información: un informe preliminar de emergencias atendidas durante el día. Es preliminar porque, por ejemplo, podrían informar que una persona fue herida en un tiroteo, pero si, al final del día, la víctima muere, el informe del agente de policía debe actualizar esta información para reflejar que resultó un homicidio. Pero si la víctima muere dos o más días después, las estadísticas de la policía no lo reflejarán como homicidio. En contraste, la muerte será registrada como homicidio por el Ministerio Público (MP) y por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

Aquí no terminan las discrepancias entre el número de homicidios registrados por estas instituciones. También se sabe que la policía registra homicidios como suicidios o ahogamientos. Esto se debe a falta de información en la escena del crimen, falta de capacitación, inexperiencia o corrupción. El INACIF y el MP luego cambiarán estas designaciones, pero en la policía no se cambiarán. Las diferencias en el registro de la información en estos organismos generan extrañas anomalías estadísticas al final del año, en las que la policía registrará más homicidios que el MP en algunas zonas y menos en otras.

(3) El operador envía una patrulla desde la comisaría correspondiente a la escena del crimen

La policía acordona la escena del crimen y busca evidencia, que incluye grabaciones de las cámaras de vigilancia, fragmentos de bala o casquillos, efectos personales del perpetrador o la víctima. La policía también entrevista a los parientes de la víctima, si hay alguno presente, además de vecinos o posibles testigos.

El acordonamiento del área es importante, porque, en algunos casos, el fiscal se puede demorar varias horas para llegar a la escena del crimen. Según un agente del MP de Ciudad de Guatemala, esto se debe a la falta de recursos: muchas veces el MP solo tiene una unidad de acopio de evidencia por zona o por jurisdicción. Si se notifica un homicidio en una zona, y se informa de otro en el extremo contrario de la jurisdicción, puede haber grandes demoras entre los barridos de la escena del crimen. Súmese más tiempo si hay embotellamientos de tránsito.

La policía también tiene problemas para llegar a las escenas de los crímenes. Esto se debe en parte a la falta de vehículos funcionales. En todo el país, de 4.500 carros de patrulla, solo hay 500 en condiciones de trabajo.[3] Esto tiene que ver con lo extenso y lo accidentado de las áreas geográficas que muchas veces tienen que atender. Por ejemplo, la Comisaría 12, la zona que elegimos para nuestro estudio de caso, ya que cubre la Zona 18, atiende cinco de lo que se llaman zonas en Ciudad de Guatemala (6, 17, 18, 24, 25), y dos municipios fuera de la ciudad (San Pedro Ayampuc y San José El Golfo). La topografía de la zona en ocasiones hace difícil llegar con prontitud a la escena de un crimen, o contactar a sospechosos o posibles testigos, debido a la distancia y al radio que deben cubrir.

La comisaría 12 tiene 1.080 agentes, de los cuales hay unos 900 de servicio (el resto están en licencia) que se dividen en turnos de 150 para cada uno, y se distribuyen en la comisaría y en 17 subcomisarías y estaciones de vigilancia. La comisaría tiene 61 patrullas de policía y 31 motocicletas, además de 33 bicicletas. Según el comisario, de los 92 vehículos y motocicletas que tiene, 31 estaban parados cuando visitamos la comisaría en mayo de 2016, por falta de presupuesto para reparaciones y compra de repuestos. A los vehículos que funcionan se les asigna un máximo de siete galones de combustible por día. Hasta enero de 2016, solo tenían asignados dos galones diarios.

Estos vehículos se usan con fines operacionales y burocráticos. Dado que el servicio de internet es tan deficiente en las comisarías, por ejemplo, la comisaría 12 muchas veces usa un vehículo para entregar la correspondencia o versiones en papel de los informes diarios de criminalidad, entre otros.

En el municipio de Chiquimula (del departamento con el mismo nombre), nuestra otra área en el estudio de caso, la situación es peor. Los agentes dicen que una tercera parte de los vehículos necesitan reparaciones.

