Élites y crimen organizado: Marco conceptual – Élites

El proyecto de InSight Crime define élites como: Grupos específicos con una posición privilegiada que les permite dirigir, influir y/o controlar aspectos de la organización social, tales como las relaciones y expresiones políticas, económicas, sociales y culturales.

Nosotros basamos esta definición en tres conceptos teóricos. El primero viene de Goran Therborn; él toma una posición de lo que llama la “clase dominante”, o en su defecto, una alianza de clases dominantes que es amplia en su poder y su alcance, ya que parte de la idea de que todo Estado tiene un carácter de clase y toda sociedad, una clase dominante, y que es dominante porque tiene poder hegemónico al menos sobre tres aspectos: los económicos, los políticos (materializados en el Estado) y los ideológicos¹. Para Therborn la clase dominante no necesariamente se encuentra instalada dentro del Estado, si no que sus acciones y su poder (intervenciones) son de tal naturaleza que influyen las acciones y políticas estatales en su propio beneficio. Ahora bien, su perspectiva parte de la base de que una clase dominante no es homogénea; a veces está fraccionada. Se trata de una clase dominante con intereses diversos. Therborn reconoce que el poder de la clase dominante no solamente se basa en el aspecto económico, sino también en lo político y lo ideológico, y que hace uso de esos recursos para legitimarse ante la sociedad e intervenir en el Estado, ya sea desde dentro o desde fuera. De esta manera, aunque reconoce la fuerte determinación de las relaciones económicas en la constitución de la clase dominante, también le atribuye una importante significación a los aspectos políticos e ideológicos.

Esta es la primera de una serie de varias partes que estudia la relación entre élites y crimen organizado. Descargue la introducción completa (PDF). Vea las otras partes de la serie aquí.

El segundo concepto que nos dio una base de entendimiento sobre élite viene de Gaetano Mosca, quien interpreta las élites como la “clase dirigente” o “clase política”, que es aquella compuesta por una minoría de personas que dirigen lo que Mosca denomina “la cosa pública”, y que desempeñan todas las funciones políticas, monopolizan el poder y disfrutan de sus ventajas. Esta clase se constituye a partir de un grupo minoritario de personas con cualidades que las distinguen de la masa de gobernados y que les dan superioridad material, intelectual e incluso, moral. Analizando el proceso histórico de constitución de la clase dirigente, Mosca identifica entre sus integrantes a: los líderes políticos, militares, propietarios de la riqueza, jerarquías religiosas y alta burocracia estatal².  Para Mosca, la clase política tiene la tendencia a constituirse en hereditaria de hecho o de derecho, adquiere espíritu de cuerpo, exclusivismo y aprende a adquirir las calidades y actitudes para conseguir el poder y para conservarlo. Pero cuando se producen cambios importantes en alguno de los ámbitos de la sociedad, también la clase dirigente cambia, ya sea para renovarse o para dar lugar a una nueva clase dirigente. Si bien reconoce que la distinción entre gobernantes y gobernados no resulta novedosa, permite ubicar la “clase dominante” a través del control real y efectivo del Estado. 

Mosca amplía y establece que “las minorías gobernantes están constituidas por individuos que se distinguen de la masa de gobernados por determinadas cualidades que les otorgan cierta superioridad material e intelectual. La posición social, la tradición familiar y los etos de clase determinan y condicionan el carácter de los hombres, además de ciertas bases culturales que explican la superioridad de la clase política³.

El tercer concepto en el cual basamos nuestro entendimiento sobre élites viene de C. Wright Mills, quien a partir de un análisis histórico de la constitución de las élites en Estados Unidos, identifica grupos claves en diferentes épocas⁴. En plena etapa de posguerra después de la segunda guerra mundial, argumenta que se ha producido un proceso de infiltración del poder político tanto por parte de los “caudillos corporativos” así como de los “señores de la guerra” hasta llegar a constituir una élite compuesta tanto por políticos, militares y capitalistas que toman decisiones conjuntas, a excepción de ciertas coyunturas en las cuales prevalecen los intereses y las decisiones vinculados con uno de estos grupos.

Además, para Mills la élite no es homogénea. En una clara discusión con Mosca, Mills argumenta que los integrantes de la élite tienen en común su origen y educación, pero que su procedencia de clase no necesariamente significa que representan solamente los intereses de esa clase y que detrás del concepto de clase dirigente se encuentra la idea de una clase económica que ejerce la dirección política⁵. Mills argumenta que el concepto de “clase dirigente” de Mosca no es apropiado, porque el término clase alude a una posición de poder económico, pero que las élites no siempre están conformadas por gente con poder económico. Tal es el caso de las élites políticas y las élites burocráticas estatales.

