Mantener las cárceles a raya

Diego* ingresó a prisión pocos días después de que comenzara el régimen de excepción en El Salvador.

Estudiante universitario de 22 años, había ido a comprar unas tortillas al lado de su casa cuando agentes de policía lo interceptaron y lo llevaron a una celda de detención para comprobar sus antecedentes.  

Diego no tenía antecedentes penales. Tampoco tenía vínculos establecidos con grupos criminales. Nada de eso importó. A principios de 2022 se convirtió en uno de los miles de civiles arrojados al sistema penitenciario de El Salvador, notoriamente superpoblado.

Ese fue el comienzo de la histórica medida de mano dura de El Salvador contra sus pandillas más importantes, la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18. Bajo el rótulo de régimen de excepción, la medida comenzó a finales de marzo de 2022 por orden del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. 

Antes, el gobierno de Bukele había hecho pactos con las pandillas. Ahora les hacía la guerra. En los dos primeros meses del régimen de excepción, las autoridades detuvieron a más de 33.000 personas, al borde de duplicar la población carcelaria. En medio de ese frenesí, Diego fue arrastrado a la cárcel.

Como miles de personas, Diego y otros pronto se encontraron compartiendo espacio con las pandillas. Estas habían sido durante mucho tiempo las ocupantes más temibles de las cárceles del país, aprovechando su superioridad numérica para imponer normas estrictas entre rejas.

Sin embargo, bajo el régimen de excepción, no eran la principal preocupación de Diego.

“Ellos no fueron tan mala onda. Solo nos pedían seguir las reglas dentro de la bartolina”, dijo Diego.

Eran, más bien, los guardias de la prisión, a quienes Diego más temía. 

“Por cualquier razón te golpeaban (…) Todo el día y toda la noche se escuchaban los quejidos de las personas a las que golpeaban (…) perfectamente controlados”.

El relato de Diego era el espejo de los de varias otras personas encarceladas y posteriormente liberadas durante el estado de excepción, que en entrevistas con InSight Crime describieron el férreo control y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en las cárceles de El Salvador. 

De hecho, el Estado parece haber invertido los papeles en contra de los pandilleros encarcelados. Esto hace parte de un proceso que comenzó antes del régimen de excepción, pero que ahora parece estar impidiéndoles a las pandillas organizar una respuesta colectiva desde detrás de las rejas.

Cuánto tiempo podrá el gobierno mantener a raya a las pandillas es una de las principales incógnitas de cara al futuro. En el pasado, los intentos por acabarlas en El Salvador se vieron perjudicados precisamente porque sus líderes pudieron restablecer el mando y el control desde sus celdas. 

Esta vez, sin embargo, el gobierno está intentando volver a poner las cosas en su sitio, en parte empleando las medidas extremas que Diego nos describió.

Prisiones: Una respuesta débil

En el pasado, las pandillas de El Salvador aprovecharon el grave hacinamiento y la escasa seguridad del sistema penitenciario del país para utilizar las cárceles como centros de operaciones, que incluían la coordinación de las extorsiones, el reclutamiento y el ejercicio de la disciplina sobre sus miembros. La incorporación de más de 77.000 nuevos detenidos durante el régimen de excepción ha abarrotado aún más las prisiones, aunque al menos 7.000 personas habían sido excarceladas a mediados de agosto, según funcionarios del gobierno.

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La población carcelaria total supera ya los 105.000 reclusos, alrededor del 1,7% de la población del país. La capacidad total del sistema penitenciario de El Salvador se estimaba en algo más de 27.000 reclusos a finales de 2020. La capacidad ha aumentado tras la construcción de una cárcel con capacidad para 5.000 reclusos en 2021 y la finalización de una mega cárcel en 2022 con capacidad para 40.000 presos, según estimaciones del gobierno. Informes de prensa sugieren que la capacidad de la mega cárcel podría estar más cerca de los 20.000. 

A pesar de estos nuevos espacios, las cárceles salvadoreñas siguen estando gravemente hacinadas, posiblemente operando al doble de su capacidad. Esto ha suscitado la preocupación de que las pandillas puedan reagruparse en las cárceles o buscar reclutas entre los civiles atrapados en las detenciones.

De momento, no parece que esto vaya a ocurrir, en parte debido a las extremas medidas que se han tomado para controlar a los reclusos. Relatos como el de Diego —además de muchos otros escuchados por InSight Crime en el transcurso de este estudio— sugieren que las autoridades penitenciarias mantienen un control casi absoluto entre rejas y someten a los presos a palizas y tormentos psicológicos. Hasta abril de 2023, la organización de derechos humanos Cristosal documentó 153 muertes en el sistema penitenciario. En un informe publicado en mayo, la organización afirmó que ninguna de estas personas había sido condenada por un delito y que muchos de los que murieron fueron enterrados en “fosas comunes”.

