Cuando Ana Gabriela Rubio Zea se puso en contacto con proveedores de productos químicos en China en nombre de un nuevo cliente, tuvo que presentar una propuesta convincente para asegurarse de cerrar el trato.
Era septiembre de 2021 y estaba facilitando la compra de 25 kilogramos de 1-BOC-4-piperidona, una sustancia química que el Cartel de Sinaloa necesitaba para fabricar fentanilo.
«Somos los más grandes de México, así que podemos comprar muchos [productos químicos]», expresó a sus posibles proveedores en mensajes de texto interceptados por las autoridades estadounidenses y detallados en una acusación posterior.
Los productos químicos eran suficientes para producir alrededor de 25 kilogramos de fentanilo puro, con los cuales se pueden elaborar alrededor de 15 millones de pastillas. En un año promedio, InSight Crime calcula que los grupos delictivos producen y distribuyen entre 3 y 4,5 toneladas de fentanilo puro en Estados Unidos, como detallamos en nuestro reciente informe sobre precursores químicos.
Las autoridades antidrogas de Estados Unidos han señalado al Cartel de Sinaloa y a sus distintas facciones como los pioneros de esta producción de fentanilo a gran escala y los principales responsables de las cantidades récord que se trafican hacia ese país. Esto ha contribuido a un aumento en las cifras de muertes por sobredosis y ha convertido a grupos como el Cartel de Sinaloa en piezas centrales de los esfuerzos contra el narcotráfico.
Sin embargo, los intermediarios como Rubio Zea son los que hacen que la cadena de suministro funcione, ya que se encargan de que los grupos criminales tengan acceso a precursores químicos, los ingredientes básicos para procesar drogas sintéticas como el fentanilo.
Los contactos chinos de Rubio Zea comprendieron esto y llegaron a un acuerdo. El producto químico se envió por vía aérea desde Suzhou, una ciudad al oeste de Shanghai, en la provincia de Jiangsu, parte de una región del este de China donde, según un proceso de rastreo en la web de registros de empresas llevado a cabo por InSight Crime, operan la mayoría de las empresas productoras de precursores químicos. El destino final fue la ciudad de Guadalajara, en el occidente de México.
Cuando los productos químicos llegaron a Guadalajara, las fuerzas de seguridad interceptaron el pedido. Poco después, un agente encubierto de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus iniciales en inglés) estableció contacto con Rubio Zea y comenzó a negociar otro envío de un kilogramo de productos químicos. Sin que ella lo supiera, ese pedido se envió directamente a un domicilio del agente encubierto, en un lugar no especificado por las autoridades.
Estos decomisos se convirtieron en el núcleo de la acusación de Estados Unidos en su contra. En marzo de 2023, las autoridades guatemaltecas la detuvieron en la Ciudad de Guatemala a petición provisional de Estados Unidos. Al mes siguiente, el Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación contra ella, varios miembros del Cartel de Sinaloa y algunos de sus socios chinos por tres cargos penales relacionados con el tráfico de fentanilo.
Su detención fue parte de una campaña calculada para golpear el corazón de la facción de los Chapitos del Cartel de Sinaloa. Esta red está dirigida por algunos de los hijos del antiguo cabecilla del grupo, Joaquín Guzmán Loera, alias «El Chapo«. De hecho, la captura de Rubio Zea se produjo tras el arresto en enero de 2023 de Ovidio Guzmán López, uno de esos hijos y a quien los fiscales estadounidenses han convertido en el rostro de su lucha contra el fentanilo.
Pero mientras que la captura y posterior extradición de Gúzman López a Chicago en septiembre acaparó todos los titulares, la detención de Rubio Zea y su extradición a Estados Unidos no tuvo la misma atención. Sin embargo, fue igualmente simbólica. Ella, junto con otros intermediarios, son piezas clave de este negocio. Son uno de los pocos cuellos de botella en la vasta cadena de distribución química.
El papel de los intermediarios
En esencia, un intermediario es alguien que actúa en representación de otros a cambio de honorarios o comisiones. Esto puede incluir negociar los términos de un contrato, facilitar la venta de un precursor químico o vender directamente estas sustancias a los productores de drogas sintéticas.
Los intermediarios operan en las etapas intermedias de la cadena de suministro de drogas sintéticas, la cual se puede visualizar como un reloj de arena, como explicó InSight Crime en su reciente informe sobre precursores químicos. El mayor número de actores se puede encontrar en las etapas iniciales y finales de la cadena de producción. Los intermediarios conectan a los productores legales e ilegales de sustancias químicas en lugares como China, India y Alemania con las redes que trafican drogas sintéticas desde México a Estados Unidos.
El número de intermediarios es limitado, ya que estas personas no sólo se encargan de vincular a distintos actores en múltiples países, sino que también actúan como un puente entre el mundo mayoritariamente legal de la producción química y el hampa de México. Esto los convierte en el cuello de botella de la cadena de suministro y en un objetivo clave para las fuerzas del orden que buscan interrumpir el flujo de precursores químicos y drogas sintéticas.