La necesidad de adecuar las aproximaciones teóricas

En términos generales, la literatura sobre élites ofrece una visión restringida sobre su configuración, porque se enfoca en los niveles políticos y económicos, sus relaciones con el mercado y el Estado en función de adquirir poder o los conflictos por el control del Estado y el mercado. La evidencia empírica, a través del estudio de casos en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Colombia, refuerza nuestro enfoque sobre la existencia de diversas élites, así como fracciones de élites, y la realidad en los últimos 30 años se ha visto dibujada por conflictos elitistas que han conducido a cierta dispersión del poder.

Sin embargo, contrario a la idea de que la dispersión del poder y la autoridad entre diversas élites genera un equilibrio de poderes propio de sociedades democráticas, que neutraliza tensiones y reconcilia intereses entre grupos elitistas,⁶ en Centroamérica más bien la multiplicidad de intereses que se generan entre las diversas élites provoca tensiones y, cuando corresponde, alianzas ad hoc —legítimas e ilegítimas— para controlar Estados que no son transparentes en la gestión pública y que son claves para la preservación de sus intereses como élites: económicos, políticos y de dominación o control social.

Es por eso que sentimos la necesidad de descomponer las piezas y entender cómo funcionan las élites dentro de las sociedades y los Estados. Aceptamos que hay una definición general de élite que nos lleva a la idea de que son aquellas que están influenciando la dirección o las dinámicas de la vida de la comunidad, en términos políticos, sociales y económicos, pero para nuestro enfoque asumimos que dichas élites provienen de una multiplicidad de actores, incluyendo actores gubernamentales y no gubernamentales, sectores económicos y militares, organizaciones comunitarias y políticas.

En este sentido, y a partir de lo desarrollado en los párrafos precedentes, es importante precisar al menos tres situaciones en relación con la configuración de las élites y la forma en que suelen manifestar e imponer sus intereses. 

La  primera es que el control político de las clases dominantes o las élites puede devenir en Estados fuertes o débiles, y sobre la base de la fortaleza o la debilidad de estos es que los grupos criminales encuentran espacios para sus actividades delictivas. En otras palabras, las élites marcan la pauta para la creación del Estado de derecho, el sistema de justicia, el sistema tributario, las fuerzas de seguridad y otros aspectos que pueden frenar las actividades del crimen organizado. El problema es que cuando se hace una aproximación a las élites centroamericanas, por ejemplo, es notable la falta de incentivos que tienen para crear instituciones fuertes, porque así podrían tener límites a la construcción de sus propios imperios que, no pocas veces, son sostenidos a través de arreglos ilícitos.  

El segundo elemento es que la introducción de una élite militar (o burocrática) resulta clave como variable de estudio dado la importancia de ese grupo de poder en la historia latinoamericana y su rol en el desarrollo tanto del estado como del crimen organizado. La evidencia recogida en Guatemala, Colombia y Honduras demuestra que no podría entenderse la dinámica de la criminalidad organizada sin poner atención al rol de las fuerzas armadas en los últimos 50 años.

La aproximación de Mills nos facilita asumir el concepto de “élites de poder”, que empíricamente permite identificar a grupos que tienen y ejercen el poder a partir de diferentes capitales: económicos, políticos, simbólicos, etc. Esto debido a que las sociedades son complejas y por agregación las élites también tienen intereses que se contraponen o que usualmente se enfrentan entre sí. El elemento clave de análisis es que los espacios de ejercicio del poder son dispersos y que las élites son diversas.

Nuestro trabajo parte de la idea de que hay una pluralidad de élites, que no solo se disputan el control del Estado y el mercado, sino que también influencian la vida de las comunidades donde ellas viven. Compartimos la perspectiva promulgada de que el término (élite) se refiere a grupos diferenciados dentro de una sociedad que gozan de un estatus privilegiado y ejercen un control decisivo sobre la organización de la sociedad, aunque la acepción élite sugiere una posición de poder, que no requiere ni la riqueza ni un título oficial especial⁷. Desde esta perspectiva, desglosamos estas élites en económicas, políticas y sociales. También introdujimos el concepto de élites burocráticas por el rol que ciertos “burócratas” tienen dentro del Estado por los recursos y el poder que disponen. Esas élites burocráticas han tenido un papel fundamental en el éxito de las operaciones de las redes del crimen organizado, así que delinearlas y explorar su desarrollo y alcance ha sido de suma importancia para el proyecto.