(4) El MP ordena a la PNC que identifique la evidencia física, recoja las entrevistas con testigos, grabaciones de las cámaras de seguridad

El fiscal llega a la escena con una unidad de análisis de escenas de crímenes, inspecciona la evidencia localizada por la policía y hace otra inspección del lugar en busca de más hallazgos. El fiscal también realiza entrevistas con testigos. Representantes del MP declararon a InSight Crime que no confían en la información que entrega la policía, en particular los uniformados. Esta falta de confianza, nos comentó el personal del MP, tiene que ver con la reputación tradicional de acuerdos y corrupción en la policía, en especial en las zonas de alta criminalidad donde centramos nuestra investigación. Así, el MP exige realizar sus propias entrevistas en el campo. Sin embargo, los archivos del MP muestran que este depende en mucha parte de las entrevistas que realizan los detectives de la policía de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), de los testimonios de policía recogidos en la escena del crimen, y de información recopilada por la policía en el desarrollo de la investigación.

Después de que terminan su inspección inicial y las entrevistas, el MP autoriza el traslado del cuerpo a la morgue para un examen del INACIF, y para la recolección y el procesamiento de toda la evidencia.

Fase II: La investigación

(5a) La PNC redacta un informe del crimen

Después de dejar la escena, la PNC genera su segunda pieza de información en la forma de los informes preliminares del crimen. Con el tiempo, estos informes han mejorado. Lo que era un papel rayado a mano por un agente de policía ahora es digitado en computador por alguien conocido como el oficinista, cuya tarea básica es ingresar esta información en el computador de manera más coordinada. Si no está esa persona, entonces la oficina que atendió el caso puede hacer el trabajo. Si no hay computador, entonces el agente que atendió escribirá el informe a mano. Si el agente encargado no tiene tiempo de regresar a la comisaría o a la subcomisaría, se da la información por teléfono. Pero en todos los casos, se sigue un formato general.

La primera parte de ese formato es una descripción general de los hechos, como los entiende el agente encargado. Esto incluye siempre quiénes fueron los agentes que llegaron, los representantes del MP y el INACIF. También incluye muchas veces datos vitales sobre los vehículos vistos en la zona, placas de matrícula, cámaras en la zona, y otra información que pudiera ser crítica para resolver el caso. En segundo lugar, el agente a cargo da toda la información obtenida sobre la víctima, incluyendo dirección, documento de identificación y otros aspectos que pudieran servir para identificarla, como rasgos, ropa que llevaba puesta, etc. En tercer lugar, el agente a cargo da información sobre la escena del crimen en sí: dónde se halló el cuerpo, qué heridas se observaban a simple vista, la evidencia que se halló y la posible causa de muerte. En cuarto lugar, el agente responsable da un resumen de las entrevistas que hizo en la escena. Finalmente, el agente puede ofrecer una “investigación preliminar” e incluso una hipótesis sobre el caso.

El informe se imprime y se hacen varias copias. Una va al archivo local, otra va al fiscal, y otra al cuartel general de la PNC. Esto debería ser fácil, pero no lo es. La Comisaría 12, como muchas otras, no tiene internet. (El comisario tampoco tiene un computador en su escritorio; tiene que usar uno de cualquiera de las demás oficinas). Esto convierte cada computador de la comisaría básicamente en una isla. La información por lo general se almacena de manera no sistemática en disco duro o en una memoria USB, que luego se pasa a otro computador para imprimirse.

El sistema de archivo en papel tampoco sigue un patrón claro. En las dos comisarías en las que hicimos nuestra investigación, los archivos estaban mezclados y apiñados en el espacio que hubiera libre de una manera que parecía completamente aleatoria. En la Comisaría 12, esto incluía el almacenamiento de archivos en dos pisos diferentes de la misma comisaría. En Chiquimula, los archivos se apiñaban sin ningún orden especial en un gabinete con anaqueles polvorientos y en mal estado.

La utilidad de este informe preliminar ha sido puesta en tela de juicio en el sistema. Muchos policías piensan que es simple papeleo, una tarea inútil. Y un fiscal dijo a InSight Crime que son “inútiles” para la investigación criminal, porque los fiscales hacen sus propias investigaciones.

