Históricamente, los líderes del territorio han apoyado los procesos de paz y sustitución de coca, apostándole al cambio y buscando nuevas oportunidades para el departamento, donde en su momento la guerrilla de las FARC y ahora los grupos disidentes ven un gran botín de narcotráfico. Esta historia cuenta cómo esos líderes en Putumayo, Colombia, enfrentan esos retos.
Eran las dos y media de la tarde del 19 de marzo de 2020, cuando tres hombres vestidos de civil y armados, entraron al salón comunal de la vereda Nueva Granada preguntando por Marco Rivadeneira.
Más temprano ese día, Marco había salido de su casa para asistir a una nueva jornada de reuniones entre campesinos y el gobierno nacional sobre los procesos de sustitución de cultivos ilícitos de coca en el municipio de Puerto Asís, Putumayo, un departamento ubicado al sur de Colombia.
Rivadeneira y otras personas que participaban en el proceso viajaron desde el casco urbano de Puerto Asís hasta la vereda y se instalaron en el salón comunal abierto al público. Allí los esperaban campesinos y habitantes.
Ese encuentro era parte de un ciclo de reuniones para la socialización de la fase de diagnóstico de los programas de sustitución de cultivos en el corredor Puerto Vega – Teteyé, una de las zonas con más concentración de cultivos ilícitos y estratégica para los grupos criminales por las rutas de salida de cocaína hacia Ecuador.
Cuando irrumpieron en la reunión, los sujetos armados no se identificaron. Sin embargo, el tono de autoridad que usaron para llamar a Marco alarmó a todos los que estaban con él en el salón.
Los hombres sacaron a Marco de la reunión, alegando que volvería pronto.
Pero los minutos pasaron y la gente que estaba con Marco decidió salir y advertir a los demás lo que acababa de ocurrir, ya que los delegados del Ministerio del Interior y los otros miembros de ASOCPUERTOASIS, la asociación de campesinos que lideraba Marco, se habían dividido en grupos para hablar con más personas de forma simultánea y para ellos todo transcurría con normalidad.
Ahí comenzó el caos. Por un lado, la comunidad escondió a otros lideres y delegados. Aparentemente los hombres armados estaban preguntando también por algunos de ellos y, por otro lado, los campesinos comenzaron a hablar para organizarse y salir a buscar a Marco.
El tiempo seguía corriendo.
Más o menos treinta minutos más tarde, los hombres armados volvieron a entrar al salón e informaron que Marco estaba afuera. Que los estaba esperando. Después de eso, se fueron del salón y se montaron en sus motos, le contó a InSight Crime una persona que estuvo ese día en las reuniones, pero cuyo nombre omitimos por seguridad. No se volvió a saber de los hombres armados.
Las personas salieron del salón y a 200 metros del lugar encontraron el cuerpo de Marco en una zanja. Estaba muerto.
Un nuevo comienzo
La cadena de hechos que terminó con la vida de Marco Rivadeneira comenzó en un acto de conciliación a 700 kilómetros hacia el norte de Putumayo, en un teatro diseñado por un arquitecto italiano unos 135 años antes. Fue allí, en el Teatro Colón, en Bogotá, que el entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos y el entonces comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, se reunieron el 24 de noviembre de 2016, para firmar el Acuerdo de Paz que pondría fin al conflicto civil más antiguo del continente.
En medio de aplausos y de discursos que hablaban de reconciliación, integración y reconocimiento a los líderes y víctimas; Santos y Londoño se daban un apretón de manos que cambiaría el rumbo del país. Afuera, en las calles, miles de personas se habían congregado con camisas blancas y banderas de Colombia para celebrar el histórico hecho.
El acuerdo levantó esperanza a nivel mundial sobre el futuro de Colombia. Santos luego ganó el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en la negociación. Más importante aún, los líderes guerrilleros iniciaron un proceso de reincorporación a la vida civil, algunos incluso ocuparon curules en el Congreso de la República y miembros del equipo negociador fueron invitados a prestigiosas universidades alrededor del mundo para contar, desde su perspectiva, cómo se había gestado el proceso de paz.
