Este es la primera entrega de una serie de tres partes sobre el Centro Histórico de San Salvador, eje de los mercados urbanos informales del país que por mucho tiempo ha sido bastión de las pandillas callejeras. Las historias aquí incluidas narran cómo las pandillas han utilizado su dominio del centro para expandir su poder en El Salvador. Esta parte narra las maneras cómo el entonces alcalde y ahora presidente Nayib Bukele pactó con las pandillas callejeras, lo que le permitió ascender en su carrera política.
Eran los últimos días de 2016 y los funcionarios de gobierno de San Salvador se aprestaban para la gran apertura de un rutilante nuevo mercado en el Centro Histórico de la ciudad.
Con sus escaleras eléctricas, bares al aire libre con vista panorámica, escaparates burgueses y puestos de mercado, el multimillonario proyecto Mercado Cuscatlán se diseñó para imponer un nuevo estándar en una zona conocida por sus comercios informales extendidos, sus calles abarrotadas y los autobuses viejos escupiendo gases de escape al exterior.
Todo hacía parte de un proyecto bandera aclamado por el entonces alcalde de San Salvador Nayib Bukele: la reubicación de miles de vendedores callejeros para sacarlos de las congestionadas arterias del centro de San Salvador y llevarlos a estos espacios recién remodelados como Cuscatlán y, con ello, abrir espacio para que crecieran los negocios formales.
*Este reportaje se basa en investigaciones de campo realizadas a lo largo de dos años, que involucraron numerosas visitas de campo y decenas de entrevistas con funcionarios de policía, agentes de inteligencia policial, pandilleros, autoridades municipales y federales, vendedores ambulantes, trabajadores comunitarios, propietarios de negocios y trabajadores no gubernamentales, entre otras personas, en su mayor parte antes de la pandemia del COVID-19. Dado que se trata de un tema sensible, la mayor parte de las fuentes decidieron hablar con InSight Crime bajo condición de anonimato. Lea la investigación completa aquí y un artículo adicional sobre el pacto informal del presidente Nayib Bukele con las pandillas.
Pero hubo problemas. Los vendedores no querían mudarse al nuevo mercado. Por un lado, temían perder a sus clientes. Su negocio dependía de la proximidad a las masas que estaban acostumbradas a encontrar sus productos en las calles, no en un edificio de muros grises recién remodelado.
También les preocupaban las represalias de las notorias pandillas callejeras Mara Salvatrucha 13 (MS13) y Barrio 18. Las pandillas habían impuesto un control férreo sobre el Centro Histórico y de manera rutinaria extorsionaban las hileras de comerciantes callejeros que trabajan en la zona. Ejercían un control casi autoritario sobre la ubicación de los vendedores por temor a perder pagos de extorsiones si los vendedores quedaban ubicados en el territorio de la pandilla rival.
Según una persona que estuvo trabajando con este proyecto en la alcaldía de la época y que habló con InSight a condición de que se preservara su identidad, el Barrio 18-Revolucionarios, facción de la pandilla Barrio 18 con presencia en el centro de la ciudad, demandó US$100.000 al gobierno municipal de Bukele, a cambio de su beneplácito para el traslado de los vendedores. Si no pagaban, amenazó la pandilla, ellos desatarían la violencia en el nuevo mercado.
Con la Alcaldía de la Ciudad apurada por salvar el proyecto, ese mismo funcionario se encontró con un teléfono y una ardua tarea: hablar con la pandilla. Se hicieron llamadas y se llegó a una solución. No se entregaría dinero. En lugar de eso, el Ayuntamiento daría a Barrio 18 puestos de ventas con excelente ubicación en el Mercado Cuscatlán.
“Podían tener los mejores lugares para sus familiares”, comentó el exfuncionario.
Sería, añadió, un “reordenamiento voluntario” de todo el Centro Histórico, y en diciembre de 2016, el mercado abrió sin interferencia de las pandillas.