Sin embargo, el papel de los intermediarios ha quedado en gran medida opacado por las narrativas y estrategias de seguridad que se centran en los capos y los “cárteles”, el término comodín que tan a menudo se utiliza para describir complejas redes delictivas como los Chapitos o el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al que las autoridades estadounidenses también han vinculado con el tráfico de fentanilo.
Más que organizaciones criminales integradas de manera jerárquica, estas redes están formadas por numerosos productores independientes de sustancias químicas y drogas, mayoristas, minoristas, transportistas y, por supuesto, intermediarios. El papel de lo que se entiende como “carteles” se limita a la gestión del transporte transfronterizo de las drogas sintéticas en su forma final, una labor fundamental y costosa que implica grandes beneficios. No obstante, no son más que un eslabón de esta compleja cadena de distribución.
A pesar de su importancia, los intermediarios rara vez son procesados judicialmente. Una revisión exhaustiva de casos judiciales en México y Estados Unidos realizada por InSight Crime encontró que Rubio Zea es una de las pocas intermediarias de precursores químicos que han sido acusadas en casos penales que involucran a redes criminales mexicanas. Incluso en el caso que la involucra, el nombre de Rubio Zea se pierde entre los otros 22 mencionados en los documentos de acusación.
VEA TAMBIÉN: Sesión sobre fentanilo en el Senado de EE.UU.: ¿es hora de desechar la palabra ‘cartel’?
Sin embargo, su rol fue crucial. Los intermediarios suelen manejar diversas sustancias químicas necesarias para la producción de drogas sintéticas, desde productos químicos poco regulados hasta precursores y preprecursores con controles más estrictos. Como señalamos en nuestro estudio anterior, esta categorización de sustancias químicas puede considerarse como una pirámide, en la que las sustancias químicas más reguladas y difíciles de obtener se sitúan en la parte superior, y las menos reguladas y más abundantes en la parte inferior. A medida que los reguladores y las fuerzas del orden restringen el acceso a las sustancias químicas de la parte superior, los intermediarios y los productores de drogas sintéticas innovan y utilizan más sustancias químicas de la parte inferior de la pirámide.
El trabajo del intermediario consiste en entender estas regulaciones o, si es necesario, manipularlas o incluso ignorarlas. Por obtener estas sustancias de forma innovadora y a veces ilegal, los intermediarios suelen cobrar un porcentaje fijo del valor de un determinado cargamento químico, según dos ex funcionarios de las fuerzas de seguridad estadounidenses que trabajaron en casos complejos de narcotráfico. Ese porcentaje, explicaron, depende del tipo de sustancia química, del nivel de dificultad para adquirirla y de la cantidad.
Decenas de entrevistas con funcionarios gubernamentales y un amplio trabajo de campo en Sinaloa y Michoacán, los epicentros de la producción de drogas sintéticas en México, nos permitieron identificar cuatro tipos de intermediarios. Algunos de ellos no necesariamente participan en actividades ilícitas.
Rubio Zea, por ejemplo, puede ser descrita como una facilitadora: alguien que conecta a proveedores y compradores. Esto significa compartir contactos, negociar precios y cantidades, o facilitar la venta y entrega de un precursor químico a una célula de producción de drogas. Gracias a su experiencia y a sus contactos con proveedores de productos químicos en China, los narcotraficantes con los que trabajó pudieron acceder a los ingredientes necesarios para fabricar fentanilo.
Otros intermediarios actúan más como mayoristas. Compran grandes cantidades de sustancias químicas, las acopian y almacenan en bodegas informales y las distribuyen entre diferentes redes de producción de drogas. Los mayoristas pueden acopiar sustancias químicas esenciales en México y comprar precursores y preprecursores a proveedores en países como China, India o Alemania, según entrevistas de InSight Crime con varios productores de drogas sintéticas en Sinaloa y Michoacán.
También hay empleados de empresas químicas que pueden desviar pequeñas cantidades de sustancias químicas esenciales desde sus lugares de trabajo para grupos delictivos. A menudo utilizan información privilegiada sobre esas empresas y sus conocimientos sobre la normativa interna para intermediar las ventas sin levantar sospechas.
Por último, en los puertos de entrada al país, existen agentes aduanales que pueden ser clave para facilitar la importación de cualquier sustancia química. Estas personas son cruciales para acceder a permisos, realizar trámites y garantizar que los envíos pasen desapercibidos.
A la hora de obtener sustancias químicas, el tipo de relación que mantienen los intermediarios con los grupos delictivos, así como el número de narcotraficantes con los que pueden llegar a trabajar, puede variar. La determinación del número de clientes depende en gran medida del tipo de intermediario y el tipo de productor de drogas implicado en la relación. En términos generales, la decisión gira en torno a una negociación que implica un balance entre los riesgos, los recursos necesarios y la confianza.
Por ejemplo, cuando los intermediarios trabajan con redes directamente afiliadas a una organización criminal, es probable que no necesiten buscar múltiples clientes, ya que las redes delictivas más sofisticadas pueden ofrecer una relación comercial sostenible y relativamente segura. Este parece haber sido el caso de Rubio Zea. Las redes asociadas a los Chapitos y sus aliados poseen recursos suficientes y una estructura organizativa robusta para mantener una producción constante, por lo que presuntamente requerían los servicios de Rubio Zea con regularidad.