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Aun así, la implementación del acuerdo implicaba grandes retos. El Acuerdo Final entre el gobierno y la guerrilla de las FARC contaba con seis puntos claves: no sólo buscaba el fin del conflicto armado y que la guerrilla entregara sus armas; también contemplaba espacios de reparación y de verdad para las víctimas, nuevas oportunidades para que las FARC hicieran política, incluía un plan de desarrollo agrario integral y finalmente una estrategia de sustitución sostenible de cultivos ilícitos. Mientras el mundo aplaudía a Colombia, en Putumayo, los líderes sociales y campesinos asimilaban lo que significaba la firma del acuerdo y se preparaban para los cambios de los que iban a hacer parte.
La alegría se sentía en el aire. Los campesinos y los líderes creían que la paz iba a cambiar la situación de sus comunidades, en especial en Putumayo, un departamento fuertemente golpeado por la violencia y donde el Estado colombiano no ha llegado de forma integral.
A este sentimiento de ilusión se sumaba el hecho de que el acuerdo de paz asignaba un papel muy importante a los líderes. Para implementar los planes, programas y reformas que proponían los seis puntos del Acuerdo de Paz era necesario que el gobierno y la guerrilla contaran con el apoyo de las comunidades, de los campesinos, las víctimas y en general de la población rural, la principal afectada durante años de conflicto armado.
Por esa razón, muchos líderes y lideresas de los territorios fueron los encargados de socializar los puntos más importantes del acuerdo en los diferentes municipios de Colombia. Putumayo no fue la excepción.
En muchos casos, estos líderes se convirtieron en el puente entre el gobierno nacional, la guerrilla de las FARC y la población civil.
Este fue el caso de José*, un líder social de Putumayo. Desde muy joven había llegado del interior del país a Putumayo, buscando mejores condiciones de vida y desde que se instaló en Puerto Asís, hace más de 30 años, se involucró en temas sociales y fue ganando reconocimiento en su comunidad. Hoy es un referente.
José es un hombre carismático, conversador y apasionado por su comunidad. Cuenta que, en el 2016, sus compañeros y él creían que la paz iba a llegar a Putumayo y por esa razón decidió participar en la socialización del acuerdo en los diferentes municipios del departamento.
“No pues nosotros estábamos contentos, todo el mundo muy contento, claro, imagínate qué, bueno, había un tiempo que, pues uno no podía como salir mucho por ahí, al río a pescar, a las montañas grandes, a cacerías”, cuenta José.
Por eso, cuando el gobierno anunció los planes de socialización para los diferentes puntos del acuerdo, José decidió participar y se capacitó junto con otros compañeros y compañeras para apoyar la socialización del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
El PNIS tenía como objetivo principal disminuir la cantidad de coca sembrada en Colombia. Y es que la nación es una de las tres donde se cultiva coca, la planta base con la que se produce clorhidrato de cocaína, una de las drogas más consumidas en el mundo. La coca también es uno de los motores de los grupos armados en Colombia, que luchan por el control de esta economía y las ganancias que derivan de ella.
El objetivo del programa era que, a través de acuerdos entre las familias y el gobierno nacional, las familias cultivadoras se comprometieran a erradicar de manera voluntaria los cultivos y, a cambio, el gobierno les entregaría subsidios económicos y asesoría técnica para emprender nuevos proyectos productivos.
El programa se integraría con otros puntos del acuerdo y adoptaría un enfoque regional, es decir, tendría en cuenta las diferencias entre territorios dentro de Colombia a la hora de implementar los proyectos productivos.
Por esta razón, el PNIS se convirtió en una de las estrategias más ambiciosas de sustitución de cultivos empleadas en Colombia hasta la fecha.