Las élites, su perfil y sus medios para el ejercicio del poder 

Tomamos como base que una de las características tradicionales de las élites económicas es que manejan los medios de producción y ejercen una fuerte influencia sobre el mercado laboral y el consumo. Su base de poder es el capital económico que han acumulado, el cual usan para ejercer poder no solo en los círculos económicos, sino también en los políticos y sociales. Este capital económico incluye tierras o propiedades, recursos naturales o financieros. Ellos están comprometidos también en influir en la opinión pública para que ésta se ajuste a sus intereses económicos y esto lo hacen usualmente por medio de oligopolios que concentran la propiedad de los medios de comunicación radiales, escritos y televisados más importantes de sus países.

Por su parte, las élites políticas están conectadas con los partidos y movimientos políticos, y buscan usar sus conexiones políticas para ampliar su hegemonía sobre las comunidades, es decir, las élites políticas usan los recursos del Estado o las conexiones con el Estado y los partidos políticos para jugar un rol preponderante y de dominación en la vida de las comunidades en que habitan. Esta élite política no tiene que mantener una posición política para ejercer su influencia. Puede ser un jefe de partido, un asesor o una persona que hace “lobby” con los partidos políticos para asegurar que los intereses de dichas élites estén alineados con los grupos de poder económico. Sin embargo, para los fines de esta iniciativa hemos limitado el alcance de las élites políticas a quienes operan a través de la estructura de partidos políticos. Esto también nos ayuda a comprender la operatividad del alcance de las élites burocráticas y especificar el rol que éstas tienen en la sostenibilidad y el éxito del crimen organizado.

A las élites sociales las entendemos como aquellos actores con liderazgo y habilidad para dirigir la comunidad o la región, proporcionando ideas fuertes con capacidad para promover y movilizar esas ideas. Se puede tratar de líderes comunitarios y religiosos, artistas o intelectuales. Esta élite no tiene necesariamente poder económico o político para ejercer influencia, pero puede obtener ambos en el proceso y puede disponer también del activo sobre el conocimiento técnico de la estructura y los procedimientos del Estado. No se constituyen como élite porque ganan una posición en procesos electorales. Su constitución como élites se gana por la credibilidad, la legitimidad, el discurso y actuando de una manera que genera confianza o apoyo en la comunidad. Éstas son características fundamentales al momento de entender la configuración de los poderes locales en comunidades multiétnicas, como en Guatemala, y autonómicas, pero también multiétnicas, como en Nicaragua.

La élite burocrática se refiere a un grupo específico, instalado en el aparato del Estado, con poder y capacidad para la toma de decisiones. Operativamente estas élites podrían lograr una autonomía relativa respecto a las élites económicas y políticas y organizarse a partir de sus recursos y sus intereses propios. Su importancia y poder radican en la hegemonía que tienen sobre los recursos estatales, sus procedimientos y su capacidad técnica y de dirección; incluyen el estamento policial y en mucha mayor medida el militar. El nivel de diferenciación y complejidad de las funciones de una sociedad se puede observar tanto en el grado de desarrollo y especialización del Estado como en el de sus actividades económicas. De allí que, tal como afirman Max Weber y Mills, en el Estado se va conformando un grupo de personas con un nivel de especialización tal que dan vida a una burocracia estatal que adquiere poder en la medida en que crecen su nivel de especialización y sus facultades para tomar decisiones⁸. Esta burocracia crea, a su vez, élites burocráticas con poder sobre los recursos del Estado, incluidos los recursos políticos. Mills y Mosca explican cómo se produjo la constitución de esta burocracia y se incorporó a las élites de poder en Estados Unidos y Europa, respectivamente, mediante procesos de largo plazo en los que las élites burocráticas fueron entretejiendo sus relaciones y vínculos con las élites económicas y políticas hasta llegar a ser parte de ellas⁹. Vemos lo mismo en algunos de nuestros casos de estudio, sin obviar que en los casos de los países centroamericanos las posibilidades de autonomía de las élites burocráticas respecto a las económicas y políticas son marginales por la carencia de procesos meritocráticos en la designación de los cuadros superiores e intermedios en la institucionalidad de los Estados.

