Parte II: Pandillas, deportaciones y violencia en Centroamérica*

La evolución de las organizaciones criminales en Centroamérica se ha dado de manera diferente a como ocurrió en México. Las organizaciones más grandes se originaron en los años ochenta, cuando en gran parte de la región se presentaron guerras civiles. En muchos sentidos, estos conflictos sentaron las bases para la actual ola de violencia y actividad criminal.

El más famoso y sofisticado de estos grupos criminales está compuesto por guerrilleros que lucharon contra los gobiernos de Guatemala y El Salvador. En el caso de Honduras, un ejército contrarrevolucionario luchó contra el vecino gobierno sandinista de Nicaragua. Los grupos revolucionarios (que más tarde se hicieron criminales) operaban en lugares donde no había presencia del gobierno, como las zonas fronterizas remotas y las vastas selvas de la región. La provincia guatemalteca de Petén, por ejemplo, ocupa un tercio del territorio del país, y sin embargo tiene sólo el tres por ciento de la población y una reducida presencia estatal a lo largo de los 400 kilómetros (aproximadamente 250 millas) de frontera que comparte con México. La provincia hondureña de Gracias a Dios está prácticamente deshabitada, e incluso en la parte más desarrollada de la provincia, un trayecto de 40 kilómetros (aproximadamente 25 millas) en auto puede tardar seis horas [1].

Para poder operar en estas regiones, los grupos guerrilleros utilizaban redes ilegales y corredores de movilidad para obtener víveres, armas, uniformes y otros materiales necesarios para llevar a cabo una guerra contra el Estado. Algunos de estos corredores habían sido utilizados antes de la guerra. Por ejemplo, muchos habían sido utilizados para llevar productos más baratos y libres de impuestos —incluyendo elementos que no representaban una amenaza, como los productos lácteos— a los países del Triángulo del Norte, desde los países vecinos. Otros eran empleados para transportar drogas ilegales y otros productos ilícitos a través de la región en su camino hacia Estados Unidos. En los años ochenta, estos corredores empezaron a ser usados también como rutas para el tráfico de armas.

Al igual que en México, los núcleos de la mayoría de las redes de contrabando comenzaron como grupos familiares y de amigos. Localmente son conocidos como “transportistas“, por su papel en el transporte de bienes [2]. Actualmente, en algunos casos las redes se extienden desde Panamá hasta Guatemala. Todavía transportan todo tipo de productos, tanto legales como ilegales, al igual que inmigrantes. Algunos han comenzado negocios de transporte legales o empresas de otro tipo (por ejemplo, compañías pesqueras u hoteles) para camuflar sus actividades, y en general trabajan libremente con diversos actores criminales que buscan traficar mercancía ilegal.

Las guerras civiles centroamericanas contribuyeron a la eventual militarización de dichos grupos familiares. Durante las guerras civiles, los gobiernos del Triángulo del Norte robustecieron sus fuerzas armadas, policías y servicios de inteligencia. A medida que las fuerzas de seguridad crecieron en tamaño, con el tiempo comenzaron a ejercer control sobre las diferentes agencias gubernamentales. En algunos casos, su influencia sobre el gobierno fue absoluta, como ocurrió en los años ochenta en Guatemala, cuando los líderes militares asumieron la presidencia.

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No obstante, cuando la guerra terminó en Guatemala y El Salvador, esos gobiernos redujeron en gran medida el tamaño de sus fuerzas armadas y reemplazaron sus servicios de inteligencia. Oficiales y agentes que quedaron sin trabajo ofrecieron sus servicios a otros sectores del gobierno, o vendieron sus conocimientos al mundo del hampa o al sector privado. En Guatemala, por ejemplo, una vasta red de exagentes de inteligencia militar ahora negocia con pasaportes falsos, seguridad privada, armas y adopciones ilegales [3].

