Henry Holguín se asomó por el balcón del segundo piso vacío de un pequeño restaurante en La Bayadera, un concurrido barrio industrial de Medellín.

“Esto fue una zona roja, brava… aquí no se podía vender un marihuano sin mi autorización”, recordó Holguín satisfecho.

A primera vista, este hombre de 54 años parece una persona común. Una cicatriz entre las cejas, recuerdo de un enfrentamiento con un policía en sus años como actor del conflicto urbano en Medellín, delata los altibajos que lo han llevado a donde está ahora.

A mediados de los 80, una época en que el hampa de la ciudad crecía rápidamente en escala y complejidad, Holguín lideraba una banda.

Hoy, cuarenta años después de comprar su primera arma y fundar un grupo armado para defenderse de los criminales del barrio, Holguín coordina el movimiento Sinergia, voceros civiles de una de las bandas criminales del área metropolitana de Medellín que participan en el proyecto de «Paz Total”, la política insignia del presidente Gustavo Petro.

La Paz Total es el proceso de paz más ambicioso jamás intentado en Colombia. Mediante este, el gobierno busca negociaciones simultáneas con más de 20 grupos armados que representan las diferentes caras del mundo criminal colombiano: insurgencias guerrilleras, ejércitos narcotraficantes y pandillas urbanas.

Al hacerlo, la administración de Petro busca no solo desmovilizar grupos específicos, sino también romper el ciclo de generaciones del conflicto en Colombia, donde cada vez que el Estado ha eliminado a un actor, ya sea por persecución o negociación, surge una nueva generación de grupos criminales para tomar su lugar.

Medellín y otros municipios que hacen parte de la subregión antioqueña del Valle de Aburrá han sido un crisol de esta violencia interminable. La ciudad ha sido escenario de acontecimientos que definieron toda una época, desde la caída del primer capo de la cocaína, Pablo Escobar, hasta la primera desmovilización paramilitar. Pero cada vez, lejos de socavar el crimen organizado, estos escenarios han impulsado evoluciones criminales que han reforzado su control sobre la ciudad.

Hoy, el hampa de la ciudad es compleja y tiene múltiples capas. A pesar de estar fragmentada y sin líderes, mantiene un profundo arraigo y enorme poder sobre la población y sus instituciones. Este podría ser el reto más grande al que se enfrenten los negociadores de la Paz Total.

Muchos dudan de sus posibilidades de éxito. Pero Holguín, quien ha sido no solo testigo, sino también partícipe de esta historia delictiva, dice ser la prueba viviente de que el cambio es posible.

¿Quién llena los vacíos de un Estado ausente?

Holguín creció en el barrio Popular 2, en la ladera Nororiental de Medellín. Este barrio fue en sus inicios un asentamiento informal construido por sus propios habitantes, principalmente migrantes que huían de zonas rurales donde se libraba una guerra entre el Estado y las guerrillas marxistas nacidas en la década de los 60.

En los años 80, algunas de estas guerrillas comenzaron su accionar armado y político en Medellín y otras áreas urbanas. Esto marcó el momento en que la guerra llegó a las ciudades colombianas y sentó las bases de un conflicto urbano que prevalece hoy. Según Holguín, fue en ese entonces cuando él, con un poco más de 10 años, conoció las armas.

Ocurrió un día, a comienzos de los 80, cuando un grupo de hombres y mujeres armados, con la cara cubierta, entraron a su salón de clase. Se identificaron como miembros del Ejército Popular de Liberación (EPL), un grupo guerrillero surgido en 1967 como brazo armado del Partido Comunista Colombiano Marxista Leninista (PCC-ML).

En el colegio, los guerrilleros invitaron a niños y niñas a una reunión informativa en una casa del barrio. Holguín asistió. En el encuentro sostuvo un arma y escuchó con atención el discurso guerrillero.

“Hablaban de escuelas, de que querían un desarrollo para el barrio”, recordó, “sentía que con ellos podríamos lograr que hubiera menos hambre y menos sufrimiento en la comunidad”.

A esa corta edad, Holguín aspiró a ser guerrillero. Pero al mismo tiempo, se sentía atraído por otro actor armado que operaba en su barrio. Una banda de ladrones, que robaban joyerías en el centro de la ciudad y repartían el botín entre las familias de la comunidad.

“Empezó ese debate interno, porque por un lado veía las armas de la guerrilla, con un ideal y hablándonos en favor de nuestro pueblo. Por otro lado, veía las armas en manos de otros que habían robado oro y que estaban llevando esa riqueza al barrio” dijo Holguín.

Siendo un niño, Holguín entendió algo que 40 años después sigue siendo uno de los principales obstáculos para alcanzar la paz en Medellín: el sentimiento común entre los habitantes de los barrios marginados de que el Estado no está ahí para ellos y, quienes llenan el vacío son quienes empuñan las armas desde la ilegalidad.

Holguín dijo que se sumó a las juventudes revolucionarias cercanas al EPL, pero fue expulsado poco después por planear el robo a una joyería, acusado de ser un “vulgar delincuente”, palabras que hasta hoy martillan en su memoria.

Los grupos cambian pero las armas quedan

El EPL no duró mucho en el barrio. El 23 de agosto de 1984 la guerrilla firmó un acuerdo de cese al fuego con el gobierno, que se rompió tan solo un mes después. Por 10 días, el barrio fue el escenario de enfrentamientos entre el EPL y las fuerzas estatales, recordó Holguín. Después de esto, la guerrilla abandonó el barrio.

«Se van del barrio los guerrilleros, los que tenían ideología política, los que eran capaces de ejercer disciplina y ¿qué nos quedó? las armas; ¿en manos de quién? de los recién reclutados por las guerrillas”, reflexionó Holguín.

Así fue como en el barrio emergió un grupo delincuencial llamado “Los Chorrillos”. Algunos de sus miembros habían hecho parte de las guerrillas y tras su salida se quedaron con las armas. Según Holguín, estos comenzaron a sembrar temor entre la población, pues cometían robos, amenazas, asesinatos y abusos sexuales.

Un día de ese año Holguín fue a visitar a su novia. Estaban sentados fuera de la casa, cuando llegó el líder de los Chorrillos.

“Como estás de buena, un día de estos te robo”, recordó Holguín que le dijo el hombre a su novia. El muchacho se sintió temeroso de que el líder de Los Chorrillos agrediera a su pareja y decidió unirse con dos hombres del barrio, un expresidiario y un policía, para declararles la guerra a los Chorrillos. Como eran solo tres y no tenían armas, Holguín empeñó su moto y compró dos revólveres.

