Sus simpatizantes los llaman «caballeros de acero» por sus motocicletas y por ser los más ardientes defensores de la Revolución Bolivariana en Venezuela. Sin embargo, actualmente parecen más bien pandillas criminales con un enorme control social. Nos referimos a los «colectivos».
En el año 2002, el presidente Hugo Chávez sufrió dos intentos de desbancarlo del poder: un golpe militar y una huelga del poderoso sector petrolero. Después de estas amenazas, se dio cuenta de que necesitaba estructuras de seguridad paralelas que pudieran ejercer contrapeso a los militares y tuvieran la capacidad de reunir rápidamente tropas de choque contra los manifestantes de la oposición. La solución que encontró en ese momento fueron los colectivos.
El término «colectivos» tiene sus raíces en los grupos guerrilleros venezolanos de la década de los sesenta, pero fue apropiado por la Revolución Bolivariana de Chávez. En 2001, Chávez estableció una nueva generación de grupos políticos, los «Círculos Bolivarianos», para construir apoyo político de base.
Estos Círculos Bolivarianos demostraron su lealtad, así como su disposición a usar la violencia, durante el intento de golpe de abril de 2002. Los videos del 11 de abril muestran cómo los manifestantes en contra del Gobierno son enfrentados por hombres armados, quienes posteriormente fueron identificados como miembros de los Círculos Bolivarianos, los cuales abrieron fuego desde el Puente Llaguno en el centro de Caracas. Al final de la jornada, quedó un saldo de 20 personas muertas y decenas más heridas, tanto de los grupos chavistas como de los manifestantes.
Los generales de la Fuerza Armada rechazaron las órdenes de Chávez de movilizarse contra las protestas antigubernamentales. Finalmente, Chávez aceptó renunciar, a condición de que él y su familia pudieran exiliarse en Cuba. Sin embargo, 48 horas después, Chávez estaba de nuevo en el poder, gracias sobre todo al general Raúl Baduel, entonces comandante de la 42ª Brigada de Infantería Paracaidista, que reunió a sectores clave del Ejército. Aquel fue el momento en el que Chávez radicalizó su revolución y decidió aferrarse al poder a toda costa.
Solo tres personas fueron encarceladas después de los violentos acontecimientos del 11 de abril. Uno de ellos fue Iván Simonovis, el entonces jefe de la Policía Metropolitana de Caracas, quien fue sentenciado a 30 años de prisión.
InSight Crime lo entrevistó en su casa, donde ha estado bajo arresto domiciliario desde 2014. Para él, la violencia de los Círculos Bolivarianos y la impunidad en torno a los asesinatos que cometieron ese día son el precedente del poder y la violencia que los colectivos ejercen actualmente.
«Dicen que las personas que dispararon desde el puente utilizaron la fuerza en defensa propia contra la policía. ¿Cómo se puede justificar diciendo que una persona que le dispara a la policía está haciendo uso legítimo de la fuerza?», dijo Simonovis.
El término “colectivo” comenzó a remplazar al de Círculos Bolivarianos en el lenguaje público del Gobierno después del golpe. En 2006, estos grupos de apoyo al gobierno quedaron cobijados bajo los «consejos comunales» del Gobierno, a través de los cuales recibían fondos y recursos estatales, incluyendo armas. Se les otorgó legitimidad y poder en sus áreas de influencia.
«El trabajo que muchas de estas personas (de los colectivos) realmente desempeñan es el de servicios de seguridad para los funcionarios del Gobierno, lo cual les da acceso directo a recursos del Gobierno, pero además a armas del gobierno y muchas otras cosas», afirma Alejandro Velasco, profesor de New York University y autor de «Barrio Rising», un libro sobre política urbana en Venezuela.
Al interior del 23 de Enero
El lugar más emblemático de la Revolución Bolivariana y de los colectivos en Venezuela es el barrio 23 de Enero de Caracas, lugar donde se asientan muchos de los más infames y poderosos colectivos.
El Cuartel de La Montaña, donde reposan los restos de Hugo Chávez, es una fortificación al estilo de los castillos europeos que se levanta sobre el barrio 23 de Enero —un barrio en constante expansión donde casas de madera y viviendas improvisadas se agrupan alrededor de altos bloques de apartamentos—. El Palacio de Miraflores, la casa presidencial, se observa abajo.