Sin embargo, hay algunos casos de miembros de pandillas que utilizan su influencia para obtener beneficios e imponer normas a otros reclusos. Diego dijo a InSight Crime que los miembros encarcelados de la MS13 y Barrio 18 designaban a dos líderes de celda, uno de cada pandilla, para resolver los problemas cotidianos y establecer normas para sus compañeros de celda. Esto incluye conceder permiso para usar el baño o la ducha, y controlar la distribución de agua potable y alimentos. Incumplir estas normas se traducía en una paliza, represalia habitual en las pandillas. 

También dijo que podían conseguir privilegios como dormir en una litera o ducharse antes que los demás. Esta dinámica no parece ser uniforme; otros detenidos durante el régimen de excepción dijeron que no se habían encontrado con pandilleros en sus celdas.

InSight Crime no encontró pruebas de una respuesta coordinada o violenta de las pandillas a la autoridad estatal en las cárceles. La comunicación entre los miembros de las pandillas encarcelados y la calle se había cortado en gran medida incluso antes de que comenzara el régimen de excepción. Miembros de ambas pandillas están ahora mezclados en las mismas celdas, según tres personas entrevistadas por InSight Crime que estuvieron detenidas y luego fueron puestas en libertad. La comunicación entre las células parece estar muy limitada, lo que dificulta cualquier esfuerzo por coordinar la actividad de las pandillas.

Ha habido múltiples informes de abusos a presos —incluidas electrocuciones—, malnutrición y muertes como consecuencia del hacinamiento y las agresiones del Estado durante el régimen de excepción. A pesar de las violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos, los métodos de sometimiento extremos parecen haber obligado a las pandillas a adoptar un modo de supervivencia y pueden haber obstaculizado su capacidad de comunicación entre las células, el acceso a las armas y la formulación de posibles estrategias para reagruparse o tomar represalias.

Comunicación y jerarquía de las pandillas

 El régimen de excepción parece haber limitado la capacidad de las pandillas para comunicarse y transmitir órdenes entre sus filas.

Antes del régimen de excepción, los principales líderes de la MS13 y el Barrio 18 habían entablado negociaciones clandestinas con el gobierno de Bukele. Los líderes de las pandillas demostraron que podían influir en las bases ordenando a sus subordinados que cesaran los asesinatos. También hicieron lo contrario, ordenando a los miembros en las calles que desencadenaran una oleada de asesinatos como moneda de cambio en las negociaciones o que asesinaran a los miembros que no se adhirieran a las instrucciones de sus líderes.

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Pero el colapso casi total de las pandillas tras el inicio del régimen de excepción puede indicar una ruptura en la comunicación entre los líderes de las pandillas encarcelados y los miembros de menor rango o los líderes callejeros. Por ejemplo, un miembro activo de una pandilla, que se escondió cuando comenzó el régimen de excepción, declaró a InSight Crime que había perdido la comunicación con otras células y que había tirado su teléfono para evitar que las autoridades lo intervinieran. 

La misma fuente añadió que, en anteriores ofensivas, la pandilla pasaba desapercibida antes de restablecer gradualmente el contacto. Pero, según él, la rapidez de las detenciones en virtud del régimen de excepción les dejó muy poco tiempo para establecer nuevas redes de comunicación.

Las restricciones existentes a la comunicación y las visitas para los miembros de pandillas encarcelados se han endurecido durante el régimen de excepción. Fuentes de la sociedad civil dijeron a InSight Crime que ni siquiera los abogados defensores pueden visitar a sus clientes. 

Los miembros de las bandas fuera de la cárcel también dijeron a InSight Crime que habían perdido el contacto con los miembros encarcelados.

“Definitivamente la comunicación con los penales está anulada”, dijo a InSight Crime un miembro semi-retirado de la MS13 que huyó a México.

Las comunicaciones internacionales también parecen haberse cortado. Antes del régimen de excepción, existía una línea de comunicación directa entre los miembros de las pandillas en las cárceles estadounidenses y la MS13 en El Salvador. Sin embargo, un funcionario de prisiones estadounidense dijo a InSight Crime que los miembros encarcelados de la MS13 ya no recibían comunicación de los líderes de la pandilla en El Salvador. Sin su liderazgo en El Salvador, añadió la fuente, la pandilla carece de dirección.

*El nombre de Diego ha sido modificado para preservar su anonimato.

*Con contribuciones de Steven Dudley, Carlos García, César Fagoaga, Bryan Avelar, Roberto Valencia y Juan José Martínez d’Aubuisson.