VEA TAMBIÉN: Informe completo sobre homicidios en Guatemala

Sin embargo, algunos no están de acuerdo con esa afirmación, incluyendo a quienes como nosotros nos hemos sumergido en cientos de esos informes.[4] Un oficial de policía en el cuartel general dijo a InSight Crime que los informes se usan como respaldo para los detectives de policía que investigan el caso, por lo general por solicitud del Ministerio Público o del fiscal. Y un funcionario de alto rango del Ministerio de Gobernación señaló que la información puede usarse con múltiples fines, no solo para la investigación de la escena del crimen. Esto incluye su uso para analizar la dinámica de la violencia, así como para entender mejor los grupos criminales en esas zonas.

“Todo está ahí”, comentó el funcionario. “Todo. Podríamos analizar el modus operandi, el tipo de víctimas, el tipo de criminales. Podríamos entender muchísimo de la dinámica criminal”.

“Estoy seguro de que redactan el informe, luego lo imprimen y lo archivan”, señaló el funcionario del Ministerio, que trabajó durante años para unificar y utilizar los datos de los diferentes organismos de lucha contra el crimen. “El siguiente informe simplemente lo escriben en el mismo documento, como si fuera un borrador. Y luego lo imprimen y lo archivan. Y luego simplemente escriben el siguiente sobre ese”.

Además de la información que se ignora en relación con la dinámica criminal, el informe implica una cantidad invaluable de tiempo y de esfuerzo en el esclarecimiento del caso, lo que incluye nombres de testigos, si había cámaras en el lugar, marcas y modelos de vehículos, además de las placas de matrícula, etc. Pero eso también parece perderse o quedar inutilizado por diversas razones. Para empezar, si se dañara el disco duro o la USB en los que se almacena la información, la versión electrónica del informe se perdería definitivamente.

No es conjetura. Tanto en la Comisaría 12 como en Chiquimula, los policías responsables de esta información fueron incapaces de producirla en forma digital. En la Comisaría 12, dijeron que esto sucedía porque el antiguo computador donde estaba contenida la información se había infectado con un virus y toda la información se había perdido en la limpieza que se hizo al sistema. En Chiquimula, dijeron que era tradición borrar todo lo que el predecesor había dejado en el computador que se asignaba a una persona. Peor aún, en algunos lugares simplemente sobreescriben un informe sobre el otro.

“Estoy seguro de que redactan el informe, luego lo imprimen y lo archivan”, señaló el funcionario del Ministerio, que trabajó durante años para unificar y utilizar los datos de los diferentes organismos de lucha contra el crimen. “El siguiente informe simplemente lo escriben en el mismo documento, como si fuera un borrador. Y luego lo imprimen y lo archivan. Y luego simplemente escriben el siguiente sobre ese”.

No era solo la versión digital lo que estaba en riesgo. En algunos casos, también se perdió el material impreso. Los investigadores de InSight Crime se sumergieron en gabinetes de archivos, estantes y cajas de plástico y de cartón tratando de hallar todos los informes de delitos para las diferentes comisarías y subcomisarías de la Zona 18 del periodo entre 2013 y 2015, sin éxito. Los policías a los que se preguntó dijeron que las carpetas habían quedado mal ubicadas cuando se pasaron de una oficina a otra. En Chiquimula, las carpetas estaban enterradas en un armario en un rincón, confundidas con carpetas de una década atrás, que InSight Crime tuvo que sacar y hojear (con la ayuda, hay que señalarlo, de dos dedicados y diligentes oficinistas).

Pero incluso el hallazgo del material impreso no garantiza que la información esté a salvo. Algunas subcomisarías que hacen parte de la Comisaría 12 envían por fax los informes a la oficina central de la comisaría. También se hacen copias en la subcomisaría usando papel carbón. Tanto las copias de fax y en papel carbón se borran con el tiempo, especialmente si están guardadas en lugares cerrados, polvorientos y con altas temperaturas.

Una copia maestra del informe se envía al cuartel general de la PNC, pero si se pierde esta copia buena, y las otras copias de los informes están en papel de fax o en papel carbón, hay muchas posibilidades de que la información se pierda de manera definitiva. La policía ha intentado resolver estos problemas de diversas formas. Un agente dijo que la Comisaría 12 recibió una donación de escáneres para reducir la impresión de documentos y agilizar el envío de documentos por correo electrónico. Pero los escáneres están diseñados para documentos tamaño carta, y la mayoría de sus documentos están en oficio, así que los escáneres son inútiles en su mayoría. Tampoco tienen dinero para dar mantenimiento a las impresoras.