Desde luego, hay una cierta mezcla entre estos grupos; una consecuencia inevitable de vivir en sociedades complejas, en las cuales hay movilidad social y política, y, en menor medida, económica. Sin embargo, creemos que es fundamental distinguir entre las influencias, que cada uno de los grupos tiene, para que podamos entender mejor dónde, porqué y cómo el crimen organizado se cruza con estas élites. Por eso, comprender las intersecciones del crimen organizado con las élites puede ayudarnos a entender la base sobre la cual este fenómeno criminal surge, se desarrolla y sobrevive. Como se reseñó en las páginas anteriores, los intereses de las élites son diversos y la disputa y permanencia en el poder les permite promover estos intereses de varias formas. Esto incluye mantener y aprovechar Estados débiles para posicionar los intereses de grupos del crimen organizado, mediante el asocio con esos grupos y el sabotaje de reformas estatales que podrían limitar la penetración de los intereses criminales en el Estado.

Esta aproximación se fundamenta también en las premisas de que las élites son dinámicas; se relacionan e interactúan entre sí dependiendo de sus intereses y la correlación de fuerza en que se van posicionando, y que en ese entramado además interactúan con grupos criminales que son quienes manejan las relaciones con las élites legales. 

Estado vulnerable, élites del poder y corrupción

Para entender la perspectiva planteada en la iniciativa sobre “Élites y crimen organizado” debe ponerse en contexto el rol de las élites centroamericanas en el Estado. Esto significa comprender que para las élites centroamericanas ha sido fundamental generar un sistema de interacciones que les asegure el control del Estado y sus instituciones, con la perspectiva de perpetuar o al menos extender sus privilegios como grupos de poder. Operativamente es a través del Estado que las élites controlan sus prerrogativas, pero también instrumentalizan el Estado para “vender protección” a redes criminales, dedicadas al narcotráfico o al desfalco de los recursos públicos. Esto se da en un escenario no exento de conflictos inter elitarios en el que predomina el tráfico de influencias, la corrupción y la impunidad. Ese es un tema sensible al momento de poner en perspectiva la situación de gobernabilidad en Centroamérica y Colombia, y de ahí la vulnerabilidad y fragilidad de los Estados y sus instituciones a partir de la relación y el rejuego de las redes criminales con sus élites en un ambiente de corrupción e impunidad endémicas.

Al respecto, el Índice de Percepción de Corrupción (IPC), de la organización Transparencia Internacional, que asigna una puntuación y clasifica los países según las percepciones del grado de corrupción que existe en su sector público, en su informe de 2012 clasificó a Honduras en el lugar número 133 de 175 países evaluados, el peor de Centroamérica y el cuarto menos transparente de todo el hemisferio. Nicaragua (130) y Guatemala (113) se contaron también dentro de los peores evaluados de Centroamérica, mientras Guatemala, el mejor evaluado de los tres países, se ubicaba a tan solo veinte puntos de Somalia, el país menos transparente del planeta según el índice, y a casi 70 puntos de distancia de Dinamarca, el más transparente¹⁰. En el índice 2014, aunque Honduras presentó una leve mejoría (126) siguió ubicada junto con Nicaragua (133) y Guatemala (115) entre los menos transparentes de Centroamérica, y solo por delante de Paraguay (150), Haití (161) y Venezuela (161), en todo el hemisferio occidental¹¹. 

En términos de la exposición de estos gobiernos a bajos niveles de transparencia, el informe de 2013 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) fue enfático en indicar que precisamente los traficantes aprovechan la debilidad de las instituciones de gobierno para establecer nuevas rutas de tránsito y financiar la corrupción con las ganancias obtenidas de sus actividades ilícitas¹². El informe de Naciones Unidas sobre el narcotráfico en Centroamérica interpretó que aunque el tráfico de drogas ha afectado a la región centroamericana por medio de la violencia, la inestabilidad de la región está arraigada en instituciones frágiles que han terminado alentando la presencia de actores no estatales¹³. Se trata de actores no estatales que —coludidos con élites empresariales y políticas, así como con altos funcionarios civiles y militares— han logrado poner en marcha sofisticadas operaciones criminales que aprovechan el ambiente de corrupción e impunidad.

