Esta es la última entrega de una serie de tres partes sobre el Centro Histórico de San Salvador, el eje de los mercados urbanos informales del país que por mucho tiempo ha sido bastión de las pandillas callejeras. Las historias aquí narradas muestran cómo las pandillas han utilizado su dominio en el centro para expandir su poder en El Salvador. Esta parte describe las diversas maneras como las pandillas les están usurpando violentamente la lucrativa economía criminal a sus rivales.
Una mañana soleada, cuando Humberto Reyes, habitante de San Salvador, caminaba por los intrincados mercados del Centro Histórico, fue impactado por dos disparos en la nuca.
Se dice que el hombre de 33 años, conocido en el sector como “El Pelón”, se dirigía supuestamente a comprar fruta cerca del Mercado Central de la ciudad, pero en su lugar encontró la muerte; su cuerpo yacía allí en el piso de concreto, mientras su sangre corría por entre las cajas de frutas y verduras frescas del mercado y los transeúntes comenzaron a aglutinarse en torno a la escena del crimen y a fisgonear desde detrás de la cinta de la policía.
Los técnicos forenses llegaron al poco tiempo, envolvieron el cuerpo y lo retiraron, y a los vendedores les quedó la tarea de limpiar la sangre de la víctima para poder reanudar las ventas.
Tras el asesinato, los testigos identificaron a Reyes como un pandillero del sector que coordinaba el cobro de las extorsiones en el Mercado Central. La policía sospecha que su muerte fue quizá el resultado de disputas entre pandillas que operan en la zona.
*Este reportaje se basa en investigaciones de campo realizadas a lo largo de dos años, mediante numerosas visitas de campo y decenas de entrevistas con funcionarios de policía, agentes de inteligencia policial, pandilleros, autoridades municipales y federales, vendedores ambulantes, trabajadores comunitarios, propietarios de negocios y trabajadores no gubernamentales, entre otras personas, en su mayor parte antes de la pandemia por coronavirus. Dado que se trata de un tema sensible, la mayor parte de las fuentes decidieron hablar con InSight Crime bajo condición de anonimato. Lea la investigación completa aquí y un artículo adicional sobre el pacto informal del presidente Nayib Bukele con las pandillas.
Era el 5 de enero de 2020, un año nuevo que comenzaba con los mismos viejos asesinatos en una ciudad asediada por la violencia, donde la competencia por el espacio y las economías ilícitas ha sido durante mucho tiempo un asunto mortal. Es claro que San Salvador ha sido uno de los municipios más violentos de uno de los países más violentos de Latinoamérica.
Pero la violencia es especialmente grave en el Mercado Central del centro de San Salvador, donde son frecuentes las muertes como la de Reyes, a pesar de que la pandemia por coronavirus ha reducido gran parte de la actividad comercial de la zona.
«Aquí no hay ningún virus que pueda detener esto», dice un vendedor en un reportaje de El Diario de Hoy. «Los robos, los asaltos, los homicidios y las extorsiones siguen como antes de la cuarentena. Excepto por algunos periodos, este es un lugar caliente».
La batalla ha transformado al Mercado Central y sus calles circundantes, conocido como el Centro Histórico por sus antiguas iglesias y viejos edificios gubernamentales, en un caldero de rivalidades complejas y alianzas frágiles que causan estragos en quienes cuentan con estos puntos de venta formales e informales para ganarse la vida.
De hecho, durante la última década, el Mercado Central ha concentrado la mayor parte de los homicidios del Centro Histórico de San Salvador, según datos de 2010 a 2018 recopilados para una investigación de InSight Crime sobre la violencia y la dinámica de las extorsiones en la capital de El Salvador.
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En otras palabras, el Mercado Central es uno de los lugares más violentos de la ciudad más violenta de uno de los países más violentos de América Latina.
El Centro Histórico: un lucrativo “impuesto de protección”
El Centro Histórico, que un agente de inteligencia policial describe como un “desorden organizado”, es el corazón de la capital del país, San Salvador. Allí confluye el caos que implica ser la sede del gobierno y albergar el mercado al aire libre más grande de la ciudad. En cualquier día de semana antes de la pandemia por coronavirus, autobuses y coches de todos los tamaños se apiñarían en las principales arterias de la ciudad. Las aceras y las calles estarían llenas de cientos de vendedores informales, y los turistas se amontonarían en edificios de la época colonial y en sitios religiosos.
