En el momento en que una persona ingresa en el sistema penitenciario de Ecuador, se convierte en un recurso a explotar por el crimen organizado y los funcionarios corruptos en una economía criminal de dimensiones asombrosas. Ya sea un gánster curtido, un delincuente menor, o un civil que se enfrenta a sus primeros cargos, esta máquina se los traga.
Esta economía criminal fue creada por las fallas del Estado a la hora de prestar servicios y mantener el orden, y ampliada a una escala asombrosa por la concentración de la población reclusa en “mega cárceles”. Según los cálculos de InSight Crime, en su punto álgido ese negocio podría haber superado fácilmente los US$100 millones anuales. Sus beneficios financiaron un salto transformador en la fortaleza de las mafias carcelarias, al tiempo que incentivaron a los funcionarios corruptos a socavar cualquier intento genuino de reforma penitenciaria con el fin de proteger su negocio. Pero quienes han sufrido las consecuencias son normalmente los más pobres y vulnerables de Ecuador, no solo las propias personas privadas de libertad (PPL), sino también sus familias, muchas de las cuales se endeudan para mantener a sus seres queridos en prisión.
“La cárcel es un negocio. En cuanto llegas, empiezas a cobrar… La cárcel es una de las principales fuentes de ingresos que tiene la organización” –Comandante de Los Choneros
El siguiente modelo describe el negocio tal como era antes de la intervención militar de 2024, que interrumpió las operaciones, aunque ya hay indicios de que se está restableciendo. Para un desglose completo del negocio penitenciario en Ecuador, lea el informe de Insight Crime sobre el sistema penitenciario ecuatoriano aquí. Explore el resto de la investigación aquí.
Conceptos básicos
Los alimentos eran distribuidos por las bandas, que cogían lo que querían y se repartían el resto en función de quién había pagado una cuota semanal. A los que no podían pagar se les daba lo justo para evitar la muerte. A menudo, los presos no tenían elección a la hora de aceptar esta comida; simplemente se les distribuía y se les comunicaba el precio. En muchas prisiones, el mal funcionamiento del suministro de agua también hacía que los presos dependieran del agua embotellada, que las bandas vendían con grandes sobreprecios. Los productos básicos de higiene personal y limpieza se vendían del mismo modo, y a menudo se incluían en una especie de paquete que se pagaba semanalmente.
Vicios
Las bandas también facilitaban el acceso a los típicos vicios carcelarios: drogas, alcohol, tabaco, apuestas y sexo, entre otros. A veces, estos vicios confluían en fiestas privadas o incluso festivales para la población general.
Extorsión
En algunas prisiones, las PPLs tenían que pagar dinero por “protección”. Las bandas solían comunicarse directamente con sus familias y seres queridos para amenazarlos. A veces, enviaban vídeos de palizas, que incluían amenazas de matarlos si no se pagaba a las bandas. Los presos con recursos económicos o capital criminal para explotar se enfrentaban a menudo a palizas severas e incluso a la tortura.
Comunicaciones y visitas
En la mayoría de los centros penitenciarios, los sistemas de comunicación funcionaban esporádicamente o no funcionaban en absoluto, por lo que la mayoría de los reclusos pagaban por acceder a teléfonos celulares de contrabando. Si tenían suficiente dinero, pagaban por un teléfono de contrabando y luego por un paquete de datos semanal para llamadas e internet. Las visitas en persona podían suponer otro pago. Los que no utilizaban su cuota también vendían e intercambiaban las visitas.
El banco
Si los presos necesitaban dinero en efectivo dentro de las cárceles, podían obtenerlo en “el banco” a cambio de una comisión. La función principal del banco, sin embargo, era prestar dinero a los más necesitados o con problemas de drogadicción. Los tipos de interés eran elevados, lo que atrapaba a la gente en deudas cada vez mayores. Las mafias también imponían directamente deudas con altos intereses, a veces por pagos atrasados, pero otras veces simplemente eran inventadas por los líderes de las bandas para extorsionar a sus víctimas y conseguir más dinero.
Libertad condicional
Las PPLs tenían que pagar cientos de dólares por informes sobre su participación en programas de rehabilitación y las evaluaciones que requerían para solicitar la libertad condicional. También se vendían informes fraudulentos a quienes no habían asistido a ninguno de los programas. Una vez preparado su expediente, el preso tenía que sobornar a los funcionarios de la oficina central para que tramitaran su caso. En el caso de los que obtenían la libertad condicional, los funcionarios de libertad condicional a menudo cobraban por registrarlos cuando se presentaban, o aceptaban sobornos para registrarlos de todos modos cuando no lo hacían.
Traslados
Funcionarios corruptos se encargaban de aprobar los traslados entre centros, vendiendo de hecho el servicio, incluso a miembros de bandas que buscaban moverse entre prisiones con fines estratégicos. Un ex director de prisiones también identificó a funcionarios que utilizaban la amenaza de los traslados como chantaje, exigiendo pagos a cambio de no trasladar a los presos.
Contrabando
Policías y guardias corruptos hacían pasar el contrabando por los filtros de seguridad, que a menudo incluían cámaras, detectores de metales y escáneres. Ingresar artículos en grandes cantidades requería que los funcionarios desconectaran las cámaras y los escáneres o montaran apagones. En otros casos, las mafias ocultaban el contrabando en los grandes contenedores utilizados para introducir la comida de las PPLs, que no pasaban por los mismos controles de seguridad. La policía y los guardias también ayudaban a introducir personas, sobre todo esposas, novias y trabajadoras sexuales, que pasaban la noche e incluso días enteros dentro de las instalaciones.
Pequeños negocios
Las tiendas y negocios gestionados por los presos vendían productos de contrabando y productos obtenidos de los economatos mediante la compra de las cuotas no utilizadas a los reclusos sin fondos. En algunos casos, las cocinas mejoraban la comida casi incomible que se les proporcionaba o elaboraban sus propios platos a partir de alimentos de contrabando, todo ello vendido con increíbles sobreprecios. Las tiendas y comercios a veces eran propiedad de las mafias y estaban dirigidas por ellas. En otros casos, estaban gestionados con capital mafioso. En todos los casos, cualquier negocio independiente sólo podía operar con la autorización de las mafias y de las autoridades penitenciarias, lo que a menudo tenía un precio.