Llevar la sustitución a Putumayo
En Putumayo, los representantes de asociaciones campesinas y los líderes como José, muy pronto entendieron que tenían una misión: comunicar el acuerdo y en especial el PNIS a los campesinos de todo el departamento para lograr su participación activa en la construcción de paz.
Este departamento ha sido uno de los más afectados por los cultivos ilícitos en el país. Según cifras del Observatorio de Drogas de Colombia, una entidad del Ministerio de Justicia, en el año 2000, el departamento tenía más de 66 mil hectáreas de coca. Para el 2004, en medio de los procesos de fumigación aérea con glifosato, el número de hectáreas se redujo a casi 4.300. Sin embargo, esta disminución no pudo ser sostenida en el tiempo y para el año 2017, el año que se puso en marcha la implementación del acuerdo de paz, en el departamento había casi 30 mil hectáreas de coca sembradas.
Y si bien en los años siguientes los cultivos tuvieron una débil disminución, según el último reporte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD) en 2021 en Putumayo había 28.205 hectáreas cultivadas con coca, con una capacidad de producción de 196 toneladas métricas aproximadamente, casi tres veces más que las plantas de los años 2000.
Para la implementación del PNIS en el departamento, muchos líderes y lideresas, que eran miembros de diferentes asociaciones, se unieron y negociaron un acuerdo regional que tuviera en cuenta las características y necesidades propias del departamento. Las asociaciones se agruparon en lo que se conoció como la Mesa de Organizaciones Sociales (MEROS).
José era parte de la MEROS. Llegó a la organización luego de ser presidente de su vereda por muchos años y trabajar de la mano de su comunidad. Parecía que toda la vida se había preparado para ese momento, su liderazgo ya era reconocido desde años atrás, cuando participó en las marchas cocaleras de 1996, organizadas por campesinos de todo el departamento en contra de las campañas de erradicación organizadas por el gobierno nacional.
Esas marchas, que duraron casi dos meses, terminaron cuando se estableció una negociación entre campesinos y el Gobierno, que dio paso a recomendaciones y peticiones por parte del campesinado.
Otros miembros de la MEROS tenían pasados similares y muchos de ellos se habían convertido en presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC), una forma de organización comunitaria.
Junto con funcionarios del PNIS y delegados del gobierno, José y los demás líderes trabajaron desde la MEROS para trasmitir el acuerdo regional a la población y realizar las capacitaciones sobre el programa de sustitución en Puerto Asís y otros municipios de Putumayo.
Para muchos de ellos era una especie de deja vù: incorporaba muchas de las peticiones que ellos habían realizado en 1996, cuando impulsaron las marchas cocaleras en Putumayo.
A José le llamó la atención, por ejemplo, que el PNIS ofrecía asistencia técnica para cuidar los nuevos cultivos y la tierra. Esto era algo que siempre habían necesitado en el territorio; además de que el programa no contemplaba la fumigación aérea con glifosato que tanto afectó a Putumayo en los primeros años de la década del 2000. Finalmente, el PNIS no era un programa impuesto, había espacio para concertar con las familias.
La socialización y preinscripción en el PNIS duró ocho meses. En papel, los acuerdos del PNIS iban a funcionar de la siguiente forma: Las familias se comprometían a erradicar y no resembrar sus cultivos ilícitos y durante el primer año del compromiso, el gobierno entregaría un millón de pesos (US$350) al mes para invertir en nuevos cultivos, además de un millón 800 mil pesos (US$600) para proyectos de seguridad alimenticia. A partir del segundo año, el gobierno se comprometía a realizar inversiones de hasta 10 millones de pesos (US$3.400) para consolidar proyectos productivos.
A los pocos meses de los Acuerdos de Paz, José se inscribió al programa y arrancó las matas de coca que tenía en su tierra.