El Mercado Central de San Salvador se encuentra a pocas cuadras al sureste de las principales plazas del Centro Histórico. El complejo consta de una docena de edificios, llenos de tiendas y restaurantes, adornados con vayas multicolores, luces fluorescentes y muebles de plástico, así como ventas callejeras de alimentos frescos, ropa y aparatos electrónicos. Las calles circundantes están repletas de densos conjuntos de puestos de mercado, donde los vendedores promocionan sus productos bajo toldos de sombrillas desgastadas y techos de hierro oxidado, para protegerlos del calor tropical de la capital de El Salvador.
Según fuentes policiales entrevistadas por InSight Crime, en el Mercado Central hay entre 5.500 y 6.000 puestos, que en un día promedio antes del coronavirus estarían llenos de habitantes de San Salvador que dependen del activo comercio de la ciudad para trabajar y adquirir bienes a precios razonables. Pero además del bullicioso mercado se encuentra allí un patrón de actividad criminal ordinaria y lucrativa.
Entre otras cosas, el Mercado Central es el principal abastecimiento de bienes legales e ilegales, según cuentan agentes de policía de inteligencia de la zona. El mercado ha estado dominado durante mucho tiempo por poderosas redes de contrabando que tradicionalmente pagaban por su protección a diversas fuerzas de seguridad públicas y privadas. Pero ese sistema ha venido siendo usurpado, a menudo violentamente, por pandillas callejeras que tratan de controlar lo que se conoce como un “impuesto de protección”, en otras palabras, una extorsión, a la vez que tratan de vender sus propios productos.
El impuesto de protección en el Centro Histórico está dirigido principalmente por dos de las pandillas callejeras más predominantes del país, la Mara Salvatrucha (MS13) y una facción de Barrio 18 conocida como Revolucionarios, las cuales surgieron en El Salvador en la década de los noventa tras la deportación masiva de pandilleros de Estados Unidos.
Con el tiempo, dichas pandillas establecieron impuestos de protección en todo el Centro Histórico. La mayor fuente de ingresos de las pandillas es de lejos el dinero que reciben en el mercado informal de la zona. En general, las pandillas le cobran US$1 por día de la semana a cada uno de los 40.000 vendedores que operan sin licencia en el área, es decir, alrededor de US$1 millón al año, como se desprende de las entrevistas con vendedores y autoridades de la zona.
A cambio, las pandillas han establecido un agresivo régimen mediante el cual prohíben el robo y otros delitos, pero, como InSight Crime señala en otra parte de esta serie, este complicado quid pro quo rara vez está a favor de los vendedores.
En el Centro Histórico hay además una amplia variedad de almacenes legítimos que también pagan diversas rentas. Según propietarios de tiendas, asociaciones empresariales locales y fuentes de inteligencia policial, el valor de la renta parece estar relacionado con el tamaño del almacén y la cantidad de ventas que genere. La renta oscila entre US$50 y 1.000 mensuales.
Algunos hacen los pagos semanales, y otros lo hacen mensualmente. Todos pagan una cuota en Navidad, Semana Santa y el festival anual de agosto. A veces se les pide que “colaboren” cuando los pandilleros son hospitalizados o asesinados (para indemnizar a las esposas o novias de los pandilleros), o cuando surgen honorarios jurídicos inesperados u otros gastos imprevistos.
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Los taxistas también le dijeron a InSight Crime que pagan en promedio US$1 al día para poder estacionar y trabajar en puntos específicos del Centro Histórico. Algunos pagan una tarifa semanal en lugar de la cuota diaria. Otros conductores, que no son taxistas, nos dijeron que las pandillas establecieron una forma de calcular las tarifas con base en el “flujo comercial” (el número de “giros” que hace un taxista), pero ningún taxista nos confirmó si las pandillas cobran la renta de esta manera.
Las pandillas se aprovechan además de las empresas de transporte y de los autobuses que pasan por el Centro Histórico. Los propietarios de autobuses dijeron a InSight Crime que pagan según el número de autobuses que posean y operen, y que pueden llegar a pagar miles de dólares al mes. Las empresas de distribución al parecer pagan por camión.
