Colombia sigue siendo un punto crítico para el reclutamiento forzado de menores. En la tercera y última parte de una investigación de InSight Crime, analizamos cómo los maestros de escuela están tratando infructuosamente, de impedir el reclutamiento de menores.
La investigación involucró decenas de entrevistas con menores reclutados, líderes comunitarios, activistas y funcionarios del gobierno local. Algunos nombres han sido modificados con el fin de proteger la identidad de las personas.
Nancy Arboleda tiene un marcado aire de autoridad. Quizá se debe a las décadas de experiencia como profesora en una escuela en Tumaco, un municipio en el suroccidente de Colombia.
«Aquí hemos perdido a 21 estudiantes desde 2012», dice, contándolos con los dedos durante la entrevista con InSight Crime en la escuela donde trabaja.
Aquello ha tenido un gran impacto. Las autoridades de educación locales dicen que el número de estudiantes en la Institución Educativa Iberia, donde trabaja Nancy, ha disminuido en los últimos cinco años, pasando de unos 3.600 a poco más de 3.000.
«Los que no han sido asesinados, han sido reclutados», cuenta la maestra. «Y los padres han dejado de matricular a sus hijos en la escuela porque es muy peligroso».
En 2016, el gobierno y el mayor grupo guerrillero del país en ese momento, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firmaron un acuerdo de paz. Pero en regiones como esta a duras penas se percibe dicho acuerdo, porque la violencia sigue siendo una realidad cotidiana para muchas personas.
Las autoridades de Tumaco, por ejemplo, dicen que un antiguo frente de las FARC ha estado reclutando activamente en las comunidades marginadas de la región. Y no solo van tras los menores. Arboleda dice que ocho maestros han huido debido a amenazas de muerte.
«No vienen solo por los niños», dice. «También vienen por nosotros».
Una estrategia deliberada
El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia no es errático ni oportunista. Es calculado, el resultado de un plan de crecimiento y expansión.
En los Llanos Orientales de Colombia, estudiantes y profesores denunciaron una estrategia de reclutamiento utilizada por disidentes de las FARC, quienes seducían a los jóvenes ofreciéndoles compañía. Una joven de 15 años llamada Marly cuenta que conoció a un chico de 17 años que la pretendió persistentemente.
«Él era nuevo en el colegio y había llegado para terminar sus estudios de noveno grado. Empezamos a conocernos más. Hablábamos mucho y empezamos a salir. Me gustaba mucho», recuerda.
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Marly dice que eran inseparables, pero seis meses más tarde ella se dio cuenta de que el joven tenía otras intenciones.
«Estábamos solos, me agarró del brazo y me dijo que tenía que irme con él. Me dijo que, si no me iba con él a la guerrilla, lo matarían», contó a los investigadores de InSight Crime.
Actualmente Marly vive en Bogotá, después de una milagrosa fuga.
«Tuve mucha suerte porque mi hermano nos vio pelear en la calle y fue a ayudarme. De lo contrario, ni siquiera sé si estaría viva para contarlo», dice, balanceándose de un lado a otro mientras habla con nosotros en su nuevo hogar, alejada de los problemas.
Los maestros del departamento del Meta tenían tanto temor de represalias por parte de las ex-FARC que hablaron con InSight Crime extraoficialmente; sin embargo, nos dijeron que los disidentes suelen obligar a los muchachos mayores a inducir a los más jóvenes a que se vinculen a la organización.
Por su parte, la Corporación Vínculos, organización no gubernamental que trabaja con menores que han sido reclutados en el Meta, dice que los jóvenes de mayor edad reciben pagos por cada nuevo recluta que logran secuestrar o convencer para que se vincule a la estructura armada, y que son amenazados de muerte si fracasan. Los maestros dicen que frente a esto se sienten impotentes.
Presas fáciles
Los profesores entrevistados por InSight Crime dicen que se sienten indefensos frente al reclutamiento forzado. En Colombia, más de 700 educadores recibieron amenazas de muerte en 2018, y diez fueron asesinados, según el principal sindicato docente del país. En muchos casos, afirma el sindicato, los maestros estaban tratando de proteger a sus estudiantes.
