Desde que asumió el cargo en 2010, la fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, ha librado una guerra revolucionaria desde el interior de una de las instituciones más atribuladas del país. Paz y Paz ha presentado su nombre para un nuevo mandato de cuatro años, que podría comenzar en mayo, pero sus enemigos son fuertes y quieren regresar al status quo. La segunda parte, de esta investigación tripartita, explora cómo sus intentos de procesar al exgeneral Efraín Ríos Montt por genocidio consolidaron la oposición en su contra.
Desde el comienzo de su mandato, Paz y Paz siempre dijo que iba a abogar por las víctimas. En este sentido, Paz y Paz considera que existen dos grandes categorías: las mujeres y las víctimas de la guerra civil (1960-1996).
Estadísticamente, Guatemala es uno de los peores lugares del mundo para ser mujer. Un informe de 2012, realizado por Small Arms Survey, afirma que el país tiene la tercera tasa más alta de feminicidios en el planeta (pdf). La trata de personas, a menudo de mujeres extranjeras, también es común en Guatemala. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha designado al país como un “Nivel 2” (pdf) haciendo referencia a su importante papel en el “tráfico sexual y el trabajo forzado”.
Para hacer frente a estas realidades alarmantes, la Corte Suprema de Justicia creó en 2010 un tribunal especial (pdf) para enjuiciar los feminicidios y otros crímenes violentos contra las mujeres. En 2012, el Ministerio de Gobernación y la Fiscalía General o el Ministerio Público (MP), como se le conoce, crearon un grupo de trabajo conjunto para crímenes contra las mujeres (pdf). Posteriormente, el MP agilizó el proceso, facilitando a las mujeres el acceso a toda la cadena judicial. Si una mujer es víctima de abuso, por ejemplo, debe ir a una sola oficina donde encontrará a un fiscal, un especialista forense, un trabajador social y un psicólogo. También se estableció un tribunal especial para atender los casos de feminicidios las 24 horas.
En cuanto a las investigaciones, el MP comenzó a separar los casos de abuso sexual. Por un lado se investigaban los casos en que las víctimas conocían a sus agresores, y por el otro, los casos en los que no los conocían. Aunque parezca obvio, esto fue algo nuevo para los investigadores guatemaltecos. También comenzaron a usar pruebas de ADN con más frecuencia. El ADN había estado disponible durante años, pero bajo la nueva dirección del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), el tiempo necesario para procesar el ADN ha pasado de entre cuatro y siete meses a tan sólo dos días para algunos casos. Hace poco, las nuevas tácticas ayudaron a la fuerza de tarea conjunta a abrir un caso contra un grupo de agresores que robaban y violaban a muchas de sus víctimas.
El método forense es un cambio crítico en la justicia guatemalteca. En el pasado, la mayoría de los casos se resolvían usando testimonios de testigos presenciales. Además de ser una forma muy poco confiable de procesar a los criminales, los testigos son fácilmente coaccionados y pueden ser manipulados, especialmente en un lugar como Guatemala. Por otro lado, al gobierno aún le falta crear un programa confiable de protección de testigos. Estudios forenses, como los que ha fundado Paz y Paz, son también un instrumento político muy poderoso. En Guatemala, todo es conspiración hasta que se demuestra lo contrario. Y este espíritu a menudo influye en cómo se planifican y cometen los crímenes (Vea el caso Rosenberg en la Parte I -La revolución). Personal de inteligencia militar, tanto retirado como activo, también es especialista en manipular escenas del crimen y fabricar testigos. Este fue el caso en el asesinato del obispo Juan Gerardi.
