Si vamos a creer en el gobierno colombiano, la pregunta no es sobre si se conseguirá poner fin a 50 años de conflicto civil, sino más bien sobre cuándo esto sucederá. Sin embargo, la promesa del presidente Juan Manuel Santos, de que la paz puede ser alcanzada antes de que finalice el 2014, no es más que un espejismo electoral.
Este artículo es la primera parte de un reportaje en cuatro entregas sobre la historia y el futuro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ahora que parece posible el final de casi 50 años de conflicto con el Estado colombiano. Lea los otros capítulos aquí.
Los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 25 de mayo mostraron que el proceso de paz no es el mágico boleto electoral que Santos esperaba que fuera. Pese a que pasó a la segunda vuelta, su oponente, Oscar Iván Zuluaga, obtuvo más del 29 por ciento de los votos, frente al casi 26 por ciento que él consiguió, y las perspectivas de paz bajo una administración de Zuluaga son realmente tenues.
Una parte del problema es que las negociaciones han estado herméticamente selladas, y las declaraciones anunciadas desde La Habana han sido controladas y vagas, lo que ha generado pocas esperanzas de que se estén logrando progresos reales. Y de hecho, después de que InSight Crime visitara La Habana y hablara con los negociadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pareciera que el optimismo y progreso desenfrenado del gobierno no corresponde con la realidad.
Hasta el momento, según el gobierno, se han resuelto tres de los seis puntos de la agenda de negociación. Estos son la “política de desarrollo agrario integral”, que se ocupa de todas las cuestiones relativas a la tierra, la “participación política”, y más recientemente, la “solución al problema de las drogas ilícitas”.
Sin duda, el asunto de las drogas fue abordado con rapidez con el fin de mostrar algún tipo de avance en este crucial punto, antes de la primera vuelta de votaciones. Sin embargo, los otros dos temas aprobados también están lejos de estar resueltos -parece que las cuestiones más polémicas han sido dejadas para ser discutidas más adelante.
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Es comprensible la razón por la cual el gobierno quiere identificar primero los intereses comunes y construir confianza, antes de llegar al meollo de las conversaciones. Sin embargo, esta no es la forma como las cosas se han presentado al público colombiano. Los negociadores de las FARC dijeron a InSight Crime que todavía hay 20 temas pendientes que hacen parte de los dos primeros puntos de la agenda.
Los tres temas restantes del programa son el “fin del conflicto” (desmovilización y justicia transicional), “víctimas del conflicto”, y la “implementación, verificación y refrendación de los acuerdos”.
La tierra
El 21 de junio de 2013 se emitió el primer informe oficial de las negociaciones, titulado “Primer informe conjunto de la Mesa de Conversaciones“, el cual fue poco más que un listado de buenas intenciones. El informe incluyó algunas medidas concretas, y hacía la salvedad de que: “nada está acordado hasta que todo esté acordado”.
Será necesario volver al primer punto de la agenda debido a la solicitud de las FARC de crear Zonas de Reserva Campesina (ZRC). Si bien el informe de junio reconoció la importancia de este tipo de zonas, no contenía nada sobre la solicitud de las FARC de la concesión de unas 40 ZRC, que comprenderían hasta nueve millones de hectáreas y que disfrutarían de algunos de los privilegios de los resguardos indígenas, con un cierto grado de autonomía. Putumayo ya tiene una ZRC. Sin duda las FARC pedirían más en este departamento y en aquellos en los que tienen intereses y una presencia significativa.
Este problema, por sí solo, podría llegar a ser un importante obstáculo para el proceso de paz. Para las FARC sería una forma de legalizar el control que ya tiene sobre la tierra, una forma de dar empleo y de proteger a sus miembros en un escenario posconflicto, y -con hasta dos millones de colombianos dentro de las zonas- una manera de asegurarse un mínimo de ocho escaños en el Congreso durante las elecciones. Para los opositores de las conversaciones, principalmente el expresidente Álvaro Uribe y su candidato presidencial Zuluaga, esto sería el equivalente a simplemente entregar grandes zonas del país a las FARC, e invocaría de nuevo el espectro de la zona de distención que el expresidente Andrés Pastrana otorgó a las FARC durante la última ronda de las conversaciones de paz (1999-2002). Esta zona terminó por convertirse en el campo de entrenamiento para la maquinaria de guerra de las FARC, así como en un centro en donde se hacían negocios de drogas.
Participación política
La última vez que las FARC participaron en la arena política fue en 1985, cuando formaron un partido político, la Unión Patriótica (UP). La UP participó en las elecciones de 1986 y ganó cinco escaños en el Senado y nueve en la Cámara de Representantes -el jefe negociador de las FARC, Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, fue uno de los que resultó electo. Sin embargo, hasta 4.000 candidatos, miembros y simpatizantes de la UP fueron asesinados posteriormente por los paramilitares de derecha y por sus aliados en las fuerzas de seguridad.
Esta experiencia proyecta una larga sombra sobre las conversaciones y sobre cualquier escenario de posconflicto. Las FARC temen ser victimizadas tan pronto dejen la relativa seguridad de sus bastiones montañosos y selváticos. Además, el asesinato de activistas de izquierda no es algo del pasado. Aquellos que han abogado por la restitución de tierras han sido asesinados en zonas como Córdoba y Antioquia, mientras que 48 miembros de la Marcha Patriótica, un partido de izquierda que ha sido identificado como simpatizante de, si no apoyado por, las FARC, fueron asesinados en los últimos dos años.