Uno de sus compañeros fue el encargado de asesinar al líder de Los Chorrillos. Tras él, siguieron otros miembros de la banda. Con cada muerte, Holguín y su pequeño grupo ganaban poder.

“Comienzan las personas a ayudarnos para que pudiéramos crecer militarmente. La comunidad nos [amaba] porque [éramos] de la comunidad, porque nos convertimos en la autoridad, porque ya la comunidad [estaba] tranquila» según dijo Holguín, “Creyéndonos que éramos los buenos en la película, entramos a hacer un proceso de guerra en aquella época.»

Detonando y cobrando

Al acabar con Los Chorrillos, Holguín y su pequeño grupo se consolidaron como el poder armado dominante del barrio. Lo que comenzó como un acto de defensa ante Los Chorrillos, los convirtió en los principales victimarios del territorio.

Dinámicas similares sucedían en otros barrios pobres de Medellín, donde numerosas bandas se afianzaban en los territorios. Estos grupos comenzaron a prestar servicios a un poder criminal mayor: el narcotráfico.

Para ese entonces, Pablo Escobar lideraba el Cartel de Medellín y el boom de la cocaína, un fenómeno que cambiaría para siempre el rostro de la guerra en Colombia. El narcotráfico se convirtió en el punto de convergencia de los conflictos políticos y sociales del país con el crimen organizado.

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En Medellín, las bandas y pandillas pequeñas de los barrios, conocidas como combos, comenzaron a servir de brazo armado para el cartel y emergió la figura del sicario, jóvenes movilizados en moto que mataban por dinero.

Holguín dijo que cometió su primer asesinato a sueldo cuando estaba cerca de cumplir 17 años.

“En esa época me gané 400.000 pesos” —equivalentes a US$4.400 hoy —“Eso era una fortuna”, destacó Holguín.

Hacia finales de la década de los 80, Holguín fue invitado a hacer parte del ala militar del Cartel de Medellín.

“Era el estatus más grande que se le podía dar a los bandidos de aquí”, recordó.

La invitación llegó por dos hermanos conocidos como “Los Picapiedra”, lugartenientes de Limón, hombre de confianza de Escobar. Tenían vínculos con la policía y los servicios de inteligencia, según comentó Holguín.

Holguín aceptó la invitación, pues esto les facilitaría el acceso suyo y de su banda a armas y dinero, con lo cual podrían ganar más control territorial.

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Al tiempo que Holguín trabajaba para el Cartel de Medellín, al Popular 2 llegaron las milicias, una nueva generación de grupos armados que surgió a finales de los 80, tiempo después de la retirada de las guerrillas de algunos barrios de Medellín. Motivadas por un discurso de izquierda, buscaban contrarrestar el ascenso de las bandas en la ciudad y defendían la supuesta restauración del orden y la seguridad a partir de la persecución de actores que consideraban indeseables, como ladrones y consumidores de drogas. Algunas milicias tenían cercanía con las guerrillas, mientras que otras se mantuvieron independientes.

Las milicias del barrio invitaron a Holguín a unir fuerzas, pero él se negó, pues no estaba de acuerdo con las motivaciones de los asesinatos cometidos por las milicias.  

«Por fumarse un cigarrillo de marihuana mataban [a los jóvenes]”, comentó.

Esto tensó la relación entre Holguín y las milicias de su barrio. Así, el 31 de diciembre de 1989, descubrió que un líder miliciano había destruido la casa de sus padres para vender los materiales y costear las fiestas de fin de año de su grupo.

La disputa por la casa fue confirmada a InSight Crime por un residente del barrio, aunque de acuerdo con la fuente, el miliciano tuvo permiso de tomar elementos de la casa, pues se había visto afectada por un daño geológico, pero hubo conflicto sobre algunos materiales de valor que Holguín no le había permitido quedarse.

Furibundo, Holguín se enfrentó al líder miliciano y lo mató.

Las relaciones con el Cartel de Medellín también se deterioraron. A comienzos de los años 90, Holguín dijo, descubrió que Los Picapiedra le robaban dinero de los asesinatos a sueldo que cometían juntos, y decidió enfrentarlos.

Según relata, les dijo: “Prefiero robar relojes con mis amigos que millonadas aquí con manada de torcidos». Y añadió: “Eso le cayó a todos y no les gustó. Me declararon objetivo militar”. Entonces, debió abandonar la ciudad.

En su historia, se mudó a Pereira, una ciudad al sur de Medellín, pero no tardó en ser capturado por hacer parte del Cartel y el homicidio del líder miliciano. Para verificar esto, InSight Crime se puso en contacto con los tribunales, pero no obtuvo acceso al expediente judicial.

La recomposición de poderes

Holguín, quien para entonces tenía 22 años, fue condenado a 17 años de cárcel, según comentó.

“Yo era un niño y creí que se me acababa el mundo”, recordó.

Mientras estaba preso, el bajo mundo en Medellín estaba por cambiar para siempre. En diciembre de 1993, Pablo Escobar fue dado de baja por el Bloque de Búsqueda del gobierno colombiano, una unidad élite de policía, con el presunto apoyo de miembros de los PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar), un grupo de antiguos socios del capo que se aliaron para dar con su paradero.

Pero para Holguín, el cambio más grande llegó unos meses después, cuando las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo (MPPP), las Milicias Independientes del Valle de Aburrá y las Milicias Independientes de Medellín se desmovilizaron en mayo de 1994, luego de varios meses de negociaciones con representantes del gobierno nacional, departamental y local. Este fue el primer proceso de negociaciones entre grupos armados y la institucionalidad para dar solución al conflicto urbano en Medellín, pero algunos de sus fracasos continúan acechando las negociaciones de paz actuales.

Las milicias acordaron con el gobierno que 843 milicianos recibirían beneficios a cambio de desarmarse y confesar ciertos delitos. En el proceso, se definió que los milicianos desmovilizados podrían ejercer labores de seguridad privada a través de una entidad llamada Cooperativa de Seguridad y Servicios Comunitarios (Coosercom), la cual recibió un contrato de dos años con el gobierno.

Pero esto llevó a otros problemas. La población civil comenzó a denunciar abusos de poder de los exmilicianos armados en Coosercom. De hecho, esta medida no disminuyó la violencia en la ciudad, sino que perpetuó la idea de la justicia privada en manos de civiles. 

En diferentes barrios de la ciudad, las bandas se enfrentaron a Coosercom. Holguín dijo que fue dejado en libertad en 1994, en medio de este conflicto, después de que un juez determinó que el asesinato del líder miliciano fue legítima defensa, aunque InSight Crime no logró verificar la decisión judicial.