El acuerdo fue parte de un modelo. A lo largo del periodo en que Bukele fungió como alcalde de San Salvador, el Ayuntamiento Municipal y las pandillas llegaron a varios acuerdos similares: las pandillas no recibirían dinero; recibirían favores políticos y económicos. A cambio, las pandillas ayudarían a la carrera política de Bukele. En este caso, eso significaba ayudar a su administración a modernizar el Centro Histórico, un proceso que permitiría catapultarlo a la presidencia, donde ha tenido que hacer frente a acusaciones de “negociar” con las pandillas.
Bukele respondió a las acusaciones atacando a los medios que informaron sobre dichos pactos. Declaró por Twitter que ejerce una represión sistemática de las pandillas. Pero reivindicaciones del pacto entre sectores del gobierno y las pandillas se remontan incluso a antes del acuerdo en el Mercado Cuscatlán. Esta negociación con las pandillas también parece haber dado legitimidad política a la MS13 y al Barrio 18, así como más poder económico en un lugar en el que durante mucho tiempo las pandillas han buscado ambas cosas.
El Centro Histórico: comercio informal, refugio criminal
El Centro Histórico de San Salvador, que cubre cerca de siete km2, fue alguna vez el corazón vivo de la ciudad. Como sucede en muchas capitales de la región, allí se encuentran muchos monumentos importantes alrededor de unas cuantas plazas centrales. Está el Palacio Nacional de El Salvador, desde donde legisló el Congreso hasta los años setenta, y la catedral primada del país, donde el venerado arzobispo Óscar Romero dio algunos de sus sermones más célebres.
Pero esta zona se ha deteriorado gradualmente, con la afluencia en desbandada de cada vez más habitantes rurales y pequeños campesinos a las ciudades que rodean San Salvador, como consecuencia de la guerra civil y las reformas neoliberales, y el Centro Histórico se ha convertido en el receptáculo de facto para muchas de esas personas que buscan un medio de subsistencia.
Antes de la pandemia del coronavirus, hasta 40.000 vendedores informales se dirigían diariamente a la ciudad a vender sus mercancías, desbordándose en la vía pública del centro de la ciudad en puestos con cubiertas de lona impermeable donde se venden ropa, artículos electrónicos y alimentos, entre otros productos. A falta de argumentos legales para ejercer el comercio en las calles del municipio, los vendedores fundaron sus propias asociaciones para defenderse de la amenaza de desalojo de sus puestos.
Las asociaciones de vendedores también ofrecieron a los comerciantes cierto grado de protección de la delincuencia en un centro de la ciudad plagado de contrabando, narcomenudeo y prostitución, y un lugar donde el Estado tenía poco control. A lo largo de la década de 2000 hasta el presente, San Salvador ha sido uno de los municipios más violentos del país, y el Centro Histórico ha sido por largo tiempo parte de su territorio más inestable.
Fue en este contexto que llegaron las pandillas callejeras a El Salvador. Muchos de sus líderes fueron deportados de Estados Unidos a su lugar de origen desde comienzos de los noventa, donde surgieron las pandillas y donde ganaron algo de dinero con el cobro de lo que llaman de manera eufemística la “renta” a vendedores locales y otros pequeños negocios.
Cuando sus filas se engrosaron en la década de 2000, en gran parte por la rápida urbanización posterior a la guerra, las pandillas fueron gradualmente tomándose el control de casi todo el territorio del Centro Histórico, lo que les permitió ampliar sus redes extorsivas para incluir prácticamente a cualquier persona dedicada al comercio, incluidos los vendedores informales.
Con el tiempo, la relación entre las pandillas y los vendedores evolucionó. El dinero se convirtió en pilar de la pandilla. Aproximadamente —por nuestras múltiples entrevistas con pandilleros de la MS13 y Barrio 18, vendedores, dueños de puestos, asociaciones comerciales y funcionarios de seguridad—, hallamos que las pandillas cobran US$1 diario a los vendedores o casi US$40.000 diarios en el Centro Histórico. Como resultado de eso, las pandillas tienen un interés particular en proteger la economía informal.
