Con más de ocho millones de hectáreas en Colombia con licencia para proyectos mineros, el municipio de Anorí puede indicar lo que puede suceder en el resto del país si la relación entre la fiebre del oro y el conflicto se profundiza.
A lo largo del camino fangoso que conecta Anorí con el resto del mundo, es difícil ver una señal de los millones de dólares de ayuda inyectados en Antioquia, uno de los departamentos (provincia) de mayor importancia estratégica en Colombia. Almacenes y cabañas están marcadas con graffiti rojo informando a los residentes que los vehículos están “prohibidos” en los caminos entre las 8pm y la medianoche. Otros mensajes alaban al “Comandante Briceño“, un ex líder militar guerrillero; algunos están firmados “el Ejército Bolivariano de las FARC-EP”, como si la identidad de sus autores no fuera ya clara.
Es más fácil detectar la fuente de riqueza que sostiene el Frente 36, la unidad de las FARC que actualmente tiene cercado a Anorí. A lo largo de los cauces de los ríos, retroexcavadoras mecánicas empujan enormes pilas de arena junto a las piscinas de agua sucia. Durante los meses más secos del verano, cientos de hombres y mujeres con sombreros de paja y toallas sobre sus hombros esperan al lado de las minas a cielo abierto hasta que sea su turno de acercarse al agua. Anorí es un centro para la minería de oro y muchos de estos mineros artesanales se han mantenido a sí mismos por generaciones con los enormes depósitos de oro del río. Y ahora, más que nunca, esto está apoyando a los grupos guerrilleros en una nueva etapa de la larga guerra de Colombia.
La fiebre del Oro de las FARC
Con la reducción de la coca en Anorí, el Frente 36 se ha vuelto cada vez más dependiente de los impuestos extorsivos que cobran por cada retroexcavadora mecánica que trabaja en las minas de oro en su territorio. Este desplazamiento del tráfico de drogas a otras fuentes de financiación es representativo de una tendencia más grande vista en toda la región. Debido a que las organizaciones criminales enfrentan una mayor presión de las fuerzas de seguridad en el tráfico de drogas, su principal negocio, se han visto obligados a diversificar sus fuentes de ingresos con el fin de mejorar sus posibilidades de supervivencia.
Y gracias a los precios récord del oro en los mercados mundiales (la onza de oro ahora se vende a US$1.800, frente a US$700 en 2008), más mineros se están alejando del paneo de oro de bajo impacto, alguna vez practicado aquí, por una minería más mecanizada. Esto es más eficiente en la extracción del recurso, pero tiene un efecto devastador sobre el medio ambiente. Y más retroexcavadoras en la zona significan más ingresos para las FARC.
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En Anorí, el Frente 36 cobra unos 3 millones de pesos (unos US$1.600) por cada retroexcavadora que entra en su territorio, y luego alrededor de 1 millón pesos (unos US$530) al mes como mantenimiento. Los mineros que no pagan se enfrentan a que sus equipos sean destruidos. En una comunidad minera, los lugareños utilizan los restos quemados de maquinaria antigua como macetas o tendederos para la ropa.
El estimado de 40 máquinas trabajando en las minas de Anorí, representa una gran cantidad de dinero para el Frente 36. Sólo una mina de las docenas que hay en el municipio opera con un título legal, indicando el más grande desafío que enfrenta el gobierno de Colombia en su intento por “legalizar” el comercio minero y, en teoría, quitarle a las FARC estas ganancias.
Un municipio sitiado
Hay algunas señales de progreso en esta región, donde el oro, las guerrillas y las drogas han alimentado la violencia por décadas. La decimocuarta Brigada del ejército tiene tres puestos de control alrededor de Anorí, capital del municipio con el mismo nombre, a unos 150 kilómetros de Medellín, la capital de Antioquia. La ciudad también cuenta con una oficina de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), que apoya el reemplazo de la coca por granos de cacao; siendo la coca la materia prima para la fabricación de cocaína y alguna vez, el mayor cultivo comercial de la zona. Hace diez años, Antioquia cultivaba más de 10.000 hectáreas de coca, pero ahora ese número se ha reducido a cerca de 4.500, la mayoría de ellas todavía se encuentran en Anorí.
Pero los graffitis en las casas de afuera de la capital del distrito son sólo el signo más inocuo de que la influencia todavía está en poder del Frente 36 de las Farc, el grupo armado dominante en Anorí. Cerca de dos semanas después de que InSight Crime visitara el municipio y entrevistara al comandante de la policía local, este fue asesinado por una bomba ubicada en un costado de la carretera. Durante una visita previa de InSight Crime, era imposible llegar a Anorí por carretera debido a que el Frente 36 había bloqueado la carretera con un bus cargado de explosivos. Y tras otro viaje en 2010, otro jefe de la policía, que había sido entrevistado por InSight Crime, fue herido por un artefacto explosivo improvisado (IED, por sus siglas en inglés) y fue transferido de la zona.
El Frente 36 no es una unidad poderosa o bien entrenada, y se cree que tan sólo cuenta con 60 combatientes. Pero es emblemático de las Farc el creciente uso de tácticas de ataque y huida (hit-and-run), que han demostrado ser muy eficaces en la acumulación de bajas entre las fuerzas del gobierno. Cuando el frente lleva a cabo ataques, desde la siembra de artefactos explosivos improvisados hasta el bombardeo de torres eléctricas, lo hacen en grupos de no más de tres o cuatro personas. Llegar lo suficientemente cerca para arreglar la infraestructura destruida en estos ataques puede tomar semanas, debido a las minas antipersonales colocadas alrededor de las áreas afectadas. Un reciente ataque en Anorí dejó a todo el municipio sin electricidad durante la Navidad y Año Nuevo, y sólo se volvió a conectar el 9 de enero.