Sin embargo, el sistema de extorsiones a las empresas de transporte público y de distribución ha rebasado el centro de la ciudad, ya que los pagos se canalizan actualmente a través de los cabecillas de las pandillas en lugar de pandilleros en cada uno de los barrios por donde pasan los autobuses y camiones. Aun así, algunos conductores de autobús dicen que los pandilleros suelen cobrar una especie de minialquiler si pasan por el Centro Histórico.
La batalla por el Mercado Central
En la búsqueda de nuevas formas de aumentar sus ganancias criminales, las pandillas, según fuentes policiales de la zona, tomaron la decisión consciente de controlar al menos parte del impuesto de protección en el Mercado Central. Esta decisión los puso en conflicto directo con otro grupo bien armado: los guardias de seguridad privada, contratados por trabajadores del mercado para que los defiendan de grupos criminales como las pandillas.
Estos guardias han tenido durante mucho tiempo su propio impuesto de protección, recibiendo dinero no solo de los vendedores formales e informales, sino también de los que venden bienes de contrabando, quienes suelen ser acosados por las pandillas. En entrevista con InSight Crime, un policía del sector dijo que estima que actualmente cada puesto del mercado debe pagar una cuota semanal de alrededor de US$15 o 20, lo que significa que la renta de los puestos del mercado por sí sola le puede generar entre US$82.500 y 120.000 a la semana a quien la controle.
Pero entonces, ¿a quién pagarle? A principios de la década de 2000, las dos pandillas y los guardias mantuvieron una complicada tregua, pero esta no duró mucho tiempo. De acuerdo con datos obtenidos en la división de medicina forense de la Fiscalía General, en 2010 hubo cinco homicidios en la zona cuando las dos pandillas y los guardias comenzaron a enfrentarse por el control del impuesto. En 2013, la cifra llegó a 11.
Muchos pandilleros, negociantes del sector y fuentes policiales le dijeron a InSight Crime que para entonces la situación había cambiado: por un lado estaba Barrio 18 Revolucionarios, que controlaba la mitad del mercado y había forjado una alianza con una de las principales empresas del centro de la ciudad para recaudar dinero por servicios de protección de manera conjunta.
Y por otro lado estaba la MS13, que no quería realizar ninguna alianza con la seguridad privada, sino más bien apropiarse de sus puntos de venta o utilizarla para sus propios fines. Por ejemplo, en otras partes del Centro Histórico, la MS13 supuestamente usaba a la seguridad privada para que recaudara sus extorsiones. Y según una acusación contra varios líderes de la MS13, la pandilla usaba sus contactos con un guardia de seguridad privada en el centro de la ciudad para adquirir chalecos antibalas y otras prendas privativas de la policía para camuflarse durante las operaciones más riesgosas.
No es de extrañar que la violencia haya aumentado. En 2015, según los mismos datos de medicina forense, hubo un récord de 29 asesinatos en el Mercado Central y en sus alrededores. La violencia ha disminuido un poco desde entonces, pero los agentes de inteligencia de la policía le dijeron a InSight Crime que continúa la lucha por el impuesto de protección y por el mercado mayorista.
En marzo de 2017, por ejemplo, un guardia de seguridad privada fue asesinado a tiros después de enfrentarse con pandilleros que estaban extorsionando a un comerciante en una calle por fuera del Mercado Central. El asesinato provocó un tiroteo entre los guardias de seguridad y las pandillas, que dejó como resultado seis muertos en un día.
Más recientemente, en marzo de 2019, un guardia de seguridad privada que trabajaba cerca del mercado fue asesinado por un grupo de pandilleros que se acercó y le disparó varias veces. Un pandillero fue asesinado más tarde el mismo día en un mercado cercano, posiblemente como venganza por la muerte del guardia de seguridad.
Ese tipo de enfrentamientos son comunes en la zona del mercado, especialmente cuando se trata de la MS13, cuya estrategia principal sigue siendo el desplazamiento de la seguridad privada y el control del creciente mercado mayorista, como le dijo un policía de inteligencia a InSight Crime. Por ejemplo, fueron miembros de la MS13 los que participaron en el tiroteo de marzo de 2017 con guardias por fuera del Mercado Central.