“Tienen más control que la alcaldía”, dijo Eduardo Linares, exgobernador de San Salvador en conversación con InSight Crime refiriéndose a las pandillas.
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Esa dinámica ha impactado el Ayuntamiento, que debe lidiar con los vendedores y las pandillas en sus intentos por revitalizar el Centro Histórico, una tarea que no han logrado completar varias administraciones municipales por lo menos desde finales de los noventa. La mayoría han adoptado una estrategia de mano dura hacia el sector informal, y por extensión hacia las pandillas, en la que con frecuencia han recurrido a las fuerzas de seguridad municipal y nacional para desalojar a los vendedores.
Este fue el caso del predecesor de Bukele, Norman Quijano (2009-2015). En una serie de operativos sorpresa entre 2011 y 2012, sacó por la fuerza a más de 1.000 vendedores informales del Centro Histórico. Sus iniciativas le granjearon apoyos; en 2014, después de esas medidas, Quijano, para entonces candidato presidencial del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), perdió por poco la presidencia, al obtener apenas 6.354 votos menos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de El Salvador.
La reubicación forzosa de los vendedores impulsada por Quijano no soportó la prueba del tiempo. Los vendedores gradualmente fueron regresando a las zonas de las que habían sido expulsados. Era el momento, así parecía, de una estrategia bien distinta.
Nuevo alcalde, nueva estrategia
Nayib Bukele está hecho para ser un político moderno. Empezó joven, pues entró a la política rayando los treinta después de un breve paso por el mundo de las relaciones públicas y los negocios. Usó su destreza con las redes sociales y su experiencia en marketing para elevar su perfil y cultivar una imagen de sí mismo como alternativa a la política establecida.
Bukele ganó su primera campaña, las reñidas elecciones a la alcaldía en marzo de 2012 en Nuevo Cuscatlán, un municipio rico del Gran San Salvador. Su tiempo en el poder le darían al joven político una plataforma para aspirar a la alcaldía de la capital de El Salvador solo tres años después.
En la víspera de las elecciones municipales de marzo de 2015 en San Salvador, Bukele expuso sus planes para reforzar la seguridad de la ciudad. Para evitar la violencia, el Ayuntamiento promovería una cultura de paz y trabajo para reducir la exclusión social —una señal temprana de que el entonces candidato no seguiría una estrategia represiva para tratar con los muchos barrios de la ciudad controlados por pandillas.
Su partido, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de izquierda, entre tanto, había enviado señales contradictorias a las pandilas. La administración de Mauricio Funes (2009-2014) había negociado una tregua, que había reducido los homicidios a la mitad, después de que el gobierno acordara trasladar a los líderes de las pandillas de una prisión de máxima seguridad.
Pero la tregua suscitó controversia. Los salvadoreños se opusieron de manera consistente por un margen de casi cinco a uno en las encuestas. Temiendo el coletazo de la opinión pública, Funes nunca la reconoció plenamente, y dejó expuestos a sus mediadores y a los operadores del gobierno a procesos judiciales posteriores por sus tratos con las pandillas. Más aún, la tregua no detuvo la extorsión, y los críticos afirman que reforzó la influencia política de las pandillas.
Esa influencia política se manifestó de diversas formas. Durante la tregua, 11 alcaldes declararon Zonas de Paz sus municipios, o áreas dispuestas especialmente donde los líderes de las pandillas y los funcionarios municipales negociaban formas de “desmovilización” de sus miembros por medio de programas sociales y laborales. Y en las elecciones presidenciales de 2014, la campaña de Salvador Sánchez Céren por el FMLN y la de Quijano por el partido conservador ARENA negociaron para tener el respaldo de las pandillas con el fin de tener la posibilidad de entrar a sus zonas de influencia y usarlas para movilizar apoyos. A cambio, les prometieron más programas sociales y económicos y pagos por cientos de miles de dólares.