Para los 14 agentes de policía uniformados encargados de patrullar los cerca de 1.500 kilómetros cuadrados de Anorí, la capacidad de las FARC para matar y mutilar a tantos con tan pocos recursos está destruyendo la moral. Hay pocas patrullas presentes fuera de la capital municipal, y una mentalidad de asedio impregna el municipio.
Con la policía aventurándose rara vez en la zona rural, otros oficiales lo hacen incluso menos. Durante las elecciones municipales de octubre, sólo uno de los tres candidatos a la alcaldía de Anorí se molestó por hacer campaña en las zonas más pobres y rurales. Esto provocó a una serie de campañas negativas de sus rivales políticos, quienes dieron a entender que la única manera de viajar libremente a través de Anorí y de seguir siendo tan popular en la zona rural era si él era “el candidato de las FARC”. Ésta es la típica campaña negativa que los candidatos de izquierda en toda Colombia a menudo atraen.
En realidad, el Frente 36 mostró poco interés en la participación de reuniones políticas o en el patrocinio (o amenaza) de los candidatos durante la temporada de elecciones, en comparación con otros frentes que siguen siendo más activos políticamente. Pero el Frente 36 se mantiene muy involucrado en el tráfico de drogas, almacenando base de coca en cuevas de las montañas antes de venderla – aceptando sólo dinero en efectivo – a compradores que pueden incluir los grupos conocidos como las BACRIM, herederos de los antiguos rivales de las FARC, los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El frente también es representativo de otra tendencia encontrada en las FARC: su dependencia en la minería de oro, en lugar de la coca, como una fuente importante de ingresos.
La guerra contra la “minería ilegal”
La administración del Presidente Juan Manuel Santos ha priorizado la toma de medidas enérgicas contra la minería sin licencia, que el ministro de Minas y Energía ha dicho que debe ser combatida tan enérgicamente como el tráfico de drogas. Colombia tiene al menos 6.000 minas de pequeña escala, cada una de las cuales puede mantener a cientos de mineros que no están legalmente registrados en Ingeominas, la principal autoridad minera del gobierno.
Los mineros “ilegales” son personas o empresas que no han presentado un plan de trabajo minero o una evaluación de impacto ambiental con el gobierno. En 2010, el Congreso aprobó una serie de reformas para tratar de facilitar a los mineros la solicitud de licencias. Con la presentación de los recibos de las ventas de oro, formularios de impuestos o declaraciones de testigos, los mineros individuales podían probar que habían trabajado el mínimo legal de cinco años para tener derecho a una licencia.
Pero la autoridad minera Ingeominas se vio abrumada por el número de solicitudes y el proceso de legalización rápidamente cayó en un limbo. Las autoridades mineras en Anorí le dijeron a InSight Crime que sabían de sólo 20 personas que intentaron seguir con sus solicitudes de licencias pasadas las etapas iniciales.
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Mientras que el gobierno libra una batalla legislativa contra la minería sin licencia con una mano, se han desplegado las fuerzas de seguridad con la otra. En el primer tercio del 2011, la policía y los militares desactivaron 121 minas y detuvieron a más de 600 personas, según la Presidencia. Esto ha provocado disturbios y protestas generalizadas entre las comunidades mineras, incluidas aquellas concentradas en el norte de Antioquia.
Una pregunta regional
El gobierno sostiene que es necesario formalizar la minería con el fin de cortar una importante fuente de financiación para unidades de las FARC como el Frente 36. Este es el argumento principal relacionado con las preocupaciones de seguridad, aunque el gobierno ha citado otros efectos de la minería sin licencia – envenenamiento de los ríos por el mercurio y otros daños ambientales – como justificación para tomar medidas enérgicas contra la minería “ilegal”. La otra cuestión es que, a veces, las FARC se ubican en un territorio que se piensa que es el más rico en recursos sin explotar. En Anorí, el Frente 36 se ubica en los distritos que se cree que tienen el mayor número de minas aluviales a pequeña escala.
Los dirigentes mineros, a quienes InSight Crime ha entrevistado en Antioquia, argumentan que la política del gobierno tiene la intención de hacer imposible operar a los mineros sin licencia y de pequeña escala, con el fin de abrir el camino a los inversionistas multinacionales para comprar tierras. Otra crítica es que los mineros están siendo señalados de efectuar pagos de extorsión a las FARC, cuando en realidad la extorsión es un fenómeno generalizado; uno que también afecta a las empresas con licencia y a sus contratistas en las industrias minería o energética.
Estas cuestiones políticas en Colombia entran en juego con otras preocupaciones de la región, incluyendo a Perú y Ecuador, sobre la forma de equilibrar el desarrollo de proyectos mineros a gran escala, muchos operados por multinacionales, en medio de quejas de que dichas empresas amenazan la minería artesanal. En Colombia, el gobierno ha optado por enmarcar este tema, en parte como un problema de seguridad: debido a que las FARC hacen dinero extorsionando a los pequeños mineros, la lucha contra la minería sin licencia es una forma de luchar contra las FARC.
Como demuestra el caso de Anorí, remanentes de las FARC permanecen en muchos puestos de avanzada y siguen siendo capaces de hostigar al estado, a pesar de una década de esfuerzos para asegurar estas áreas. La fuente adicional de fondos de la minería del oro ha permitido a frentes de las Farc como el 36 a mantener su control en su territorio tradicional. Pero la decisión del gobierno de declarar la “guerra” contra la minería sin licencia puede ser igual de prolongada, y difícil de ganar, a la guerra contra las drogas.