Dicho esto, las autoridades mexicanas también han identificado intermediarios que presuntamente colaboraban con varias organizaciones criminales, incluyendo el Cartel de Sinaloa y el CJNG, que constantemente disputan el territorio y el control del mercado, según un funcionario de inteligencia naval entrevistado por InSight Crime. Sin embargo, trabajar con múltiples clientes obliga a estos intermediarios a invertir más tiempo y recursos, lo que aumenta su riesgo de exposición y posibles amenazas a su seguridad.
Por último, algunos intermediarios pueden optar por relacionarse con un mayor número de pequeños y medianos productores que no están necesariamente afiliados a grandes organizaciones criminales, según entrevistas de InSight Crime con productores independientes de fentanilo en Sinaloa. Estos productores suelen recurrir a intermediarios en las fases iniciales de su proyecto de producción, por ejemplo, para establecer contacto con proveedores extranjeros de sustancias químicas o para comprar cantidades pequeñas de sustancias químicas a precios minoristas en México. En estos casos, las relaciones entre los intermediarios y sus clientes suelen ser temporales, lo que reduce los riesgos antes mencionados.
Facilitadores: el contacto con el extranjero
Para acceder a precursores y preprecursores químicos sujetos a estrictos controles internacionales, las redes delictivas suelen recurrir a intermediarios altamente especializados que tienen contacto con proveedores de estas sustancias. A estos intermediarios los denominamos facilitadores.
Los facilitadores están familiarizados con los diferentes actores de la industria química global, suelen dominar un idioma extranjero y viajan con regularidad, según una amplia revisión de expedientes judiciales, así como entrevistas con productores de drogas sintéticas y funcionarios de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional de México. Su principal servicio radica en ofrecer acceso a estas sustancias químicas y garantizar la confianza.
Por ejemplo, Rubio Zea fue contratada debido a sus contactos con proveedores químicos en China, específicamente Suzhou Xiaoli Pharmatech Co., Ltd (SXPC), una empresa de fabricación farmacéutica creada en 2017. Aunque la compañía afirma manejar «catalizadores, productos farmacéuticos intermedios y materiales de silicona funcional», los fiscales estadounidenses sostienen que también produce precursores de fentanilo. El contacto principal en SXPC presuntamente fue Kun Jiang, un representante de ventas acusado de ser una de las «principales fuentes de suministro» de Rubio Zea. Según datos de importaciones del mapa de cadenas de suministro globales Altana Atlas, esta empresa química solo ha declarado exportar productos químicos orgánicos a una compañía con sede en Rusia.
Rubio Zea también habría establecido contacto con representantes comerciales de Wuhan Shuokang Biological Technology Ltd., conocida como SK Biotech. Además de negociar las ventas de precursores químicos, las autoridades estadounidenses alegan que uno de los representantes, Yonghao Wu, proporcionó a Rubio Zea «métodos de preparación eficientes» para sintetizar fentanilo. Esta información también podría haber sido valorada por las redes asociadas con los Chapitos, ya que, según un coordinador de laboratorios clandestinos en Sinaloa, los «kits» que reciben desde China incluyen recetas de drogas e instrucciones detalladas.
Aunque no está claro cómo Rubio Zea inició la relación con los proveedores chinos, este contacto le ofreció a los Chapitos acceso directo a ingredientes químicos cruciales. La 1-BOC-4-piperidona, el producto químico que Rubio Zea estaba obteniendo cuando las autoridades interceptaron sus comunicaciones en septiembre de 2021, es un preprecursor utilizado para producir 4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP), uno de los principales precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo.
La 1-BOC-4-piperidona no tiene usos legales conocidos, aparte de la producción de fentanilo de grado médico, y hasta enero de 2024, no estaba contemplada en la ley de precursores químicos de México ni en la lista de vigilancia de sustancias químicas de uso dual. Sin embargo, los productores ilícitos de fentanilo en Sinaloa informaron a InSight Crime en septiembre de 2023 que estaban importando activamente este preprecursor para la fabricación de ANPP.
Las autoridades estadounidenses también alegan que Rubio Zea promocionaba su capacidad para suministrar precursores de forma segura y sin ser detectados por los funcionarios de aduanas. Presuntamente, se aseguraba de que las sustancias químicas estuvieran camufladas en envases de alimentos o empaquetadas junto con otras sustancias químicas legales. Esto es un servicio que los proveedores en China también promocionan con frecuencia, según los productores de fentanilo entrevistados en Sinaloa por InSight Crime.
La imágen pública que proyectaba Rubio Zea, según registros empresariales y sus cuentas de LinkedIn e Instagram, se asemejaba más a la de una joven jetsetter que operaba desde Guatemala y viajaba lujosamente por Estados Unidos, Europa y China que a la de una intermediaria de precursores químicos. Domina varios idiomas y tiene un grado en ingeniería aeroespacial por una universidad italiana.
Además, tenía vínculos con otras industrias legales que utilizan productos químicos. Figura, por ejemplo, como propietaria de Dosi-Veloz de Guatemala, un «laboratorio y taller de inyección diesel» fundado en 1975. Además, aparece como representante legal de IGIGI Technologies, una empresa creada en 2019 que fabrica productos biodegradables a base de almidón y maíz.