Imágenes de Chávez, de los colectivos y de la Revolución Bolivariana adornan los muros del barrio.
Sin embargo, en los últimos años sus residentes han empezado a cuestionar no solo el régimen chavista, sino también a su rostro local, los colectivos. Si bien algunos pocos todavía permanecen desarmados y continúan fieles a sus raíces culturales y comunitarias, la mayoría se han convertido en actores armados que juran lealtad a la revolución, y que en parte se financian con actividades criminales.
InSight Crime ingresó a la zona con un respetado líder comunitario, nuestro boleto de ingreso a un vecindario donde se sospecha de los forasteros. Muchos de los jóvenes con quienes nos cruzamos tenían pequeños bolsos de cuero (bolsos modelo 5.11) atados a sus pechos. Nuestro guía nos dijo que muchos miembros de los colectivos cargan sus pistolas de esa manera: fuera de la vista, pero al alcance de la mano.
Los residentes nos dijeron que cada centímetro del barrio 23 de Enero es actualmente controlado y monitoreado por los colectivos. Estos establecen barricadas y a menudo cobran impuestos por la circulación de los vehículos.
Los colectivos tienen varias fuentes de ingresos, algunas legales, y otras ilegales. Dentro de las legales, la mayoría provienen del Gobierno, aunque algunos colectivos han establecido negocios que generan ingresos legales. La renta del Gobierno llega cada vez menos mediante pagos en efectivo, y más a través de concesiones, como la distribución de alimentos, que ahora es un negocio muy lucrativo.
«Ellos (los colectivos) controlan la (distribución de) comida y tienen a todo el vecindario aterrorizado. Esa es la palabra: aterrorizado», dice en voz baja Claudia, una residente del barrio.
Otra residente, Rosa, también los denunció. «No sé de dónde sacan la comida, o si la compran, pero luego la venden en el mercado negro», dijo. «Hablan de igualdad y de la revolución y no sé qué otras cosas, pero luego venden paquetes de comida a altos precios».
Uno de los líderes del tradicional colectivo Tupamaros, Lisandro Pérez, más conocido por su alias «Mao», comparó el tráfico de alimentos con el tráfico de drogas en términos de ingresos.
«Muchos de los que vendían drogas ahora se dedican al tráfico de alimentos. Es menos riesgoso y más rentable», le dijo a InSight Crime.
Lo mismo ocurre con la venta de medicinas, cuyo suministro también está reducido y llegan a comercializarse a precios desorbitantes a los desesperados pacientes.
En lo que respecta a las ganancias ilegales, InSight Crime descubrió evidencias de participación en la venta y distribución de drogas, así como en la extorsión y los juegos de azar ilegales.
«Lo más (común) aquí es la venta de drogas y van por ahí con armas a cualquier hora», dijo Rosa, mientras nos servía un café dentro de su casa.
«La venta de drogas aquí es tan común como la venta de Coca-Cola. Los colectivos controlan la distribución de drogas —los que tienen el poder de hacerlo—», admitió un líder de un colectivo del 23 de Enero, quien se identificó solamente como “Galeano Marcos».
En las entrevistas con residentes y líderes de los colectivos también se pudo constatar que los colectivos están al frente de casinos clandestinos en el 23 de Enero.
«Los colectivos administran (los casinos). Escoltan a las personas que llegan allí a apostar, y luego las escoltan a la salida», dijo Claudia.
Mao confirmó la existencia de los casinos como la más reciente empresa criminal en el 23 de Enero. También reconoció que eran administrados por los colectivos, aunque insistió en que está en desacuerdo con ellos por razones éticas.
«No se le puede negar a la gente el derecho a divertirse, pero no puedo decir que estoy de acuerdo con los casinos porque generan una cultura comercial, la idea de que el ser humano debe tener más para ejercer dominio», dijo.
Mao desestima a algunos de los colectivos más recientes. Tupamaros, el colectivo al que pertenece, es anterior a la era de Chávez, pues se conformó en 1979. Sin embargo, su poder aumentó exponencialmente durante la administración Chávez.
«El término colectivo se está utilizando por todas partes […] pero creo que hay colectivos que desafortunadamente tienen que desaparecer”, dice Mao.
Galeano Marcos va aún más allá.