“Yo entré al programa y pues usted sabe que fue un trabajo duro para nosotros porque, imagínese, teníamos que dar ejemplo. Entonces fuimos los primeros que arrancamos, fuimos nosotros los que estábamos al frente”, explicó a InSight Crime.
Era un momento de esperanza. José creía en el PNIS. Y tanto él como otros líderes de Putumayo no iban a desaprovechar la oportunidad de paz.
Esperanza efímera
Putumayo ha sido atractivo para los grupos criminales. Debido a las grandes extensiones de cultivos de coca y las rutas de salida de la droga hacia Ecuador, la población del departamento había vivido mucho tiempo bajo la presencia y el control de estos grupos.
Sin embargo, durante los meses previos a la firma del Acuerdo de Paz, algo extraño pasó: La situación de seguridad en Putumayo comenzó a mejorar considerablemente. Primero, las confrontaciones entre la guerrilla y la Fuerza Pública disminuyeron. Segundo, los atentados contra la población civil bajaron. El optimismo era tal que personas desplazadas durante los años de conflicto estaban retornando a sus hogares.
Luego, las FARC comenzaron su proceso de desmovilización. Por años, Putumayo había estado bajo el dominio de los Frentes 48 y 32 de las FARC. También había paramilitares —ejércitos privados de ultraderecha que utilizaron el conflicto para camuflar sus actividades ilícitas. Al principio había una estructura conocida como el Bloque Sur Putumayo que a partir del 2002 pasó a ser parte del Bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Con la desmovilización de la guerrilla, los excombatientes se agruparon en la zona veredal de La Carmelita. Era uno de los 24 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), lugares que se crearon para la rehabilitación y formación profesional de los excombatientes. A La Carmelita llegaron más de 400 excombatientes.
La tranquilidad se respiraba en el aire.
José cuenta que, durante este tiempo, él podía moverse con libertad por las veredas de Puerto Asís e incluso por todo el departamento. Algo que no era posible antes de la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla.
Para José y los demás miembros de la MEROS, era claro que el gobierno y las FARC, al menos los que estaban en Putumayo, tenían la intención de cumplir con lo pactado.
“En general, la gente en Putumayo decía que la coca se iba a acabar […] Que no iba a quedar un actor armado con la capacidad de comprar y regular el mercado”, le dijo a InSight Crime un líder social de Puerto Asís, y que habló en condición de anonimato, explicando las razones por las que se unió al PNIS.
De hecho, Putumayo fue uno de los departamentos estrella en la primera fase del PNIS.
“Entonces todos buscaban nuevas formas de ingresos”, añadió el mismo líder social.
Las cifras lo comprueban. Según la ONUDD, al programa se inscribieron en total 99.097 familias en todo Colombia. De este universo, más de 20 mil fueron familias en Putumayo que firmaron acuerdos de sustitución: 11.888 familias eran cultivadoras de coca, 4.014 no cultivadoras de coca, pero involucradas en la producción y 3.829 recolectoras, es decir, familias que trabajaban en los cultivos de coca pero no eran dueños de los mismos.
José coincide con esta visión. “En el municipio se escuchaba, por allá en 2016-2017, que las FARC entregaban las armas y que la coca iba a disminuir, entonces Putumayo iba a ser un departamento sin guerrilla y sin coca. La gente se ilusionó”, nos contó.
Sin embargo, pese a que se vivía una época de tranquilidad, también empezaron a resonar algunas dudas y descontentos.
Las dudas
Marco Rivadeneira tenía sus dudas. Llevaba más de 10 años trabajando por los habitantes del corredor Puerto Vega – Teteyé y había participado en muchos procesos de dialogo representando a los campesinos.
Quienes lo conocieron, antes de su asesinato en marzo de 2020, decían que Marco encarnaba el alma de su lucha, apostando siempre por el diálogo y la transformación productiva de los territorios afectados por el conflicto armado y los cultivos de coca en Putumayo.