Las autoridades guatemaltecas afirmaron que Rubio Zea también dirigía una empresa de importación y exportación que utilizaba para «ocultar, disimular y promover» sus presuntas compras de precursores químicos. Sin embargo, no especificaron si se referían a Dolsi-Veloz, a IGIGI Technologies o a otra empresa. El Ministerio Público de Guatemala negó la solicitud de InSight Crime de acceder al expediente o a la información presentada por las autoridades estadounidenses antes de su detención. IGIGI Technologies, que utiliza I-Eco como nombre comercial, solía publicar acerca de su trabajo y promocionaba sus productos en una página de Facebook. Pero poco después de la captura de Rubio Zea, se eliminó toda la información relacionada con la empresa.
Guatemala es un importante centro de trasiego de precursores químicos. Sin embargo, según la evidencia disponible, ninguno de los envíos de las sustancias químicas facilitados por Rubio Zea pasaron por ese país.
VEA TAMBIÉN: Los intermediarios son clave para el flujo de precursores, no los ‘carteles’
Para las redes de producción de fentanilo asociadas a las distintas facciones del Cartel de Sinaloa, Rubio Zea era sólo una de los varios facilitadores que los conectan con los proveedores chinos de productos químicos. El coordinador de laboratorios clandestinos en Sinaloa mencionado anteriormente, quien afirmó estar asociado con los Chapitos y con redes vinculadas a Ismael Zambada García, alias «El Mayo», dijo a InSight Crime que obtenía los productos químicos necesarios en China a través de tratos orquestados por un facilitador. Esta persona, explicó, trabaja de manera estrecha con varias redes asociadas a los Chapitos y es uno de los pocos autorizados dentro de la organización para comunicarse directamente con los proveedores.
En cambio, el coordinador de laboratorios nunca ha tenido contacto con ellos.
«Sólo debo decirle [al facilitador] cuánto necesito, y él me lo consigue”, aseguró a InSight Crime y añadió que los pagos a los proveedores eran gestionados por alguien de la organización criminal.
Por su parte, el facilitador se mantiene al tanto de los cambios en las regulaciones, asegurándose de que los distintos productores asociados a los Chapitos tengan acceso a productos químicos alternativos cuando ciertas sustancias se vuelven difíciles de obtener. Por ejemplo, el coordinador de laboratorios señaló que el facilitador garantizó que su célula de producción obtuviera acceso a la 4-piperidona y la 1-BOC-4-piperidona tan pronto como el ANPP quedó sujeto a estrictos controles internacionales.
El papel de los facilitadores es más limitado cuando colaboran con redes independientes de menor tamaño y pueden optar trabajar con varios clientes. Por ejemplo, un productor independiente de fentanilo en Culiacán dijo a InSight Crime que cuando empezó a producir el opioide sintético también se apoyó en un facilitador. Esta persona le fue presentada por otro productor independiente que ya estaba en el negocio.
El facilitador presuntamente organizó conferencias telefónicas en las que participaron el productor de fentanilo y posibles proveedores de una planta química de Alemania. Tras abordar asuntos logísticos y realizar una visita virtual a las instalaciones, se cerró el trato.
Una negociación similar habría ocurrido cuando el facilitador conectó al productor con otros proveedores de productos químicos en China. Utilizando plataformas de mensajería cifrada como WhatsApp y Telegram, acordaron los tipos de productos químicos, las cantidades y la frecuencia de los envíos. Una vez establecido el contacto, la labor del facilitador concluyó. El productor de fentanilo ha mantenido desde entonces comunicación directa con los proveedores y realiza los pagos mediante transferencias bancarias o criptomonedas.
El productor aseguró que no disponía de los recursos adecuados para pagar constantemente a un intermediario y prefería gestionar personalmente el negocio, aun asumiendo los riesgos de decomisos o una posible detención. Esta decisión también implicó mantener una asociación permanente con los proveedores de China y Alemania, que habían demostrado ser confiables.
«No tengo cómo elegir [a proveedores nuevos]. Es lo que hay» expresó a InSight Crime.
Mayoristas: almacenamiento y distribución
En epicentros de producción de drogas sintéticas, como Sinaloa, Jalisco y Michoacán, algunas redes de intermediarios han organizado la compra de sustancias químicas a nivel nacional e internacional al por mayor para su distribución entre productores locales. A estos intermediarios los denominamos mayoristas.
Los mayoristas requieren una mayor inversión en sus operaciones, ya que se encargan personalmente del abastecimiento de las sustancias y asumen los riesgos de exposición y decomisos. Nuestro trabajo de campo en estos epicentros encontró que los mayoristas generalmente trabajan en centros urbanos, como Culiacán, Guadalajara y Uruapan, y distribuyen las sustancias químicas a diversas redes que operan en áreas circundantes.
Para obtener sustancias químicas, los mayoristas han utilizado tradicionalmente empresas fachada o negocios legítimos autorizados para operar en la industria química o farmacéutica, la importación-exportación u otras actividades manufactureras, según documentos judiciales y sanciones estadounidenses revisados por InSight Crime, así como nuestra entrevista con el oficial de Inteligencia Naval antes mencionado.