«Cada colectivo tiene un jefe y un comandante, y todos quieren ser colectivos porque desean armas. Aquí todos quieren tener más armas que los demás. Cada líder está a cargo de su territorio y hace lo que le place. Dicen que son demócratas, pero realmente se hace lo que el jefe diga», señaló.
La Piedrita
La mitología mesiánica de uno de los colectivos más conocidos del barrio 23 de Enero se ilustra perfectamente en esta imagen. Jesús, con su corona de espinas, empuña un Kalashnikov, y a su lado, la Virgen acuna en sus brazos al niño Jesús y carga otro AK-47.
Este es el rostro público de La Piedrita.
El colectivo La Piedrita nació antes del chavismo. Sus fundadores, Valentín Santana y Carlos Ramírez, crearon el grupo en septiembre de 1985, en un intento por acabar con la violencia que azotaba a sectores del barrio 23 de Enero. Varios hermanos de Santana y miembros de su familia extendida pertenecen al colectivo, que se guía por fuertes principios marxistas-leninistas.
La Piedrita dirige una estación de radio local; además proporcionó instalaciones para médicos cubanos que, en algún momento, vinieron a servir a la comunidad pero que se marcharon hace tiempo. El colectivo también posee una pequeña granja urbana donde sus miembros crían pollos y cultivan verduras, que se venden en la localidad a bajos precios. También planea montar una panadería.
Pero el colectivo es más conocido por sus actos violentos, y ha llegado a convertirse en símbolo de la agresión asociada con los grupos progubernamentales.
Los miembros de La Piedrita han atacado a manifestantes de la oposición y a periodistas con gases lacrimógenos, acusándolos de entorpecer el proceso revolucionario.9 Santana, quien tiene experiencia militar, la cual ha utilizado para inculcar disciplina y una fuerte estructura vertical dentro del grupo, ha declarado que La Piedrita está dispuesta a defender la revolución bolivariana «a toda costa».
A la fecha, Santana tiene tres órdenes de arresto en su contra, dos de ellas por homicidio. A pesar de ello, aparece frecuentemente en público y ha sido entrevistado por medios de comunicación internacionales. En febrero de este año, Santana publicó un video en su cuenta de Twitter, donde aparece abrazando a altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el general Fabio Zavarse Pabón, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de tropas del ejército del Distrito Capital, y quien fue sancionado recientemente por Estados Unidos por las represiones durante las manifestaciones.
La toma de los poderes del Estado
El poder de los colectivos no se limita a actos ilegales en sus áreas de influencia. Desde que la Policía Metropolitana fue desmantelada por Chávez en 2011, el régimen entregó la seguridad en el 23 de Enero, así como en otras partes de la capital, a los colectivos. Las fuerzas de seguridad del Estado están obligadas a coordinarse con ellos para entrar en estas áreas. Manuel Mir, líder comunitario del 23 de Enero, le dijo a InSight Crime que los colectivos han convertido al barrio en un «Estado dentro del Estado».
Algunos de los colectivos trabajan junto con las fuerzas de seguridad, a menudo haciendo el trabajo sucio para ellos.
Se sabe que colectivos como «Tres Raíces» y «Frente 5 de Marzo» tienen estrechos vínculos con elementos de las fuerzas de seguridad.
Tres Raíces es uno de los colectivos mejor armados, y varios de sus miembros están trabajando en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Policía del Municipio Libertador (PoliCaracas), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) o la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), adscrita a la Policía Nacional Bolivariana.
Aunque los miembros de Tres Raíces han sido vinculados a secuestros y asesinatos, contactos en altos niveles de las fuerzas de seguridad han insinuado que no han sido enjuiciados por estos crímenes.
El colectivo Frente 5 de Marzo fue fundado por un expolicía, José Miguel Odremán, quien murió durante una operación de las fuerzas de seguridad en 2014. Su colectivo fue investigado por siete asesinatos, así como por robo y extorsión. También estableció un servicio de guardaespaldas, la Asociación Bolivariana de Escoltas de Venezuela, quienes en muchos casos están involucrados en actividades criminales.
También ha habido acusaciones de que los colectivos han participado en la polémica Operación de Liberación del Pueblo (OLP), una campaña lanzada por el presidente Nicolás Maduro en su intento por disminuir las altas tasas de criminalidad. Dicho operativo ha sido relacionado con un alto número de asesinatos, y se dice que está guiado por la mentalidad de “disparar primero y hacer preguntas después».