Era un líder consolidado en la región. Incluso, desde muy joven, Marco estuvo muy involucrado en los temas cocaleros y participó en las protestas campesinas del año 2000 contra la erradicación forzada, que se concentró en Putumayo y afectó directamente a miles de campesinos. Fue en ese entonces que Marco se convirtió en un vocero de los cultivadores, que veían en la coca la única oportunidad para subsistir debido a la ausencia de vías, centros de acopio y mercados para los demás productos.
Rivadeneira escuchaba a los campesinos y sus ideas para mejorar las condiciones en las veredas de varios municipios del departamento, nos dijeron los que habían trabajado con él. A lo largo de los años, había recorrido el territorio, incluso en medio de las difíciles condiciones de seguridad de Putumayo.
Por eso, cuando inició la socialización del PNIS, Marco decidió distanciarse del proceso por varias razones: en primer lugar, veía que la planificación y ejecución del programa era bastante ambiciosa. En su mente, tenía muy presente las razones por las que los procesos pasados habían fracasado: “Aquí hubo mucha plata del Plan Colombia, pero no hubo planificación concertada con la comunidad y eso fue un fracaso”, expresó Marco antes de la firma del acuerdo en una entrevista con El Espectador, refiriéndose al plan multimillonario a principios de los 2000 entre Colombia y los Estados Unidos para erradicar coca y paralizar el negocio de la cocaína.
“Ahora viene, supuestamente el posconflicto, le están haciendo mirar a la gente que va a llegar mucha plata, pero llegue lo que sea, sino es bien planificada y concertada con la gente, eso también va a ser una decepción”, agregó.
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En segundo lugar, Marco estaba en desacuerdo con algunas acciones del gobierno nacional que iniciaron de forma simultánea con la implementación del acuerdo. Por ejemplo, en el 2017, las campañas de erradicación manual de coca se convirtieron en la estrategia bandera del Ejército colombiano para controlar el aumento de los cultivos ilícitos en Colombia.
Los episodios de erradicación afectaron fuertemente a Putumayo, que fue priorizado por las Fuerzas Armadas por la cantidad de cultivos que había en el 2017 (29.588 hectáreas). Muchos campesinos salieron a protestar contra esas políticas y los choques violentos entre los manifestantes y las autoridades no se hicieron esperar.
En Putumayo comenzaron a ocurrir dos procesos de forma simultánea: mientras que los campesinos inscritos al PNIS arrancaban sus matas y comenzaban a recibir los primeros pagos para asistencia alimentaria, que correspondían a 12 millones de pesos; en otras zonas del departamento las jornadas de erradicación se hacían más fuertes.
Esto alimentó el descontento de muchos campesinos y también de algunos líderes, entre ellos Marco, que empezaron a ver con preocupación el futuro de la implementación en el departamento.
Por estas razones, Marco, junto con los miembros de su asociación, se reunieron y generaron una propuesta alterna al PNIS que buscaba corregir esas fallas a la vez que le apostaba a la sustitución de cultivos ilícitos, según le explicaron compañeros de Marco a InSight Crime en 2022.
La iniciativa promovía una caracterización de las familias y de los campesinos en todo el departamento. El objetivo de este proceso era conocer quiénes habitaban el territorio, qué sabían sembrar, cómo eran los suelos y qué nivel de capacitación técnica tenían los pobladores. Marco y su gente explicaban que, a partir de esta caracterización, se podían plantear excelentes proyectos productivos.
Otro punto clave de su iniciativa era intentar que la sustitución de la coca se diera de forma gradual. Es decir, primero erradicarían una parte de los cultivos ilícitos, luego se debían poner en marcha los proyectos productivos y cuando el proyecto ya estuviera avanzado y el campesino dejara de ser dependiente de la coca, entonces se erradicaría el resto de las matas.