Por su parte, los Revolucionarios siguen empleando la estrategia de alinearse con la organización que representa a los guardias de seguridad privada que operan en el Mercado Central, conocida como la Asociación de Vigilantes de Mercados Municipales, Centros Comerciales, Agroindustriales y Financieras (AVIMCES). Esta es vista como un atractivo aliado por la pandilla, dado que la organización no solo gestiona grandes partes del impuesto de protección —y comparte sus ganancias— sino que además posee las llaves del mercado y controla espacios comerciales específicos muy importantes para las actividades delictivas, lo que incluye puntos de entrega de bienes de contrabando y artículos robados.
Las ganancias de las fuerzas de seguridad privadas son menos claras. Según la policía, el pacto es informal y se basa más en su enemistad mutua contra la MS13 que en la simpatía entre los guardias y Barrio 18. Además, el hecho de asociarse con las pandillas ha metido a los guardias en graves problemas. En diciembre de 2019, por ejemplo, siete guardias de seguridad privada fueron arrestados por sospechas de que habían recolectado extorsiones en el Mercado Central y que luego les habían entregado el dinero a los pandilleros. Sin embargo, según la policía y las empresas que operan en la zona, las dos partes mantuvieron este pacto informal al menos hasta principios de 2019.
Violencia pandillera y el control del Centro Histórico
Los enfrentamientos entre pandillas y guardias explican solo algunos de los homicidios, pero es difícil tratar de explicar toda la violencia de las pandillas en la zona. En pocas palabras, hay múltiples razones para que las pandillas cometan asesinatos, especialmente en lugares como el mercado formal e informal más activo del centro de San Salvador. Lo que es cierto es que la mayoría de los asesinatos están relacionados con los intentos por establecer un impuesto de protección.
En primer lugar, en el caso del Mercado Central, la violencia les permite a las pandillas ampliar su principal fuente de ingresos: la extorsión. Esto ocurre en todo el Centro Histórico, donde las pandillas están enfrascadas en conflictos casi perpetuos por el control de puntos de venta, sitios de alta distribución de drogas, y lugares de venta de bienes de contrabando y de falsificación, entre otros espacios importantes donde ellos recaudan dineros de extorsiones o bien administran los negocios.
Sin embargo, los límites entre los territorios de las pandillas son porosos y fluidos. Tomemos el caso de las extorsiones. Para ello las pandillas dejan teléfonos que pueden servir, por cortos periodos, como los medios por los cuales las dos partes se comunican. Pero para recibir los pagos, los pandilleros tienen que ir en persona y exponerse. Los dueños de las tiendas le dijeron a InSight Crime que los pandilleros suelen llegar en grupos de dos o cuatro el mismo día cada semana. Dos de ellos esperan afuera de la tienda y vigilan, mientras que los demás entran y recogen el dinero. Estos salen de la tienda y depositan rápidamente el dinero en el puesto de un vendedor ambulante, con el fin de evitar ser capturados con dinero marcado y evitar cualquier tipo de emboscada de un rival.
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Además, el número de personas involucradas en los cobros de las extorsiones crea de por sí una situación volátil. Esta práctica involucra varios niveles de las pandillas, así como civiles que se aseguran de que el dinero les sea entregado. La densidad del Mercado Central, así como los diferentes niveles de pago y la presencia regular de las fuerzas de seguridad en estas áreas, complica aún más las cosas y puede conducir a malentendidos, confusiones y oportunidades para hacer trampa al sistema.
También puede haber malentendidos fatales si los distribuidores y vendedores que operan dentro y fuera del mercado no saben quién controla qué territorio. Y esos sistemas de pago pueden cambiar a medida que la competencia se vuelve más intensa. En este proceso, el dinero puede desaparecer o ser robado. Y otros actores criminales pueden aparecer y aprovecharse de la confusión, lo que a su vez causa más malentendidos. Muy a menudo, el resultado de todo esto es un aumento de la violencia.
En segundo lugar, las pandillas cometen asesinatos para mantener o ampliar sus portafolios criminales.
Por ejemplo, como ya se mencionó, las pandillas están intentando entrar en el mercado mayorista de contrabando y productos falsificados que opera en el Mercado Central y en sus alrededores. Ello implica amenazar a los rivales que operan o controlan este negocio. Controlar la distribución de estos productos a miles de vendedores informales les daría a las pandillas una enorme inyección de efectivo que podrían utilizar para comprar armas, drogas y otros productos ilícitos para consumir y vender.