(5b) El coronel inspecciona el cuerpo para establecer la causa de la muerte y genera un informe

El coronel examina el cuerpo y la evidencia correspondiente. Si se halló el cuerpo envuelto en cualquier tipo de material, por ejemplo, se transportará así mismo, y los primeros que lo examinen serán los investigadores del INACIF. Este organismo también se hace cargo de las pruebas de balística. Si se halló un arma, pueden determinar si los casquillos de bala en el cuerpo recibieron impactos de la misma arma, o si la víctima presenta cortes de cuchillo con un artefacto hallado a un sospechoso o en la escena del crimen.

El coronel genera un informe relacionado con la causa de la muerte. Este informe puede confirmar si hay coincidencia o no entre la evidencia hallada en la escena del crimen y las heridas infligidas a la víctima. La evidencia de balística que se recopila constituye un informe adicional. Todos los informes se envían en forma física al fiscal.

(5c) El fiscal comienza a acopiar y generar información

El fiscal del caso comienza a crear el archivo del caso. Ese archivo de caso está en formato digital e impreso. Todos los informes generados antes del inicio de este proceso, incluyendo las fotografías tomadas en la escena del crimen, el informe hecho en la escena del crimen por el agente que atendió el hecho y la autopsia del INACIF, están en formato en papel y van en el archivo físico. Otros informes, como lo que salga del examen de balística (INACIF), la base de datos del registro de armas (DIGICAM), la base de datos de identidades (RENAP), la unidad de investigaciones de la policía (DEIC), también llenan el archivo físico. El fiscal debe solicitar estos datos y muchas veces hay grandes demoras.

Para los archivos digitales, el MP usa un programa llamado el Sistema Integrado de Casos (SICOM). Este se llena con entrevistas que el fiscal hace a testigos, y otros como el analista del MP (aunque en ocasiones este análisis también se recibe en papel), solicitudes de información de otros organismos (como los de DIGICAM y RENAP), peticiones y memos al juez, órdenes de captura y otros materiales burocráticos.

El resultado final es un sistema bifurcado de acopio de información, parte en papel y parte en formato digital, pese al hecho de que casi todo se genera en un computador (ver tabla abajo). Hablando sin rodeos, no tiene sentido que esta información no pueda enviarse en formato digital y ponerse en el mismo archivo digital. Esa base de datos podría ser una mina de información para los fiscales. Pero los fiscales y sus jefes están preocupados por el espacio en los computadores, la disponibilidad de computadores y la vulnerabilidad de los mismos, entre otros.

Al final, mucha información acopiada para el archivo del caso nunca se analiza ni se usa en ningún otro aspecto y de hecho se pierde. “Hay mucha información en esos archivos de caso que no tiene relación con el crimen en sí, pero que nos ayudaría a entender la dinámica criminal de manera estratégica, y la información se pierde”, comentó el funcionario ministerial. “Está ahí y no la usamos”.

Las razones por las que esto sucede son complejas, pero en el centro del problema está la cuestión de lo que recibe prioridad. En el mundo político, son los datos macro y micro los que cuentan. Esto se evidencia en la cantidad de recursos destinados a la siguiente fase del proceso: recopilación de estadísticas para la policía.

Fase III: Las estadísticas

(6) La comisaría de la PNC envía informes impresos y un resumen electrónico diario al cuartel general de la PNC

Las comisarías deben enviar diariamente copias impresas de todos estos informes de homicidios al cuartel general de la PNC. La comisaría 12 tiene un mensajero por turno, quien cada día lleva los informes del día anterior en una motocicleta, excepto cuando la motocicleta está averiada o hay otros problemas logísticos.[5] En 2015, por ejemplo, uno de los mensajeros recibió cuatro tiros cuando iba en camino al cuartel general de la PNC a entregar la correspondencia. Cuando no hay mensajero o una motocicleta que funcione para el mensajero, el comisario toma un carro de la policía y entrega los informes en persona, un proceso que puede durar fácilmente hasta cuatro horas, dependiendo del tráfico. Y son cuatro horas en las que la comisaría tiene una patrulla menos para responder a las emergencias.