Un ejemplo de presuntos mayoristas son los hermanos Ludim y Luis Alfonso Zamudio Lerma, sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos semanas antes de la detención de Rubio Zea. Los hermanos, así como varias empresas vinculadas a ellos con sede en Culiacán, son señalados de suministrar precursores químicos a redes asociadas con los Chapitos para la producción de fentanilo y metanfetamina.
Las empresas sancionadas incluían una farmacia y una empresa de importación y exportación. En papel, parecían entidades legítimas. Sin embargo, las autoridades estadounidenses alegaron que ambas operaban en nombre de los hermanos y que «regularmente» recibían envíos de productos químicos desde China.
Algunas de estas empresas aparecen en los registros de importación del Altana Atlas a los que tuvo acceso InSight Crime. Por ejemplo, REI Compañía Internacional, S.A. de C.V., recibió mensualmente 32 toneladas de N-metilformamida desde el este de China entre julio y octubre de 2020. Además, importó 20 toneladas de ácido tartárico y declaró importaciones de otros productos no relacionados, como baterías y juguetes para perros. Tanto la N-metilformamida como el ácido tartárico tienen aplicaciones en la producción de metanfetamina.
Otro de los hermanos acusados de tener vínculos con estas operaciones de precursores químicos, Jorge Alberto Zamudio Lerma, fue director del Hospital General de Culiacán de 2017 a 2019. A pesar de las sanciones, la compañía REI ha negado las acusaciones y ninguno de los hermanos Zamudio Lerma ha sido acusado de algún delito en México o Estados Unidos, según una revisión de registros judiciales en ambos países.
Otras empresas mexicanas se enfrentan a acusaciones similares, tales como Corporativo y Enlace Ram y Corporativo Escomexa, que también operaban en el sector de la importación y exportación. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del gobierno mexicano investigó a ambas empresas por supuestamente suministrar al Cartel de Sinaloa y al CJNG sustancias clave para la producción de fentanilo como ANPP, cloruro de propionilo y anilina procedentes de la India y otros países asiáticos.
Entre marzo de 2016 y noviembre de 2023, Corporativo y Enlace Ram, registrado en el estado mexicano de Jalisco, manejó miles de transacciones de productos que van desde plásticos y reactores nucleares hasta maquinaria eléctrica y productos farmacéuticos, según registros de importación del Altana Altas. Esos mismos datos mostraron que Corporativo Escomexa, que también está registrado en Jalisco, manejó menos de 500 transacciones en 2016. Pero en septiembre de ese año recibieron de una empresa india una máquina para prensar pastillas y más de 500 kilogramos de lactosa monohidratada en polvo, celulosa microcristalina y copovidona. Todas estas sustancias suelen utilizarse como relleno o aglutinante al prensar pastillas, incluyendo las que están están mezcladas con fentanilo.
Ninguna de estas empresas respondió a las solicitudes de comentario de InSight Crime.
VEA TAMBIÉN: Así se sintetiza el fentanilo en México
Sin embargo, la estrategia de que los mayoristas utilicen empresas fachada para importar productos químicos podría estar evolucionando. Según el coordinador de laboratorios clandestinos entrevistado por InSight Crime en Culiacán, el aumento de la presión regulatoria y la vigilancia intensificada sobre el sector privado, especialmente en las industrias química y farmacéutica, ha generado mayores dificultades para depender de empresas fachada para importar productos químicos.
Esta afirmación está respaldada, en parte, por datos oficiales. Por ejemplo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México, el principal organismo gubernamental encargado de las regulaciones sanitarias y de vigilar los productos farmacéuticos y químicos, sancionó a 526 empresas en 2015 por violar la Ley General de Salud. En 2022, el número anual de empresas sancionadas por la Cofepris creció a 1,419, según datos obtenidos por InSight Crime. Durante los primeros días de 2024, la Cofepris y la SEMAR clausuraron 14 establecimientos en Culiacán por «comercialización irregular» de sustancias químicas.
Por otro lado, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) también parece haber intensificado sus esfuerzos para combatir a las empresas fachada. Desde 2015, las autoridades fiscales han identificado y sancionado a más de 12.700 empresas con “operaciones presuntamente inexistentes».
Según un representante de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA) que conversó con InSight Crime, es muy difícil que alguien cree una empresa fachada para tener acceso a precursores químicos, ya que debe de poder justificar varios aspectos para obtener los permisos necesarios.
Como resultado, los mayoristas estarían recurriendo al contrabando de precursores y preprecursores, en lugar de intentar importarlos a través de canales legales, según dijo el coordinador de laboratorios clandestinos. Esto fue reiterado por un productor de metanfetamina con el que InSight Crime habló en Michoacán, quien está asociado con uno de los muchos grupos criminales que operan en ese estado.
Independientemente de que los mayoristas adquieran las sustancias químicas de forma ilegal o legal, las almacenan en depósitos, pequeñas tiendas, restaurantes, farmacias y otros negocios pequeños que no llaman la atención de las autoridades.
«Aquí en cada esquina los consigues», dijo un cocinero independiente de fentanilo en Culiacán sobre los productos químicos en estas bodegas. «Yo les digo: necesito X [producto químico] y me lo dan. Si no lo tienen, me lo consiguen”.