Al final de la guerra también quedó un gran número de guerrilleros desempleados. Algunos de los guerrilleros más sofisticados incursionaron en la política, pero otros lo hicieron en actividades ilegales como el secuestro, el tráfico de armas y, más recientemente, el tráfico de drogas. Su experiencia durante las guerras los había equipado con las herramientas y conocimientos necesarios para sobresalir en actividades ilegales. En El Salvador, por ejemplo, algunos miembros del Partido Comunista, que formaron la columna vertebral de una de las unidades guerrilleras más formidables del país, se involucraron en secuestros, tráfico de armas y robo de vehículos [4].

Por último, las guerras civiles desataron una corriente migratoria hacia el norte, que ha crecido en los últimos años y ha transformado a los países del Triángulo del Norte. Miles de inmigrantes y refugiados huyeron a Estados Unidos, estableciéndose en grandes ciudades como Los Ángeles. Al sentirse vulnerables ante otras pandillas de estas ciudades, algunos miembros de estos nuevos enclaves crearon sus propias pandillas. Al principio satisfacían las necesidades de protección y seguridad de la comunidad, pero las actividades de dichas pandillas se convirtieron rápidamente en acciones criminales, como el sicariato, la extorsión, la distribución local de drogas (microtráfico) y la prostitución.

El surgimiento de tales pandillas en los noventa coincidió con las iniciativas estatales y federales en Estados Unidos, que llevaron a extender los periodos de encarcelamiento para los miembros de pandillas y el aumento en las deportaciones de exconvictos [5]. El número de miembros de pandillas deportados aumentó rápidamente, al igual que el número de organizaciones transnacionales que operan en el Triángulo del Norte. En muchos casos, los pandilleros deportados buscaron replicar sus actividades en Centroamérica, donde encontraron reclutas dispuestos a engrosar las filas de sus organizaciones. Tras el fin de las guerras civiles, muchos jóvenes carecían de oportunidades de educación y hacían parte de familias disfuncionales. Adicionalmente, la rápida urbanización en la región dejó a muchas familias sin una sólida base económica o social. Las pandillas de jóvenes marginados ofrecían beneficios rápidos, un sentido de pertenencia y el fácil acceso a las armas y a combatientes experimentados para entrenar y armar a los jóvenes reclutas.

Las deportaciones aumentaron a comienzos de este siglo. Entre 2001 y 2010, Estados Unidos deportó a Centroamérica a 129.726 delincuentes condenados, más del 90 por ciento de los cuales fueron enviados a Honduras [6]; un país con aproximadamente la misma población que Haití tuvo 44.042 delincuentes deportados durante ese período. Por el contrario, durante el mismo período, el Caribe recibió 44.522 delincuentes deportados en total [7].

Gráfico 1. Deportaciones criminales desde Estados Unidos, 2001-2010

Notas: *El Salvador, Guatemala, and Honduras.
Fuente: US Department of Homeland Security (DHS), Yearbook of Immigration Statistics, 2010 (Washington, DC: DHS).

Con las deportaciones, las dos pandillas más importantes de Los Ángeles —la Mara Salvatrucha 13 y la Barrio 18— se convirtieron rápidamente en las dos principales pandillas transnacionales en el Triángulo del Norte. Según algunas estimaciones, las pandillas cuentan actualmente con entre 60.000 y 95.000 miembros en el Triángulo del Norte [8].

Las pandillas estadounidenses y centroamericanas están conectadas mediante nombres, normas y formas de vestirse. Sin embargo, la búsqueda de evidencia empírica que vincule directamente las deportaciones a la actividad criminal es difícil. No ha habido ningún esfuerzo sistemático por parte de las autoridades estadounidenses, mexicanas o del Triángulo del Norte de rastrear los pandilleros deportados y su reincidencia en el delito [9]. Más aún, ha habido poca comunicación oficial e intercambio de información entre los países. El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) no clasifica a los deportados como “pandilleros” en los formularios de deportación, y el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus inciales en inglés) únicamente proporciona información de antecedentes penales a las instituciones gubernamentales asociadas si así lo solicitan.

