Perú es el mayor productor de oro en América Latina y cuenta con varias agencias gubernamentales que regulan la industria. A la cabeza se encuentra el Ministerio de Energía y Minas (Minem), que supervisa y regula las operaciones mineras en todo el país, y maneja una base de datos pública de concesiones mineras. Las concesiones mineras, así como los derechos de licencia, son administrados por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET). Para obtener una concesión, se debe presentar una evaluación de impacto ambiental ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para Inversiones Sostenibles (SENACE).
*InSight Crime se ha asociado con el Instituto Igarapé —centro de pensamiento independiente ubicado en Brasil, que se dedica al estudio de temas actuales relacionados con desarrollo, seguridad y clima— con el fin de rastrear los delitos ambientales y los actores criminales que impulsan la deforestación en la Amazonía peruana. Vea la serie completa de seis partes aquí. También puede descargar el PDF completo aquí.
Las innumerables reservas de oro, junto con los precios récord del mineral precioso, han provocado un auge en esta actividad, que ha sido un imán para las redes criminales, las cuales se han llenado los bolsillos con las ganancias de la minería ilegal. Se estima que el 28 por ciento del oro peruano se extrae ilegalmente, lo que significa que se obtiene en territorios donde la actividad está prohibida o con equipos o maquinaria no autorizados. La fiebre del oro ilegal en Perú ha dejado una profunda huella ambiental y se ha convertido en uno de los principales causantes de la deforestación en la Amazonía peruana.
Podría decirse que la región minera más importante de la Amazonía peruana es el departamento de Madre de Dios, en el sureste del país, donde existen más de 3.000 concesiones mineras. Además, miles de mineros ilegales se extienden por unas 500.000 hectáreas de tierra en lo que se conoce como el “corredor minero”. Según una investigación del Centro Amazónico de Innovación Científica (CINCIA), que se dedica al estudio de la reforestación de la Amazonía peruana, la minería en Madre de Dios fue responsable de la deforestación de 64.000 hectáreas de bosque entre 2009 y 2017. El Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) estima que, solo en 2018, fueron destruidas 18.440 hectáreas de bosque en Madre de Dios, Cuzco y Puno, debido a la minería.
Cadena de suministro de la minería ilegal de oro en la Amazonía
La destrucción de la Amazonía está ligada al proceso de la minería. Ese proceso comienza con los mineros que extraen una mezcla fangosa de limo y piedras en los ríos utilizando dragas, las cuales contienen bombas de succión y erosionan las laderas de las montañas, los bosques y los ríos. En esta amalgama, se encuentran pequeñas piezas de oro. La práctica es especialmente frecuente a lo largo de La Pampa y en las reservas nacionales de Tambopata, Manu y Malinowski.
Durante la fase de extracción, se utiliza mercurio para separar las diminutas partículas de oro de los sedimentos. El uso desenfrenado del mercurio también es destructivo para el medio ambiente y la población de la Amazonía. Según Artisanal Gold Council, organización no gubernamental canadiense dedicada al estudio de la minería artesanal de oro, solo en Madre de Dios, más de 180 toneladas de mercurio se esparcen anualmente a través del aire, los ríos y el suelo. Dado que el mercurio se quema o se vierte en los ríos cercanos, genera graves amenazas para el medio ambiente y la salud. En las comunidades donde el pescado es parte importante de la dieta, las personas pueden acumular mercurio en sus cuerpos, lo que puede provocar daños en el sistema nervioso, así como discapacidades visuales y auditivas. En casos graves, esto puede causar defectos de nacimiento o conducir a la muerte. En 2016, se declaró el estado de emergencia en la región debido a la contaminación por mercurio.
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Después de su extracción, el oro es transportado a centros locales y regionales, como Puerto Maldonado, donde hay compradores que adquieren grandes cantidades de oro; estos lo venden a una planta de procesamiento, donde el mineral se funde, se mezcla con otros oros y se transforma en lingotes. El único oro que puede transarse en la planta es el que viene con un recibo que certifica la legalidad de su origen. Sin embargo, las plantas de procesamiento y los acopiadores (quienes compran y venden el mineral) les compran recibos falsos a los facturadores, quienes proporcionan estos recibos para que el oro producido en las minas ilegales pueda venderse en estas plantas de procesamiento. Al igual que ocurre con la madera procesada en los aserraderos, una vez que el oro ilegal ha sido lavado al mezclarlo con el legal, es prácticamente imposible de rastrear.
El oro peruano se distribuye a los mercados de todo el mundo. Desde 2011, la mayor parte de las exportaciones de oro han llegado a refinerías de Suiza, Estados Unidos, India, Canadá y Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde un kilo puede costar casi US$60.000.
La contaminación por mercurio ha continuado a pesar de que Perú ratificó en 2015 el Convenio de Minamata, una iniciativa que ha intentado erradicar el uso de dicho químico en todo el mundo. Si bien ha habido una reducción significativa en las importaciones formales de mercurio al país, se siguen contrabandeando grandes cantidades de mercurio desde Bolivia, según dijo César A. Ipenza, abogado peruano y profesor especializado en temas ambientales, en comunicación con InSight Crime; gran parte de dicho mercurio es utilizado por mineros ilegales en Madre de Dios.
Para contrarrestar la minería ilegal en La Pampa, las autoridades peruanas lanzaron la Operación Mercurio, que tenía como objetivo expulsar a más de 5.000 mineros ilegales de la zona. La operación comenzó en 2019, con el despliegue de 1.200 policías, 300 soldados y 70 fiscales. Esta operación significó un paso adelante en la lucha contra la minería ilegal en Perú, dado que logró reducir la deforestación y la destrucción ambiental en el área en un 92 por ciento. Sin embargo, esta victoria se vio empañada por el efecto globo: los mineros se fueron a otras áreas de Madre de Dios. Hoy en día, uno de los nuevos centros de minería ilegal se encuentra a lo largo del río Pariamanú, cerca de la frontera con Brasil y Bolivia. Esta región es conocida localmente como “la Nueva Pampa”.