El otro productor independiente de fentanilo entrevistado en Culiacán también fabrica metanfetamina. Según sus declaraciones, algunos mayoristas distribuyen un «kit de metanfetamina» por aproximadamente 400.000 pesos mexicanos (unos US$23.500). Este kit incluye todas las sustancias necesarias para producir alrededor de 130 kilogramos de metanfetamina.
Empleados de empresas químicas: desviación
Los precursores y preprecursores químicos altamente regulados y administrados por intermediarios experimentados como Rubio Zea suelen estar en la mira de las autoridades. Sin embargo, algunos empleados de empresas químicas también pueden jugar un papel importante en el desvío de sustancias químicas menos reguladas hacia grupos criminales.
Estos empleados desempeñan roles activos y pasivos en esta actividad debido a amenazas de violencia o incentivos económicos. Aun así, en la mayoría de los casos, los empleados deben conocer bien los controles internos de la empresa, la normativa nacional y qué conductas pueden levantar sospechas.
México tiene una industria química importante. Miles de empresas mexicanas producen, importan, transportan, distribuyen o utilizan sustancias químicas esenciales con fines legítimos, según los registros de empresas revisados por InSight Crime. Esto incluye la producción de cosméticos, productos farmacéuticos, productos de limpieza, agroquímicos, pesticidas, la gestión de residuos o la fabricación de sabores y fragancias.
Debido a la falta de investigaciones y casos judiciales en México, resulta complicado determinar qué industria es más propensa al desvío de precursores químicos y hasta qué punto interactúan las grandes empresas de cada sector con redes de tráfico de drogas sintéticas. Sin embargo, los productores de drogas entrevistados por InSight Crime afirmaron que, por lo general, sus contactos solían estar en pequeñas y medianas empresas, en lugar de grandes corporaciones internacionales.
En teoría, México cuenta con un sólido marco regulatorio para controlar el flujo de precursores químicos utilizados por estas empresas. El país es parte de diversos acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico y ha implementado controles estandarizados a nivel global para regular los precursores químicos. Además, tiene una lista exhaustiva de sustancias químicas de uso dual sometidas a vigilancia que es similar a la de Estados Unidos.
Sin embargo, en la práctica, el país se enfrenta a muchos retos. La corrupción y la falta de supervisión interna y de debida diligencia pueden llevar a que algunas empresas mexicanas, especialmente las medianas y pequeñas, no estén al tanto o no se preocupen por investigar quienes son sus clientes finales, sobre todo cuando se trata de sustancias químicas que no están estrictamente reguladas.
Por ejemplo, los investigadores de InSight Crime intentaron adquirir pequeñas cantidades de acetona, ácido tartárico e hidróxido de sodio en comercializadoras de productos químicos cercanas a una región agrícola en Jalisco. Todos estos productos están regulados en México y son utilizados en varias industrias legales, aunque también pueden emplearse en la producción de drogas sintéticas. Además, contactamos a vendedores de ácido acético, acetonitrilo y máquinas para prensar pastillas que anunciaban sus productos en la plataforma de comercio electrónico Mercado Libre. En ambos casos, los investigadores de InSight Crime no tuvieron que justificar el uso previsto de los productos, ni se les solicitó información personal.
Tampoco son inusuales las ventas en ventanilla de sustancias químicas que, técnicamente, solo deberían comercializarse mediante un riguroso proceso de supervisión, según un ex funcionario de Cofepris. Estas transacciones rara vez atraen la atención, especialmente dado que involucran cantidades pequeñas.
Para comprender la magnitud del problema, podemos considerar el ácido acético y el hidróxido de sodio. Ambos se utilizan como sustancias químicas esenciales en la producción de fentanilo. Si suponemos que se necesitan en la misma proporción para producir 3 toneladas de fentanilo y así satisfacer el consumo estadounidense, eso representaría aproximadamente el 0,0012% de la cantidad total de ambas sustancias importadas legalmente en el país en 2022, según los datos recopilados por la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) de México y los datos de importación del Altana Atlas.
«[Una empresa] podría justificar esos desvíos. Por ejemplo, pueden incluirlos en la merma [el registro de residuos]» dijo el ex funcionario de Cofepris.
Sin embargo, varios expertos señalaron a InSight Crime que la mayoría de los empleados involucrados en el desvío de sustancias químicas probablemente saben exactamente lo que están haciendo, incluso si han sido obligados o amenazados para hacerlo o tienen los medios para crear una negación plausible. Tres fuentes en Michoacán, que trabajan como productores de metanfetamina para grupos criminales diferentes, mencionaron que obtienen sustancias como alcohol bencílico, tolueno, benceno e hidróxido de sodio directamente de distribuidores autorizados de productos químicos en México.
Todas estas sustancias tienen usos legales, pero también son conocidas por su uso en la producción de metanfetamina y los empleados de estos establecimientos desempeñan un papel crucial en la intermediación para acceder a ellas. Según uno de los productores de metanfetamina, estos intermediarios compran las sustancias a su nombre, para después revenderlas de manera informal a grupos criminales.
