Desde que asumió el cargo en 2010, la fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, ha emprendido una revolución desde el interior de una de las instituciones más atribuladas del país. Paz y Paz ha postulado su nombre para un nuevo mandato de cuatro años, que comenzaría en mayo, pero sus enemigos son poderosos y quieren regresar al status quo. La primera parte, de una investigación de tres partes, explora su inesperada nominación y sus audaces medidas en contra de las organizaciones criminales transnacionales.
A principios de 2011, narcotraficantes como Juan Alberto Ortiz López, alias “Juan Chamalé”, aún eran figuras intocables en Guatemala. Ortiz López —un vaquero bigotudo que se convirtió en predicador evangélico del departamento de San Marcos, a lo largo de la frontera entre México y Guatemala— entendió esto a la perfección.
Como uno de los transportadores de drogas clave para la red criminal más grande del hemisferio, el Cartel de Sinaloa de México, Juan Chamalé era conocido como un benefactor que rápidamente podía convertirse en enemigo peligroso. Le había quitado la vida a más de un líder local de la zona, dijeron las autoridades guatemaltecas a InSight Crime. Además, tenía contactos en las más altas esferas del gobierno, incluyendo a la hermana de la entonces primera dama, Gloria Torres.
Torres y Juan Chamalé decidieron quiénes se presentarían como candidatos a la alcaldía en los diferentes municipios bajo su influencia, según declararon a InSight Crime un ex investigador de alto nivel del gobierno y dos fiscales en ejercicio bajo condición de anonimato. Trabajando en estrecha colaboración con representantes del Congreso nacional, ambos habrían canalizando dinero a través de contratos de obras públicas hacia empresas de Juan Chamalé, quien pagaba comisiones a Torres, dijeron las autoridades.
Sin embargo, iniciaba una nueva era en el cumplimiento de la ley en Guatemala. Y usando nuevas herramientas a su disposición, en particular equipos de interceptación telefónica y vigilancia, la nueva fiscal general, su pequeño equipo de trabajo, la policía y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), habían estado monitoreando los movimientos de Ortiz durante meses, mientras el gobierno de Estados Unidos preparó la solicitud de su extradición.
Sabían, por ejemplo, que a Chamalé le gustaba viajar a Quetzaltenango a ver a una novia. Sabían que tenía túneles en su rancho, en el departamento de San Marcos, para escapar si las autoridades lo sorprendían. También sabían que tenía contactos de alto nivel en el gobierno, además de Torres, quienes lo pondrían sobre aviso cuando las autoridades judiciales montaran un operativo en su contra. (Esto lo demostró el hecho de que apenas una hora después de que llegara la solicitud de extradición, una de las fuentes de Juan Chamalé le informó por vía telefónica, dijeron los investigadores a InSight Crime.)
Todos estos factores entraron en juego cuando llegó la solicitud de extradición. El gobierno le puso una trampa, filtrando la información de que estaban acercándose para capturar a Juan Chamalé en su casa en San Marcos. Para reforzar la trampa, enviaron fuerzas de seguridad desde la costa hacia el rancho de Juan Chamalé. Al mismo tiempo, la policía puso a 200 hombres de las Fuerzas Especiales, recién entrenados, en camiones y los envió hacia Quetzaltenango. La confianza con la unidad aún era pobre, así que nadie les dijo a dónde iban. Para agregar un nivel de engaño, les hicieron ponerse su equipo antimotines.
La trampa funcionó. Ante el temor de una incursión en su rancho, Juan Chamalé huyó a Quezaltenango, y las autoridades lo vieron conduciendo por la autopista. El fiscal en la escena preparó el papeleo, llamó a la oficina de Ciudad de Guatemala, y se preparó para el arresto. Estos eran los momentos en donde las cosas a menudo se derrumbaban en Guatemala. Una llamada telefónica. Un soborno. Una amenaza. Juan Chamalé podría utilizar cualquiera de estas tácticas.
En su lugar, el fiscal en la escena llamó de nuevo: “Lo tenemos”, dijo.
“¿Está seguro de que es él?”, preguntó la fiscal general.
“Sí”.
“¿Cómo lo sabes?”
“Tú eres Juan Alberto Ortiz López, Juan Chamalé, ¿verdad?” Le preguntó a su prisionero.
“Sí,” ellos oyeron la respuesta de Juan Chamalé.
De regreso a Ciudad de Guatemala, se rieron.