Las comisarías también generan lo que llaman resúmenes electrónicos, que por lo general son resúmenes de un párrafo de extensión de los hechos delictivos, los cuales se envían cada día a las 6 a.m. por correo electrónico o fax, dependiendo de las capacidades del internet, al comando de la PNC, y al Ministerio de Gobernación. Estas versiones abreviadas, conocidas como circunstanciados,[6] son lo único que queda en formato digital, si llegan por correo electrónico. Pero no incluyen información relevante obtenida en la escena, incluyendo descripciones de vehículos sospechosos, placas de matrícula, nombres y direcciones de parientes y testigos, posibles sospechosos,  instrumentos homicidas, modus operandi del victimario o los asesinos, hipótesis preliminares, etc.

“La información que les preocupa es la que el jefe necesita en ese mismo instante”, comentó el funcionario del Ministerio. “Y la demás información sobre el crimen [o que ayudara a entender la dinámica criminal] se deja de lado”.

(7) La oficina de estadísticas de la PNC recibe resúmenes, divide los casos por posible móvil

Además de enviar los resúmenes al comando de la PNC y al Ministerio de Gobernación, las comisarías envían los circunstanciados a la Sección de Novedades del primer piso del cuartel general de la PNC por fax o correo electrónico. Novedades imprime los informes o copia los faxes y lleva la versión impresa a la oficina de estadísticas. Esa pone la información en diferentes bases de datos en Excel.

La oficina tiene siete bases de datos separadas. Una se usa para todos los arrestos por diferentes móviles en el país. Otra para los homicidios y víctimas heridas (por arma de fuego, elementos contundentes, accidentes automovilísticos, etc.). Estas bases de datos incluyen información, como: fecha, dirección y municipio, hora, nombre del barrio o zona, datos de referencia, comisaría a cargo de la seguridad de la escena del crimen; nombre, género y edad de la víctima, tipo de delito cometido y causa de la muerte. Se usan otros computadores para bases de datos de bienes robados o recuperados y otros delitos (violación, secuestro, extorción, etc.). Estas se dividen en “hechos positivos” y “hechos negativos”.  Los primeros se refieren a la recuperación de propiedad (vehículos o pertenencias robados), o al rescate de víctimas de secuestro o al decomiso de drogas o dinero ilícitos, por ejemplo. Los segundos agrupan número de homicidios, tentativas de homicidio, denuncias de extorsión, etc.

Esta oficina registra los casos de homicidio cada día con base en la información preliminar recogida en la escena por la patrulla enviada por el operador de la comisaría. Hay un margen de error aquí, pues la información preliminar puede cambiar durante la investigación que adelantan la policía o el MP. Una oficina conocida como el Jefatura de Planificación Estratégica Desarrollo Institucional (JEPEDI) es la responsable de clasificar los casos de homicidio según el móvil preliminar. Cuando intentamos entender la dinámica de los homicidios, esta fue nuestra primera estación.

La tarea no es fácil, como se refleja en los datos que obtuvimos de nuestras solicitudes apelando a la Libertad de Información. Para empezar, la JEPEDI ha sido incapaz de decidir las categorías para los móviles. Entre 2012 y 2014, la policía añadió y quitó categorías de manera aparentemente aleatoria. En algunos casos, repiten ciertos tipos de actos criminales (“secuestro” y “víctima de secuestro”, por ejemplo). En otros casos, la tipología es tan amplia que no significa nada. El ejemplo más importante en este aspecto es “venganza personal”, una categoría que representa casi la mitad de los presuntos móviles en todas las categorías cada año (ver tabla abajo).

Hay muchas razones para este sistema aleatorio. Para empezar, quienes toman estas decisiones no son analistas capacitados. No son posiciones deseadas o valoradas. Las condiciones son deficientes, los recursos escasos y las recompensas mínimas. No hay pautas fijas para establecer estas categorías y la información disponible para tomar estas decisiones es limitada. Hay rotación frecuente del personal, y el proceso de categorización está básicamente supeditado al capricho de la persona que hace la designación o al del comandante. No hay formatos automatizados que garanticen un rotulado uniforme de las categorías. No hay supervisión ni control de calidad o capacitación.