Holguín volvió a las armas para sumarse a la pelea con las antiguas milicias.

Pero en abril de 1995 cambiaría todo para él. Fue invitado como observador a un proceso de diálogo entre los remanentes de las milicias y las bandas, mediado por la sociedad civil y la Alcaldía de Medellín. Él accedió a asistir, pero con objetivos diferentes.

«No creía en la paz, yo fui con doble moral porque quería identificar a unos enemigos de las milicias para luego matarlos”, confesó.

Sin embargo, cambió de opinión en el momento en que escuchó a un líder miliciano hablar del barrio que soñaba. Era el mismo sueño de Holguín y algunos líderes de bandas. Un barrio donde el abandono estatal no fuera la norma, y donde niños y niñas pudieran crecer de manera segura.

Allí se dio cuenta de que: “El enemigo de nosotros no eran los milicianos. [El enemigo era] esa soledad en que vivíamos, ese abandono que existía en esas periferias, en donde lo único que conocíamos del Estado era la bota militar”.

A partir de allí, se generó un pacto de respeto a la vida y no agresión entre las bandas y Coosercom, que buscaba poner fin a la confrontación entre ambos bandos, un proceso que marcó la vida de Holguín.

«Nos sentábamos y podíamos mirarnos sabiendo que éramos enemigos y podíamos pactar”, reflexionó Holguín.

En estos diálogos, hubo participación de la Alcaldía de Medellín, pero su apoyo fue limitado en cuanto a generar nuevas oportunidades para los jóvenes que hacían parte de los pactos.

“[…] Los pactos de convivencia, [eran] pactar la vida. Eran los primeros auxilios. Pero luego el Estado tenía que invertir para que ese pacto de convivencia fuera estable. El Estado no llegó a esa segunda parte», dijo a InSight Crime un académico que acompañó los pactos en aquel entonces y que prefirió no ser identificado por motivos de seguridad.

Lo que sucedió después se convirtió en el talón de Aquiles de los procesos de paz de Colombia, tanto en Medellín como en otras partes del país, y es una advertencia del pasado para la Paz Total hoy. Ante la ausencia de apoyo estatal para continuar con los procesos, los líderes de las bandas se valieron de lo conocido para mantener a flote los pactos: las fuentes de financiación ilegales.

Según Holguín, para evitar que los jóvenes violaran los pactos, los líderes crearon negocios legales con las rentas criminales que recibían.

Múltiples fuentes con conocimiento de estos pactos en los barrios de Medellín en los 90 confirmaron a InSight Crime que se usaron dineros ilícitos para financiar microempresas y otros proyectos.

“Teníamos a los chicos ya metidos en un proceso, diciéndoles: no roben, no maten, colaboren…mínimamente teníamos que darles la comida a esos muchachos”, explicó Holguín.

Pero según él, había otro beneficiario de las rentas criminales del grupo que no estaba dispuesto a renunciar a su tajada: un sargento de la policía que recibía un porcentaje. Holguín relató que cuando le pidió bajar el valor su porcentaje para tener más recursos para sus negocios legales, este respondió:

“No, ustedes no van a hacer paz con la mía. Si el sábado no me mandan nada, yo sé quiénes son ustedes y escojan: para [la cárcel de] Bellavista o para el cementerio», recuerda Holguín.

Holguín decidió no pagarle y, en consecuencia, según él, fue declarado objetivo militar por el policía corrupto.

Un día de abril 1996, Holguín se movilizaba en una camioneta por un barrio del nororiente de Medellín, cuando cuatro balazos impactaron su carro. Las balas venían del mismo policía que lo había amenazado, según comentó Holguín.

Comenzaron a pelear. Holguín ganó el control de la subametralladora del policía. Le disparó apuntando a una pierna, según dijo, y corrió hacia el segundo piso de una vivienda cercana que le servía de casa de seguridad.

Pasados unos minutos, Holguín fue capturado. Sin que él supiera, el policía había muerto a causa de su disparo.

InSight Crime accedió al expediente judicial de Holguín y pudo confirmar la pelea con el sargento, pero, de acuerdo con la versión de la policía, fue otra la causa de la confrontación ese día. En el expediente se describe cómo Holguín supuestamente huía en compañía de un colega criminal de un robo que había cometido a unas oficinas en un barrio del occidente de Medellín, cuando la patrulla del policía los identificó. Según el expediente, habría sido este robo y no una disputa personal, el motivo por el que Holguín fue parado por el sargento.

De sicario a pacificador

Holguín fue trasladado a la cárcel Bellavista, en el municipio de Bello, aledaño a Medellín. Cumplió los 27 años tras las rejas. Recordó que la primera noche lloró, sabiendo que podría pasar entre 40 y 60 años en prisión.

El primer año, pasaba sus días vendiendo desayunos y haciendo ejercicio. Afuera de la cárcel, los pactos comenzaron a resquebrajarse. Según Holguín, la razón principal fue la captura gradual de los líderes de las bandas, quienes también lideraban los pactos.

En 1997, la Alcaldía de Medellín reunió a Holguín y a otros reclusos de Bellavista para que desde las cárceles mediaran para mantener los procesos de convivencia en los barrios. Así, trabajaron en una propuesta que fue aprobada en agosto de ese mismo año, cuyo objetivo era poner fin a los conflictos en los barrios de la ciudad.

Esta iniciativa recibió críticas, pues no se resolvieron los temas estructurales que alimentaban los ciclos de violencia. Por el contrario, la institucionalidad permitió que actores armados dentro y fuera de la cárcel mantuvieran su poder criminal sobre diferentes barrios de la ciudad, lo que dio lugar a un relacionamiento tácito entre la criminalidad de la ciudad y la institucionalidad, que continúa siendo uno de los principales retos para los negociadores de la Paz Total. Los índices de violencia se convirtieron en la moneda de cambio de los grupos criminales para calibrar la presión sobre los representantes del gobierno y poder continuar recibiendo sus rentas ilegales.

En el caso de Holguín, dijo que, a pesar de ser reconocido como líder del proceso carcelario, continuaba recibiendo dineros ilegales por fuera de la cárcel. Pero, Holguín, quien se había acercado a la religión en la cárcel, se sintió conflictuado y tomó la decisión de entregar sus rentas. Sus subalternos intentaron disuadirlo, llamándolo ingenuo y diciendo que nada iba a cambiar en la calle. Pero Holguín se mantuvo firme.