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La captura de Juan Chamalé fue el comienzo de la revolución; una situación que, podría decirse, Guatemala no había experimentado desde principios de 1950 cuando el presidente Jacobo Arbenz trató de nacionalizar las tierras que pertenecían a las élites y a las compañías multinacionales. O la larga guerra de casi cuatro décadas, que se dio después de que el gobierno de Estados Unidos, trabajando con los poderes económicos y las partes conservadoras del ejército, derrocara a Arbenz en un golpe de Estado, en 1954.
Sin embargo, a diferencia de esas revoluciones, ésta es dirigida por una exprofesora de derecho, diminuta y de voz suave, cuyo apellido Paz y Paz, connota un enfoque más suave todavía. Y, a diferencia de esa revolución, ésta cuenta con el respaldo del gobierno de Estados Unidos.
Esto se debe, en parte, a que ésta es una pequeña revolución interna centrada en el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales, y no en su detrimento. Y para las élites económicas del país, muchos políticos y no pocos exmilitares, nada podía ser más aterrador.
Ganar el puesto
Si no fuera por una serie de circunstancias extraordinarias, Claudia Paz y Paz no sería fiscal general. Durante la mayor parte de su carrera, nunca se le había ocurrido aspirar a ese cargo. Siempre había trabajado desde fuera, como espectadora, tratando de cambiar una institución corrupta, ineficiente y sin recursos, criticándola y moldeando a sus potenciales empleados, en lugar de trabajar desde adentro. De hecho, ella había pasado la mayor parte de su carrera tratando de averiguar cómo demonizar, en lugar de reformar el gobierno. Era, en una palabra, el enemigo.
Se había forjado una carrera trabajando para los críticos más feroces del gobierno. A principios de los años noventa, Paz y Paz formó parte de un equipo de abogados jóvenes, que reconstruyeron lo que había sucedido durante la guerra civil, como parte del trabajo en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Más de 200.000 personas habían muerto durante casi cuatro décadas de conflicto. Parte del trabajo que realizó el Arzobispado fue recoger testimonios en todo el país, enfocándose en las áreas indígenas, al noroeste de Guatemala.
Paz y Paz recogió testimonios de las víctimas en diferentes lugares del país, una experiencia que la marcaría para siempre, influenciando, y podría decirse que también nublando, su juicio político en los siguientes años. Paz y Paz luego obtuvo un doctorado en España, y fue profesora de derecho penal en varias universidades. Luego trabajó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y dirigió un centro de estudios llamado Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Una de las líneas de trabajo del instituto es la “transformación estructural del sistema de justicia”.
Cuando se abrió el puesto de fiscal general en 2010, Paz y Paz entregó su habitual lista de quejas sobre el proceso, particularmente sobre el pequeño número de candidatas. Sus colegas en el Instituto la retaron a postularse.
“Las mujeres pueden participar, ¿no?”, le dijo uno de sus colegas. “Así que participa”.
No fue una decisión fácil. Otros que habían trabajado con ella en el pasado habían sido denigrados por sus amigos y antiguos colegas, después de ocupar puestos en el gobierno. En Guatemala, lo llaman una “mancha”. Sin embargo, el gobierno de Álvaro Colom era territorio amigo, relativamente hablando. En sus primeros días, Colom había lanzado FONAPAZ, un programa para proveer ayuda económica para el desarrollo de las áreas rurales. Colom también debía su presidencia a los votantes indígenas. Fue el primer jefe del ejecutivo que ganó las elecciones sin haber vencido en Ciudad de Guatemala. Paz y Paz también tenía contactos, como el ministro de Gobernación, Carlos Menocal, quien trabajaba en estrecha colaboración con el presidente.
Pero aunque Paz y Paz tenía las credenciales y un cierto apoyo al interior de la presidencia, su condición de ser una persona ajena a las élites políticas y económicas de Guatemala, y sus antecedentes como abogada de Derechos Humanos la hicieron parecer una elección casi imposible. Es más, el proceso de selección para la Fiscalía General de Guatemala, como todo lo demás en el país, está plagado por una influencia indebida y destructiva de los grupos de interés. Estos grupos de presión incluyen poderosas élites económicas, algunas de las cuales forman parte de las casi monolíticas asociaciones empresariales. Los intereses políticos y criminales también cumplen un papel clave en la elección del fiscal general, a menudo trabajando en conjunto con los grupos económicos.