Sin embargo, la tregua y las negociaciones secretas que le siguieron más parecían una forma cínica de hacerse al control de la creciente influencia electoral de las pandillas que una estrategia concertada para integrar a los pandilleros a la sociedad. En efecto, al llegar al poder a mediados de 2014, Sánchez Céren lanzó una ofensiva contra las pandillas. Así se enterró cualquier indicio de tregua o programas sociales, junto con cientos de presuntos pandilleros y policías con la intensificación de los enfrentamientos.
Bukele, sin embargo, optó por una estrategia más complaciente. Como se documentó en un detallado recuento de El Faro, su equipo de campaña contactó una facción de los Revolucionarios de Barrio 18 a finales de 2014. El trato era simple: permitir que el candidato hiciera campaña en un barrio en el que su contendor de ARENA no podía entrar; a cambio Bukele financió una fiesta para los niños “con juegos y piñatas”, escribió El Faro, y agregó que la pandilla también pidió programas laborales y capacitación para el trabajo.
Además de dar acceso a su partido, El Faro señaló que se prohibió a la campaña rival el ingreso a estas áreas. Es difícil saber de manera empírica lo que esa diferencia supuso, pero en las elecciones municipales de marzo de 2015, Bukele salió vencedor en una contienda muy pareja.
Entretanto, los dirigentes del FMLN a nivel nacional ampliaban su ofensiva contra las pandillas, lo que incluyó la interrupción de visitas en las cárceles y ejecuciones extrajudiciales por parte de fuerzas especiales de la policía. Es posible que ambas partes mantuvieran abiertas las líneas de comunicación, pero la violencia se disparó a su tasa más alta desde la guerra civil.
El partido también le anunció al alcalde que él no sería su candidato a la presidencia en las elecciones siguientes, por lo cual Bukele rompió públicamente sus nexos con el FMLN a comienzos de 2015. Ahora como político independiente, Bukele estaba en libertad de dar pasos aún más osados, y eso fue lo que hizo.
En diciembre de 2015, según un acta de imputación de la policía salvadoreña contra la MS13 obtenida por InSight Crime, la policía siguió a algunos integrantes de la MS13 a quienes estaban investigando, hasta un Pizza Hut en un importante centro comercial. Allí los agentes “observaron en el interior del restaurante Pizza Hut a dos sujetos con aspectos de mareros reunidos y dos personas más, uno de ellos con la camisa de la alcaldía de San Salvador”, según reza la imputación.
El grupo habló y cuando se separaron, la policía siguió a cada uno de los de la mesa. Uno de los hombres tenía cabello largo y se movilizaba en motocicleta, según la imputación. Después de hacer una parada en un Starbucks, lo detuvieron. Cuando le preguntaron por su nombre, dijo que era Carlos Marroquín. Cuando le preguntaron dónde trabajaba, relata la imputación que “manifestó que actualmente trabaja en la Alcaldía Municipal de San Salvador con el cargo de jefe de unidad de reconstrucción de tejido social”.
Traslado de vendedores, estímulo al negocio
En ese tiempo, Marroquín era conocido como grafitero y rapero, que se hacía conocer con el apodo de “Slipt”. Pero tras la posesión de Bukele como alcalde, Marroquín se convirtió en jefe de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, una comisión ad hoc designada para implementar programas sociales, educativos y económicos en barrios marginados controlados por las pandillas.
La unidad también quedó a cargo de ayudar a Bukele a implementar su plan más ambicioso: la revitalización del Centro Histórico.
“Él era el intermediario con las pandillas”, relató el funcionario de la alcaldía a InSight Crime haciendo referencia al importante rol de Marroquín en el proceso.