La fragilidad institucional les garantiza a las élites que perduren las zonas grises en las que operan todo tipo de negocios ilícitos o dinámicas orientadas a que se perpetúen sus intereses. En términos prácticos, las élites buscan controlar la gestión de las políticas públicas y cuando es necesario y conveniente minimizar las intervenciones que buscan abrir el Estado al escrutinio público y la rendición de cuentas. Así, el Estado es menos guardián y generador del interés común y más un instrumento de grupos privados con intereses particulares. La filtración y el rejuego de las élites con el crimen organizado crece básicamente en proporción a la incapacidad del Estado para habilitar procesos de fomento de la transparencia y la rendición de cuentas. En palabras de Joaquín Villalobos, la debilidad del Estado facilita que pequeñas bandas se agrupen y jerarquicen hasta convertirse en grandes organizaciones criminales que terminan cooptando las instituciones. Como resultado, la debilidad del Estado provoca la emergencia de poderes alternativos e ilícitos que llenan el vacío de poder y de regulación¹⁴.   

En Guatemala, las élites —con todo y sus procesos de modernización para adaptarse e insertarse a los procesos económicos globales— siguen siendo actores centrales en la política guatemalteca, ya que su poder económico se basa en su formidable capacidad para controlar las instancias y sujetos políticos del Estado. De hecho, y sin ambages, el presidente Óscar Berger (2004-2008) al inicio de su gestión y en un acto de afirmación de identidad y proyecto definió su mandato presidencial como “Gobierno de los empresarios”. Para asegurarse el control del Estado, emplean diversos mecanismos formales e informales cuidándose de proyectar el ideario de una élite moderna que está en sintonía con la agenda de los mercados abiertos y la democracia liberal, tratando de preservar sus raíces o legado oligárquico. Pero las relaciones de poder, que manifiestan las élites respecto al Estado guatemalteco, no se pueden entender sin referirnos al desempeño de las fuerzas de seguridad en la destrucción del Estado y la fragilidad del mismo como resultado de los requerimientos de las élites para configurarlo como un instrumento consistente con sus intereses.

En cada administración de gobierno, los empresarios, convertidos en grupos de presión (familiares, gremiales) buscan como premisa asegurarse las políticas de protección y ventajas en la apertura de oportunidades de negocios. Lo hacen financiando campañas electorales para luego tener derecho de picaporte con las más altas autoridades. Y también mediante la selección entre sus ejecutivos y líderes gremiales de quienes los representarán en las carteras ministeriales del área económica y financiera del gobierno central.

En Nicaragua, el tema de la configuración de las élites debe verse en la historia reciente a partir de una composición mixta, interconectados entre sí, ya sea por vínculos económicos, políticos o sociales, y con un claro interés de ocupar el Estado, aprovechar sus recursos para consolidarse y dispuestos a cometer actos de corrupción. Para poder operar, estas élites del poder han reforzado la existencia de un Estado con amplias “zonas grises”, es decir, funciones y áreas con muy poca o ninguna regulación y control, de tal manera que presentan condiciones de alto riesgo para cometer actos de corrupción. Estas zonas grises permiten que funcionarios estatales hagan uso de los recursos estatales, ya sean éstos económicos, materiales, institucionales o políticos para beneficiarse personalmente o a los grupos de poder a los que pertenecen sin que ello tenga como consecuencia sanciones para los involucrados.

Tras 17 años de gobiernos de derecha y de vocación neoliberal, en 2007 Daniel Ortega asumió nuevamente la presidencia del país. Esto implicó el fortalecimiento económico de la élite política reunida alrededor de Ortega, su grupo familiar y lo que se puede denominar los empresarios de su partido político, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)¹⁵. 

Esto, en términos de la reconfiguración de las élites y de la gestión del Estado ha implicado: a) la construcción de alianzas con otros grupos para insertarse en los principales ejes de la economía nacional, tales como los grandes empresarios agroexportadores, inversionistas extranjeros principalmente del sector de las telecomunicaciones y el turismo, empresarios del sector financiero, y el alto mando militar; y b) la “colonización” de todos los espacios de poder estatales, de tal manera que controlan la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el órgano electoral, los gobiernos locales (municipales y regionales) y los órganos del sistema de control de la administración pública sin dejar de mencionar el control férreo sobre la institución policial y el estamento militar.  La fortaleza de esta élite que se aglutina alrededor del presidente Daniel Ortega se ha incrementado desde el 2007 y ha logrado imponerse a las demás facciones en competencia por el poder a través de procesos privados de negociación entre élites, el establecimiento de alianzas económicas o la eliminación de sus expresiones políticas partidarias para que no puedan competir electoralmente.