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Esto nos lleva a un punto que es un factor decisivo para las FARC: la entrega de las armas. Las FARC no se desarmarán inmediatamente. Los negociadores guerrilleros hablan de un período de implementación de hasta diez años, en el que conservarían sus armas para defenderse si el gobierno no llegara a cumplir los compromisos asumidos en los acuerdos. Para Uribe y Zuluaga, y posiblemente también para la mayoría de los colombianos, es poco probable que esto sea aceptable pues significaría que las FARC podrían relanzar su lucha militar en cualquier momento.
Por otro lado, no se puede esperar que las FARC creen inmediatamente un partido político que compita en el escenario político actual. La creación de un aparato político abierto -a diferencia de sus aparatos clandestinos actuales- llevará tiempo, pero ellos esperan un cierto poder político inmediato. La única forma para que las FARC firmen un acuerdo de paz, y hagan la transición de una organización militar a una política, es si se les garantiza cierto grado de poder político mientras se da la transición. Sin embargo, los opositores al proceso de paz se resisten a que los líderes de las FARC sean elegibles para cargos políticos; ellos han citado las condenas in absentia que la mayoría de los altos mandos del grupo tienen por actos criminales, especialmente por crímenes de lesa humanidad.
El gobierno realizó la mayor parte del acuerdo sobre las drogas en el período previo a las recientes elecciones presidenciales. De hecho, las FARC podrían tener un papel fundamental en la contención del tráfico de drogas en Colombia.
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Hay otras cuestiones clave que actualmente están siendo escondidas bajo la alfombra. Una de estas es la de ir a prisión. Los negociadores de las FARC fueron muy claros con respecto a esto. El tiempo en prisión es un factor decisivo. “No vamos a pasar un día, ni un solo segundo en la cárcel”, dijo un alto comandante de las FARC. Todavía no se ha completado el marco jurídico para cualquier acuerdo de paz. Un acuerdo podría ser firmado mañana, pero su aplicación sigue siendo imposible.
Otros dos puntos potencialmente conflictivos son el tema de una Asamblea Constituyente, en lo cual las FARC insisten que es necesaria para construir las condiciones de una paz duradera, y la inclusión de sus primos y aliados más pequeños del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El presidente Santos ha prometido establecer un diálogo con el ELN, pero todavía no se ha anunciado ni un lugar ni una fecha de inicio concretos.
Las FARC hoy
La otra señal contundente de las elecciones presidenciales del 25 de mayo fue una abstención de casi el 60 por ciento. Una de las razones por las cuales el proceso de paz no es un asunto político apremiante es la percepción por parte de la opinión pública colombiana, fomentada por este gobierno, de que los guerrilleros están prácticamente derrotados. Ellos, claramente, son todavía una pequeña molestia, pero ya no representan una amenaza a la integridad del Estado. Añádase a esto la línea de Uribe de que las FARC pueden ser derrotadas militarmente y se tiene un público que no ve un acuerdo con las FARC como su preocupación más urgente.
Lo que también está claro es que actualmente existe una falta de comprensión de las FARC. La mayoría de los colombianos se encuentran todavía con la mentalidad de 2008, cuando las FARC perdieron a tres miembros del Secretariado, cuando Ingrid Betancourt y otros rehenes en poder de la guerrilla fueron liberados en una audaz operación de rescate, y cuando parecía que los insurgentes tenían sus días contados.
La muerte del fundador y comandante supremo de las FARC, Pedro Marín, alias “Manuel Marulanda”, fue, de cierta manera, lo mejor que le pudo haber pasado a las FARC, que en ese momento estaban atascadas en el pasado y sin la disposición a adaptarse a las cambiantes condiciones políticas y militares de Colombia. Todo eso cambió con la promoción de Guillermo León Sáenz Vargas, alias “Alfonso Cano”. Cano rediseñó la estrategia guerrillera con su Plan Renacer y con el Plan 2010. Él obligó a la guerrilla a regresar a sus raíces y al trabajo político. Las condiciones militares ya no permitían la concentración de un gran número de combatientes contra los blancos tradicionales de las fuerzas de seguridad. Ahora es la época del miliciano, escondido entre la población civil y capaz de hacer estallar una bomba al paso de un patrulla o de matar a un miembro aislado de las fuerzas de seguridad.
El gobierno se deleita al trazar la caída de los combatientes de la guerrilla de las FARC, pasando de 16.000 en 2002 a un poco más de 7.000 hoy en día, según las últimas estadísticas del Ministerio de Defensa. Pero estos son solo los guerrilleros rurales no formados. No se hace mención de las milicias, que pueden llegar a tener hasta 30.000 miembros hoy en día y las cuales se han convertido en la principal arma ofensiva de las FARC.
Este enfoque en el trabajo político y en la construcción de milicias podría ser visto como algo positivo si se llegara a firmar un acuerdo. Este es exactamente el tipo de trabajo que podría ayudar a las FARC en su paso de un ejército guerrillero irregular a una fuerza política. Sin embargo, si el proceso de paz se derrumba, la creciente fuerza de estas milicias representaría una amenaza a la seguridad que Colombia no está preparada para enfrentar. Estos no son los guerrilleros uniformados que el ejército puede enfrentar -estos son guerrilleros escondidos entre una población civil que, en los bastiones de las FARC, los escuda y protege. No hay blancos para el ejército y la identificación y desarticulación de estas redes es un trabajo de inteligencia lento y laborioso para la policía. Adicionalmente, en muchas zonas rurales bajo el control de las FARC la policía ni siquiera sale de sus estaciones fuertemente fortificadas.
Las condiciones para un acuerdo de paz real están en su lugar. Actualmente, el ambiente es quizás más propicio para un acuerdo que nunca antes en los últimos 50 años. Sin embargo, es claro que las conversaciones en La Habana no son lo que el gobierno ha estado vendiendo y que la paz no está a la vuelta de la esquina.