La razón por la cual Paz y Paz tuvo la oportunidad de postularse al cargo fue porque el fiscal general que había sido elegido antes que ella había sido vinculado con intereses criminales por un equipo de investigadores de las Naciones Unidas que trabajaban con el gobierno. Conocido por sus siglas CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala), el trabajo del equipo de las Naciones Unidas era ayudar a desmantelar las organizaciones criminales dentro del Estado, reducir los índices de impunidad, y capacitar al Ministerio Público (MP, que es la Fiscalía General de Guatemala) y a la policía en investigación penal. Frente a estas acusaciones, la Corte de Constitucionalidad anuló el proceso y obligó al fiscal general a renunciar.
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Las embarazosas revelaciones surgieron apenas unos meses después de que el presidente Colom estuviera cerca ser derrocado por otro caso penal en el que un rival había montado su propio asesinato, con el fin de implicar al ejecutivo. El extraordinario caso incluyó un dramático video en el que Rodrigo Rosenberg, el abogado que creó su propio asesinato, dice inexpresivamente ante la cámara: “Si usted está viendo este video, es porque fui asesinado por el presidente Álvaro Colom”.
El presidente sobrevivió al huracán político que siguió, casi únicamente porque la CICIG había triangulado las llamadas telefónicas de Rosenberg, rastreándolos tanto a él como a sus asesinos, y no dejando ninguna duda sobre lo que había sucedido el día en que Rosenberg recibió un disparo junto a su bicicleta en una tranquila calle en Ciudad de Guatemala. Los investigadores guatemaltecos que trabajaron en el caso aprendieron en el camino una valiosa lección acerca de la importancia política que tienen las pruebas forenses.
Sin embargo, los acontecimientos habían debilitado al presidente Colom, y éste no podía darse el lujo de nombrar otro comodín proveniente de los grupos de presión con intereses criminales y políticos, como fiscal general. Paz y Paz también se benefició de un importante cambio en la ley en 2009. El proceso de selección, que antes se celebraba a puerta cerrada, se hizo literalmente ante la mirada pública. La comisión de postulación se reunió en un espacio en la Corte Suprema donde hizo la elección, tal y como lo haría un ayuntamiento: en una mesa con espectadores, operarios políticos y la prensa tomando notas desde una pequeña galería.
El lobby, la corrupción y la política seguían siendo parte del proceso, pero a los grupos de presión se les dificultó manipularlo. Cuando Paz y Paz consiguió algunas de las calificaciones más altas en su evaluación, la comisión no tuvo más remedio que hacer de ella una de sus seis finalistas, momento en que la decisión pasó a depender del presidente Colom. Aún así, los grupos de presión no estaban preocupados.
“Ellos pensaron en ella como un adorno”, dijo a InSight Crime Menocal, el entonces ministro de gobernación y uno de los apoyos de Paz y Paz, acerca de la decisión de la comisión de hacerla finalista. “’Ella no representa una amenaza en lo absoluto’ se dijeron a sí mismos”.
Los detractores de Paz y Paz incluían al propio partido del presidente, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y a la mayoría de su gabinete, quienes, al igual que otros grupos con intereses especiales, habían calculado mal el momento político así como la propia posición del presidente.
Al final de su entrevista con el mandatario, Colom le dijo: “Vas a escuchar de mí muy pronto”.
Cuarenta y cinco minutos más tarde, ella recibió la llamada. La revolución había comenzado.
Los Zetas
Paz y Paz expuso su agenda: 1) reforma institucional; 2) reducción de la tasa de homicidios, en particular la violencia y el abuso contra las mujeres; 3) justicia transicional para las víctimas de la guerra. Para ayudarla con este primer punto, trajo a su propio equipo -algunos de los cuales habían trabajado con ella en el Instituto- y purgó la cúpula del MP. Agregó algunas unidades especiales y reconfiguró otras. Casi la totalidad de las 22 unidades tuvieron nuevos líderes. A cualquiera que no conseguía sacar del MP —y había muchos, sobre todo porque ella no controlaba el consejo de gobierno de la institución, que estaba compuesto por tres de los seis finalistas que ella había derrotado para conseguir el nombramiento— lo aislaba. Muchos de los que fueron marginados, se retiraron por decisión propia.