Además de Marroquín y su Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, había otras personas trabajando para revitalizar el centro. El equipo incluyó a veteranos burócratas, planificadores urbanos, arquitectos, ingenieros y políticos, según declaró el exfuncionario del Ayuntamiento que habló con InSight Crime sobre el Mercado Cuscatlán. Otro de los interrogados por la policía luego de la reunión en el Pizza Hut, por ejemplo, era Mario Durán, concejal de la ciudad de San Salvador y firme aliado del alcalde.
El equipo podía tener distintos bagajes, funciones y cargos en el Ayuntamiento, pero todos entendían que cambiar el Centro Histórico tenía tanto que ver con el desarrollo de planes técnicos como con las negociaciones políticas. Para esto último, buscaron entablar un diálogo con las asociaciones de vendedores callejeros. Sabían que al hablar con los vendedores negociaban indirectamente con las pandillas.
La Alcaldía tuvo que hacer también un censo detallado de la zona. Pero dado que los pandilleros podían confundirlos con autoridades o inteligencia de la policía, debieron pedir protección de las pandillas. Así, mientras el equipo se movió —libreta y bolígrafo en mano— contando cabezas y tomando notas en medio de la marejada de vendedores, había pandilleros rondando cerca, informando a sus contrapartes que el grupo tenía autorización y protegiéndolos de posibles ladrones o vendedores agresivos preocupados de que estuvieran montando una redada de las típicas del exalcalde Quijano para sacarlos.
Hecho el mapeo, era el momento de comenzar el “reordenamiento voluntario”, como lo llamó el exfuncionario municipal, un procedimiento delicado que dependió del continuo apoyo de los comerciantes callejeros y las pandillas por igual, y de las relaciones que pudieran garantizar la seguridad de los empleados municipales que ejecutaban la reubicación. En ocasiones, los vendedores o las pandillas se oponían a las propuestas.
“‘Está complicado’, nos decía un líder de la asociación de vendedores. ‘No creo que lo podamos hacer’”, contó el exfuncionario del Ayuntamiento, describiendo lo que le dijeron en más de una ocasión. El funcionario entendió. Estaba en juego el acceso a los clientes. Y como luego quedó demostrado con el caso del Mercado Cuscatlán, esta competencia por el lugar seguiría al momento en que se abrieron los espacios del nuevo mercado.
Había otros problemas. En un caso, el equipo municipal se encontraba en una zona controlada por las pandillas promocionando los servicios de la ciudad con algunos representantes de la comunidad y pandilleros, cuando las fuerzas de seguridad ejecutaron órdenes de cateo en la zona, según el exfuncionario de la Alcaldía. Los empleados de la ciudad tuvieron que salir corriendo y luego explicar a los lugareños que no tenían nada qué ver con las acciones de las fuerzas de seguridad.
Para evitar malentendidos potencialmente fatales, los interlocutores de Bukele siguieron reuniéndose con frecuencia con las asociaciones de vendedores y, ocasionalmente, según el funcionario, con las pandillas. Marroquín, quien no respondió los numerosos intentos de hablar sobre su trabajo con el gobierno, siguió siendo el interlocutor, según el exfuncionario. (Inteligencia de la policía, vendedores y empresarios consultados para este informe también declararon a InSight Crime que Marroquín se reunió con las pandillas). Y cuando tuvieron un plan, Marroquín lo llevó diretamente a las pandillas para su aprobación, comentó el funcionario.
“Se oficializó de alguna manera”, comentó el exfuncionario sobre los encuentros.
“No es que estemos de acuerdo con eso, pero si no negociamos, no puede hacerse nada”, añadió el exfuncionario.
La naturaleza meticulosa del proyecto rindió buenos resultados cuando en 2016, el primer año pleno del proceso de traslado, la Alcaldía logró reubicar a 3.000 vendedores de algunas de las plazas principales del Centro Histórico. El resultado fue una transformación asombrosa, mediante la cual se reemplazaron progresivamente mercados caóticos con plazas bien mantenidas, salpicadas de modernos cafés, bares y tiendas, a la par que se aseguraban de que los vendedores informales aún tuvieran espacio para vender sus mercancías.