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Gerardi dirigía un equipo de investigadores en el Arzobispado, equipo del cual Paz y Paz fue miembro a comienzos de los años noventa. En 1998, el equipo presentó el informe de Recuperación de la Memoria Histórica o REMHI, desatando una batalla por el control del relato sobre la guerra que continúa vigente hasta la fecha. El informe narra con escalofriantes detalles los medios por los cuales el aparato de inteligencia del ejército señaló a una amplia parte de la población que consideraba enemiga, a través del uso de vigilancia sistemática, persecución, tortura y muchas veces ejecución. También configuró la historia de Guatemala, poniendo a las élites económicas en el centro de las problemáticas del país, culpándolos de preparar el terreno para la guerra, y acusándolos de formar alianzas con los militares para “destruir violentamente” a la oposición. Por último, dijo que las acciones de los militares tenían en algunos casos “características genocidas”, y culpó a los militares del 90 por ciento de los abusos a los derechos humanos durante la guerra.
Gerardi fue asesinado dos días después de la presentación del informe de REMHI. Primero, el asesinato fue atribuido a un desafortunado romance y después a un perro. Posteriormente, las autoridades condenaron a dos miembros de los servicios de inteligencia militar, uno de los cuales desde la cárcel sigue desempeñando un papel importante en el mundo del hampa guatemalteco.
El desarrollo y la profesionalización de la parte forense del MP ha permitido a Paz y Paz acabar con la especulación que giraba en torno a algunos casos, y recuperar un poco de confianza en el sistema judicial en conjunto. Al parecer, no todo es un tortuoso plan para destruir a un rival político o para silenciar a un enemigo. Quizás, también ha disminuido el uso de casos “fabricados”, lo que podría inclinar la balanza de poder en el país.
Dada su importancia recién descubierta, el control del laboratorio forense, conocido por su acrónimo INACIF, se ha vuelto casi tan importante como el propio MP, y las batallas por ese control han involucrado a las más altas esferas del poder. De repente, pareciera que la élite aquí —de origen económico, político o militar— ya no puede construir un relato que se acomode a sus intereses, y eso los aterroriza.
“El sistema político tiene un combustible”, explicó a InSight Crime uno de los que ha sido miembro desde hace mucho tiempo del equipo de Paz y Paz. “Y ese combustible se llama impunidad. Y cuando ese combustible se acaba, entonces el motor falla”.
El enfoque en las víctimas empuja el péndulo más en esta dirección. Fue un giro para un sistema judicial que tradicionalmente había protegido los intereses de los ricos y los poderosos. Y es una posición que, sin que nadie se sorprenda, ha metido a Paz y Paz en un buen lío político que amenaza con acabar prematuramente su revolución institucional. En ninguna parte es esto más claro que en los casos que involucran a su segunda gran categoría de víctimas: las que sufrieron durante la guerra.
El caso de Ríos Montt
Paz y Paz insiste en que no fue su idea impulsar los casos contra exmilitares, y se apresura en señalar que no es la primera en llevar estos casos a un juicio. De hecho, la mayoría de los casos que se han llevado bajo la dirección de Paz y Paz ya habían comenzado bajo la dirección de fiscales generales anteriores, y varios de ellos ya habían concluido antes de que se uniera al MP.
Además, ciertos acontecimientos abrieron el camino para revivir los casos, argumenta ella. Para comenzar, en una decisión de 2007, la Corte de Constitucionalidad declaró que los casos de desapariciones forzadas no tenían estatuto de limitaciones (pdf). En 2011, el gobierno de Álvaro Colom desclasificó el 94 por ciento de los archivos militares a los investigadores. El gobierno también desclasificó antiguos archivos policiales. Ambos archivos son el tipo de documentos internos que necesitaban los investigadores para demostrar una cierta “intencionalidad” y una forma sistematizada de represión.