El equipo de la oficina de estadísticas también es obsoleto: solo tienen nueve computadores para procesar la información de todo el país, dos de los cuales no funcionaban cuando realizamos la visita, por la memoria llena. No tienen internet, de modo que las copias de los archivos electrónicos deben pasarse a otras divisiones usando una memoria. Hay solo cinco agentes por turno para manejar e ingresar toda la información estadística, así como para tomar determinaciones fundamentales sobre los móviles.

Sin embargo, no tienen entrenamiento en sistemas o análisis de información. Según un agente de la JEPEDI, el único requerimiento para el personal de policía que trabaja en la oficina de estadísticas es tener capacidad para usar Microsoft Office. Esto hace aún menos confiable la clasificación. El funcionario del Ministerio lo calificó de “pura especulación”. El entrenamiento es crítico, pues toda la fuerza policial depende de las  estadísticas que produce esta oficina, en particular la JEPEDI. La PNC, en esencia, usa esta información para determinar sus estrategias preventivas y para identificar las tendencias delictivas en cada jurisdicción de policía.

“No hay idea de que estos datos nos ayudan a tomar decisiones”, comentó el funcionario del Ministerio de Gobernación. “Para lo único para lo que sirve es para tener un inventario de los delitos. Eso es lo que tenemos: un inventario de delitos”.

Es más, según un agente de la JEPEDI, se gasta mucho tiempo limpiando la información de errores de digitación o datos erróneos. Por ejemplo, si se digita mal una marca de vehículo (en un caso de robo de autos, por ejemplo) y se escribe de cuatro formas distintas, ese error generará cuatro registros diferentes y aparecerá como si se tratara de cuatro vehículos. Lo mismo se aplica a los errores de digitación en nombres o números de calles y otra información crítica para la identificación que debe cotejarse. Y, como se ilustró anteriormente en el caso de la determinación de los móviles de los homicidios, esta falta de entrenamiento y estos errores pueden afectar también la forma de análisis de los homicidios, la creación de estrategias y el despliegue de recursos. En suma, la policía está determinando su estrategia con base en datos inadecuados, incompletos o incorrectos.

(8) La oficina de estadísticas del cuartel general de la PNC tiene una reunión cada sábado con los delegados de cada comisaría para corroborar la información enviada la semana anterior en forma impresa o por correo electrónico.

Debido al hecho de que toda la información se ingresa manualmente al sistema a partir de los informes impresos, hay una gran margen de error. Para cotejar la información, la PNC realiza una reunión cada sábado en la que cada una de las 26 comisarías del país envía un vehículo de la policía y de uno a tres agentes con las estadísticas semanales de la comisaría en forma impresa al cuartel general de la PNC para corroborar los datos.

El proceso toma todo el día, pero deja al cuerpo de policía sin 26 vehículos durante uno o dos días. Para algunas comisarías, como la de Petén, tan solo el viaje a la capital puede durar de ocho a diez horas, dependiendo de las condiciones de las vías y del tráfico. Los costos de combustible también suman, si se considera que este proceso se realiza 52 veces al año. La reunión de cotejación dura entre media hora y hora y media, dependiendo de cuántos datos genere la comisaría en cuestión y del monto de la actividad criminal en su jurisdicción.

Este paso es necesario, pero no reconcilia las diferencias con otros organismos. Las estadísticas de la policía, por ejemplo, son preliminares y no hacen una investigación de seguimiento en las horas o días posteriores al hecho delictivo. Esto explica porqué los números de la policía muchas veces no coinciden con los del MP y el INACIF. Aunque la base de datos de homicidios de la policía es estática, la del MP se actualiza los días o semanas posteriores al homicidio. Como se señaló anteriormente, el MP registrará si una víctima, que la policía reportó como herida, murió en los días siguientes.

La oficina de estadísticas tiene un inventario digitalizado de los crímenes desde 2001, cuando se creó el sistema. Cualquier información anterior a 2001 debe localizar en la comisaría correspondiente y solo se encuentra en papel. Debe señalarse, de nuevo, que las comisarías tienen sistemas de archivo deficientes, donde puede ser difícil incluso la búsqueda de archivos de 2015. Las comisarías con cargas de casos muy grandes, como la Comisaría 12, carecen de un sistema de archivo adecuado, y de servidores y registros digitales, según declararon los agentes a InSight Crime. Lo más importante es simplemente la falta de una cultura en la que esta información tenga algún valor para ellos. Esto parece tener relación con las prioridades fijadas por quienes ocupan cargos de dirección.