Las OLP han fracasado en su objetivo primordial de reducir la delincuencia, pero han generado altas tasas de asesinatos, en medio de acusaciones según las cuales las fuerzas del Gobierno han participado en ejecuciones extrajudiciales. Los sobrevivientes y las familias de las víctimas dicen que los participantes de las OLP disparan para matar.
«Las OLP han matado a gente inocente, porque entran a las casas y matan a las personas sin preguntar quiénes son», afirma Claudia.
Los testigos dicen que la participación de los colectivos en las OLP es diversa. A menudo trabajan con las fuerzas de seguridad del Estado en el 23 de Enero, pues tienen un mejor conocimiento de la zona.
«Los OLP vienen con los diferentes cuerpos de seguridad, y los colectivos siempre se encapuchan y se mezclan con ellos», dice Claudia.
Otra residente del 23 de Enero le dijo a InSight Crime que la participación de los grupos progubernamentales es aún más siniestra.
«Son los colectivos los que hacen las ejecuciones», dice.
Los colectivos siguen desempeñando su papel tradicional como tropas de choque y fueron desplegados contra la ola de protestas que se presentaron en 2017, usando gas lacrimógeno e incluso haciendo disparos de pistolas para disolver las protestas de la oposición.
Luis Cedeño, quien dirige la organización no gubernamental Paz Activa, dedicada al estudio de la criminalidad en Venezuela, considera a los colectivos como grupos de trabajo mercenario para el Gobierno, y cada vez más para el crimen organizado.
«Se les paga para generar violencia […] Son pagados por intereses específicos que buscan crear caos», dijo en un video producido por su organización.
La investigación de InSight Crime indica que en el barrio 23 de Enero hay presencia de 46 colectivos, que van desde los «tradicionales» hasta los «emergentes», a los que en nuestro mapa nos referimos como «híbridos». Algunos de estos grupos son pequeños y no se conocen con un nombre específico, pero hemos incluido los que consideramos que son los más significativos.
Muchos de los miembros de los colectivos con quienes hablamos todavía se refieren a Chávez con respeto. En su mayor parte, muestran desprecio por Maduro.
«La muerte del comandante Chávez nos dejó en una encrucijada. No es lo mismo el liderazgo de Chávez que el de los que han asumido el poder», dice Marcos, líder de uno de los colectivos.
Está claro que el control del Gobierno sobre los colectivos se ha debilitado, y en muchos casos quizá ha desaparecido. Ello se debe en parte al actual caos político y al desplome económico, que los colectivos no ven como una debilidad de la Revolución Bolivariana, sino como una traición de los principios revolucionarios por parte de Maduro. También se debe a que el Gobierno está en bancarrota y ha recortado los recursos en todos los niveles, incluyendo la financiación de los colectivos, lo que los ha obligado a ser más autosuficientes económicamente, y en muchos casos los ha llevado a involucrarse en actividades criminales.
También existen conexiones entre algunos colectivos y grupos guerrilleros colombianos —una relación que inicialmente fue fomentada por Chávez pero que se le ha salido de las manos a Maduro—. Algunos colectivos han recibido capacitación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En una de nuestras visitas al 23 de Enero encontramos un busto del legendario fundador y líder de las FARC, Pedro Antonio Marín, alias «Manuel Marulanda».
Pruebas de diversas fuentes de disidentes de las FARC y de las fuerzas de seguridad colombianas indican que se están desarrollando relaciones con grupos venezolanos como los colectivos, sobre todo por intereses en empresas ilegales más que por afinidad ideológica.
Si la oposición gana las próximas elecciones presidenciales y se reinstaura la Asamblea Nacional como el principal órgano legislativo de Venezuela, es probable que los colectivos enfrenten una enorme presión por desarmarse y disolverse.
Por lo tanto, la supervivencia de los colectivos depende de la supervivencia del régimen. Si el partido gobernante cae, también desaparecerá el apoyo y la tolerancia de la que todavía disfrutan los colectivos, pues quedarán en una disyuntiva: disolverse, o transformarse en agrupaciones puramente criminales.
*Foto superior: Carlos Ramírez