“Siempre a lo que teníamos acceso era la parte de las víctimas”, dijo Paz y Paz a InSight Crime. “Y el archivo lo que es, [es] lo que ocurrió desde los perpetradores”.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó a obligar al Estado a pronunciarse sobre estos casos, poniendo un freno al uso de la táctica legal del interdicto, o lo que en Guatemala se conoce como “recurso de amparo”, que desde hacía mucho tiempo aplicaban los ex oficiales militares para evitar ser enjuiciados. Como describe un reciente informe de International Crisis Group (pdf), el amparo es una herramienta legal sagrada en el país, pero ha sido utilizada en muchas oportunidades para retrasar y enredar procesos judiciales, especialmente en casos que involucran a exmilitares y a acusados de narcotráfico. No hay límite al número de amparos que pueden presentarse, y los jueces, en vez de desecharlos inmediatamente, a menudo escuchan los argumentos y retrasan voluntariamente los procesos.
Paz y Paz tenía fuertes conexiones con los casos antes de que trabajara en el MP, lo que parecía influenciar sus acciones una vez estuvo en el poder. Además de su trabajo como investigadora para REMHI, Paz y Paz también había trabajado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Dos Erres”, en 20011, lo que llevó a que cuatro exmilitares fueran condenados a más de 6.000 años combinados en prisión.
El interés de Paz y Paz en estos casos iba más allá de lo profesional. Su tía, el esposo de su tía y tres primos de esa misma familia se habían desempeñado en diferentes actividades en el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), un grupo guerrillero fundado por un abogado, que se volvió formidable en el noroeste. Paz y Paz, que es una persona sumamente reservada, no habla en público sobre su familia, y nunca ha sido conectada con el grupo de ninguna manera. Pero cuando se convirtió en fiscal general, los grupos de derechos humanos vieron su oportunidad y presionaron para la reanudación de los juicios, especialmente el que acusaba de genocidio al general Efraín Ríos Montt, y a su jefe de inteligencia militar de la época, José Mauricio Rodríguez Sánchez.
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El caso contra el exgeneral Ríos Montt llevaba consigo una increíble carga emocional, histórica y política. Aunque el gobierno de Guatemala había firmado un acuerdo de paz con las diferentes facciones guerrilleras en 1996, el proceso de paz se llevó a cabo sólo parcialmente, y la división ideológica entre las partes nunca se superó. Un referéndum constitucional en 1999, diseñado para implementar los acuerdos, falló en medio de la apatía generalizada, la abstención y el desinterés político. A diferencia de El Salvador, donde la organización paraguas de la guerrilla formó un fuerte partido político y, a partir de mediados de marzo, el partido ha ganado dos elecciones presidenciales consecutivas, la coalición guerrillera guatemalteca se fracturó, y luego se desintegró.
Hubo algunas victorias para los guerrilleros y para los sectores más progresistas de la sociedad guatemalteca. El ejército se redujo a un tercio de su tamaño original, y la antigua fuerza policial se disolvió. En los años siguientes, sin embargo, estos pasos aparentemente positivos generaron todavía más problemas. Gran parte de los antiguos miembros de la inteligencia militar se volvieron parte del mundo del hampa, y las prácticas corruptas llegaron a caracterizar a la clase política y económica del país. Los conflictos agrarios persistieron, ya que la tenencia de la tierra continuó prácticamente igual. El crimen aumentó exponencialmente a medida que toda una generación, en la que muchos habían sido desplazados por la guerra, luchaban por adaptarse a un entorno nuevo y más urbano.
Las líneas de batalla de la posguerra se han elaborado en torno a quién va a escribir la historia del conflicto. En este sentido, una de las pocas piezas duraderas del acuerdo (pdf) fue el informe de seguimiento escrito por la Comisión para el Esclaracimiento Histórico (CEH). A diferencia del informe de REMHI, la comisión dirigida por las Naciones Unidas no tenía la orden de dar nombres. Pero hizo crónicas de miles de abusos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y otros actos de barbarie durante la guerra, el 93 por ciento de los cuales los atribuyó al Estado.