Además, proponían que cada familia tuviera un máximo de hectáreas, para no deforestar más bosque para sembrar matas. Así se protegía la flora y la fauna. Finalmente, buscaban crear centros de acopio para las cosechas y cadenas de transformación para que los productos agrícolas tuvieran algún valor agregado.
Sin embargo, mientras Marco y otros líderes aliados realizaban los primeros acercamientos con el gobierno para presentar su propuesta, otras grietas de la implementación se abrían.
En agosto de 2018, Iván Duque llegó a la presidencia. Trajo una visión distinta a cómo debía lucir el acuerdo de paz y el camino que debía tomar la implementación. Esto desaceleró ciertos aspectos de la implementación, como el plan de sustitución. El panorama en Putumayo se ensombrecía.
La guerra vuelve a Putumayo
Para el 2019, los temores de las comunidades con respecto al resurgimiento de la violencia y la falta de presencia del Estado en el territorio para llevar a cabo la implementación del acuerdo de paz, se habían hecho realidad, y rápidamente.
Por un lado, un pequeño grupo de hombres armados que no se habían acogido al acuerdo comenzó a reclutar a excombatientes para engrosar sus filas. Este grupo estaba al mando de Pedro Oberman Goyes, alias “Sinaloa”. También llegaron reportes desde otro departamento, donde un grupo disidente al mando de Edgar Mesías Salgado, alias “Rodrigo Cadete”, buscaba incursionar en Putumayo.
Para los cocaleros participantes en el PNIS, la situación se puso peor aún. Para finales del 2019, por ejemplo, no había recursos para cumplir con los pagos a las familias. Además, el gobierno no había tenido en cuenta los tiempos de los procesos de contratación o el dinero necesario para llevar a cabo los proyectos productivos.
Una situación similar se presentaba en todo el país.
“Obviamente, el programa nació sin pensar que iba a inscribir a casi 100 mil familias […] Entonces, 100 mil familias por 36 millones de pesos, ya vale 3,6 billones de pesos y esa plata no la tiene el Estado. Entonces iniciamos con una deuda de 3,6 billones para ejecutarlo en dos años”, le dijo Hernando Londoño, quien fue el director nacional del PNIS durante la administración de Duque, al medio colombiano Verdad Abierta.
Los problemas tenían muchas raíces. El cambio de gobierno, por ejemplo, trajo consigo cambios en la implementación. En el caso del PNIS, se realizaron cambios en la administración general del programa que desencadenaron demoras en los pagos y desembolsos a las familias.
Esto también trajo consecuencias para los lideres. José cuenta que el panorama comenzó a ponerse tenso porque él y los demás líderes que habían promovido el PNIS, ya que sentían la responsabilidad de dar la cara frente a las familias que se inscribieron al programa y por los incumplimientos que profundizaron una crisis socioeconómica entre los campesinos.
Otros coincidieron con esa frustración.
“De todo eso nos quedó una frustración y una mala experiencia. Que lo que nosotros invertimos, ya se nos estaba acabando otra vez. Las cosas se estaban deteriorando”, le contó a InSight Crime uno de los líderes con los que conversó en Puerto Asís en 2022, pero cuyo nombre omitimos por seguridad.
Algunas familias, desesperadas, comenzaron a sembrar coca de nuevo. Para los grupos armados esta crisis no pasó desapercibida.
Dos grupos, ambos disidentes de las antiguas FARC, lograron asentarse en Putumayo y comenzaron a comprar pasta base y hoja de coca a las familias que retomaron los cultivos.
El primero de ellos se hizo llamar Comandos de la Frontera, un grupo conformado por excombatientes del Frente 48 de las FARC. Pronto se aliaron con La Constru, un reducto del paramilitarismo que había estado presente en Putumayo desde hacía 15 años.
El segundo fue un reducto del Frente Carolina Ramírez, un grupo afiliado a la disidencia del Frente Primero. El último es liderado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco” y antes de su muerte, también por Miguel Botache Santanilla, alias “Gentil Duarte”, dos guerrilleros con una larga trayectoria dentro de las antiguas FARC.