Con el tiempo, la transformación se mantuvo.
¿Giro en U de Bukele?
El éxito del proyecto bandera de Bukele disparó su popularidad y le brindó una plataforma para lanzar su campaña a la presidencia, que presentó bajo la bandera de un tercer partido, la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), mientras apretaba el acelerador para organizar su propio partido político.
Parte de la campaña incluyó contactar a posibles votantes, entre ellos Vicente Ramírez, importante líder de las asociaciones de vendedores del Centro Histórico y uno de los interlocutores entre el Ayuntamiento y las pandillas cuando se realizaron las negociaciones con aquellas para la renovación del centro de la ciudad. En diciembre de 2018, solo dos meses antes de las elecciones, Ramírez se reunió con uno de los principales asistentes de campaña de Bukele en un suburbio de San Salvador, según los investigadores del gobierno que vigilan al vendedor por otro asunto.
Para explicar con claridad, Ramírez estaba, según las notas de los investigadores obtenidas por InSight Crime, “gestionando con los candidatos presidenciales de los diferentes partidos políticos, con el objeto de obtener algún tipo de beneficio para los vendedores que él representa”.
Sin embargo, vale la pena mencionar la entrevista, en parte porque Ramírez sería acusado más adelante de trabajar con la MS13 y enfrenta tres a cinco años de prisión, según el investigador principal del caso. Por su parte, el funcionario de Bukele que supuestamente se reunió con Ramírez no respondió directamente a una solicitud de comentar al respecto.
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En febrero de 2019, Bukele ganó las elecciones por un amplio margen y se convirtió en el primer candidato de un partido no hegemónico que ganaba las elecciones en 30 años. Fiel a su imagen de transgresión de la norma, de ahí en adelante gestionó gran parte de su política pública por medio de Twitter, anunciando a miembros del gabinete y políticas por medio de la plataforma de la red social. Poco después, fundó oficialmente su propio partido, Nuevas Ideas, y pronto se convirtió en el primer presidente en tomarse una selfie, durante una alocución ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Pese a su acercamiento poco ortodoxo, Bukele había empezado a distanciarse públicamente de cualquier conversación tendiente a una tregua o negociaciones con las pandillas incluso antes de las elecciones. En una entrevista con el periódico ABC de España, justo antes de las votaciones de febrero, relató al medio sobre el tiempo en que las pandillas habían tratado de cobrar US$100.000 como extorsión para permitir la apertura del Mercado Cuscatlán en 2016.
“Teníamos tres opciones”, explicó. “Pagar, pero eso era ilegal y yo no quería ir a la cárcel. Otra era abrir el mercado y que pasara lo que tuviera que pasar. Y la tercera, esperar hasta que se resolviera”.
Prosiguió: “Fuimos a la comunidad y empezamos a invertir en ella y generar beneficios”.
Y era una zona controlada por el Barrio 18, preguntó la reportera.
“No, eran las madres, los hermanos de los pandilleros”, afirmó. “Por eso, una cosa es negociar con el pandillero, y otra cosa es lidiar”.
Tras su posesión en junio de 2019, Bukele anunció que descartaría cualquier negociación con las pandillas. En lugar de eso, basado en una plataforma anterior, lanzó lo que llamó el Plan Control Territorial, una estrategia de siete puntos para combatir las pandillas y la delincuencia común. Como parte de la primera fase, el gobierno inundó de fuerzas de seguridad más de una docena de municipios con altos índices de criminalidad y aisló las prisiones. Una fase posterior, reforzó las unidades especiales de la policía y apuntaló al ejército.