Más contundente todavía fue que la CEH calificara estas atrocidades como “actos de genocidio” contra los pueblos mayas. Como escribió la comisión: “la violencia fue dirigida fundamentalmente desde el Estado, en contra de los excluidos, los pobres y, sobre todo, la población maya, así como en contra de los que luchaban a favor de la justicia y de una mayor igualdad social”.
Estas tres palabras —“actos de genocidio”— podrían ayudar a formar la base del caso contra Ríos Montt. Por una ley tras el acuerdo de paz, los antiguos cuerpos de seguridad y la guerrilla pueden ser procesados por “genocidio, tortura y desaparición forzada”, así como por violaciones “de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala”. Si bien la ley abrió el camino para que los fiscales optaran por la condena de genocidio, también abrió el camino para tomar una posición menos radical sobre la posibilidad de enjuiciar al general por enormes violaciones a los derechos humanos o, simplemente, por crímenes de lesa humanidad.
Las consecuencias no sólo fueron semánticas. El genocidio, como lo mostraron los casos relativos a la Alemania nazi, y posteriormente a Ruanda, podía ser utilizado como medio para perseguir no sólo a los autores de los crímenes, sino también a sus cómplices. Para Guatemala, esto significaba que las élites del país —que habían participado activamente en el gobierno de Ríos Montt, entre 1982 y 1983, cuando presuntamente ocurrieron los “actos de genocidio— también podrían ser investigadas y judicializadas.
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Algunas de estas élites habían formado parte del consejo de gobierno de Ríos Montt. Otras habían proporcionado apoyo financiero y logístico al ejército. Plaza Pública posteriormente relató de forma detallada estas conexiones, en un artículo que se asemejaba tanto a una acusación como a un informe de investigación. (El artículo apareció después de que concluyera el juicio, pero al menos un prominente hombre de negocios dijo a InSight Crime que creía que el autor, el entonces editor de Plaza Pública, Martín Rodríguez, había conseguido su información del MP, una prueba, dijo, de que el MP creía que las élites eran las siguientes en la lista de acusados).
“Esto no fue el juicio de un general”, declaró a InSight Crime el exministro de Gobernación, Carlos Menocal. “Se trata del juicio del sistema de un país cuyos sectores tradicionales, poderes económicos lo apoyaron, lo financiaron”.
Convicción, absolución y confusión
Dentro del MP, la estrategia para perseguir a Ríos Montt por genocidio generó mucho malestar entre el muy unido equipo de Paz y Paz, y algunos de ellos trataron de disuadir a la Fiscalía General para avanzar en el caso, bajo esta cotrovertida pretensión. En las discusiones internas, algunos argumentaron que “actos de genocidio” eran una manera como Naciones Unidas apartaba el proceso de los casos de Ruanda y Alemania. Las violaciones masivas a los derechos humanos eran suficientes para enviar el mensaje de que se había hecho justicia, dijeron. Pero Paz y Paz replicó que los “actos de genocidio” y “genocidio” representaban lo mismo, e hizo referencia al código legal de Guatemala como refuerzo para su argumento.
“No conozco porque la comisión puso ‘actos de genocidio’ pero me imagino que entre los teóricos hay una discusión si se que querría exterminar a todos o, en cierto momento en cierto lugar, a una parte de [ellos]”, explicó a InSight Crime. “Pero como el tipo penal (guatemalteco) habla ‘en parte o en todo’ igual encajan en la figura típica ‘actos’”.
Al principio, la estrategia parecía funcionar. El juicio en sí —que comenzó en marzo de 2013— fue bastante unilateral, según un reporte de International Crisis Group (pdf). El MP presentó decenas de testigos, entre ellos numerosas víctimas, quienes relataron sus tragedias personales con horrible detalle. Paz y Paz también utilizó evidencia ADN y balística, y se basó en testimonios de expertos antropólogos forenses, entre otros. La defensa, por su parte, presentó sólo nueve testigos, y apenas contradijo la afirmación central del caso de la fiscalía: que el ejército destruyó intencionalmente a pueblos indígenas enteros.