Según fuentes en terreno, el choque entre estos y los líderes que empujaban la implementación de los acuerdos era inevitable. Pronto las amenazas contra los líderes sociales, que luchaban por la implementación del acuerdo como José, o por nuevos procesos como Marco, no se hicieron esperar. La sustitución y la implementación del acuerdo amenazaban directamente las ganancias y las actividades de estos grupos.
Los choques llegaron, y en la lista de nombres estaba el de Marco.
El desenlace inevitable
Después de que los campesinos encontraran el cuerpo de Marco, el miedo se sentía en el aire y rápidamente la zozobra se fue apoderando de todos en el lugar. Algunas de las personas presentes en la reunión decían que sentían que los iban a asesinar a ellos también, a pesar de que los hombres armados ya habían abandonado el lugar.
La Fuerza Pública no llegó, entonces fueron los mismos campesinos los que se encargaron de trasladar el cuerpo de Marco hasta el casco urbano de Puerto Asís. Mientras tanto, la noticia de su muerte se propagaba por todo Putumayo.
A su velorio asistieron pocas personas, en parte porque habían comenzado las restricciones de movilidad debido al COVID-19 y en parte por el miedo.
Los demás dirigentes de ASOCPUERTOASIS, la asociación con la que Marco había trabajado de cerca durante años, y los líderes de otras asociaciones campesinas de Putumayo habían recibido la muerte del líder como un mensaje: es mejor que guarden silencio.
“Eso fue un bajonazo en silencio. Fue una manera de callar a la gente”, expresó Carlos Segura, el secretario de Gobierno del municipio, que conversó con InSight Crime sobre el impacto del asesinato de Marco.
El tiempo ha pasado y la situación no ha cambiado. Casi tres años después de la muerte de Marco, otros líderes sociales con los que InSight Crime conversó en su última visita a Puerto Asís, en 2022, dicen que apoyar la sustitución de cultivos, ir en contra de los intereses económicos de los grupos o cuestionar sus comportamientos es como firmar su propia sentencia a muerte.
“A veces siento que estoy vivo de milagro”, dice José, quien revela que hoy en día se siente mucho más la tensión por parte de los grupos armados.
Y es que el 2022 fue un año brutal para los habitantes de Putumayo. Tanto los Comandos de la Frontera como el Frente Carolina Ramírez supieron aprovechar los espacios que el gobierno no supo copar y legitimaron su discurso del fracaso de la implementación en los diferentes puntos del acuerdo de paz.
La tan anhelada paz se esfumó y las promesas de implementación del acuerdo quedaron en el olvido.
Hoy en día, a las familias que quieren entrar a los nuevos programas de sustitución les dicen: “Hágale, que igual el gobierno les va a incumplir», aseguró un habitante de Puerto Asís que conversó con InSight Crime.
Además, los grupos entendieron que atacar a los líderes también es atacar a las comunidades y cada vez son más conscientes del poder que pueden ejercer. Hoy en día el control social que están ejerciendo sobre la población no tiene punto de comparación. No solo son toques de queda o procesos de carnetización dentro de las veredas, también son castigos físicos, desaparición o incluso la muerte.
En medio de este panorama, el PNIS tiene su última oportunidad de resurgir bajo el nuevo gobierno de Gustavo Petro, elegido en 2022. Sin embargo, las señales que ha enviado con respecto al programa son confusas. Solo hasta diciembre fue nombrado un nuevo director para el programa y a la fecha, las declaraciones frente al PNIS han dejado entrever que los recursos para implementar el programa no están disponibles y que, por el contrario, se debe rediseñar la estrategia para que la sustitución de cultivos sea viable para los campesinos.
Los líderes siguen en terreno, expectantes, mientras el conflicto no cesa.
*Los nombres de los protagonistas fueron cambiados para proteger su identidad.