Varios proyectos del gobierno de Estados Unidos buscan aumentar los flujos de información, incluyendo los registros de huellas dactilares y los datos históricos de pandilleros deportados [10]. No obstante, los problemas persisten. Por ejemplo, en uno de los más recientes programas experimentales en El Salvador, el FBI le dio a conocer a una unidad especial de la policía salvadoreña una lista de presuntos miembros de pandillas deportados, que luego la difundió entre las fuerzas de seguridad del país. Sin embargo, según las entrevistas realizadas por el autor de este informe, la unidad policial encargada de la difusión de la información no se comunica apropiadamente, o en algunos casos se niega a entregar los nombres de presuntos pandilleros a otras agencias de la policía. Hay muchas razones que explican estas fallas en la comunicación, incluida la desconfianza acerca de cómo se debe usar la información [11].

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Estos desafíos no se limitan a Centroamérica. México recibe más criminales deportados que el resto de los países centroamericanos juntos: entre 2001 y 2010, Estados Unidos devolvió 779.968 criminales a México. La comunicación entre las autoridades estadounidenses y mexicanas es igualmente débil. Por ejemplo, según el exalcalde de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz (2007-2010), a menudo Estados Unidos simplemente libera delincuentes deportados en el puente que une Juárez y El Paso sin previo aviso. El gobierno municipal de Juárez finalmente desarrolló un sistema para transportar deportados en autobús a otras zonas de México, pero muchos encuentran su camino de regreso a Ciudad Juárez, donde se pierden en el complejo penal de la ciudad [12].

Aparte del aumento de la actividad de las pandillas, Centroamérica también ha experimentado un incremento en el narcotráfico. Durante gran parte de la última década, la zona sirvió como un trampolín para el transporte de drogas hacia el norte, especialmente cocaína y heroína. Los datos sobre las incautaciones de droga muestran un retrato incompleto de toda la escala del comercio ilícito de drogas. Dicho esto, las incautaciones de cocaína reportadas en Centroamérica indican un aumento significativo, especialmente entre 2005 y 2007.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) calcula que hasta 300 toneladas de cocaína se mueven a través de la región cada año. Las drogas son trasportadas por vía marítima, aérea y terrestre. En las vías marítimas se utilizan lanchas rápidas y embarcaciones pesqueras, o una combinación de ambas. Los traficantes utilizan las islas y las costas de Nicaragua y Honduras como puntos de entrega y zonas de almacenamiento. Para transportar los productos por vía aérea, las organizaciones criminales utilizan cientos de pistas de aterrizaje, tanto privadas como clandestinas, ubicadas en Honduras y Guatemala. De allí, las drogas se mueven en vehículos particulares o camiones comerciales a lo largo de las rutas terrestres.

La importancia del Triángulo del Norte en esta cadena de distribución va más allá de su reserva de rutas prefabricadas, funcionarios gubernamentales fácilmente corruptibles, y soldados dispuestos y bien entrenados. A medida que el gobierno mexicano ha aumentado su presión sobre los grupos criminales en México, ellos han buscado refugio en los países del Triángulo del Norte. Las grandes organizaciones criminales mexicanas, como el Cartel de Sinaloa y Los Zetas, han trasladado partes importantes de sus operaciones a Guatemala y Honduras. Entran a través de canales informales e ilegales, obtienen identificaciones falsas de redes clandestinas y de oficiales locales corruptos, y en general operan de incógnito. Como es de esperar, la lucha entre las organizaciones criminales locales, los transportistas y las organizaciones extranjeras se ha intensificado.

Gráfico 2. Incautaciones de cocaína en Centroamérica (kilogramos), 2002-2009

Fuente: United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment (Vienna: UNODC, 2010), www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/tocta-2010.html

El desplazamiento de las operaciones criminales de México a Centroamérica ha generado cambios en otros sectores de la economía clandestina. En toda la región, actualmente las grandes organizaciones criminales a menudo les pagan a sus trabajadores contratados con productos ilícitos. Estos trabajadores contratados, que incluye pandillas callejeras tanto en Centroamérica como en México, luego venden los productos a nivel local. La economía mexicana de la droga se ha convertido en una empresa muy lucrativa, pues los precios de la cocaína pura en Ciudad de México llegan a los US$$18.000 por kilogramo. Como resultado, la competencia por ganar el control del producto se ha desplazado de México al Triángulo del Norte, donde el precio por kilo está cerca de los US$$12.000 [13].