“Yo necesito dar el primer paso y que las cosas cambien en mí, y ser un verdadero comisionado de paz, como está diciendo la gente”, les respondió.

Durante el proceso de Bellavista, se hicieron más de 50 pactos de respeto a la vida y no agresión en barrios de Medellín, según mencionó Holguín.

El proceso de Bellavista se sumó a una serie de pactos entre bandas que venían desde 1995. Para 1999, procesos de mediación o pactos con 160 grupos armados de la ciudad, entre bandas, combos y milicias, según reportó el diario El Colombiano en ese entonces. Aproximadamente 3.000 personas de estos grupos hicieron parte del proceso.

“En esa época todos fuimos muy felices, [había] mucha esperanza”, recordó Holguín.

Sin embargo, esa felicidad duró poco. Para ese entonces un nuevo actor armado entraba al escenario criminal de Medellín, iniciando un nuevo ciclo de violencia en la ciudad, que llevaría a un entramado criminal más complejo, fragmentado y sin cabezas visibles; ese es el escenario en el que hoy se propende por la Paz Total.

Nuevos ciclos de violencia: el paramilitarismo se toma la ciudad

Mientras Henry Holguín intentaba romper el ciclo de la guerra de las pandillas de Medellín desde la cárcel de Bellavista, el conflicto de Colombia entraba en una nueva fase, aún más brutal, con la expansión de los grupos paramilitares de derecha por todo el país.

Algunos de estos grupos estaban motivados políticamente a eliminar a las guerrillas de izquierda, pero otros eran simplemente ejércitos privados de narcotraficantes que se escondían tras una fachada de contrainsurgencia. Así, la brecha entre el conflicto político colombiano y el crimen organizado siguió cerrándose, hasta el escenario que hoy enfrenta la Paz Total, donde ambas caras son casi imposibles de separar.

Los paramilitares llegaron a Medellín al final de 1998 cuando una organización conocida como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) envió a una de sus estructuras, el Bloque Metro, para eliminar a las milicias de izquierda.

Como lo habían hecho anteriormente la guerrilla y los narcotraficantes, los paramilitares buscaron reclutas entre las bandas de los barrios marginados, para lo cual contactaron a sus jefes. Y ahí chocaron con Holguín y sus sueños de paz.

No pasó mucho tiempo antes de que Holguín recibiera una llamada del Bloque Metro para convencerlo de apoyar esa causa. Según Holguín, representantes de esta estructura le exigieron entregar a los más de 3.000 jóvenes que participaban en el proceso de paz que él lideraba desde la cárcel de Bellavista. Los paramilitares querían engrosar sus filas armadas con estos jóvenes, dijo.

Holguín dijo que ya había rechazado estas solicitudes en dos ocasiones, pero esta vez fue algo distinto. Un día de 2001, los representantes de los paramilitares en la cárcel le entregaron un teléfono. Cuando Holguín lo acercó a su oído, escuchó la voz ronca de Carlos Castaño, el entonces máximo comandante de las AUC y una de las figuras más notorias de la larga y sangrienta historia de Colombia.

“Yo me asusté demasiado porque era una época de muchas masacres y mucha cosa”, contó Holguín, «yo me pongo a llorar y le digo ‘yo trabajo es por la paz […] esté tranquilo, que yo nunca voy a permitir que se vayan a volver guerrilleros, pero tampoco pa’ que se vuelvan paramilitares. Yo soy neutral’.”

Las palabras de Castaño fueron contundentes. “¿Neutral?, ¿quién le dijo a usted que un carro en neutro camina?» y colgó el teléfono.

Holguín recordó la conversación que tuvo al otro día, cuando uno de los hombres de los paramilitares le reclamó el celular y le preguntó si habían llegado a un acuerdo. Holguín ya tenía una resolución:

“¿Sabe qué?” le dijo. “Cuando las milicias llegaron a tomarse la ciudad ustedes no existían. Y ahora que ya tenemos la ciudad, ustedes ya quieren llegar. Si usted quiere reclutar a esos muchachos, reclútelos. Pero yo no, el proceso no se lo entrego. Y nunca voy a poner mi liderazgo en favor de que ustedes recluten a los muchachos».

Imposible probar si se debió a su rechazo a sumarse al proyecto paramilitar, pero poco después de esa negativa, Holguín fue trasladado a una cárcel a más de 500 kilómetros de Medellín.

Desde allá, no podía impedir que los paramilitares reclutaran a muchos de los jóvenes que participaban en el proceso liderado desde Bellavista.

“Sentía ese dolor de sentirme traicionado, de saber que ese sueño de paz y convivencia lo habían truncado», lamentó Holguín.

De peón al poder: el ascenso criminal de Don Berna

Poco a poco los paramilitares empezaron a expulsar a las milicias de los barrios. Pero incluso entonces, no eran el verdadero poder detrás del hampa de Medellín.

En el caótico panorama posterior a la muerte de Pablo Escobar en 1993, un hombre logró agrupar el hampa de Medellín: Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”.

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Al igual que Holguín, Don Berna tenía un origen humilde y había vivido distintas etapas del conflicto en Colombia. También comenzó su carrera delictiva con el EPL en la década de los 80, para luego unirse a las filas del Cartel de Medellín. Berna integró la llamada Oficina de Envigado, una entidad encargada de cobrar deudas y de que todos los miembros del Cartel de Medellín le pagaran sus cuotas a Escobar.

En los 90, Don Berna se convirtió en uno de los protagonistas del hampa en Colombia. Cuando Escobar asesinó a sus jefes por una disputa de dinero, Berna se volvió contra el capo, y junto con otros enemigos de Pablo Escobar que formaron los PEPES, colaboró estrechamente con las fuerzas de seguridad de Colombia para buscar la caída del narcotraficante.

Después de la muerte de Escobar, Don Berna reagrupó la mayor parte del submundo criminal de Medellín.  Asumió el liderazgo de la Oficina de Envigado, que siguió actuando como agencia de cobro de deudas, pero ahora para los diversos narcos que habían llenado el vacío dejado por Escobar. Don Berna creó alianzas con diferentes pandillas del área metropolitana de Medellín para establecer un amplio control territorial. Así, creó una empresa criminal que operaba en red, con jerarquías claras, pero también con la autonomía necesaria para el éxito en sus actividades ilícitas. En lugar de operar como un dictador, al estilo de Pablo Escobar, Don Berna se posicionó como juez, jurado y verdugo de la criminalidad en Medellín.