Sin embargo, ya estaba en marcha la campaña publicitaria para frustrar el proceso. Con el genocidio sobre la mesa, la élite tradicional del país se alió con exmilitares en un esfuerzo por frustrar cualquier posible veredicto de culpabilidad. A mediados de abril, a medio camino de haber comenzado las audiencias públicas, un grupo moderado de élites políticas e intelectuales emitió un anuncio pagado (pdf), que daba una idea general de las posibles implicaciones de una condena por “genocidio” en los planos legal, social y político. El anuncio fue firmado por dos exvicepresidentes, entre ellos Eduardo Stein, y seis exministros del gabinete.
“La acusación por genocidio contra exfuncionarios del ejército de Guatemala constituye una acusación no sólo contra aquellos funcionarios o contra el ejército, sino contra el Estado de Guatemala en su totalidad”, escribieron. “[Ésta] tiene peligrosas implicaciones para nuestro país, incluyendo el empeoramiento de la polarización social y política, y la reversión de las ganancias ya obtenidas por los acuerdos de paz”.
Es más, la acusación tuvo sus contratiempos, incluyendo el dramático testimonio de un exsoldado que afirmó haber visto el presidente Pérez Molina (cuando era coronel del ejército) a la vista de una masacre. Paz y Paz y su equipo insisten en que el testigo no había dicho eso durante los preparativos del juicio y que les había tomado por sorpresa, al igual que al resto del país. El presidente, por supuesto, estaba furioso, y negó con vehemencia la denuncia.
“Es un testimonio falso, que no corresponde a la realidad de los hechos”, dijo el presidente a InSight Crime en una declaración escrita.
Más importante, desde el punto de vista legal, fue la decisión del 19 de abril tomada por la juez Iris Yassmín Barrios —quien presidía el tribunal de “alto impacto,” conformado por tres jueces, que decidía sobre el caso— para continuar el juicio, incluso después de la abrupta salida de los abogados de Ríos Montt del palacio de justicia, en protesta por una de las decisiones de procedimiento tomadas por Barrios.
Barrios misma había sufrido las guerras. Había enfrentado amenazas cuando había presidido el caso del asesinato de Monseñor Gerardi, lo que incluyó sobrevivir a una explosión de una granada en su patio. Lo que parecía un tecnicismo en el momento —especialmente teniendo en cuenta la táctica a menudo utilizada, de estancar estos procesos mediante amparos, cambios de último minuto y renuncias de equipos legales— se convertiría en la pieza central de una apelación.
El 10 de mayo de 2013, el tribunal de tres jueces declaró culpable a Ríos Montt y lo condenó a 50 años de cárcel por genocidio y a otros 30 por crímenes de lesa humanidad; absolvió a su jefe de inteligencia de ambos cargos. Mientras el país estallaba en un juego de recriminaciones mutuas con carga emocional y política, Paz y Paz fue estoica. Se hizo justicia, al parecer fue lo que comentó.
Ríos Montt, sin embargo, pasó dos noches en la cárcel y luego fue puesto en libertad, mientras se apelaba el fallo. Diez días después de la sentencia condenatoria inicial, el Tribunal Constitucional revocó la histórica decisión, declarando lo que fue en efecto fue un juicio nulo, desde el momento en el que Barrios continuó el proceso el 19 de abril tras la retirada del equipo de abogados de Ríos Montt, ocurrida un día antes. Las perspectivas de un retorno a los tribunales parecen remotas. Los tres jueces se han recusado. Muchos de los testigos están de vuelta en sus pueblos.
El equipo principal de Paz y Paz qeudó devastado. La interpretación desde varios ángulos es que el MP presionó demasiado hacia el genocidio. Pero cuando se le preguntó sobre su estrategia, Paz y Paz se mantuvo firme, volviendo a uno de los pilares de su filosofía.