Esas prioridades, por supuesto, tienen que ver con las prioridades políticas, que tienen relación con las preocupaciones más inmediatas de los ciudadanos. La forma más sencilla de apaciguar a los ciudadanos es aumentar la presencia física de policía. Pero más policías no resuelven problemas de largo alcance relacionados con las actividades de las pandillas y del crimen organizado, o los problemas sociales o económicos.

*Este proceso, que requirió un trabajo increíblemente intensivo, fue financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional vía Democracy International. Se desarrolló bajo la dirección de Steven Dudley, codirector de InSight Crime. En un inicio trabajó con Carlos Mendoza, anteriormente en la Iniciativa Empresarial Centroamericana; Mendoza está ahora en el Ministerio de Finanzas. Julie López trabajó incansablemente la última cuarta parte del proyecto en la compilación de datos y las entrevistas a analistas y policías. López y Victoria Dittmar analizaron y catalogaron los cientos de informes preliminares de policía que se recopilaron de Chiquimula y la Zona 18. Steven Dudley redactó el informe, con ayuda de Mendoza y López. Jaime López-Aranda, exfuncionario del gobierno mexicano y especialista en recolección y análisis de datos, revisó e hizo comentarios a la metodología y los borradores del informe.  InSight Crime desea agradecer a la PNC, el MP y el Ministerio de Gobernación de Guatemala por su ayuda en este proyecto. Lea el informe completo aquí.

[1] Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), “Sistema de la mediación de la impunidad en Guatemala,” 2015, p. 44. Disponible en: https://cicig.org/uploads/documents/2015/Docto_SisMedImp_20160414.pdf

[2] Las cámaras hacen parte de una historia más larga, que tienen relación con una serie de prácticas en apariencia corruptas bajo el mandato del entonces ministro Mauricio López Bonilla. López Bonilla se encuentra privado de la libertad y enfrenta acusaciones de corrupción. Véase: elPeriódico, “CGC denuncia a López Bonilla por negocio con firma ligada a Mario Leal”, 10 de agosto, 2015. Disponible en: https://elperiodico.com.gt/2015/08/10/investigacion/cgc-denuncia-a-lopez-bonilla-por-negocio-con-firma-ligada-a-mario-leal/

[3] Véase: Óscar Felipe Q., “Crisis que atraviesa la PNC atenta contra la seguridad ciudadana”, Prensa Libre, 13 de marzo, 2016. Disponible en: https://prensalibre.com/guatemala/escuintla/crisis-que-atraviesa-la-pnc-atenta-contra-la-seguridad-ciudadana.

[4] Algunos agentes de policía en Estados Unidos tratan con desdén similar los datos primarios. En Estados Unidos esto se da en la forma de un llamado de servicio (CFS o call for service, en inglés), el primer elemento de análisis en las tendencias delincuenciales en cualquier zona determinada. Como lo señaló un agente de policía, “Los datos de las llamadas de servicio son poco refinados y desordenados, y es por eso precisamente que son una fuente de información tan valiosa sobre el crimen”. Véase: Jeff Asher, “Numbers Racket,” Slate, 15 de marzo, 2016. Disponible en: https://slate.com/articles/news_and_politics/crime/2016/03/calls_for_service_data_are_the_best_way_to_analyze_crime_why_don_t_cities.html

[5] Este fue el caso en junio de 2016, porque el mensajero también estaba a encargado del mantenimiento de la motocicleta y echó líquido de batería en una batería que necesitaba gel.

[6] Estos informes resumidos se basan en el informe del agente que atendió la emergencia. Cubren todo lo que se informó en esa comisaría ese día, desde homicidios hasta robo de autos, hasta arrestos y recuperación de víctimas de secuestro.

Steven Dudley is the co-founder and co-director of InSight Crime and a senior research fellow at American University’s Center for Latin American and Latino Studies in Washington, DC. In 2020, Dudley...