En resumen, el plan repitió en gran parte las políticas de las administraciones anteriores, incluyendo la del FMLN, que fuera alguna vez su partido. Había algo de lógica en esto. La estrategia de línea dura del FMLN había presionado a las pandillas y contribuido a lograr una baja constante de los homicidios luego de que tocaran un pico en 2015. Y durante el primer año de Bukele en la presidencia, los homicidios cayeron otro 60 por ciento. En todo ese tiempo, el presidente se mantuvo inalterable en su postura pública, publicando trinos, por ejemplo, en los que proclamaba que estaba bajando la tasa de homicidios “y sin tregua”.
La pronunciada caída le granjeó una popularidad nacional sin precedentes pero también levantó la sombra de una nueva tregua no declarada entre las pandillas y el gobierno, primero en un informe del International Crisis Group (ICG) y de manera más sustancial con el reportaje de El Faro. Aunque el ICG habló de un “frágil entendimiento informal” y ahondó en la pronunciada y súbita caída de los homicidios tan pronto Bukele llegó a la presidencia, El Faro hizo referencia a unas “negociaciones” y al mantenimiento sin precedentes de esa baja tasa de homidicios.
Sin embargo, no era claro cuáles habían sido las concesiones. El ICG indicó que el “entendimiento” estaba supeditado a impedir que las fuerzas de seguridad se implicaran con las pandillas como era frecuente. “Ha habido una reduccion imortante del número de tiroteos entre las pandillas y las fuerzas de seguridad”, como escribió el ICG, al explicar que ello podía formar parte de un “pacto de no agresión”.
El Faro fue más lejos, al afirmar que el gobierno estaba dando a las pandillas mayor control sobre las ventas concesionadas en las prisiones, lo que revertía sus esfuerzos de mezclar las agrupaciones en los mismos pabellones de prisión y mantenía la promesa de implementar programas sociales y económicos en zonas controladas por las pandillas. A cambio, las pandillas mantenían a raya los homicidios y ayudaban en la campaña de Nuevas Ideas para las elecciones legislativas y municipales de febrero de 2021.
No obstante, la prueba de cualquier arreglo formal seguía siendo circunstancial. Y luego del informe de El Faro, el gobierno organizó una excursión para la prensa bajo estrictos controles on el fin de desmentir una de las afirmaciones claves de El Faro: que el gobierno había echado para atrás su decisión de mezclar los presos de las pandillas en los mismos pabellones. Funcionarios y partidarios del gobierno acudieron a Twitter, su plataforma preferida de redes sociales, e hicieron que los medios afines respaldaran sus afirmaciones o atacaran a sus críticos, entre ellos InSight Crime.
No tomó a nadie por sorpresa. InSight Crime ha estado investigando las interacciones con las pandillas de varios funcionarios de la administración Bukele de manera intermitente durante dos años, y al presidente no le gustan los críticos.
*Informes adicionales de César Castro Fagoaga y Juan José Martínez d’Aubuisson.
**Este es la primera entrega de una serie de tres partes sobre el Centro Histórico de San Salvador, eje de los mercados urbanos informales del país que por mucho tiempo ha sido bastión de las pandillas callejeras. Las historias aquí incluidas narran cómo las pandillas han utilizado su dominio del centro para expandir su poder en El Salvador. Esta parte narra las maneras como el entonces alcalde y ahora presidente Nayib Bukele pactó con las pandillas callejeras, lo que le permitió ascender en su carrera política.
Este reportaje se basa en investigaciones de campo realizadas a lo largo de dos años, que involucraron numerosas visitas de campo y decenas de entrevistas con funcionarios de policía, agentes de inteligencia policial, pandilleros, autoridades municipales y federales, vendedores ambulantes, trabajadores comunitarios, propietarios de negocios y trabajadores no gubernamentales, entre otras personas, en su mayor parte antes de la pandemia por coronavirus. Dado que se trata de un tema sensible, la mayor parte de las fuentes decidieron hablar con InSight Crime bajo condición de anonimato. Lea la investigación completa aquí.
Foto Principal: Salvador Meléndez