Después dirigió su atención a la reducción de los homicidios. En mayo de 2011, dos meses después de que Juan Chamalé fuera capturado, miembros de la organización criminal mexicana Los Zetas comenzaron a desplegar una violencia histórica, con el fin de reafirmar su ya fuerte control sobre la parte norte de Guatemala. Comenzaron con el secuestro y asesinato de tres familiares de un rival. Al día siguiente, interceptaron y mataron a otro rival y a sus dos guardaespaldas. Luego masacraron a 27 peones en un rancho y utilizaron sus extremidades para garabatear mensajes amenazantes contra su objetivo.
Apenas unos días después, los Zetas secuestraron a un fiscal en Cobán —ciudad en el departamento de Alta Verapaz que se había convertido en cuartel general de facto del grupo en Guatemala— cuando se dirigía a recoger a su hijo. Al día siguiente su cuerpo apareció en cuatro lugares diferentes de la ciudad, incluyendo el frente de la alcaldía y de la gobernación. Junto a una de las partes del cuerpo, los Zetas habían dejado un mensaje al Ministerio Público: “No traten de ser como los gringos. Esta lucha no es asunto suyo”. La masacre y el asesinato fueron un duro golpe para el MP. Guatemala está acostumbrada a la muerte. Sus tasas de homicidios se cuentan entre las más altas del mundo. Pero no está acostumbrada a las masacres perpetradas por el crimen organizado, y la particular marca de terror de los Zetas ya era legendaria. Toda la oficina de Cobán renunció de la noche a la mañana, y en Ciudad de Guatemala el miedo era palpable, dijeron a InSight Crime dos de los colaboradores más cercanos de Paz y Paz. Ella convocó a una reunión.
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Paz y Paz no es del tipo de dar discursos apasionados o de hacerse cargo de una situación como un comandante militar lo haría. Su cara redonda y amable, y su cabello rizado, la hacen lucir un poco como los mochileros ingenuos y hippies que todavía pasan por Guatemala. Paz y Paz también tiene una voz suave, y con frecuencia delega a los demás en las reuniones. Pero en este caso, ella no tenía necesidad de transmitir la urgencia. La situación lo reclamaba.
“Si no enviamos un mensaje, el próximo podría ser cualquiera de nosotros”, le dijo a su atemorizado personal.
El MP y el Ministerio de Gobernación luego crearon lo que se convertiría en un elemento esencial en estos momentos: una “mesa de crisis”. Estos grupos de trabajo incluían a policías y a fiscales, quienes se dividían en grupos de investigación y operacionales. También se apoyaban en la unidad de análisis. Cuando Paz y Paz llegó, la unidad tenía sólo 15 personas que estaba aisladas y cuyos servicios rara vez se usaban. Bajo Paz y Paz, esta unidad ha aumentado a 115 personas y es parte integral de los casos grandes y pequeños. El énfasis en el análisis dice mucho sobre la forma en que Paz y Paz aborda la lucha contra los grupos criminales. Para ella, los casos individuales son importantes, por supuesto, pero la lucha contra la criminalidad se trata de ver patrones y tener la capacidad de dibujar la imagen en conjunto.
En el caso de los Zetas, con lo que se encontraron fue con un grupo que tenía tanto de terror como de tráfico de drogas. Tendrían que reaccionar con fuerza y concentrar a casi toda la oficina hacia esa tarea. Al igual que en el caso de Juan Chamalé, las interceptaciones telefónicas condujeron a los líderes, y pequeños equipos de investigadores comenzaron a seguirles la pista, mientras que otros montaron el caso judicial para tener listas las órdenes de captura.
Una de las primeras personas puestas bajo vigilancia fue Hugo Álvaro Gómez Vásquez, alias “Comandante Bruja”. Bruja es una figura corpulenta, con la cabeza rapada. Fue uno de los primeros exmiembros de las fuerzas especiales de Guatemala, conocidos como Kaibiles, en unirse a los Zetas, cuando ese grupo comenzó a reclutar guatemaltecos a mediados de la primera década del siglo XXI. La personalidad de Kaibil era especialmente inquietante para los guatemaltecos que estaban luchando contra la criminalidad. Ese grupo había participado en algunas de las atrocidades más espeluznantes durante la guerra civil, incluyendo la bien documentada masacre de Dos Erres, ocurrida en 1982, en la que más de 200 hombres, mujeres y niños fueron asesinados y arrojados a pozos y fosas comunes.
A pesar de esta figura intimidante, cuando un fiscal en el departamento de Baja Verapaz localizó a Bruja, llamó a sus colegas, y ellos se movilizaron con los documentos legales en la mano. La policía instaló un retén, y una vez más, el equipo de Ciudad de Guatemala se situó con ansiedad al lado del teléfono, esta vez porque el fiscal dio una descripción detallada sobre el desarrollo del arresto. En cuestión de minutos, el Bruja estaba bajo custodia.