Don Berna también se alió con las AUC y se presentaba como comandante paramilitar. Pero cuando el gobierno colombiano ofreció a los paramilitares un acuerdo ventajoso en la forma de un proceso de desmovilización, surgió un conflicto entre Berna —para quien el proceso de paz sería una manera de limpiar su pasado criminal— y el Bloque Metro, que estaba en desacuerdo con la inclusión de narcotraficantes dentro de las AUC.

Para confrontar al Bloque Metro, Don Berna desplegó su propio bloque paramilitar, denominado Bloque Cacique Nutibara (BCN), para el cual unió a muchas de las bandas de la ciudad como fuerza armada. La violencia volvió a desatarse. En 2002, la ciudad tuvo un nuevo pico de homicidios, con 3.829 personas asesinadas (179,8 por cada 100.000 habitantes).

El año siguiente, el BCN acabó con el Bloque Metro. Tanto las milicias como los paramilitares con motivaciones ideológicas habían desaparecido. El crimen había prevalecido sobre lo político, y Don Berna estaba en la cima.

Berna y el BCN se acogieron a los diálogos y en diciembre de 2003, el BCN fue el primer bloque paramilitar en desmovilizarse, con el sometimiento de 868 combatientes y la entrega de 497 armas.

Una propuesta inesperada

La desmovilización coincidió con la última etapa de Holguín en la cárcel, pues su condena se había reducido a 10 años, por estudio y trabajo. En septiembre de 2005, cuando a Holguín le faltaban dos meses para cumplir su condena, lo trasladaron a la cárcel de Itagüí, un municipio vecino de Medellín.

Poco tiempo después de su llegada, Holguín se encontraba en su celda, cuando unos guardias de la cárcel lo esposaron, según recordó. “Va para donde el patrón”, le dijeron. Y lo sacaron de su celda a punta de empujones. “Yo creía que me iban a matar”, comentó.

En ese momento llegó hasta donde el supuesto patrón; quien lo esperaba era Don Berna. Este se había entregado a las autoridades en mayo de ese año, por presión de otros líderes de las AUC, después de que la Fiscalía colombiana lo acusara del asesinato de un líder social.

Holguín recordó la conversación con Berna:

“El polémico Henry Holguín”, fue el saludo del hombre más poderoso del hampa de Medellín.

“Sentí susto, las ‘güevas’ en la nuca”, recordó Holguín.

La última vez que Holguín había estado en Medellín había sido expulsado de la ciudad justamente por negarse a ser parte de las AUC y en ese momento quiso anticiparse y apaciguarlo:

«Ya estoy esperando la libertad, no me le voy a quedar en la ciudad. Yo le respeto esto a usted. Dígame si usted me da la oportunidad de salir de aquí, que yo le garantizo que salgo de esta cárcel y me voy para el lugar más lejos que me pueda ir”, le dijo.

Pero Don Berna tenía otro propósito para Holguín.

«Nadie en esta ciudad puede desconocer todo lo que has hecho por la paz”, le respondió Berna, según recordó Holguín: “queremos que trabajés por el proceso de paz y que todo lo social que vos querés hacer lo hagás en los territorios de las Autodefensas Unidas de Colombia”. 

Holguín aceptó, entusiasmado con la idea de continuar su trabajo por la paz y honrado por el reconocimiento y respeto que vio en Don Berna. Así, fue nombrado miembro de la junta directiva de la Corporación Democracia, una organización que surgió en mayo de 2004, luego de la desmovilización del BCN, para hacer seguimiento al proceso de reincorporación de los exparamilitares a la vida civil.

Holguín se encargó de coordinar el área social de la corporación. Buscaba continuar con el proceso que había adelantado desde 1995 y luego desde la cárcel de Bellavista, pero esta vez con los desmovilizados de las AUC.

«Hay un momento fenomenal en donde llegamos a hacer una cumbre nacional de todas las autodefensas desmovilizadas. Todos los señores comandantes desmovilizados de las AUC manifestaron su aprobación al desarrollo del proyecto social que les presentamos, lo cual nos llenó de mucha alegría, mucha expectativa», recordó.

Un sueño destrozado

El sueño de Holguín de construir la paz a través de la desmovilización paramilitar pronto se desmoronó cuando comenzó a notar una descomposición del proceso.

“De repente se dan como unos señalamientos o una criminalización de los señores dirigentes de estos grupos, en lo nacional, y en lo local”, dijo Holguín. La desmovilización había sido una fachada que permitió a Don Berna mantener un control total sobre el hampa de Medellín y para ese entonces, ya era evidente.

Funcionarios de la Medellín dijeron a Human Rights Watch en 2009 que hasta 75% de los desmovilizados no eran en realidad combatientes paramilitares. Años después, en 2011, un excomandante de las AUC declaró que la desmovilización del BCN había sido ficticia, y que los líderes recibían beneficios mientras continuaban con sus actividades delictivas. Una vez más, una desmovilización y desarme en Medellín no evitó que se reciclaran ciclos de violencia y estructuras criminales.

El número de homicidios disminuyó en los años posteriores a la desmovilización del BCN (de 3.829 casos y una tasa de 179,8 homicidios por cada 100.0000 habitantes en 2002, a 782 casos y una tasa de 35,3 por cada 100.000 habitantes en 2005). Pero esto fue una demostración de la fuerza criminal de Don Berna, en lugar del resultado de políticas públicas. Ningún miembro de una banda en la ciudad podía cometer asesinatos sin la autorización directa del patrón. Por primera, pero no por última vez, Medellín experimentaba una paz basada en el control criminal de la ciudad.

La Corporación Democracia resultó ser otro vehículo para el control criminal. Aparte de tener su estructura y ciertas actividades legales, muchos de sus dirigentes continuaron sus carreras criminales.

Para Holguín, la gota que colmó el vaso fue el asesinato de un buen amigo el 16 de noviembre de 2006, el entonces cabecilla de la banda criminal “Los Pachelly”. Holguín culpó de este hecho a los exparamilitares de las AUC, aunque nadie ha sido condenado por el crimen y oficialmente se desconoce la identidad de los asesinos.

“Me disminuyó la esperanza y me dio mucha tristeza de que hubiera ocurrido ese caso. Y eso me llevó a pensar que quien lideraba el proceso en esa época valoraba más sus intereses militares por encima de lo que se debía de hacer socialmente”, comentó al respecto.

Decepcionado, comenzó a buscar oportunidades fuera del país. «Me despedí de todos acá, y le dije [a Don Berna] que fue muy triste la muerte de mi amigo, que debido a esa tristeza mi corazón no me daba la capacidad para seguir militando en lo social aquí”. Luego de esto, decidió mudarse a España en 2008.