“Solo las empresas con permisos [acceden a productos químicos]”, dijo uno de los productores de metanfetamina a InSight Crime. “Todo llega por el puerto, pero no se reparte allá. Las empresas reciben las sustancias y luego alguno de nosotros va por ellos.”
Esta práctica no parece ser nueva. En 2015, la empresa estadounidense Taminco y su filial mexicana admitieron haber vendido más de 22.000 galones de monometilamina, un preprecursor para producir metanfetamina, a dos empresas mexicanas sin revisar sus antecedentes. Una de estas empresas era propiedad del representante de ventas de Taminco en México, quien luego revendió las sustancias a compradores desconocidos, según una investigación de Bloomberg.
No está claro si las autoridades mexicanas han detectado casos similares. InSight Crime presentó una solicitud de información a la Cofepris y a la Fiscalía General de la República sobre el número de casos registrados de desvío de sustancias químicas, pero ninguna de las dos agencias proporcionó esa información. En Estados Unidos, la DEA declinó responder a una solicitud de información de InSight Crime sobre cuántas empresas químicas ha sancionado por violar los procedimientos relacionados con los desvíos de sustancias químicas.
Los empleados de las empresas químicas se encuentran entre los intermediarios que enfrentan mayores riesgos. Afrontan amenazas a su seguridad laboral, exposición a las fuerzas del orden y a la violencia criminal. Por ejemplo, uno de los productores de metanfetamina en Michoacán, dijo a InSight Crime que cuando un empleado de un centro de distribución de productos químicos no coopera, recurre a las amenazas o a la corrupción. Aunque no encontramos casos públicos de asesinatos de empleados de empresas químicas, el ex funcionario de Cofepris y otras fuentes de las industrias química y farmacéutica de México dijeron a InSight Crime que los empleados suelen temer ser amenazados o secuestrados por grupos criminales.
VEA TAMBIÉN: En México hay buenas leyes, pero pocas sanciones para el tráfico de precursores
También hay empresas químicas más grandes que han enfrentado escrutinio por presuntos desvíos. En julio de 2021, la Cofepris impuso sanciones a una filial de Grupo Pochteca, una de las mayores empresas químicas de América Latina. Las acciones disciplinarias podrían haber estado relacionadas con varios factores, desde la falta de buenos registros hasta la presentación de informes inadecuados o el desvío de precursores químicos. Aunque no se especificó públicamente la razón, la empresa pagó posteriormente una multa de unos US$8.000.
Sin embargo, meses después, en octubre de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México congeló varias cuentas bancarias de esa misma filial como parte de una investigación sobre el desvío de precursores químicos. La empresa sigue operando mientras el caso se mantiene activo, según registros judiciales obtenidos por InSight Crime. En un correo electrónico, Grupo Pochteca aseguró a InSight Crime que la empresa nunca ha comerciado con precursores químicos. Los datos de importación del Altana Atlas parecen respaldar esta afirmación.
Menos de tres años después, en enero de 2024, las autoridades sanitarias mexicanas suspendieron las operaciones de una instalación en Culiacán que era administrada por la misma subsidiaria de Grupo Pochteca sancionada en 2021. La suspensión se ordenó debido a irregularidades que incluían la venta de ciertas sustancias químicas sin verificar su uso final.
Agentes aduanales: los ‘ojos’ en los puertos
En Estados Unidos y México, las autoridades otorgan licencias a individuos como agentes aduanales para asistir a importadores y exportadores en el cumplimiento de los requisitos federales relacionados con el comercio internacional. Estas personas pueden llegar a desempeñar un papel fundamental tanto para los proveedores de precursores químicos como para las redes de producción de drogas sintéticas, según fuentes policiales estadounidenses y mexicanas consultadas por InSight Crime.
Sin embargo, los incentivos para colaborar con grupos delictivos son menores en comparación con los otros tipos de intermediarios detallados anteriormente.
Los agentes aduanales son los «ojos» para las autoridades en los puertos de entrada al país, según mencionó a InSight Crime un representante de la ANIQ de México. Por ende, también pueden serlo para los grupos delictivos. Si una empresa mexicana está importando un producto químico regulado de Asia, por ejemplo, el agente aduanal contratado debe verificar el contenido, el etiquetado, los permisos, que las autoridades hayan sido informadas del envío, el origen y destino de su contenido y su medio de transporte.
En México, los agentes aduanales registrados deben coordinarse con funcionarios del Ejército, la Marina y las autoridades fiscales para garantizar la recaudación de los impuestos correspondientes, así como para fines administrativos y contables, de acuerdo con la normativa del país. También son responsables de inspeccionar físicamente los envíos que manejan para asegurarse de que lo reportado y presentado a las autoridades sea correcto.
Sin embargo, pueden manipular esta información utilizando sus propias redes y conocimientos.
«Saben quién va a revisar los cargamentos, quién va a indagar», afirmó un ex funcionario de la DEA que trabajó en la División de Control de Desvíos de la agencia, que investiga el desvío de productos farmacéuticos y sustancias químicas reguladas.