Su captura estuvo seguida por docenas más, muchas de ellas de Zetas de alto rango, tanto de origen guatemalteco como mexicano. Al principio, capturaron a un contador de nivel medio quien les dio una imagen aún más clara del tamaño de la organización, sus nacionalidades, sus finanzas y su armamento. En total, el MP arrestó a más de 100 miembros de los Zetas, incluyendo a uno de sus principales operadores guatemaltecos, Horst Walther Overdick, una figura intocable al estilo de Juan Chamalé.
En días anteriores, aquellos casos podrían haber muerto allí. Los jueces son notoriamente susceptibles a los sobornos en Guatemala, y los registros telefónicos obtenidos por InSight Crime muestran que los Zetas intentaron sobornar por lo menos a un juez que tenía el poder de liberar temporalmente a varios sospechosos en un arresto masivo. (En la conversación, los Zetas se quejaban de que el juez ya les había robado unos US$2 millones).
Sin embargo, desde 2009, Guatemala ha estado estableciendo tribunales especiales de mayor riesgo, para lo que llaman casos de “alto impacto” (vea la ley aquí-pdf). Estos tribunales han manejado cerca de 30 casos al año. En el caso de los Zetas, decenas han sido procesados, todos ellos en los tribunales de “alto impacto”; algunos por el asesinato del fiscal y otros por la masacre de los peones. En al menos dos casos, los fiscales guatemaltecos también trabajaron con los fiscales mexicanos para capturar a los sospechosos. Los fiscales dicen que van a solicitar la extradición de estos sospechosos.
“Estamos enviando un mensaje de que, ‘Usted no puede venir aquí nunca más y hacer esa mierda’”, dijo a InSight Crime un viejo miembro del equipo de Paz y Paz.
Haciendo aliados internacionales, salvando su trabajo
Con la detención de sospechosos de alto nivel del narcotráfico, Paz y Paz rápidamente se consolidó como firme aliada de la DEA. Y en estos días el gobierno de Estados Unidos confía en Paz y Paz como en pocos, si es que hay algún otro, de los fiscales generales en la región. Ella a su vez dedica tiempo, energía y recursos a una lucha que a menudo está por fuera de su jurisdicción oficial. Las dos partes están en contacto casi constante, y aunque ella ocasionalmente dice no, la cooperación se ha convertido en una parte central de la tarea del MP. Al hacerse indispensable para la DEA, también hizo que fuera más difícil para cualquiera destituirla por razones políticas. Estados Unidos, en otras palabras, se ha convertido en el aliado más importante de Paz y Paz, al igual que ella se ha convertido en la de ellos.
La ironía es marcada, considerando la trayectoria de la fiscal general en materia de Derechos Humanos. Además de la participación de Estados Unidos en el golpe de Estado contra Arbenz, el gobierno estadounidense apoyó a los gobiernos militares represivos durante la guerra, y fomentó un feroz plan de lucha contra la insurgencia que afectó a más de uno de los colegas de Derechos Humanos de Paz y Paz, sobre la marcha.
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Paz y Paz es de linaje izquierdista, y sus amigos dicen que ella tiene sus propias y fuertes opiniones sobre lo que el gobierno de Reagan provocó en Centroamérica. En el caso de Guatemala, eso incluyó un abierto respaldo a dictadores como el general Efraín Ríos Montt, quien lideró la campaña de tierra arrasada en las tierras altas a principios de los años ochenta, matando a miles de personas y causando el desplazamiento de miles más. En algunos casos, Estados Unidos fue cómplice de estas atrocidades. Estados Unidos, por ejemplo, supo de la infame masacre conocida como Dos Erres, casi inmediatamente después de que ocurriera en 1982, pero lo mantuvo en secreto hasta 1998, informó recientemente ProPublica.
Pero Paz y Paz es demasiado inteligente como para abordar directamente el giro del destino que la ha llevado a ella y a Estados Unidos uno a los brazos del otro. Cuando se le preguntó, ella dijo que no era su plan ir detrás de los Zetas; los narcotraficantes la forzaron a ello.
“No fui tras ellos. Ellos fueron tras nosotros”, dijo a InSight Crime.