Actores detrás de la minería ilegal
Hay muchas similitudes entre la minería ilegal y el tráfico de madera. Ambas industrias son fomentadas por grandes empresas. Además, ambas dependen de redes criminales corporativas y de mano de obra barata.
Las refinerías de oro, así como las empresas de importación y exportación, abastecen la cadena de suministro ilegal de oro. La mayoría de estas empresas operan lejos de las áreas donde se origina el oro. Crean negaciones plausibles con recibos falsos generados por los acopiadores y facturadores. Y utilizan a estos intermediarios y a los llamados “barones del oro” para obtener sus suministros. (Ver abajo).
Algunas de estas empresas han sido nombradas en casos judiciales. En 2019, por ejemplo, fiscales peruanos acusaron a la refinería suiza Metalor Technologies de estar involucrada en un presunto esquema de lavado de dinero y crimen organizado. La refinería había sido señalada por la presunta compra de toneladas de oro de origen ilegal en Perú y en otros países. Sin embargo, la compañía negó las acusaciones, y actualmente no hay cargos en su contra.
En 2017, la compañía estadounidense Elemetal LLC se declaró culpable de violar los protocolos contra el lavado de dinero para evitar la importación de oro ilegal a Estados Unidos. Previamente, Samer Barrage, Juan Granda y Renato Rodríguez, tres empleados de la compañía Northern Texas Refinery (NTR), una subsidiaria de Elemetal, habían sido condenados por dirigir un esquema internacional de lavado de dinero mediante el cual compraron miles de millones de dólares en oro extraído ilegalmente del Amazonas.
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Según documentos judiciales estadounidenses, Elemental compró oro por US$350 millones a cuatro compañías de Perú —que eran empresas fachada—, las cuales compraban oro extraído ilegalmente y pagaban sobornos en el extranjero. Dichas empresas trabajaban con un conocido blanqueador de dinero vinculado al narcotráfico, Pedro Pérez Miranda, alias “Peter Ferrari”, quien murió de COVID-19 en septiembre de 2020.
Redes criminales corporativas
Algunos de los actores más importantes en la minería ilegal de oro en Perú son intermediarios que actúan como financistas y corredores en este comercio. Estos son conocidos popularmente como barones del oro, y son quienes deciden cuándo y dónde se lleva a cabo la minería ilegal y cuentan con todas las conexiones necesarias. Contratan mineros informales y compran maquinaria, precursores químicos, alimentos, agua y transporte. También tienen conexiones con los acopiadores y facturadores, así como con compradores y vendedores legítimos que permiten que el oro se blanquee localmente y se venda en los mercados internacionales.
Una presunta baronesa del oro en Madre de Dios es Gregoria Casas Huamanhuillca. Conocida como “Tía Goya”, o “la Reina del Oro”, ella está siendo investigada actualmente por lavado de dinero y fraude fiscal. Según algunos informes, su red está compuesta por su esposo y sus seis hijos. La familia Casas supuestamente está al frente de todas las etapas de la cadena de suministro de oro, desde la extracción hasta la conexión con las refinerías en el extranjero. Según investigaciones de Ojo Público, por ejemplo, la mencionada refinería suiza Metalor hizo tratos millonarios con la familia Casas.
En una entrevista con El Comercio, Casas Huamanhuillca negó las acusaciones de lavado de dinero y fraude fiscal, afirmando que ha sido auditada constantemente y que despidió a su contador, quien según ella fue responsable de cualquier fraude fiscal. La mujer sostiene que todo su oro es de origen legal y que acepta de agrado las investigaciones en torno a la minería.
“Investíguenlos a todos, no solo a mí”, dice. “Que me bombardeen si me encuentran trabajando en áreas de reserva natural”.
Mano de obra barata
En el peldaño inferior de la cadena de distribución minera se encuentra la mano de obra barata. Esta está conformada por mineros de bajos ingresos que se desplazan de manera independiente desde las regiones más pobres en busca del metal, o bien por habitantes de la zona y miembros de comunidades indígenas contratados por los barones del oro. Según la ley peruana, algunos tienen derecho a explotar las áreas donde operan. Otros explotan el metal en áreas vedadas o con equipos que están prohibidos. De todos modos, son los que reciben los peores pagos y los que corren mayores riesgos de problemas de salud y legales. Estos mineros trabajan en los sedimentos de los ríos, donde se encuentra el oro con la ayuda de maquinaria pesada como bombas, excavadoras y retroexcavadoras.
Dado que es una presa comparativamente fácil, esta mano de obra barata es el objetivo más frecuente de intervenciones estatales como la Operación Mercurio —en lugar de los peldaños más altos en la cadena de minería ilegal—. Cuando el ejército peruano despejó puntos mineros como La Pampa en Madre de Dios, los cerca de 5.000 mineros y sus familias fueron quienes se vieron obligados a abandonar los sitios mineros y a reubicarse.
Fabiola Muñoz, ministra de Agricultura en el momento de la operación, reconoce la paradoja. “Las personas que encontramos aquí no son las que dirigen la actividad minera o las que lavan dinero”, dijo a The Guardian. “Estos son los trabajadores. Lo que tenemos que hacer es seguir las pistas para atrapar a quienes realmente mueven esta economía ilegal”.