El mismo año en que Holguín dejó el país, Don Berna fue extraditado a Estados Unidos junto con otros excomandantes paramilitares, acusado de continuar sus actividades ilícitas después de su desmovilización. El hampa de Medellín, una vez más, quedaba sin líder y se enfrentaba a una nueva metamorfosis.

La fragmentación del hampa

La extradición de Don Berna desató una guerra de sucesión que llevó a la fragmentación criminal de Medellín, y que creó las condiciones a las que hoy se enfrenta la Paz Total en la ciudad.

Dos lugartenientes de Don Berna buscaron llenar el vacío y en 2008 se inició una guerra que alcanzó su pico en 2009. Ese año, se registraron 2.186 homicidios en la ciudad (94 por cada 100,000 habitantes), 1.141 casos más que el año anterior.

Mientras tanto, Holguín se había mudado de España a Perú, donde empezó a trabajar en temas de convivencia y seguridad ciudadana para los gobiernos locales de las ciudades de Callao, adyacente a Lima, la capital y Piura, en el norte del país. Desde allí, seguía las noticias sobre las confrontaciones en Medellín.

«Yo lloraba la guerra, porque en la guerra siempre mueren muchos amigos», recordó Holguín.

Para 2012, los dos lugartenientes rivales habían sido capturados por las autoridades. Pero la guerra continuó. Las bandas de la ciudad estaban divididas en dos facciones: las que permanecían unidas bajo el estandarte de la Oficina de Envigado, ahora sin líder único, y las que se habían unido a la red de un ejército criminal invasor: el grupo paramilitar sucesor llamado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

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Esta nueva fase de la guerra terminó con un pacto entre los grupos en conflicto en julio de 2013. Fue un pacto que no fue negociado por las autoridades ni por mediadores de paz como Henry Holguín, sino por oscuros narcotraficantes y élites criminales a quienes la guerra afectaba los negocios.

Este llamado “pacto de fusil” fue un armisticio despojado de una solución política, basado únicamente en el silenciamiento de las armas con el objetivo de maximizar las oportunidades criminales.

Así, lo que no lograron los procesos de paz iniciados por el gobierno nacional y local, los grupos criminales lo lograron por sí mismos otra vez, como había sucedido en los años 90. Los homicidios disminuyeron de 1.248 en 2012 (52,2 por cada 100.000 habitantes) a 659 en 2014 (27 por cada 100.000 habitantes), una reducción de casi 50% en solo dos años. Para ese entonces, los grupos criminales habían entendido que la violencia atraía atención innecesaria sobre ellos y sus economías criminales, y que mantener niveles bajos de violencia podía jugar a su favor.

 Al mismo tiempo, el negocio estaba en auge: los narcotraficantes de Medellín se beneficiaron del aumento del tráfico de cocaína y, libres de la amenaza de las luchas territoriales, las bandas consolidaban su control sobre economías delictivas como la extorsión y el microtráfico.

También habían aprendido una lección importante: estos pactos significaron que la criminalidad en Medellín no tendría un líder único. 

“Todas las estructuras tomaron la decisión de que no iban a permitir que Medellín y el Valle de Aburrá volviera a tener un patrón”, dijo Holguín.

El submundo que los negociadores de Paz Total encontrarían casi una década después estaba tomando forma: fragmentado y sin líderes, pero arraigado, de gran alcance, poderoso y con influencia sobre las propias autoridades.

El resultado fue un hampa formada por entre 350 y 400 bandas locales semiindependientes llamadas combos, que responden a entre 15 y 20 bandas criminales mayores que controlan el hampa de Medellín mediante pactos entre ellas. Algunas de esas estructuras principales forman la dirección de la Oficina, brindando servicios a narcotraficantes transnacionales y otras élites mafiosas. Otras están aliadas con traficantes de drogas de las AGC, y algunas más son independientes.

Había empezado un nuevo ciclo de crimen organizado en Medellín que se mantiene hasta hoy y que la Paz Total busca romper.

Las deudas pendientes de la paz urbana

Corría el año 2015 y Colombia vivía aires de paz. El gobierno colombiano se encontraba dialogando con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para poner fin a medio siglo de guerra revolucionaria. Medellín también gozaba de paz, aunque muy diferente a la que se negociaba con la guerrilla, ya que, con excepción de estallidos de violencia esporádicos, el pacto del fusil se mantenía.

Al regresar a su ciudad natal ese mismo año, Holguín se encontró con antiguos colegas criminales con quienes había adelantado el esfuerzo por bajar los índices de violencia en la ciudad desde la cárcel de Bellavista en los 90. Ellos lo pusieron al tanto de los cambios en el hampa desde el pacto de fusil de 2013.

“Me dijeron que las cosas aquí habían cambiado mucho […] se solucionaban [los conflictos] de una forma más pacífica, dialogando”, contó emocionado Holguín. Estas formas pacíficas consistían en pactos entre criminales para mantener los índices de violencia bajos con el fin de no llamar la atención de las autoridades, en vez de dejar la criminalidad.

Sin embargo, Holguín vio ecos de los procesos de paz que había tratado de liderar en el pasado y una oportunidad de una paz nueva y duradera.

Holguín había regresado para resolver un problema familiar, pero decidió quedarse después de hablar con un viejo conocido, el sacerdote Darío Monsalve, quien había acompañado el proceso de la cárcel de Bellavista cuando fue obispo auxiliar en Medellín entre 1993 y 2001.

“Usted es un generador de procesos. ¿No ha pensado en reimpulsar el proceso de Medellín?”, le dijo el sacerdote.

Borrando la línea

Con el apoyo de algunos miembros de la Iglesia, Holguín empezó a trabajar con algunos de sus viejos colegas que lo habían acompañado en la negociación de pactos de no agresión desde Bellavista y que, al igual que él, ya vivían en libertad.

Hicieron un encuentro en un hotel de Medellín para organizar el equipo de trabajo y reimpulsar los procesos que se llevaron a cabo en la ciudad en los años 90. 

El encuentro captó la atención de los líderes de La Oficina, remanentes de la mítica Oficina de Envigado. “Los líderes de La Oficina y los grupos, los factores reales de poder en la ciudad, me convocaron”, recordó Holguín.

Le preguntaron cuál era su interés en regresar a la ciudad y él les contestó que buscaría impulsar los procesos de convivencia que se llevaron a cabo en el pasado, pero que para eso requería la voluntad de paz de los actores armados de la ciudad. Ellos le manifestaron su voluntad. 