Paz y Paz ganó más aliados internacionales tras el dramático asesinato de Facundo Cabral, quien fue asesinado a tiros la mañana del 9 de julio de 2011, cuando se dirigía al aeropuerto con un promotor de conciertos y propietario de un club nocturno. Cabral, un cantante de música popular de Argentina, fue uno de los artistas más famosos de su generación, y su asesinato provocó luto en toda la región y un inmediato flujo de seguidores que salieron a las calles buscando el lugar en donde había sido asesinado.
Para Paz y Paz y su equipo, no había mucho más en juego que el simple asesinato de un ícono musical. También estaban preocupados por su futuro. Aunque Colom la había instalado por el plazo requerido de cuatro años, su presidencia estaba llegando a su fin. El favorito en las elecciones era Otto Pérez Molina, un exgeneral que había estado al frente de los temidos servicios de inteligencia del ejército durante la guerra. Había una creencia generalizada de que Pérez Molina intentaría destituir a Paz y Paz. El dramático asesinato de Cabral, por lo tanto, fue una oportunidad para asegurar sus empleos.
“Nos probamos a nosotros mismos y nos convertimos en un ‘nuevo MP’, o estamos fuera en cuatro meses”, le dijo uno de los miembros de su equipo.
Paz y Paz y su equipo de nuevo movilizaron todos sus recursos y pusieron en marcha muchas de sus nuevas herramientas y entrenamiento. Las cámaras a lo largo de las avenidas principales de Ciudad de Guatemala les dieron una increíble secuencia de videos y el equipo de análisis —que se basó en la experiencia en el caso Rosenberg— descubrió una importante pieza de evidencia en esas primeras horas de estudio de la cinta: uno de los sospechosos era negro.
Guatemala no tiene una población negra numerosa, por lo que el equipo comenzó a examinar sus bases de datos y a hacer referencia a antiguos casos que involucraran a guatemaltecos afrodescendientes. Los análisis de balística y huellas dactilares de los expedientes y la escena del crimen redujeron la lista de sospechosos. De esa lista seleccionaron a uno que hacía parte de un conocido grupo criminal en el sur del país, y emitieron un boletín a todos los medios de comunicación para lograr su captura.
Ellos también tuvieron suerte. Dos días después del asesinato, un participante en el asesinato se entregó a la Procuraduría de Derechos Humanos. En la Antigua Guatemala, los fiscales no habrían tenido qué ofrecerle. Pero desde la aprobación de la “Ley Contra la Delincuencia Organizada” en 2006, la Fiscalía General de la Nación puede negociar penas más bajas por información valiosa. El llamado “colaborador eficaz”, es ahora un componente crítico de muchos grandes casos de Guatemala y algo que el equipo de Paz y Paz ha utilizado ampliamente. El colaborador en el caso de Cabral los condujo a los vehículos, que a su vez los llevaron a los perpetradores, uno de los cuales ya había sido identificado. En menos de 72 horas, los cuatro participantes en el asesinato de Cabral estaban detenidos.
El caso también condujo a una cooperación regional sin precedentes. La investigación se extendió a Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y México. El blanco, como descubrieron, no era Cabral sino el otro hombre que lo conducía al aeropuerto en esa fatal mañana, un hombre llamado Henry Fariñas, un nicaragüense que supuestamente había robado dinero de un costarricense llamado Alejandro Jiménez González, alias “Palidejo”. Fariñas fue enviado de regreso a Nicaragua para enfrentar cargos por narcotráfico y lavado de dinero. Palidejo fue capturado en Colombia y deportado a Guatemala, en donde se encuentra en la cárcel a la espera de un juicio por asesinato. Esta fue otra victoria contra las drogas y el crimen organizado para Paz y Paz, esta vez a nivel regional.
Como era de esperarse, Pérez Molina fue elegido, pero era poco lo que podía hacer para librarse de Paz y Paz. Durante la campaña presidencial, Estados Unidos había sido claro al declarar que Paz y Paz tenía su apoyo. El embajador se reunió en privado con Pérez Molina y su compañera de fórmula, Roxana Baldetti, para permitir que el principal candidato supiera la importancia de la fiscal general para las relaciones bilaterales. Estados Unidos también le concedió a Paz y Paz una reunión privada con Hillary Clinton durante su visita a Guatemala, la cual resultó en una oportunidad crucial para tomarse fotos. Con el apoyo de Estados Unidos y el respaldo regional, estaba claro que a pesar de sus dudas, el nuevo presidente tenía que confirmarla en su puesto. La revolución continuaría.