La policía dice que hay indicios de que las pandillas ya han logrado establecerse en el robo y la reventa en el Centro Histórico y al parecer han usurpado muchos de los principales puntos de venta del Mercado Central. Además, tienen acceso a las áreas de despacho del Mercado Central, donde pueden ser los primeros en elegir las mercancías que llegan en los camiones que descargan artículos robados o de contrabando, como afirma un exempleado municipal que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato por temor a represalias.
Pero las redes tradicionales de contrabando y falsificación continúan siendo poderosos actores criminales. Además, tienen experiencia en la operación de cadenas de suministro más sofisticadas y tienen mejores contactos que las pandillas, según dijo inteligencia policial a InSight Crime. Por ejemplo, las pandillas pueden robar un camión, pero quizá no cuentan con los contactos para pasar el camión robado sin ser importunadas por las fuerzas de seguridad, ni cuentan con un lugar para almacenar y distribuir los bienes robados de manera eficiente.
Esto puede explicar por qué, a pesar de los grandes esfuerzos de las pandillas, no han logrado todavía posicionarse como mayoristas del contrabando. No obstante, su continua incursión en este mercado criminal podría ser otra causa de conflicto en la zona, especialmente porque el negocio mayorista es una parte muy prominente del Mercado Central.
Finalmente, las pandillas cometen asesinatos para mantener el control político y social en sus áreas de influencia. Imponen reglas estrictas a sus miembros y a quienes operan en su territorio. La sospecha de estar colaborando con las fuerzas de seguridad es la ofensa que se percibe más comúnmente, pero hay otras como el robo, la violación y el abuso de autoridad.
Es importante señalar que las pandillas son tribales. Si se encuentran con rivales, por ejemplo, los pandilleros están obligados, con pocas excepciones, a tomar acciones contra ellos. Esto también puede tener implicaciones específicas para el Mercado Central, el cual, a diferencia de otras partes del Centro Histórico, donde el territorio de las pandillas está bien definido, no está totalmente controlado por ninguna pandilla.
Dado que tanto la MS13 como los Revolucionarios están intentando obtener una parte del impuesto de protección, las posibilidades de que los rivales se encuentren pueden ser más altas que en otras zonas del centro de la ciudad, lo cual puede desestabilizar aún más la situación de seguridad en el mercado. La tensión es tal, que los vendedores le dijeron a InSight Crime que temen enviar a sus hijos pequeños a ciertas áreas, pues pueden ser confundidos con espías o vigilantes.
Todos estos vacíos y confusiones parecen ser causas de violencia en el Centro Histórico y en otros sectores.
Expansión constante y mayor competencia
Las pandillas han ampliado su influencia de otras maneras. Según vendedores y autoridades que hablaron con InSight Crime, las pandillas han tomado cada vez más el control de los puntos de venta informales y de las ventas de comida ambulantes, a menudo dejándolas en manos de sus familiares. Además, según las mismas fuentes, han usurpado parte del negocio informal de los taxis y se han “metido” cada vez más en las asociaciones de vendedores.
Los nuevos negocios en sus portafolios han cambiado la forma en que llevan a cabo sus acciones criminales. En algunos casos, reciben productos de las personas a las que extorsionan en lugar de cobrarles en dinero. Según policías y negociantes del sector que hablaron con InSight Crime, en al menos un caso en el Centro Histórico, una empresa pagó unos US$10.000 al año a las dos pandillas, así como US$8.000 al año en pollo crudo, que los pandilleros vendieron en puntos de distribución controlados por ellos en los mercados de San Salvador. La compañía también debe hacer pagos “especiales” si las pandillas tienen gastos imprevistos, y pagar bonos de vacaciones.
La MS13 también ha tratado de obtener el control general sobre el mercado de cigarrillos falsificados. Como la policía le contó a InSight Crime, un mayorista ubicado en el mercado Sagrado Corazón, diagonal al Mercado Central, distribuye la mayor parte de los cigarrillos falsificados en el Centro Histórico, los cuales obtiene de un contrabandista mayor. Las fuentes policiales dicen que este mayorista le paga a la MS13 una parte de sus ganancias; sin embargo, según otras fuentes entrevistadas por InSight Crime, él es un “empleado” de la pandilla. En cualquiera de los casos, la pandilla ha establecido más control sobre este flujo de ingresos del que tenía anteriormente, aunque aún no lo controla por completo.