Con ese respaldo, Holguín siguió adelante con el proyecto. “[Hicimos] reuniones diarias para debatir, para construir”, relató. Ahí nació lo que sería el movimiento social para la reconciliación urbana denominado Sinergia.

Buscó el apoyo del gobierno local para cumplir su misión. En enero de 2016, Holguín, en representación de Sinergia, le presentó el proyecto al recién electo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, acompañado del sacerdote Darío Monsalve como garante. 

“Le proponemos al alcalde que vamos a crear un movimiento social, que iba a estar integrado por líderes sociales de sectores de la ciudad, por la Iglesia y que queríamos que la institucionalidad entrara a participar”, evocó Holguín.

Gutiérrez confirmó esa reunión a InSight Crime, pero aclaró que la cita la había pedido el exobispo a título personal, no a nombre del movimiento Sinergia.

Para ese entonces, las cabezas de la criminalidad en Medellín buscaban llegar a acuerdos con la justicia. Entre julio y noviembre, ocho líderes y miembros de bandas y combos en la ciudad se entregaron a la justicia, según reportó el diario El Colombiano.

Buscaban obtener beneficios judiciales a través de un decreto presidencial expedido en julio de 2016, que permitía al gobierno solicitar beneficios como la suspensión de medidas de aseguramiento o penas alternativas a quienes fungieran como gestores de paz para posibilitar acuerdos humanitarios.  

En noviembre de 2016, también se conoció una carta enviada por algunos miembros de La Oficina al entonces presidente Juan Manuel Santos, donde le exponían su deseo de ser incluidos en un proceso exploratorio para alcanzar una paz urbana. 

Sin embargo, en julio de 2017, un escándalo de grandes magnitudes salpicó a La Oficina, a Sinergia y al gobierno local, poniendo fin a las pocas posibilidades de paz que había en aquel entonces.

Gustavo Villegas, el entonces secretario de seguridad de Medellín, quien gestionó la rendición de varios mandos medios de la Oficina fue capturado por presuntamente valerse de su posición para obtener favores por parte de miembros de esa red criminal.  

Según expuso el fiscal encargado al juez del caso, estos favores incluían que miembros de las bandas se entregaran a la policía, para ser pasados como logros de Villegas. Este último les ofrecía a cambio alternativas de sometimiento a la justicia que les permitieran recibir beneficios jurídicos, incluso la posibilidad de un estatus como “gestores de paz y convivencia”.

El enlace de Villegas con La Oficina era presuntamente Julio César Perdomo, desmovilizado de las AUC y miembro de Sinergia en ese entonces.

Aunque quedan muchas cosas por aclarar sobre el caso, este mostró la delgada línea entre la mediación y la colusión. El hecho derivó en una desconfianza hacia el movimiento Sinergia. Muchos de los miembros se retiraron y la organización se vio reducida a unos pocos, entre ellos Holguín. 

Este hecho también afectó la institucionalidad. Por un lado, sembró desconfianza en la ciudadanía, y por otro, llevó a que muchos funcionarios públicos se abstuvieran de vincularse a temas de paz, algo que sigue vigente aún hoy. 

“Políticamente nos hizo un daño enorme, empezaron a ver a Sinergia como satanizado», lamentó Holguín.

Al día de hoy, las opiniones respecto a Sinergia son encontradas. InSight Crime habló con periodistas, representantes de las instituciones y miembros de organizaciones sociales, quienes ven con recelo a Sinergia, algunos por la presencia de abogados de las estructuras armadas dentro del movimiento, y otros por los antecedentes penales de muchos de sus miembros, entre ellos Holguín.

La propuesta de Paz Total

En 2018, un año después del escándalo de Villegas en Medellín, Colombia eligió a Iván Duque como presidente, pero el nuevo mandatario no era afín a los temas de paz. Duque fue un fuerte opositor del acuerdo de paz firmado por el anterior gobierno con la guerrilla de las FARC, lo que afectó su implementación. En 2019 puso fin a los diálogos que se llevaban a cabo con el principal grupo guerrillero colombiano, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en Quito, Ecuador, luego de un atentado a una escuela de formación de cadetes de la policía colombiana en enero de ese año.

El enfoque del gobierno de Duque hizo eco en el gobierno local de Medellín e influyó en el manejo del tema de las bandas criminales. Pasaron cuatro años de gobierno para que el tema de paz se volviera a hablar en Medellín. Fue el entonces candidato presidencial, Gustavo Petro, quien durante su campaña habló de buscar una paz integral en Colombia con diferentes grupos armados.

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«Sentí la alegría de la esperanza”, dijo Holguín. Después de tantos años, se veía una perspectiva de paz en el horizonte.

Petro resultó elegido presidente en junio de 2022. Poco después, Sinergia recibió la visita de Daniel Prada, anteriormente abogado del presidente electo.

«Nos dijo que Gustavo Petro manifestaba […] que iba a cumplir con el proceso de Paz Total y que querían una manifestación de voluntades”, mencionó Holguín.

InSight Crime se comunicó con Daniel Prada, quien confirmó esta reunión con Sinergia y puntualizó que el objetivo era conocer las voluntades de paz de los grupos, saber cuáles eran sus expectativas y presentarles la intención del gobierno de cara a la Paz Total.

Con esta luz verde, Sinergia visitó las cárceles para recoger la voluntad de paz de los líderes criminales de Medellín. El proceso tomó tiempo. En la estructura actual de la criminalidad en la ciudad, las decisiones se toman a partir de acuerdos y consensos en los que participan muchas cabezas.

La voluntad de paz parecía unánime en el hampa de Medellín. El Colombiano reportó en su momento sobre una reunión celebrada en agosto de 2022 entre los líderes del bajo mundo de la ciudad en la que se acordó una tregua entre todas las bandas de la ciudad de cara a la Paz Total: no asesinatos, no venganzas, no disputas territoriales.

La incertidumbre de la paz urbana

A finales de agosto de 2022, en una carta enviada al gobierno de Gustavo Petro, la banda criminal “los Pachelly” anunció su voluntad de sumarse al proyecto de la Paz Total y designó a Sinergia como sus voceros. Sin embargo, el rol de Sinergia no ha sido reconocido oficialmente dentro del proceso.  

Después de esto, otras estructuras criminales de la ciudad como la Oficina, el Mesa, los Chatas, la Terraza y los Triana expresaron su voluntad de hacer parte de la Paz Total en la ciudad.