“Hay una parte que es la parte humana”, dijo a InSight Crime. “Creo que para todos era muy importante que las mujeres sobre todo las sobrevivientes, todos —hombres sobrevivientes pero las mujeres sobrevivientes también— superaán (imaginamos) cuántas barreras para viajar desde allá y venir aquí, al palacio de justicia, al espacio más importante que es donde se celebran las vistas de la corte suprema, donde se estaban llevando a cabo el juicio y dijeran frente al perpetrador: “Usted a mí me hizo tal y tal y tal”. Incluso narran actos de violencia sexual. Yo creo que eso es algo muy importante socialmente, muy importante, y lo hicieron en su idioma”.
Reconocimiento internacional, resentimiento interno
El caso de Ríos Montt le dio más fama internacional a Paz y Paz. Ya había sido nombrada en 2012 por un columnista de la revista Forbes, como una de las “5 mujeres más poderosas que están cambiando el mundo en la política y las políticas públicas“. Tras el juicio por genocidio, se la reseñó en numerosos medios de comunicación internacionales. Ganó varios premios y fue nominada al Premio Nobel de la Paz. Fue invitada a hablar en todo el mundo. (La jueza Barrios también ganó elogios, incluso del gobierno de Estados Unidos, que le otorgó el premio “Mujer del Coraje” ese año, en presencia de la primera dama Michelle Obama.)
Irónicamente en Guatemala, el caso pudo haber decidido el destino de Paz y Paz en el MP. En febrero, un hombre de negocios y abogado, Ricardo Sagastume, quien presidía el colegio de abogados, y quien una vez se había presentado como candidato a la presidencia por el partido político fundado por exmilitares, interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad alegando que el Congreso no había abierto el proceso de selección para el puesto de fiscal general para todos los candidatos en “su debido momento”, que en sus cuentas era de mayo de este año, seis meses antes de los cuatro años que ordena la Constitución. Para los expertos legales, el amparo parecía frívolo, incluso irresponsable. Pero la lógica parece ser menos importante que el poder en el sistema judicial de Guatemala.
Para Paz y Paz, las cosas sólo empeoraron. En el período previo a la decisión de la Corte de Constitucionalidad sobre el amparo de Sagastume, la revista Contrapoder publicó fragmentos de un libro en el que se le había pedido a Paz y Paz nombrar a aquellos “que estaban protegiendo la impunidad”. En un raro desliz, ella nombró a AVEMILGUA, un grupo de derecha formado por exoficiales militares y a CACIF, la asociación empresarial más poderosa del país. También citó el famoso anuncio pagado, firmado por los exvicepresidentes y exmiembros del gabinete como prueba de quiénes eran y cómo estaban conectados con los tradicionales agentes del poder político. Las declaraciones reforzaron lo que sus enemigos habían estado diciendo sobre ella: que había llevado su agenda política “izquierdista” al MP.
Cinco días más tarde, la Corte de Constitucionalidad, citando un tecnicismo, dijo que el período de Paz y Paz debía terminar en mayo, no en diciembre como lo ordena la Constitución. La decisión fue unánime.
La decisión del tribunal fue ampliamente criticada. Grupos de derechos humanos, dentro y fuera de Guatemala, la criticaron. En una carta (pdf), el Parlamento Europeo tildó de”arbitraria” la decisión del tribunal y como algo que “pone en peligro el Estado de derecho”. El embajador de Estados Unidos, Arnold Chacón, dijo en un comunicado (pdf) que la Embajada de Estados Unidos estaba estudiando el fallo.
“Es un privilegio para mi gobierno contar con un socio como la Dra. Paz y Paz”, agregó.
La decisión también desató una pelea por el puesto de la Fiscalía General, que será ocupado en mayo. Muchos candidatos inmediatamente presentaron sus nombres. Y después de considerar dejar el gobierno, Paz y Paz decidió intentar un segundo mandato.