Una forma en que los agentes de aduanas pueden facilitar la importación de sustancias químicas reguladas, según fuentes policiales estadounidenses y funcionarios sanitarios mexicanos, es falsificando documentos y alterando entradas en bases de datos. Otra forma es aprovechar su acceso a los sistemas informáticos gubernamentales que rastrean envíos, registrando cuáles han sido marcados para ser decomisados o investigados más a fondo. El acceso a esta información privilegiada podría permitir a los importadores identificar puntos débiles y garantizar que un envío pase sin ser detectado.
En otras palabras, pueden actuar como un intermediario que tiene una «negación plausible» si algo sale mal, añadió el ex agente de la DEA.
Sin embargo, en México la red de agentes aduanales autorizados por la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) es pequeña. En enero de 2022, los datos oficiales obtenidos por InSight Crime mostraban que solo había alrededor de 800 agentes aduanales autorizados. De estos, un número aún menor se especializaba en productos químicos, según nuestras entrevistas con agentes aduanales.
El número de agentes autorizados es reducido, en parte, porque el proceso para obtener una licencia de agente de aduanas es caro y complicado. Los solicitantes deben tener nacionalidad mexicana, obtener una puntuación superior a 85 sobre 100 en un examen de acceso, no tener antecedentes por delitos dolosos y pagar tasas asociadas por un total de más de 70.000 pesos (unos US$4.000), entre otros requisitos.
Para el reducido número de personas que cumplen estos requisitos, trabajar como agente aduanal puede ser muy lucrativo debido al volumen de negocio. Por ello, los agentes de aduanas entrevistados por InSight Crime afirmaron que hay pocos incentivos para dedicarse a actividades ilegales, y menos aún cuando potencialmente se trata con un gran número de clientes implicados en actividades delictivas. De hecho, tratar con productos químicos estrictamente regulados conlleva mucho escrutinio, y los agentes de aduanas no quieren arriesgarse a ser auditados, dijeron los agentes a InSight Crime.
Hasta finales de 2023, un total de 91 agentes aduanales habían perdido su licencia, según datos de la ANAM obtenidos por InSight Crime. Sin embargo, los funcionarios de la ANAM aseguran que esas cancelaciones no necesariamente eran “penas o sanciones administrativas”, ya que la agencia no contaba con datos detallados acerca de la pérdida de licencias debido a actos de corrupción, actividades criminales u otro tipo de conductas indebidas. No obstante, una de las faltas que puede llevar a la cancelación de una licencia incluye el reporte inadecuado de los productos que se importan o importar productos prohibidos.
Los pilares de la cadena de suministro de precursores
En la madrugada del 20 de julio, casi exactamente cuatro meses después de su detención, las autoridades guatemaltecas trasladaron a Rubio Zea de la prisión de Mariscal Zavala, en las afueras de Ciudad de Guatemala, a una base aérea cercana.
Con la misma sudadera gris de Gucci que llevaba el día de su detención, pusieron a Rubio Zea bajo custodia de la DEA y la extraditaron a Estados Unidos. Llegó al aeropuerto de White Plains, en Nueva York, alrededor de las 10 de la noche y fue conducida directamente al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
Al día siguiente, compareció en su primera vista para enfrentarse a cargos de tráfico de drogas en el Distrito Sur de Nueva York. Antes de levantar la sesión, la juez Katherine Polk Failla preguntó al abogado de Rubio Zea, Kenneth Montgomery, si había algo específico de su cliente que la juez debía saber.
Dijo que había algunos problemas médicos, según la transcripción de la audiencia. Necesitaba un extractor de leche materna para atender a su «hijo muy pequeño en Guatemala», así como medicamentos para las migrañas que sufría.
Durante la audiencia, Rubio Zea explicó que hablaba inglés con fluidez y que no tenía problemas para entender los cargos que se le imputaban. Se declaró inocente con toda tranquilidad.
Según la juez, el equipo de defensa de Rubio Zea y la fiscalía de Estados Unidos están manteniendo «conversaciones continuas y productivas» sobre una «posible resolución del caso antes del juicio». Contactado por teléfono, su abogado, Montgomery, se negó a comentar sobre su caso. Los fiscales estadounidenses también declinaron hacer comentarios.
Las pruebas contra Rubio Zea parecen ser «de gran alcance», según los registros judiciales. Los fiscales han dicho que esto incluye comunicaciones de WhatsApp interceptadas, extractos de su cuenta de iCloud que contienen estados financieros y conversaciones potencialmente incriminatorias con otros co-conspiradores acusados, así como registros de sus compras de precursores químicos a nombre de los Chapitos y sus esfuerzos para camuflarlos.
Con una posible colaboración, Rubio Zea podría ser clave para desvelar el funcionamiento interno del flujo de precursores químicos y un recurso importante para las autoridades que tratan de desarticular las operaciones de tráfico de fentanilo de los Chapitos.
*Steven Dudley, Victoria Dittmar y Sara García han contribuido a la elaboración de este artículo. Miguel Ángel Vega también colaboró con entrevistas en campo.
Altana apoya las investigaciones de InSight Crime sobre el flujo de precursores químicos al proporcionar acceso a su Atlas, un mapa impulsado por inteligencia artificial sobre las cadenas de suministro global, así como a su Panel Antinarcóticos, un modelo producido con inteligencia artificial que identifica riesgos relacionados al narcotráfico en la cadena de suministro global y en los datos de propiedad empresarial.