La configuración de las élites en Honduras hay que entenderla a partir del modelo de producción que a inicios del siglo XX privilegió una economía de enclave, dominada por empresas multinacionales, y luego por su capacidad para orientarse como élites hacia el control del sector servicios, la banca, los medios de comunicación y las telecomunicaciones.

El efecto de una presencia multinacional tan grande se complementó con los cambios económicos introducidos por inmigrantes de Medio Oriente y Europa Oriental. Esas familias contribuyeron a abrir el panorama económico de Honduras con grandes inversiones en la banca, la industria, los medios de comunicación y otras áreas. Al hacerlo, ganaron influencia en la política por medio de las principales organizaciones políticas: el Partido Nacional y el Partido Liberal. En términos históricos, la política había sido de dominio exclusivo de las élites tradicionales del país, y su poder se derivaba del control de la tierra, el ganado, la minería, las exportaciones de café y los cargos en el gobierno. Los rostros de la élite, ya sean los tradicionales o los llegados más recientemente, son conocidos del público por las páginas sociales de los periódicos y por su participación en las juntas de las organizaciones del sector privado. Las élites tradicionales también han apuntalado su importancia en un mundo moderno con una mayor presencia en la política.

El otro elemento que caracteriza el sistema de élites hondureñas es que no son élites homogéneas. No son extrañas las contradicciones, confrontaciones y luchas, sobre todo cuando se trata del control del Estado. Esto porque a lo largo de la historia de Honduras, el Estado ha sido una fuente de protección jurídica y física para sus intereses. El control del Estado les garantiza sus “reglas del juego” y por eso las disputas se contextualizan en la capacidad que tenga una élite sobre la otra de obtener ventaja a través de la manipulación de la administración pública y del poder político.

En su expresión más visible, las élites de todo tipo han utilizado a militares y miembros de la policía para proteger su propiedad y las empresas durante años. De ahí que dicha dependencia de las élites de las fuerzas de seguridad del Estado para la protección de sus empresas llevó a la aparición de los militares como un actor político y económico relevante.

Para terminar de entender la configuración de las élites hondureñas se debe también precisar el rol de las altas burocracias dentro del Estado. Éstas surgen de la política tradicional y gravitan alrededor de los centros de poder de los partidos políticos. Esta alta burocracia que calificaremos como la élite burocrática hondureña es una suerte de comodín: su valor depende de quién la tiene en sus manos y se vuelve clave para “completar el juego”. En sí misma no posee gran poder económico; sin embargo, sus redes y su base social, su carisma, destrezas, talentos y manejo de los asuntos electorales cuando corresponde constituyen un capital difícil de adquirir sólo con dinero. Estos activos colocan a esta élite en el sitio donde se toman las decisiones necesarias para servirse de las oportunidades de un Estado facilitador, y, cuando los momentos son los adecuados, perpetúan el patrón burocrático de acumulación de capital entretejiendo todo tipo de alianzas con las élites económicas y militares y, cuando es preciso, con redes criminales.

Las elites de Colombia tienen más en común con los de Guatemala que en el resto de Centroamérica. Durante décadas, se concentraron la tierra y las industrias en sus manos, mientras que pagaba pocos impuestos y utilizaba a los militares en su beneficio. También concentraban su poder en la capital, Bogotá, donde se esforzaron por mantener el status quo mediante el control de las palancas políticas de poder y los dos partidos políticos del país, los Liberales y los Conservadores. Sin duda, en la periferia, había élites, pero fueron generalmente aislados del gobierno central y fueron en gran medida dejados solos para resolver sus propias disputas a su antojo.

La configuración de las élites en Colombia también fue forjada por la violencia. Cuando un político Liberal popular fue asesinado en Bogotá, en 1948, estalló una batalla a muerte entre las militancias de las principales partidos políticos. Cientos de miles de personas fueron asesinadas. Pero mientras que el pretexto de la lucha era política, el corazón de la lucha estaba a punto de la tierra y el control sobre los medios de producción. Con el tiempo, las dos partes finalmente encontraron un terreno común, crearon un pacto que repartió el poder y puso fin a las batallas entre ellos, pero a la vez abrió el camino para las insurgencias izquierdistas. La guerra de guerrillas dio a los dos partidos principales aún más causa en común. También fomentó el desarrollo de una élite burocrática, sobre todo dentro de la policía y los militares. Cuando surgió una economía ilícita vibrante, agregó otra capa importante para esta lucha que casi todos los secundarios (guerrillas, y élites políticas, económicas y burocráticas) trataron de utilizar para sus propios fines.