Las pandillas controlan varios puntos de distribución de drogas en el Centro Histórico, según afirman funcionarios de inteligencia policial consultados por InSight Crime. Como mínimo, estos puntos deben pagar renta. Pero las pandillas también pueden controlar alguna parte o la totalidad del mercado mayorista, y pueden tener el control operativo de al menos algunos de los puntos de distribución.
En el Centro Histórico hay además un activo comercio sexual. A lo largo de la Avenida Independencia hay decenas de bares donde la prostitución es frecuente. Fuentes policiales dijeron a InSight Crime que tanto las trabajadoras sexuales como los establecimientos donde estas trabajan les pagan extorsiones a las pandillas, un dato que las propias trabajadoras sexuales corroboraron en conversación con InSight Crime.
Por último, las pandillas han comenzado a cobrarles rentas a los bares, restaurantes, salas de billar y otros negocios que se han establecido en la zona.
En cualquier caso, las pandillas están estableciendo un sistema tributario paralelo basado en el impuesto de protección y están regulando la distribución de los puntos de venta. Por lo tanto, los vendedores recurren a ellas no solo para la protección contra los delincuentes, sino también para poder vender sus productos, resolver disputas e imponer represalias a quienes violan las reglas.
El Estado, sin embargo, no ha permanecido de brazos cruzados. Y cuando ha encarado a los jefes de facto del mercado, ha posibilitado el aumento del conflicto. Esto quedó claro en marzo de 2017, cuando la policía nacional suspendió temporalmente a los guardias de AVIMCES y les prohibió operar en el mercado, sustituyéndolos por agentes del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM).
El CAM es un organismo de seguridad municipal con poca capacitación y, debido a esto y a la poca remuneración que reciben, también con poca legitimidad. En un caso reseñado por InSight Crime, estuvieron además vinculados directamente con las pandillas. En este caso, la suspensión de AVIMCES generó protestas de los vendedores, algunos de los cuales consideraron que la decisión fue un intento de la CAM de tomar el control del impuesto de protección en el Mercado Central.
Este juego de poder no es el primero que se presenta en la zona. En otras ocasiones se ha relacionado a agentes policiales con atentados a líderes de asociaciones de vendedores informales, lo que ha empañado aún más su reputación en el centro de San Salvador y genera sospechas de que tienen sus propios intereses en juego.
Incluso los esfuerzos aparentemente legítimos se han mirado con recelo. En 2015, por ejemplo, la alcaldía, en estrecha colaboración con la policía, instaló cámaras en el mercado y aumentó la vigilancia en sus alrededores, con el fin de mejorar la seguridad. En lugar de aplacarse, los vendedores protestaron: consideraron que otro actor criminal estaba intentando obtener su tajada del impuesto de protección.
La importancia del Mercado Central de San Salvador como eje de la economía informal y como mina de oro para la extorsión lo ha ubicado en la primera línea de batalla por el control de este territorio clave en el Centro Histórico. Y aunque la violencia ha disminuido un poco desde el pico registrado en 2015, los continuos asesinatos y las escenas como la del cadáver de Humberto Reyes tendido en una calle afuera del mercado son un claro recordatorio de que los mismos conflictos continúan.
*Informes adicionales de César Castro Fagoaga y Juan José Martínez d’Aubuisson.
**Esta es la última entrega de una serie de tres partes sobre el Centro Histórico de San Salvador, el eje de los mercados urbanos informales del país que por mucho tiempo ha sido bastión de las pandillas callejeras. Las historias aquí narradas muestran cómo las pandillas han utilizado su dominio en el centro para expandir su poder en El Salvador. Esta parte describe las diversas maneras como las pandillas les están usurpando violentamente la lucrativa economía criminal a sus rivales.
Este reportaje se basa en investigaciones de campo realizadas a lo largo de dos años, mediante numerosas visitas de campo y decenas de entrevistas con funcionarios de policía, agentes de inteligencia policial, pandilleros, autoridades municipales y federales, vendedores ambulantes, trabajadores comunitarios, propietarios de negocios y trabajadores no gubernamentales, entre otras personas, en su mayor parte antes de la pandemia por coronavirus. Dado que se trata de un tema sensible, la mayor parte de las fuentes decidieron hablar con InSight Crime bajo condición de anonimato. Lea la investigación completa aquí.
Foto Principal: Associated Press