La rectora de una escuela en el departamento de Vaupés, al sur del país, quien habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad, dijo a InSight Crime que en 2017 se convirtió en objetivo directo de un grupo disidente de las FARC porque trató de proteger a los estudiantes del reclutamiento forzado.
«Los guerrilleros nos robaban el combustible, el internet e incluso nuestra comida. Pero cuando empezaron a venir por los muchachos, yo ya no podía permitir eso, entonces cerré la escuela y mandé a los niños para sus casas», cuenta.
La rectora alertó a las autoridades locales. Pero los ex-FARC la consideraron informante y le dieron 24 horas para que saliera de la ciudad, o de lo contrario sería asesinada.
«Aquello fue aterrador. Nosotros solo estamos tratando de proteger a los niños y darles educación. Pero al parecer a ellos no les importa. Solo les importa engrosar sus filas», afirma la rectora.
Secuestro y fuga
Para aumentar sus filas, los grupos armados utilizan también a niñas como Luisa, quien tenía 14 años cuando la conocimos. Dos años antes, ella y su hermana mayor, de 16 años, se estaban bañando en una quebrada junto a su escuela en Villa Gladys, departamento de Vaupés, cuando fueron secuestradas por exguerrilleros.
«Todo sucedió muy rápido. Más tarde ese mismo día ya estábamos camufladas y llevábamos un arma», cuenta con una sonrisa nerviosa que no logra ocultar la angustia en su rostro.
Luisa y su hermana permanecieron un mes en las filas de los disidentes. Inicialmente, fueron llevadas a un campamento en Miraflores, en el vecino departamento de Guaviare, donde les enseñaron a disparar armas y les dieron entrenamiento en explosivos.
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«Era la primera vez en mi vida que veía un arma. Nos enseñaron a disparar. Me puse a llorar», nos cuenta.
Después de cuatro semanas, Luisa y su hermana decidieron escapar. Amparadas en la oscuridad, se dieron a la fuga con otros niños que también habían sido secuestrados.
«Corrimos durante toda la noche, y los guerrilleros nos perseguían. Cruzamos un río nadando. Nos quitamos la ropa, las botas y todo», recuerda con la voz agrietada. «Los demás no lograron escapar porque no se quitaron las botas. Pero mi hermana y yo sí lo hicimos. Ellos fueron asesinados, y nosotras sobrevivimos”.
Programas frustrados
Muchos de los menores reclutados por la fuerza en Vaupés son sacados de sus escuelas, según cuentan funcionarios locales. La inmensa mayoría de los estudiantes de la región están en internados. Clara Santa Cruz, Exsecretaria Regional de Educación en Vaupés, dice que las escuelas se han convertido en sitios de caza para los exguerrilleros.
«Los niños están en grupos y alejados de sus padres. Quedan a la deriva en las tardes, después de que las clases terminan, y a veces no hay suficiente personal para cuidarlos. Son verdaderas presas fáciles», explica.
El gobierno colombiano ha sido acusado de ignorar el preocupante aumento del reclutamiento forzado, que está alcanzando los niveles previos a los acuerdos de paz en 2016. Pero los ministros niegan que estén de espaldas al asunto. Hablan de programas gubernamentales como el que lanzó la Primera Dama en Facebook el año pasado, denominado «Súmate por mí». Dicho programa pretende trabajar con comunidades vulnerables de todo el país para prevenir el reclutamiento y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Pero en algunas comunidades ha enfrentado dificultades precisamente porque es un programa gubernamental. Las autoridades de la localidad de Tame, departamento de Arauca, dijeron a InSight Crime que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha bloqueado el proyecto en varias escuelas rurales de la zona. De hecho, les han prohibido a los funcionarios de organizaciones no gubernamentales y a los empleados del gobierno que ingresen a varios barrios bajo control de la guerrilla.
* Mathew Charles es periodista e investigador independiente del Observatorio Colombiano de Crimen Organizado, de la Universidad del Rosario en Bogotá.