El 2 de junio de 2023, luego de meses de incertidumbre sobre los avances de la paz urbana en Medellín y sin un piso jurídico para este tipo de negociaciones, el gobierno nacional instaló una mesa de diálogos en la cárcel de Itagüí, conocida como el espacio dialógico sociojurídico. 

Un comunicado conjunto del gobierno y los grupos armados de ese mismo día exponía que el proceso buscaría llevar a cabo las transformaciones para prevenir nuevas violencias y así alcanzar una reintegración exitosa de los integrantes de las estructuras armadas.  

Pero hasta ahora los planes para la Paz Total en la ciudad son poco concretos y los retos son grandes. 

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Como resultado de la fragmentación criminal en Medellín, el gobierno no está negociando con un grupo. sino con los líderes de más de siete organizaciones criminales. Sin embargo, en esas estructuras no está agrupada la totalidad de la criminalidad organizada en Medellín.

Jorge Mejía, coordinador de la delegación del gobierno en el espacio dialógico de la cárcel La Paz de Itagüí, dijo a InSight Crime que se encuentran en conversaciones con el 90% de la delincuencia organizada de Medellín. Por fuera de estos diálogos hay otras bandas y combos, e incluso grandes organizaciones criminales como las AGC, que tienen presencia en la ciudad y con quienes el gobierno ha tenido diálogos paralelos.

Por otro lado, los líderes que están en la mesa pueden tener intereses diferentes a los miembros de menor rango fuera de la cárcel, muchos de los cuales ni siquiera tienen procesos judiciales abiertos.

Medellín ya ha visto en los últimos meses asesinatos cometidos por miembros de las bandas fuera de la cárcel, mientras sus líderes negocian con el gobierno en prisión. Estos asesinatos parecen responder a disputas al interior de una de las bandas.

Igualmente, estructuras armadas de menor alcance como los combos pueden tener expectativas diferentes a las bandas que están sentadas con el gobierno en el marco de la Paz Total.

“Si no se incluyen las estructuras consideradas de bajo impacto, estas van a llenar los vacíos de las grandes, pero de manera más vertiginosa”, advirtió Carlos Zapata, presidente del Instituto Popular de Capacitación, una ONG que trabaja en temas de paz, democracia y derechos humanos, en conversación con InSight Crime. 

Además, la Paz Total deberá enfrentar los fantasmas de experiencias pasadas. Como queda claro en la historia de Holguín, ni el proceso de paz con las guerrillas en los años 80, ni la caída de Pablo Escobar, la desmovilización de las milicias o los pactos entre bandas de los 90, la desmovilización paramilitar en la década de los 2000 o los pactos de no agresión de La Oficina después, ningún proceso o pacto ha sentado las bases de una paz duradera en la ciudad.  

Por el contrario, esas experiencias han puesto en evidencia un reciclaje de violencia, una permanencia del control de los grupos armados en amplios territorios de la ciudad, la continuación del ejercicio de rentas ilícitas y una continua injerencia de la criminalidad en las dinámicas de seguridad de Medellín. 

Antes que desmantelar el bajo mundo de la ciudad, estos procesos han marcado su evolución, arrastrando muchos de los retos a los que se enfrenta hoy la Paz Total.

“[La] criminalidad está totalmente transformada y ha aprendido de todos los procesos de paz, en especial de los incumplimientos del Estado”, dijo a InSight Crime el académico que acompañó los pactos en los 90 y que prefirió no ser identificado por motivos de seguridad.

Superar los obstáculos

En el espacio dialógico establecido entre las bandas y el gobierno, este último se enfrenta al importante reto de buscar respuestas para cerrar definitivamente los ciclos de violencia en la ciudad, en vez de simplemente negociar los términos de sometimiento de líderes y miembros de los grupos criminales. También, deberá reconocer las propias falencias del Estado y su ausencia histórica en las áreas más marginadas de la ciudad.

Por su parte, las bandas se enfrentan al desafío de mostrar su real voluntad de paz, aportando al desmantelamiento de las redes criminales con el fin de evitar que estas expresiones criminales revivan de diferentes formas.

“¿Que van a dar las bandas? ¿van a aportar verdad? ¿van a entregar las rutas? ¿van a entregar aliados legales o ilegales? ¿nacionales o internacionales? ¿va a haber un abandono total de la criminalidad?”, cuestionó Juan Diego Restrepo E., director del medio Verdad Abierta, en conversacion con InSight Crime.

En respuesta a esto, Jorge Mejía aseguró a InSight Crime que esa discusión se dará en la mesa una vez se definan los protocolos y la agenda de trabajo, y aclaró que los miembros de los grupos han expresado de manera informal estar dispuestos a encarar este tema.

Dudas sobre las motivaciones de los líderes de las bandas también pesan sobre algunos de sus voceros y representantes, incluyendo organizaciones como Sinergia y personas como Holguín.

«Sinergia es una de muchas organizaciones sociojurídicas que intenta representar a las bandas en proyectos de paz. Son organizaciones que están regidas por abogados penalistas y por exmiembros de bandas que cada vez que hay un proceso de paz tratan de pegarse allí con propuestas que terminen beneficiando a los cabecillas que están en las cárceles», replicó el periodista investigativo de Medellín Nelson Matta a InSight Crime.

Frente a esto, Holguín, está convencido del compromiso con el proceso de los actores armados sentados en la mesa.

Y aunque cree que no habrá soluciones fáciles a problemas tan profundamente arraigados, está convencido de que sí tienen propuestas para plantear en la mesa de diálogo. “Este espacio dialógico se ha generado precisamente para tratar toda esa clase de temas que son inherentes al conflicto urbano” comentó. 

Y donde otros han visto que persisten los retos de las experiencias pasadas, él ve las oportunidades para hacer de este proceso algo diferente.

«Son dos cosas que se recogen [en la mesa]: las experiencias vividas, con todos los aprendizajes que nos han dejado y la participación activa de las comunidades organizadas en torno a estos escenarios de inclusión y participación para la concertación”, reflexionó.

Su optimismo hacia el proceso se apoya en su experiencia de vida. Él, un gángster convertido en promotor de paz, está convencido de que quienes están hoy sentados en la mesa con el gobierno puedan tener éxito donde las generaciones que los antecedieron fallaron.

Sobre todo, espera que su vida sea un mensaje para otras personas, que como él participaron de la guerra urbana en Medellín:  

“Al menos yo soy un buen referente de vida para los jefes de las bandas de hoy día, que saben que yo también podría ser jefe y que decidí más bien andar tranquilo y andar en paz. Porque estoy en un proceso de paz que me creo y del que hablo con orgullo”, concluyó.